Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad e México. 10 de septiembre de 2025.- Hace una semana se entregó el I Informe de Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, desde Palacio Nacional se pronunció el mensaje político y la presidenta concluyó la primera parte de la gira de rendición de cuentas que contempló a cinco de los siete estados gobernados por la oposición: Guanajuato y Aguascalientes (Acción Nacional), Durango y Coahuila (Revolucionario Institucional), Nuevo León (Movimiento Ciudadano).

Es precisamente en Guanajuato donde el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación tiene el más importante avance en materia de seguridad al conquistar una disminución de 60% en los homicidios dolosos. Y fue en León donde la presidenta estableció la pauta que repetiría en distintos decibeles: “Con la gobernadora Libia García estamos coordinados porque, podemos venir de distintos partidos políticos, pero tenemos que gobernar juntas, coordinadas y ese es el caso de la seguridad; se ha trabajado de manera conjunta y vamos a seguir trabajando para seguir bajando los índices delictivos”. Y para no dejar duda alguna sentenció que “los odios no son buenos nunca, y menos para gobernar”.

Expertas como resultaron las autoridades de la 4T en la premisa de que no basta con poner el huevo sino hay que saber cacarearlo, la física se tomó muy en serio aquella de los presidentes del priato, tardío y temprano, del “mes del presidente” y por lo visto lo relanza, con todo y que la primera frase de su mensaje del día 1º fue alusiva a la significativa disminución de la desigualdad social durante 2018-2024 y el abatimiento de la pobreza en más de 13 millones de paisanos, hazaña de las políticas salariales y los programas sociales de López Obrador.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, el grueso de las clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar son obras que no alcanzó a concluir el señor que se fue investigar y escribir a Palenque, Chiapas, y quien aún provoca retortijones a los analistas de la dictadura mediática. Cierto es que prometió no dejar obras inconclusas.

Más cierto es todavía que la física por la Universidad Nacional llevó a muy buen puerto la trascendente obra legislativa, constitucional, que desde el 5 de febrero de 2024 trazó el presidente Andrés Manuel y ella complementó desde entonces, para no mencionar la reforma sin precedente al Poder Judicial que está en curso y todo indica que alterará el panorama y la vida de todos los mexicanos.

11 meses son muy pocos para una informante que hizo constitucionales buena parte de los programas sociales y los multiplicó en alcances, sectores y materias. Sin omitir las trascendentes reformas a la Constitución, además de que ya trazó las políticas públicas, las grandes obras de gobierno y en infraestructura para el próximo quinquenio.

Lo dijo sin matices el gobernador de Durango, Esteban Villegas, “la queremos, tiene amigos, siéntase como con su familia y, a pesar de que no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide”. O Samuel García, gobernador de Nuevo León: “Me siento orgulloso de tener una presidenta que ha estado firme contra la guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que a México se le respeta”.

Y Sheinbaum correspondió ante los gritos de los impugnadores con un “Aquí se respeta a todos. Estamos trabajando muy bien, de manera coordinada. Cuando uno está en el gobierno debe saber que, aunque hayamos venido de partidos políticos distintos, gobernamos para el pueblo y tiene que haber coordinación”.

Acuse de recibo

De Enrique González Ruiz sobre la visita de Marco Rubio: “(…) Con ello, desilusionó mucho a la derecha mexicana, que ha clamado por una invasión a México. Ciertamente, las expresiones públicas del segundo en la estructura del poder en USA, fueron cuidadosas en relación con la presidenta Sheinbaum. Atemperaron un poco las ocurrencias de su jefe, que no cesa de provocar en busca de conflictos con todo el que puede: desde los periodistas cuando lo entrevistan, hasta los jefes de Estado y de gobierno de otras latitudes. Pero no dejó de exponer sus objetivos de fondo. Transmitió un claro mensaje respecto al primer piso de la 4T, al descalificar por completo a López Obrador, incluso tratando de ridiculizarlo. Luego se hizo corresponsable del ataque de buques estadounidenses a una lancha que supuestamente llevaba droga hacia su país, con saldo de 11 personas muertas, diciendo que Trump tiene derecho a eliminar a quienes representen un peligro para la seguridad de EU. No precisó cuál es la norma jurídica que le otorga tal derecho, sobre todo porque una embarcación como la que mostraron a la prensa no parece ningún peligro para la seguridad de la potencia imperial. Rubio también manifestó que seguirán atacando a los cárteles de la droga, pero sin mencionar ninguno de los que operan allende el Bravo (…) El delicado equilibrio de la relación con el vecino se mantiene, pero no desaparece la intención intervencionista (…)”

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EFE. Querétaro, México. 05 de febrero de 2025.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que, ante las amenazas «intervencionistas», jamás permitirá que se viole la soberanía ni que «pisotee» la dignidad del pueblo, tras las recientes declaraciones del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

Al encabezar su primer evento conmemorativo por el Día de la Constitución, Sheinbaum destacó que la carta magna es el «escudo para defender a la nación».

«Por eso, en estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma a las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza», expuso la mandataria mexicana.

Asimismo, remarcó que «México es un país libre, soberano, independiente» y no es «colonia de nadie, ni protectorado de nadie».

«Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria», sostuvo.

Sin hacer una mención expresa a EE.UU, Sheinbaum se refirió así a las presiones y amenazas del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones desde México, declarar como terroristas a los cárteles mexicanos y continuar las deportaciones masivas de migrantes.

«Cooperación sí, subordinación no. Colaboración sí, sometimiento no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos, ni de clasismos», continuó, vitoreada por el público en el Teatro de la República, en el central estado de Querétaro.

Además, declaró «para que se oiga fuerte y lejos» que cualquier intención de afectar el derecho de México «de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente, que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria».

«Estamos unidos», aseguró Sheinbaum.

Además, hizo un reconocimiento a «nuestros hermanos migrantes» que viven del otro lado de la frontera «y que añoramos y reconocemos como nadie».

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren apenas unos días después de que lograra un acuerdo con Trump de pausar por un mes la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos, a cambio de desplegar a 10.000 elementos de la Guardia Nacional (GN) de México en la frontera.

Los recientes acuerdos entre Sheinbaum y Trump buscan combatir el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, pero también para evitar la migración, según el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca había anunciado el sábado que a partir del martes habría aranceles del 25 % a todos los productos mexicanos en represalia por el déficit comercial, la migración irregular y el tráfico de fentanilo.

En su justificación, Washington argumentó que “los cárteles tienen una alianza con el Gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y salud pública de Estados Unidos”, algo que Sheinbaum rechazó como «terriblemente irresponsable».

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EFE. Ciudad de México. 04 de octubre de 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que la postura de su gobierno es “la búsqueda de paz” y la “no intervención” ante el conflicto entre Irán e Israel y los combates entre la milicia libanesa de Hizbulá y el Ejército israelí, que han tensado la región en Medio Oriente.

“Como siempre nuestra posición es la búsqueda de la paz, la no intervención”, apuntó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana afirmó que su Gobierno está en contacto con los mexicanos que están en Israel e Irán, por el riesgo en la región tras el ataque con misiles de Irán a Israel, y mientras los combates entre la milicia libanesa de Hizbulá y el Ejército de Israel continúan en la zona fronteriza.

El miércoles el Gobierno mexicano urgió a sus ciudadanos que habitan en Israel e Irán “a considerar de inmediato” el traslado a lugares más seguros por las tensiones en la región.

La Cancillería mexicana también llamó a todas las partes involucradas a “tomar acciones inmediatas” para desescalar el conflicto.

“Es imperativo un cese el fuego y evitar mayores afectaciones a la población civil”, estableció el miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

La pasada semana, la Cancillería recomendó salir «de inmediato» a las personas mexicanas que están en Líbano, así como «evitar viajes» a ese país.

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Periodistas Unidos. Chapab, Yucatán. 15 de enero de 2024.- Cientos de comunidades, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos(as) de México y otras regiones del mundo se sumaron a la solicitud que la comunidad maya de Chapab, Yucatán, le hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga su caso y pueda poner un freno a la violación de los derechos humanos al medio ambiente y la salud, y a la libre determinación como pueblo indígena, ocasionada por la operación de una mega granja de cerdos que se instaló en su territorio en 2017, propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, sin su consentimiento y con cobijo de instituciones estatales y judiciales.

Aunque la población de Chapab obtuvo en 2021 una suspensión definitiva de la granja dentro de un juicio de amparo promovido ante los juzgados de distrito en Yucatán, por las afectaciones ocasionadas por la operación de dicha mega granja, principalmente por la probable contaminación del agua, el aire y el suelo; este juicio fue desechado por el Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, a quien se le aduce un accionar favorable para los intereses del empresariado porcícola, como lo evidencia su intervención en otros litigios de comunidades mayas también afectadas por esta misma industria.

El magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García argumentó que la demanda presentada por la comunidad de Chapab no tiene validez porque es extemporánea, ya que debieron demandar dentro de los primeros 15 días después del establecimiento de la mega granja. Este argumento carece completamente de sentido puesto que los daños al territorio y a las y los pobladores se hicieron evidentes durante la operación de la mega granja. Adicionalmente, es insólito que el Poder Judicial Federal resuelva un periodo de tiempo obtuso (caduco) para la defensa de derechos humanos por afectaciones al ambiente, al territorio y a otros derechos que prevalecen hasta que las autoridades cumplan con sus obligaciones.

Con estos resolutivos favorables para las empresas porcícolas, a pesar de la demostración de la violación de derechos humanos de los pueblos y los impactos ambientales, el Poder Judicial Federal manda un mensaje, por demás preocupante, diciéndole a las empresas que pueden operar en la irregularidad, si no fueron demandadas dentro de los primeros 15 días después de que se establecieron en los territorios de las comunidades.

Además del litigio mencionado anteriormente, integrantes de la comunidad de Chapab, organizados en el colectivo Kanan Lu’um Moo (que se traduce al español de la lengua originaria maya como “cuidar la tierra”) ya han solicitado a las autoridades ambientales y administrativas la realización de una consulta indígena para que la comunidad decida si quiere o no esa mega granja, misma que produce más de 48 mil cerdos por ciclo, generando con ello una gran cantidad de residuos que desembocan en afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y al derecho de vivir tranquilos en su territorio.

La consulta indígena debería realizarse de acuerdo con las pautas constitucionales e internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y los estándares en materia de participación pública en temas ambientales y de autonomía que establece el Acuerdo de Escazú. Ambos instrumentos son perfectamente aplicables al caso de Chapab. Sin embargo, las autoridades estatales han negado contar con las facultades para la realización de la consulta, a pesar de que la consulta previa y la participación pública son obligaciones constitucionalmente reconocidas en México.

Dada la respuesta de las autoridades, el colectivo Kanan Lu’um Moo presentó una nueva demanda de amparo por la vulneración de su derecho a la consulta indígena, al consentimiento previo, libre e informado, y a la libre determinación. Demanda de amparo que está en riesgo de ser desechada pues nuevamente ha sido turnada al Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, con el mismo magistrado, Jorge Enrique Eden Wynter García.

Después de años de buscar justicia a nivel local sin tener un resultado favorable, el colectivo Kanan Lu’um Moo ahora solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de su juicio de amparo, como acción categórica para que su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios nacionales e internacionales de justicia para los pueblos originarios.

Para la comunidad maya de Chapab y las organizaciones defensoras de derechos humanos es preocupante la reiteración, en los tribunales del Poder Judicial Federal, de criterios arbitrarios y alejados de los estándares de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Temen que en su caso nuevamente, tanto el mismo Tribunal Colegiado, como el Magistrado Ponente, Jorge Enrique Eden Wynter García, resuelvan en favor de la mega granja porcícola y el empresariado, y que con ello esta mega granja siga operando a pesar de las irregularidades y atropellos demostrados.

Al menos, otros diez pueblos mayas de Yucatán también han denunciado la violación de sus derechos por la operación de mega granjas porcícolas que generan afectaciones ambientales, a la salud y a la libertad de las personas.

Si la SCJN atrajera el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que se establecen en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente responsable para con los pueblos originarios afectados por estos proyectos que llevan muchos años obstaculizando la posibilidad de vivir en paz dentro de sus territorios.

Documento de firmantes de la petición:

Firmas – Llamado a SCJN caso Chapab 11_01_2024.pdf

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• A pesar de claras evidencias de que el ataque y asesinato fueron premeditados, la FGR busca tratar los hechos como un robo

• Las autoridades locales siguen hostigando a las víctimas, borrando huellas y fabricando un montaje, sin actuar para desmontar a los intereses que buscan mantener un ambiente de terror

• Todo indica que se trata de un intento por parte del crimen organizado de poner al nuevo gobierno del estado en una situación de hecho en esta región a la entrada de la Ciudad de México

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de julio de 2023.- A un mes de la muerte del defensor ambiental Álvaro Arvizú Aguíñiga, asesinado de manera premeditada en el Centro para la Sustentabilidad Incallli Ixcahuicopa (CENTLI) de la UAM en Tlalmanalco, Estado de México, y en el contexto del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, el Comité por la Verdad Álvaro Arvizú entregó a la Fiscalía General de la República una petición con 3636 firmas, exigiendo que este organismo investigue a fondo la soez agresión, haga justicia y cumpla con el Derecho a la Verdad.

Los hechos del caso de Álvaro Arvizú, que incluyen el corte previo de las líneas de luz y teléfono al Centro antes del ataque, que incluyó la sujeción, amago y lesiones de los directores del mismo, Rebeca López Reyes y Carlos Vargas Cabrera, así como la inverosímil tardanza de la policía local y las instrucciones de no dar atención médica a la víctima, dejan claro que los actos fueron organizados con anticipación y contaban con autoría intelectual además de los perpetradores materiales.

Las autoridades locales han borrado huellas, están intentando de fabricar un montaje y siguen hostigando a los familiares y a los integrantes del Centro para Sustentabilidad. Se siguen cometiendo acciones de destrucción en contra del Centro y sus proyectos productivos, así como actos que buscan generar un estado de terror en la zona: El 22 de junio, día de la conferencia de prensa realizada por la UAM sobre los hechos, fue arrojado un corazón fresco de origen no aclarado frente al vivero de Centli.

La FGR en un primer momento rehusó reconocer su competencia para recibir el caso, argumentando que se trataba de un crimen local, a pesar de que los actos cometidos ocurrieron en instalaciones de la UAM. Frente a los argumentos jurídicos de Rectoría General, la FGR ha respondido buscando calificar el crimen como un robo. La fiscalía local les ha presentado a testigos y víctimas fotos y videos de supuestos “sospechosos” que no corresponden a sus descripciones.

Las implicaciones del caso son enormes. En primer lugar, los Acuerdos de Escazú, en vigor con rango Constitucional desde 2021, exigen que los Estados garanticen el trabajo y las vidas de los defensores ambientales. Este 17 de julio se celebró el primer año del decreto estableciendo esta fecha como Día Nacional de Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales todavía sin contar con medidas concretas para cumplir con este compromiso y obligación del Estado Mexicano.

En segundo lugar, la tortura y asesinato premeditado de Álvaro Arvizú en las instalaciones de la UAM en Tlalmanalco, Estado de México ocurrió días después de la pérdida del PRI en las elecciones para la gubernatura en este estado. Hay señales claras que el crimen organizado busca aprovechar el vacío actual para avanzar en lo posible antes de la toma de posesión de la nueva gobernadora, la Maestra Delfina Gómez. El Centro para la Sustentabilidad de la UAM ha realizado un papel clave de planeación y defensa ambiental en esta región a las puertas de la Ciudad de México cuyos límites al oriente son definidos por los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl, que en cumplimiento de sus labores ha tocado intereses de talamontes, fraccionadores clandestinos, traficantes de residuos sólidos y acaparadores del agua, entre otros.

Con la presentación de la petición a la FGR se exige conocer a la brevedad posible la verdad y garantizar la no impunidad de quienes buscan generar un estado de terror entre comunidades, universitarios, defensores del medio ambiente y de la vida, así como entre la población en general.

Para revisar la petición y firmas entregadas al Fiscal General:

https://bit.ly/PeticiónFGRVerdadJusticiaAtaqueAlvaroArvizúCentliUAM

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EFE. Ciudad de México. 06 de enero de 2023.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este viernes que Estados Unidos haya participado en la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín «el Chapo» Guzmán más buscados por EE.UU., y que la captura esté relacionada con la visita de Joe Biden.

«No (participó EE.UU.), ya les expliqué. Es una decisión que se toma y es de rutina. Lo más importante en nuestra estrategia es prevenir que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia», dijo en su conferencia diaria cuestionado por la participación de agencias estadounidenses.

Ovidio Guzmán fue detenido en la madrugada del pasado jueves en Sinaloa tras un operativo de las Fuerzas Armadas mexicanas, que se saldó con casi una treintena de muertos, de los que una decena eran militares y 19 miembros del crimen organizado.

«Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como Gobierno soberano, independiente, y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad», enfatizó el mandatario.

La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre la posibilidad de que la detención del narcotraficante tenga relación directa con dicho evento.

«Acerca de las interpretaciones, hay muchas, las respetamos, desde luego no las compartimos porque nosotros actuamos con autonomía», comentó López Obrador al respecto.

Desde la oposición también se especuló sobre la connivencia del Ejecutivo con el crimen organizado, ante lo que defendió que la operación se realizó con «rectitud e integridad».

«Pueden inventar lo que quieran», sentenció.

Ovidio Guzmán fue trasladado durante la jornada del jueves a la capital mexicana y posteriormente ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde fue recluido su padre y del que se fugó en 2015.

El Gobierno mexicano ha reconocido que existe una solicitud de extradición en Estados Unidos, que en diciembre de 2021 ofreció 5 millones de dólares por información para su captura, pero ha advertido de que no se extraditará de manera apresurada.

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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022

• A 1000 días de paro en Notimex, la Presidencia de la República buscará mesa secretarial

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) pidió la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para intermediar un diálogo y la conciliación con las autoridades mexicanas y la Dirección General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con el propósito de promover la solución de la huelga que hoy cumple mil días.

Como parte de la jornada de movilización por el día 1000 de huelga, el director de la Oficina de la OIT en México, Pedro Américo Furtado de Oliveira, recibió a una comisión del SutNotimex, encabezada por la secretaria general, Adriana Urrea, de quien escuchó la problemática laboral en este medio de comunicación público.

En la reunión, gestionada por la directora del Centro de Información de la Organización de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, Carmen Morales, hubo toda la disposición para caminar de manera conjunta para retomar el diálogo y la conciliación, además del compromiso de un nuevo encuentro en los próximos días para avanzar en dicho objetivo.
La intervención de la OIT es fundamental en este conflicto de huelga, toda vez que México, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el primer país en ratificar el convenio 98 de esa organización referente a la libertad sindical, y este año firmó el convenio 190 para combatir el acoso en las fuentes de trabajo.

Aun cuando el gobierno federal ha dado pasos por transformar el sistema laboral, con esta huelga en Notimex se camina en sentido contrario.

Por la mañana, las y los huelguistas hicieron una manifestación en Palacio Nacional, gracias a la cual la secretaria general del SutNotimex fue recibida por la titular de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Gabriela Romero, con quien se acordó gestionar nuevamente mesas intersecretariales, con el fin de encontrar una solución a la huelga.

El SutNotimex también denuncia que al momento de ingresar al Zócalo capitalino, varios de los huelguistas fueron agredidos por elementos de Seguridad Ciudadana, en un intento por detener su libre tránsito y con ello obstruir el derecho a la manifestación.

Las acciones de este día se sumaron a las movilizaciones que organizaciones fraternas realizaron en países como Argentina, España, Perú, Brasil, entre otros, con el propósito de exigir al gobierno mexicano la solución a esta huelga, soportada en un 80 por ciento por mujeres, y que es considerada la más larga de este sexenio.

Estas actividades forman parte de la Jornada Nacional e Internacional por la Solución a la Huelga en Notimex, que comenzó el 21 de octubre con un Foro Internacional en Solidaridad con el SutNotimex y que concluirá el 30 de noviembre con un Foro Nacional en la Cámara de Diputados.

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Foto: Jorge Núñez / EFE

Por Pedro Pablo Cortés

EFE. Ciudad de México. 27 de agosto de 2020.- La intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) reconocida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da esperanzas aunque mantiene el escepticismo de familias de las decenas de miles de mexicanos desaparecidos.

La petición formal que el mandatario envió al Senado esta semana para reconocer la competencia de este comité es un «hito» en la lucha por los derechos humanos en México, expresa Lucía de los Ángeles Díaz, coordinadora de Colectivo Solecito, que busca a desaparecidos del oriental estado de Veracruz.

«Es un parteaguas, finalmente México aceptando que participe la ONU, de hecho nosotros hemos estado exigiendo durante todos estos años que lo hiciera y apenas ahora se da, entonces sí reconocemos esto y lo consideramos algo de mucha importancia», comenta Díaz este jueves en entrevista con Efe.

El actual Gobierno de México admite una «crisis de desaparición» con cerca de 75.000 personas no localizadas y casi 4.000 fosas clandestinas de 1964 a la fecha.

Administraciones anteriores chocaron con la ONU, como la de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que se opuso en 2015 a la visita del entonces relator especial de la ONU sobre la tortura, y la de Felipe Calderón (2006-2012), que en 2009 rechazó las observaciones del Consejo de Derechos Humanos sobre la militarización.

La representante de Colectivo Solecito reconoce que la Presidencia de López Obrador, quien asumió a finales de 2018, es el «primer Gobierno que habla de los desaparecidos» y «abre las puertas a la ONU», pero matiza que «ahora espera que de verdad las promesas se cumplan».

«Es muy fácil prometer, el asunto es cumplir, vamos a darle el beneficio de la duda por el momento, pero creo que el presidente parece haber comprendido la magnitud de la problemática, de la enorme catástrofe humanitaria», dice Díaz.

LUCHA CONTRACORRIENTE

México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010, pero no había aceptado la competencia del CED, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Juan Carlos Trujillo, del colectivo Familiares en Búsqueda de María Herrera y de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, manifiesta que el reconocimiento del comité de la ONU ha sido una «lucha contracorriente», incluso en esta Administración.

«El Gobierno actual ha promovido y ha intentado plasmar una luz para las familias de los desaparecidos, nos convoca a nuevos retos y creo que una cosa es la instrucción presidencial y otra cosa es la aplicación en el sistema interno de las propias instituciones», indica.

Trujillo, quien busca a cuatro hermanos desde 2008, interpuso un recurso legal el año pasado para forzar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a admitir la competencia del CED.

Pese al discurso presidencial, el activista lamenta las «incongruencias y el rezago» de su gabinete.

Por ello, considera que el Gobierno también debería dar informes periódicos sobre las víctimas de la violencia así como lo hace con el brote de COVID-19.

«La pandemia más grande que tenemos en México, porque la tenemos instalada, es la deshumanización y la poca atención que tenemos para las personas que siguen desapareciendo, no puede haber un desaparecido más, no se debe permitir», enfatiza.

CAMBIOS PRÁCTICOS

Reconocer este organismo de la ONU permitirá revisar peticiones individuales y que familiares de desaparecidos accedan a la justicia internacional para que analicen sus casos.

«El Estado mexicano, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda estarán pendientes de las recomendaciones y dictámenes que el comité realice para acercar la verdad y la justicia a las familias», prometió la Segob.

Sin embargo, el CED solo podrá revisar casos desde su creación, apunta María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Aun así, la especialista asegura que la rendición de cuentas del sistema de justicia mexicano mejorará con la observación internacional.

«En un contexto como el de México en el que la crisis continúa y sigue siendo muy grave, es clave que México se abra al escrutinio internacional y que organismos internacionales puedan dar asistencia, revisar casos específicos y dar recomendaciones específicas», detalla Aguilar.

La iniciativa ahora pasará a las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos del Senado, precisa la experta, quien remarca la relevancia de reconocer la lucha de los familiares.

«Lo más destacable es que este es un logro de las familias para poder seguir dando pasos para que México se abra a la asistencia técnica en esta crisis y obviamente el tema específico de la competencia del comité para recibir casos es muy importante», concluye.

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Foto: Luis Hidalgo / AP

AP. Santiago de Chile. 16 de diciembre de 2019.- El presidente Sebastián Piñera dijo el lunes que el gobierno no descarta una participación extranjera en el estallido social que desde hace dos meses convulsiona a Chile, con acciones coordinadas y conducidas desde el exterior.

Entrevistado por periodistas de la asociación de radioemisoras chilenas, Piñera respaldó al máximo líder de la policía, institución acusada por entes internacionales y locales de violar gravemente los derechos humanos en la represión de las multitudinarias protestas.

Los chilenos exigen mejoras sociales y el cambio de la constitución legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Aseguró que detrás de la quema simultánea el 18 de octubre de siete estaciones del metro, 30 supermercados y serias amenazas a instalaciones sensibles “no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile… definitivamente hay organización”.

Agregó que “los elementos incendiarios no son los tradicionales que veíamos en Chile, son mucho más sofisticados. Y la organización, la coordinación de estos ataques violentos a lugares tan importantes…sin duda que reflejan que detrás de ellos hay una organización”, aseveró.

Consultado específicamente si hubo intervención externa respondió que todos los antecedentes reunidos se están procesando y también se han entregado a la fiscalía. “Le puedo decir que como presidente de Chile yo he recibido mucha información, algunos usted los ha mencionado -el secretario general de la Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos- que indica que esto es algo que no podemos descartar”.

Sobre el sistema de inteligencia en el país, que no previo el estallido social, señaló que “no está a la altura de una sociedad democrática como la chilena” y que “era muy débil”.

Chile se sumergió en un caos, especialmente tras las primeras semanas del estallido del 18 de octubre, cuando se destruyeron 80% de las 136 estaciones del metro, hubo daños por 900 millones de dólares a grandes supermercados en todo el país, farmacias y unos 15.000 pequeños y medianos comercios. La economía se derrumbó en octubre y también se espera una caída en noviembre.

Piñera respaldó el accionar de la policía y de su director nacional, general Mario Rozas. “Yo estimo que él ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda (la) fuerza del mundo los excesos que han cometido algunos miembros de la institución».

Recordó que el protocolo policial “está bien… el problema está en que ese protocolo no siempre se cumplió” y admitió que algunos agentes “cometieron uso abusivo de la fuerza” y van a ser juzgados.

La policía chilena ha sido severamente cuestionada por equipos que visitaron por algunas semanas Chile y que concluyeron que abusó de la fuerza, atropelló derechos básicos y cometió abusos sexuales, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

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