Periodistas Unidos. Estados Unidos. 23 de julio de 2025.- La Administración del presidente Donald Trump ha desatado una ola de indignación y temor entre familias y defensores de derechos humanos en Illinois al enviar cartas a menores inmigrantes, instándolos a abandonar inmediatamente Estados Unidos bajo amenaza de deportación, multas y procesos penales. Estas misivas, dirigidas incluso a niños que ingresaron legalmente al país, han sido calificadas como una “barbaridad” por activistas.

El mensaje inicial de las cartas es contundente: “Es hora de que salgas de Estados Unidos”. Según reportes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notifica a los menores que su permiso de entrada condicional, otorgado bajo programas humanitarios, ha sido cancelado o está en proceso de serlo. “Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación”, advierte el texto, que concluye con una amenaza ominosa: “No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará”.

Estas cartas han llegado a decenas de niños en el área de Waukegan, Illinois, a 74 kilómetros de Chicago, muchos de ellos provenientes de México y que ingresaron en 2014 como menores no acompañados bajo un programa humanitario. Tras reunirse con familiares indocumentados en EE.UU., estos menores enfrentan ahora la revocación de sus permisos humanitarios y la falta de representación legal, ya que la ley no permite que sus padres los representen en tribunales de inmigración.

La pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope en Waukegan, expresó su consternación: “Esto es algo nunca visto o imaginado por quienes nos dedicamos a la defensa de los indocumentados. Imaginen qué pasa por la cabeza de un niño al recibir una carta de este tipo del país más poderoso del mundo”. Por su parte, Davina Casas, líder de la Organización Monarquía en Chicago, señaló que el sistema de protección para menores no acompañados se está “desmantelando silenciosamente”, con recortes de fondos para abogados defensores que agravan la situación.

Datos de TRAC, una organización de la Universidad de Syracuse, revelan que desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, los tribunales de inmigración han ordenado la deportación de más de 53,000 niños, incluyendo 15,000 menores de 4 años, 20,000 de 4 a 11 años y 17,000 adolescentes. En abril, más de 8,300 menores de 11 años recibieron órdenes de deportación.

Organizaciones defensoras de migrantes argumentan que estas acciones violan la ley contra la trata de 2008, que obliga al Gobierno a proporcionar asistencia legal y garantizar una repatriación segura para los menores. Sin embargo, la Administración Trump ha recortado fondos para la representación legal de estos niños, y aunque una demanda de once grupos defensores logró restablecer temporalmente el financiamiento, la crisis persiste.

La política migratoria de Trump, que incluye la cancelación de programas como el parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, ha intensificado el clima de miedo. En Waukegan, las familias temen redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras las autoridades refuerzan medidas como el despliegue de militares en la frontera y la reactivación de redadas en lugares de trabajo.

Este caso refleja un endurecimiento de las políticas migratorias que, según analistas, podría afectar no solo a los menores, sino también a la economía estadounidense, al reducir la fuerza laboral de industrias clave como la construcción y la limpieza.

El mensaje inicial de las cartas es contundente: “Es hora de que salgas de Estados Unidos”. Según reportes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notifica a los menores que su permiso de entrada condicional, otorgado bajo programas humanitarios, ha sido cancelado o está en proceso de serlo. “Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación”, advierte el texto, que concluye con una amenaza ominosa: “No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará”.

Estas cartas han llegado a decenas de niños en el área de Waukegan, Illinois, a 74 kilómetros de Chicago, muchos de ellos provenientes de México y que ingresaron en 2014 como menores no acompañados bajo un programa humanitario. Tras reunirse con familiares indocumentados en EE.UU., estos menores enfrentan ahora la revocación de sus permisos humanitarios y la falta de representación legal, ya que la ley no permite que sus padres los representen en tribunales de inmigración.

La pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope en Waukegan, expresó su consternación: “Esto es algo nunca visto o imaginado por quienes nos dedicamos a la defensa de los indocumentados. Imaginen qué pasa por la cabeza de un niño al recibir una carta de este tipo del país más poderoso del mundo”. Por su parte, Davina Casas, líder de la Organización Monarquía en Chicago, señaló que el sistema de protección para menores no acompañados se está “desmantelando silenciosamente”, con recortes de fondos para abogados defensores que agravan la situación.

Datos de TRAC, una organización de la Universidad de Syracuse, revelan que desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, los tribunales de inmigración han ordenado la deportación de más de 53,000 niños, incluyendo 15,000 menores de 4 años, 20,000 de 4 a 11 años y 17,000 adolescentes. En abril, más de 8,300 menores de 11 años recibieron órdenes de deportación.

Organizaciones defensoras de migrantes argumentan que estas acciones violan la ley contra la trata de 2008, que obliga al Gobierno a proporcionar asistencia legal y garantizar una repatriación segura para los menores. Sin embargo, la Administración Trump ha recortado fondos para la representación legal de estos niños, y aunque una demanda de once grupos defensores logró restablecer temporalmente el financiamiento, la crisis persiste.

La política migratoria de Trump, que incluye la cancelación de programas como el parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, ha intensificado el clima de miedo. En Waukegan, las familias temen redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras las autoridades refuerzan medidas como el despliegue de militares en la frontera y la reactivación de redadas en lugares de trabajo.

Este caso refleja un endurecimiento de las políticas migratorias que, según analistas, podría afectar no solo a los menores, sino también a la economía estadounidense, al reducir la fuerza laboral de industrias clave como la construcción y la limpieza.

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