Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de junio de 2026.- En “La Ciudad de las Mujeres 2.0” de Periodistas Unidos, Layla Sánchez y Montserrat Jiménez conversan con Viridiana de la Torre, integrante de la Red Mexicana de Política Exterior Feminista, sobre esta corriente internacional que coloca los derechos humanos de las mujeres y niñas en el centro de las relaciones internacionales.

Orígenes, la experiencia mexicana, los retos del Sur Global, interseccionalidad y el contexto actual de guerras y avance de la derecha.

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EFE. Ciudad de México. 09 de febrero de 2026.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México determinó este lunes que juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad la desaparición forzada de mujeres defensoras de derechos humanos es un criterio obligatorio, al reconocer la doble vulnerabilidad que enfrentan las defensoras por su género y su labor.

El pleno de la Corte estableció que «juzgar estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad es una obligación, no una opción», de acuerdo con una tarjeta informativa difundida este día.

«Esto implica reconocer la doble condición de riesgo que puede existir al ser mujer y defensora de derechos humanos, lo que puede generar violencia agravada, discriminación y contextos específicos que deben analizarse en cada caso», indicó la nota.

El caso analizado corresponde al Amparo Directo en Revisión 5887/2025, presentado tras una sentencia penal por desaparición forzada de una mujer defensora de derechos humanos, quien fue desaparecida luego de participar en una manifestación social en 2021.

Aunque varios servidores públicos fueron condenados por estos hechos, un tribunal ordenó la liberación de uno de ellos al considerar que no había pruebas suficientes, por lo que los familiares de la víctima impugnaron esa decisión y el caso llegó a la Corte.

Por ello, el máximo tribunal determinó anular la decisión previa y devolver el caso al tribunal para que emita un nuevo fallo con perspectiva de género e interseccionalidad.

El ministro (magistrado) a cargo del proyecto, Arístides Guerrero, explicó que el dictamen parte del reconocimiento de la desaparición forzada como una de las formas más graves de violencia, por lo que exige un análisis judicial especializado que valore de manera integral las pruebas, el contexto de los hechos y la situación de vulnerabilidad de la víctima por ser mujer y defensora de derechos humanos.

En ese sentido, la Corte subrayó que «por la naturaleza clandestina de la desaparición forzada» es obligatorio realizar «un escrutinio judicial especializado, con análisis de contexto y valoración de pruebas circunstanciales cuando no existan medios de prueba directos».

Finalmente, el Supremo puntualizó que aplicar perspectiva de género no reduce el estándar probatorio, ni invierte la carga de la prueba o releva al Ministerio Público de acreditar el delito.

«Su finalidad es incorporar elementos indispensables para una decisión integral, sensible y con enfoque de igualdad», precisó la nota.

Nueve de cada 10 personas buscadoras de desaparecidos en México son mujeres, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado, según advirtió Amnistía Internacional en un reciente informe.

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

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EFE. Ciudad de México. 10 de marzo de 2025.-  Más allá del 8 de marzo, las mujeres indígenas en México afrontan profundas brechas de desigualdad y múltiples formas de violencia basada en género, agravadas por el racismo estructural y las herencias del colonialismo arraigadas en el país, advirtieron activistas en este Año de la Mujer Indígena que decretó la presidenta, Claudia Sheinbaum.

En México, alrededor de 12 millones de mujeres representan un 51 % de las 68 comunidades indígenas, que subsisten 500 años después de la colonia española, según señala el ‘Informe Identidades Entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional’.

El informe, que se presentará en la ONU este martes 11 de marzo rumbo a la 69° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés), propone incorporar los enfoques interseccional e intercultural a las políticas públicas para erradicar las violencias de género.

Interseccionalidad e interculturalidad

Norma Don Juan Cruz, integrante del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), explicó que la interseccionalidad ayuda a entender que “las mujeres no son solo una sola mujer”, mientras que la interculturalidad permite comprender esta diversidad desde las distintas culturas que existen.

“Porque se tiene una idea de que las mujeres indígenas somos todas iguales, pensamos igual, tenemos las mismas preocupaciones, actividades, y no es así, somos muy diversas”, señaló.

Por ejemplo, expuso, la forma de enfrentar la violencia no es igual para una niña o mujer indígena en una zona urbana que en una zona rural, quienes tienen distintas formas de entender y relacionarse con el mundo.

Por ello, advirtió, cuando el Estado dice que todas las mujeres indígenas son iguales está permitiendo que se violenten sus derechos, porque no se van a generar acciones o políticas públicas que les permitan ejercerlos integralmente.

Despojo territorial y migración forzada

El despojo territorial y la migración forzada son algunos de los factores que agravan la violencia hacia las mujeres indígenas, muchas veces provocadas por el crimen organizado y la construcción de megaproyectos extractivos, energéticos, de infraestructura o turísticos, alerta también el reporte elaborado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en conjunto con colectivos y activistas.

Entre otras brechas de desigualdad, apunta que las mujeres hablantes de una lengua indígena tienen en promedio 5,8 grados de escolaridad, frente a los 9,9 grados de aquellas que no hablan una lengua indígena, y con los hombres que sí hablan alguna lengua indígena, cuyo promedio es de 6,7 grados, según datos del Censo oficial de 2020.

Más que un discurso, Norma Don Juan Cruz dijo que esperan que las recomendaciones que enumera el informe sean tomadas en cuenta por el Gobierno mexicano en este 2025, para avanzar en acciones y estrategias diferenciadas y específicas hacia las mujeres indígenas en todo su ciclo de vida.

Asimismo, reconoció y valoró «el gesto» de Sheinbaum de nombrar el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, que muestra que existe una voluntad política de hacer justicia para las mujeres indígenas que han «vivido violencias multidimensionales, históricas y estructurales», pero que requiere de medidas concretas para no quedarse solo en discurso.

“Es un buen inicio, que esperamos que marque el sexenio y que esperamos también ver las acciones y estrategias con presupuesto (…) porque un discurso sin presupuesto, pues se queda solo en eso», consideró.

Deuda histórica

Por su parte, Valeria Vázquez, de Católicas por el Derecho a Decidir, destacó la importancia de aplicar este enfoque para eliminar las violencias basadas en género, que persisten a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing.

“Sigue habiendo una deuda histórica en temas de prevención y atención de violencia. Entonces, para nosotras es importante que a 30 años de esa agenda y en este momento global de revisión de la agenda, pongamos (…) nuevos focos y nuevos análisis sobre qué está pasando con la vida de las mujeres”, resaltó.

El informe también analiza bajo esta mirada las violencias contra las mujeres con discapacidad, de la diversidad sexo-genérica y afromexicanas, quienes comparten sus experiencias, no como objetos de estudio, sino como productoras de conocimiento, precisaron.

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