Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de agosto de 2025.- El 21 de agosto de 2025, la presidenta del país celebró el récord de que en el segundo trimestre de 2025 la inversión extranjera directa (IED) sumó 34,265 millones de dólares, el doble de lo reportado en 2017. Señaló que “ni los aranceles pudieron con la economía mexicana” y que “el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino que también genera inversión”. El gobierno anunció que se han establecido incentivos fiscales a la IED de 100% de deducción de activos fijos, un 25% en gastos de capacitación y educación y 25% en innovación y desarrollo tecnológico.

La secretaría de Economía informó que el 36% de dicha inversión se encuentra en la manufactura. Ello se ha traducido en mayor extranjerización de dicho sector. Las empresas extranjeras triangulan. Importan insumos de China y Asia, aprovechan la baratura de mano de obra en México y la ventaja de localización de ser vecinos del principal mercado del mundo, todo lo cual les aumenta su ventaja competitiva y sus ganancias y no ha beneficiado al país. El 26.7% de la IED se ubica en el sector financiero, como resultado de que alrededor del 80% del sector bancario está controlado por la banca extranjera, la cual gana lo que quiere y obtiene ganancias mayores que las que consiguen en su país de origen y en otros países. Además, es una banca disfuncional al crecimiento económico, debido a las altas tasas de interés y comisiones que cobra, que terminan descapitalizando a los deudores, lo que acentúa la desigualdad del ingreso y de la riqueza. El resto de la IED se ubica en la industria de la construcción y en la minería, donde obtienen altas ganancias que les permite incrementar su inversión y presencia en la economía nacional, con la mayor extranjerización de la economía. Ello es consecuencia de que el gobierno no tiene política económica a favor de la inversión privada nacional y del sector público y del crecimiento económico, por lo que hemos caído en una dependencia creciente de la IED y de ahí que la presidenta del país celebra la mayor IED en el país.

En vez de que el gobierno anuncie aumento de la inversión y del gasto público e incentivos fiscales a la inversión privada nacional para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo para reducir nuestra dependencia de la inversión extranjera, se opta por continuar impulsando dicha inversión y la extranjerización de la economía. No condicionan su entrada al país a que impulsen el valor agregado nacional de lo que producen y exportan, y a que se asocien con empresas nacionales y que les transfieran tecnología para evitar que éstas sean desplazadas por importaciones y por las empresas transnacionales. En vez de ello, el gobierno le otorga a la IED mejores incentivos fiscales para que aumenten sus ganancias, sin que ello se traduzca en mayor crecimiento de la economía nacional, ni mayor empleo formal y bienestar para la población.

La secretaría de Economía informó que, del total de los 34,265 millones de dólares, 3,149 millones de dólares fueron nuevas inversiones, que representaron el 9.2% del total de la IED y que el 84.4% del total fue reinversión de utilidades y el 6.4% cuenta entre empresas, es decir, deudas que se pagaron a empresas transnacionales. Ello refleja las altas ganancias que obtienen dichas empresas en el país, lo que les permite incrementar su presencia en la economía nacional, a costa de reducir la participación del sector privado nacional y del gobierno. Así observamos la creciente extranjerización de la industria manufacturera, del sector bancario y financiero, como de la minería, de la construcción y de las grandes tiendas comerciales y de servicios. De ahí sus altas ganancias, que les permite invertir donde el sector público y privado nacional dejan de hacerlo, lo cual aumenta su poder económico y político, que se traduce en mayor injerencia en la política económica para que responda a sus intereses, lo que lleva al gobierno a relegar las demandas de los connacionales, lo que ha aumentado la desigualdad del ingreso y la pobreza en el país, por lo que es falso lo que la presidenta dijo, que “el modelo de la 4 T reduce la pobreza y genera inversión”. En el primer semestre de 2025, Hacienda reportó que la inversión pública cayó en 30%, además de recortar el gasto en educación y en salud.

Para reducir la pobreza se requiere de la generación de empleo formal bien remunerado y ello no acontece en el país. Si bien es importante el aumento al salario mínimo, lo cual beneficia a los que ganan un salario mínimo, pero dicho aumento no se aplica al resto de los trabajadores, por lo que siguen los bajos salarios y además el 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad en México, que no tienen asegurado un salario, ni cuentan con prestaciones laborales, ni son sujetos a jubilaciones y a vacaciones. Y la política social instrumentada por el gobierno, si bien beneficia a aquella población que no recibía ingreso alguno, se realiza a costa de disminuir la inversión pública y los gastos en educación y salud, indispensables para el crecimiento presente y futuro y el bienestar de la población, por lo que los gastos sociales no contrarrestan los problemas derivados de las políticas neoliberales predominantes.

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