EFE. Ciudad de México. 17 de junio de 2023.- La contienda interna para buscar al candidato presidencial del partido gobernante en México, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), arrancó este viernes con los registros de los últimos cinco aspirantes y se alargará durante cerca de tres meses.

De este modo, los posibles candidatos cumplieron con el segundo requisito impuesto por el Consejo Nacional del partido fundado por el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, después de haber renunciado a sus cargos públicos para participar en la contienda.

El próximo lunes empezarán las giras políticas de los seis aspirantes que se prolongarán hasta el 27 de agosto, un día antes de iniciar el periodo de encuestas, que durará hasta el 3 de septiembre y cuyo resultado final se conocerá el 6 de ese mes.

Este viernes, el primero en ratificar su compromiso fue el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exgobernador del sureño estado de Chiapas, Manuel Velasco.

«No tenemos la menor duda de que esta contienda democrática va a llegar a buen puerto. Nos va a fortalecer y legitimar pare ganar con contundencia en 2024», incidió.

Velasco forma parte de los dos cupos habilitados por Morena para los aspirantes de los partidos que han sido sus aliados durante el actual sexenio, el PVEM y el Partido del Trabajo (PT), que será representado por el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, quien formalizará su concurrencia a las 17.00 (22.00 GMT).

Después del representante de los verdes fue el turno del exlíder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien celebró que, con la financiación anunciada por el partido de 5 millones de pesos (292.885 dólares) para cada aspirante, se garantiza la igualdad, algo que antes había puesto en duda.

«Espero que el partido camine cuidando todos los extremos de la equidad y el piso parejo. Confío mucho en el partido y vamos a contribuir a que sea así, por la salud del partido», expuso.

Además, se comprometió a no incurrir en descalificaciones hacia el resto de contendientes y a promover el legado de la cuarta transformación, como se conoce al movimiento de López Obrador, durante la búsqueda de sus aspiraciones, que comenzará el próximo lunes en Ciudad de México.

En ambos registros estuvo presente el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien celebró la igualdad de condiciones en las que contenderán los aspirantes.

LLAMATIVA AUSENCIA

A las 14.00 (20.00 GMT) estaba previsto que compareciese el ya exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, quien ocupaba el cargo más importante del gabinete, pero anunció que mandará a un representante que haga el trámite en su lugar.

Por el contrario, organizó un evento paralelo a las 12.00 (18.00 GMT) en el que habló sobre su renuncia al cargo, que presentó la noche del jueves al mandatario, se comprometió a continuar con el proyecto del actual gobernante y rechazó el financiamiento propuesto por Morena.

«Yo voy a entregar ya la estafeta para que un hombre, una mujer del movimiento, sea el que me sustituya como dirigente del movimiento de transformación; por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto, el relevo», dijo el mandatario federal sobre él en su rueda de prensa diaria.

Aunque está entre el cuarto y tercer lugar en las encuestas, López es el más cercano a López Obrador, con quien comparte lugar de nacimiento, el sureño estado de Tabasco, y buena parte de su carrera política.

SHEINBAUM, LA ÚLTIMA

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Periodistas Unidos / A dónde van los desaparecidos. Ciudad de México.16 de junio de 2023.- El Ejército Mexicano realizó una investigación interna sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para la que interrogó a más de cuarenta militares, según revelan correos hackeados por el colectivo Guacamaya, información que se le ha negado a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Un documento adjunto a un correo electrónico enviado el 7 de noviembre de 2015, titulado “Lista del personal militar que ha rendido declaración en P.G.J.M. y P.G.R., en relación con el caso Ayotzinapa”, contiene un listado de 43 militares que testificaron ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), algunos hasta cuatro veces. El Ejército ha rechazado que estas declaraciones existan.

La lista confirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene información que no ha compartido sobre lo que pasó durante la llamada noche de Iguala y el posible destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que permanecen desaparecidos, como lo ha señalado el GIEI.

“Al menos 43 oficiales han dado declaraciones ante las autoridades militares, eso no lo sabíamos”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y abogado que representa a las familias de los normalistas, tras mostrarle el documento. “Demuestra una investigación profunda y paralela”.

El área de comunicación social de la Sedena, consultada por este medio acerca de estos hechos, respondió que “no cuenta con información que dé contestación a sus cuestionamientos”.

Aunque no queda claro cuándo se realizaron las declaraciones, la fecha del correo permite deducir que ocurrieron entre septiembre de 2014, después de la desaparición de los estudiantes, y noviembre de 2015. Los rangos de los militares convocados van desde coronel hasta soldado, la mayoría del 27 Batallón de Infantería en Iguala; destacan figuras clave del caso Ayotzinapa como el coronel —hoy general— José Rodríguez Pérez y el capitán José Martínez Crespo. 

La lista también revela qué militares declararon ante la entonces Procuraduría General de la República —y cuántas veces—, lo que muestra que, en algunos casos, fueron interrogados por las autoridades militares pero no por la procuraduría, y viceversa. 

En este extracto del documento se advierte que el capitán José Martínez Crespo fue llamado siete veces a rendir testimonio.

Cuando la Sedena ha sido cuestionada por el GIEI respecto a las investigaciones internas realizadas y las declaraciones del personal militar, la institución ha negado que existan, lo que desmiente el documento.

“Hay una investigación interna por parte de la procuraduría militar, y hay una toma de declaraciones reiterada a ciertas personas que tienen un perfil clave los días de los hechos” dijo en entrevista Carlos Beristain, miembro del GIEI que investiga el caso desde 2015 por acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el gobierno mexicano. “Nada de eso se ha dado a conocer, ninguna de esa información ha sido compartida”.

Según Beristain, tampoco ha sido proporcionada a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR.

“La UEILCA tiene menos documentos que nosotros, porque hay unos que nosotros tenemos y que la Sedena le ha dicho que no existen”, afirmó Beristain. “No han tenido acceso tampoco a esas informaciones”.

La desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, es una de las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente. Según las investigaciones realizadas, los jóvenes fueron atacados por un grupo de policías municipales de Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco y Cocula, coludidos con la organización criminal Guerreros Unidos. Policías estatales y federales también estuvieron en lugares clave como el Palacio de Justicia durante la agresión a los normalistas. 

Investigadores internacionales y periodistas independientes han documentado que el Ejército, en particular los miembros del batallón 27, también jugaron un rol importante: siguieron los movimientos de los estudiantes y estuvieron presentes en distintos momentos durante el ataque, amedrentaron a los sobrevivientes en una clínica, tenían soldados infiltrados entre los jóvenes, monitoreaban el sistema C-4 y no hicieron nada para protegerlos ni buscarlos en los días posteriores.

Ahora, los correos hackeados revelan que la Sedena realizó sus propias averiguaciones sobre los hechos ocurridos, pero ha negado que esta información exista incluso a los investigadores del GIEI, con los que el gobierno mexicano aceptó colaborar.

Los correos forman parte de los más de seis terabytes de información de la Sedena filtrados en septiembre del año pasado por el grupo autodenominado Guacamaya. El hackeo representa uno de los ataques cibernéticos más graves a la seguridad nacional. 

Los interrogados 

La lista de los declarantes incluye al capitán José Martínez Crespo, quien en 2020 se convirtió en el primer militar detenido por la desaparición de los estudiantes, y a José Rodríguez Pérez, ascendido en 2015 a general brigadier, quien fue aprehendido el año pasado. 

Según el GIEI, Martínez Crespo estuvo patrullando por varios puntos de Iguala la noche del ataque, incluso se presentó en la barandilla de la Policía Municipal, donde estuvieron detenidos algunos de los estudiantes, información que omitió en sus primeras declaraciones y por lo cual fue sancionado por las autoridades militares. 

Rodríguez Pérez era el comandante del batallón 27 y, de acuerdo con las investigaciones, ordenó que se realizaran recorridos en Iguala la noche del 26 de septiembre. Actualmente enfrenta cargos por delincuencia organizada. El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas también lo acusó el año pasado de ordenar el asesinato de seis de los estudiantes que, aseguró, permanecieron vivos hasta cuatro días después de los hechos. 

Ambos militares niegan haber participado en el ataque. «Lo que han hecho [conmigo] es una vileza, una cobardía”, dijo el general el año pasado en una entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez publicada en Excélsior. “Doy la cara y demostraré que soy inocente”.

La lista de declarantes incluye también al entonces soldado de infantería Eduardo Mota Esquivel y al subteniente Fabián Alejandro Pirita, quienes permanecen presos acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. 

Los abogados César González y Alejandro Robledo, quienes representan a los cuatro militares encarcelados con relación al caso Ayotzinapa, dijeron no tener comentarios sobre la “supuesta investigación” interna realizada por el Ejército.

Respecto al papel de los militares en el ataque contra los estudiantes, subrayaron que “el Ejército protegió en todo momento a civiles”. 

“Hay declaraciones de civiles que se encontraban en una clínica [Cristina] señalando que el personal militar les pidió perdón e incluso les brindaron ayuda para hacer el llamado de una ambulancia”, indicaron.

En respuesta a un cuestionario enviado por este medio, los abogados González y Robledo consideraron que “sin ningún sustento legal, hoy, indebidamente cuatro miembros del Ejército mexicano se encuentran en una cárcel militar enfrentando un proceso penal”.

“Esos cuatro militares no solo brindaron ayuda a ciudadanos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sino que también han dedicado su vida a la protección de México”.

En diciembre pasado, un juez federal dejó sin efecto la demanda de amparo promovida por los abogados de Rodríguez Pérez, Mota Esquivel y Pirita en contra de su orden de aprehensión.

Trece de los militares que aparecen en la lista de declarantes ante la PGJM estaban incluidos en las 83 órdenes de detención solicitadas en agosto del año pasado por el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Semanas después, la FGR canceló 21 de estas órdenes, dejando sin efecto la detención de los 13 militares que habían sido interrogados por la procuraduría militar, según muestra el documento. Los militares estaban acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. 

La cancelación de las 21 órdenes, que hasta la fecha no se han reactivado, fue una de las causas de la renuncia de Gómez Trejo, titular de la UEILCA. 

Aunque el documento con la lista de militares no incluye el contenido de los testimonios, su existencia prueba que las declaraciones existen. Tanto estas como otras investigaciones realizadas por la Sedena podrían ser clave para esclarecer qué ocurrió esa noche en Iguala, según Beristain. 

“Esa investigación interna debería mostrar detalles que no han sido revelados de los movimientos que tuvieron esa noche”, dijo el médico en la entrevista. “Hay información que puede ser muy importante para conocer detalles también para la búsqueda de los chavos”.

El intento de los militares de ocultar su propia investigación forma parte de un patrón: desde el primer momento, las fuerzas armadas han bloqueado repetidamente los esfuerzos para llegar al fondo de lo que sucedió con los estudiantes, según han denunciado los abogados de las familias de las víctimas y el GIEI. 

“Se va avanzando, pero cuando llega con el ejército pues ya no, ya no se puede avanzar”, dijo en entrevista Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. “Se están encubriendo todos”.

Según el GIEI, la Sedena tuvo militares infiltrados entre los estudiantes, y hubo al menos diez soldados que patrullaban Iguala la noche del ataque. En su último informe, presentado el 31 de marzo, los investigadores relatan que elementos de los batallones 27 y 41 de Guerrero estaban coludidos con el narcotráfico, pues existe evidencia de “pagos y relaciones [de los delincuentes] con al menos un comandante y un capitán”. 

Cuestionados sobre las afirmaciones del GIEI, los abogados de los militares respondieron que  “las investigaciones realizadas en torno al caso Ayotzinapa, son una farsa, son una mentira, son tendenciosas, falsas, obscuras y no tienen credibilidad”. 

Otras filtraciones

En otro documento adjunto a un correo de abril de 2020, también hackeado por Guacamaya, el coronel de infantería Bernabé Lázaro Castellanos, quien comandó el batallón 27 hasta enero de este año, le escribe al secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval que remite “758 fojas, relacionadas con los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, cuando los estudiantes fueron desaparecidos.

Aunque las fojas no se integran al correo, la mención evidencia una vez más que existe una amplia indagatoria sobre los hechos. 

“Es otra indicación de que hubo una investigación”, dijo en entrevista Kate Doyle, analista del National Security Archive (NSA) en Washington, quien halló este segundo correo y lo compartió con este reportero. “Son hilos que tenemos que seguir jalando”.  

En el correo, el coronel Castellanos también le informa a Sandoval que se realizó «una exhaustiva búsqueda en los archivos», pero “no se localizó algún informe, tarjeta o comunicación emitidos por los órganos de búsqueda de información desplegados en esa ciudad, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, debido a que en esa época no se elaboraban tarjetas de información.

Los Órganos de Búsqueda de Información (OBI) —personal militar encargado de recabar información— también han sido una pista clave en la investigación. Según el último informe del GIEI, “inteligencia militar tuvo presencia en los dos lugares de ataques a los estudiantes y no solo en uno como se dijo, y tanto los OBI como sus responsables mintieron sobre ello”.

Castellanos también menciona que Mota Esquivel, quien “se desempeñaba como Órgano de Búsqueda de Información los días 26 y 27 de septiembre, mencionó que durante esos días daba parte vía telefónica al teniente de infantería Joel Gálvez Santos”.

Gálvez Santos fue acusado por la UEILCA de desaparición forzada y delincuencia organizada antes de que fuera cancelada la orden de aprehensión; Mota Esquivel está preso por los mismos delitos. Ambos dieron declaraciones a la PGJM (Mota Esquivel tres veces, Gálvez Santos dos), según muestra la lista mencionada. 

Las negaciones

A pesar de la evidencia, la Sedena ha negado repetidamente la existencia de esta indagatoria.

El 14 de abril de 2022, el diario El Economista presentó una solicitud ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en la que pedía a la Sedena “el número de personas pertenecientes a la institución que han sido investigadas por cometer alguna infracción derivada de los hechos suscitados en los que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa”, así como el número de investigaciones abiertas por estos mismos hechos.

En su respuesta, la Sedena respondió: “Después de realizar una búsqueda exhaustiva de archivos físicos y digitales de esta secretaría, no se localizó expresión documental que atienda su solicitud”.

Esta negativa se suma a lo expuesto por el GIEI en su más reciente informe, que acusa a la institución de negarle información.

“Se realizaron investigaciones internas en Sedena, pero no se han entregado los expedientes ni la investigación completa”, señalan los expertos. “Muchos de los soldados fueron interrogados por la Justicia Penal Militar, algunos de ellos varias veces, y esa información no ha sido proporcionada a la investigación”.

En otro documento adjunto a un correo electrónico de 2021, también hackeado por Guacamaya y no publicado anteriormente, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, el general Aníbal Trujillo Sánchez, brinda respuestas a una serie de preguntas de los investigadores independientes contratados por la CIDH.

A la cuestión de “si existen investigaciones de la institución respecto de los miembros del Batallón 27, 35 o 41 (2014) [ubicados en Iguala y sus alrededores], por relación con el crimen organizado”, la Sedena responde: “se consultó a la Fiscalía General de Justicia Militar, quien informó que no se cuenta con registro de que se haya iniciado alguna averiguación previa por el delito de delincuencia organizada en contra de personal militar”.

En otra pregunta, el GIEI plantea si se iniciaron investigaciones contra el capitán Martínez Crespo. 

La Sedena niega en su respuesta que tal indagatoria se realizara, pues al no contar con denuncias de que Martínez Crespo “formó parte de algún grupo del crimen organizado”, la fiscalía militar “no estuvo en condiciones de iniciar alguna investigación en su contra”.

El militar sigue siendo una figura clave en la investigación, dado que estuvo patrullando Iguala la noche del ataque y ha sido señalado por tener vínculos con el narcotráfico. Según la bitácora, el capitán fue interrogado por la fiscalía militar cuatro veces.

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Foto: Miguel Sierra / EFE

Por María Julia Castañeda

EFE. Monterrey, México. 04 de marzo de 2020.- Medio millón de migrantes internos son espejo del rostro humano del cambio climático en México, una problemática mayormente ignorada por las autoridades que puede multiplicarse por seis en las siguientes tres décadas, señalaron expertos a Efe.

En el peor de los escenarios, a mediados del siglo XXI, tres millones de mexicanos podrían verse desplazados dentro de su propio país, a menos que se tomen medidas urgentes de acción climática para 2050, señala el informe «Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos» del Banco Mundial.

La ciudades de México, Guadalajara y Monterrey han sido los destinos históricos de esta migración interna forzada procedente principalmente de estados expulsores como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guerrero, de acuerdo con expertos.

La degradación medioambiental y los fenómenos hidrometeorológicos son los mayores factores de este desplazamiento en México, explicó a Efe la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Armelle Gouritin.

Los primeros procesos son lentos como la desertificación, escasez de agua, deforestación, deterioro de suelos y agua; los segundos son inundaciones, tormentas y ciclones, dijo Gouritin, líder del estudio ‘Migrantes climáticos internos en México’ del Programa de Investigación sobre el Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un tercer escenario lo representa el hundimiento de las islas y costas, alrededor del 5 % territorio mexicano, con 93.000 kilómetros cuadrados, donde habitan más de 24 millones de personas, comentó.

La experta señaló que la problemática se agudiza por conflictos socioambientales originados en la escasez de recursos naturales, así como por proyectos de desarrollo vinculados con energías renovables.

“Nos enfocamos en las hidroeléctricas, pero hay muchas más actividades de desarrollo de energía, aparte de energías renovables, en Guerrero, Nayarit y Jalisco, entre muchas otras”, puntualizó.

Estos proyectos, indicó, buscan cumplir con un interés general pero pueden desconocerse los efectos negativos, entre ellos, la violación de los derechos de los pueblos indígenas.

“Personas ya vulnerables -pueblos indígenas, mujeres y personas con escasos recursos- van a ser impactadas el cambio climático, y de aquí resulta que van a ser más propensas a verse obligadas a desplazarse”, advirtió.

UNA MIGRACIÓN DESORDENADA

Este tipo de migración, generalmente forzada va a hacerse de manera caótica, según el estudio elaborado con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

“El desplazamiento tiene un efecto vicioso en la medida de que muchas personas van a llegar a zonas que ya están sufriendo de muchas tensiones en términos ambientales, por ejemplo, escasez de agua o van a aumentar el fenómeno de la contaminación del aire”, señaló Gouritin.

Como resultado, se generaría otra ola de desplazamientos que podría agravar la degradación del medioambiente o provocar conflictos, riesgos que son generalmente olvidados y ocultados por un enfoque dedicado meramente a la resiliencia en respuesta al cambio climático.

“Se omiten totalmente, no solo todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en el mismo desplazamiento, sino que el desplazamiento puede ser dramático”, indicó la académica.

A diferencia de los desastres de inicio rápido como huracanes y grandes incendios, los efectos de los fenómenos de inicio lento sí se pueden minimizar, afirmó a Efe, Javier Dávalos, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Ante riesgos por sequías, cambios en las precipitaciones y aumento del nivel del mar, “los Gobiernos tienen la posibilidad de realizar una mejor planificación, de establecer políticas públicas más adecuadas y hay incluso procesos planificados de relocalización de comunidades enteras”, expuso Dávalos.

No obstante, la figura del desplazado interno climático no existe en el marco legal mexicano y a nivel internacional no hay un compromiso vinculante que atienda el fenómeno, subrayó Gouritin.

“A la fecha no hay ningún instrumento que proteja los derechos de los migrantes climáticos, sean internacionales o internos”, lamentó la experta.

Latinoamérica es una zona con altos niveles de vulnerabilidad frente el cambio climático y Centroamérica está sufriendo los impactos más fuertes en relación a este tipo de migración, añadió Dávalos.

“No son solamente los procesos de desigualdad social los que motivan a esta salida de personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, que se convierte en esta caravana que actualmente a México le ha presentado una problemática bastante alta en sus relaciones con Estados Unidos y sus políticas migratorias”, indicó.

El Comité de Derechos Humanos abrió la puerta a principios de 2020 a las solicitudes de asilo por cambio climático, sin embargo, pocos países están preparados para atender la dimensión climática de la migración y México no es uno de ellos, coincidieron los especialistas.

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