AMEXI. Ciudad de México. 28 de enero de 2025.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que el gobierno de Estados Unidos debe interponer la denuncia correspondiente sobre el ataque a agentes de la Patrulla Fronteriza desde el lado mexicano de la frontera y proporcionar informes oficiales para que México pueda avanzar en su propia investigación.

“Adelantarnos sin información clara sería irresponsable. Lo que sabemos proviene de una nota difundida por Fox News, pero estamos trabajando para confirmar los detalles por vías diplomáticas y legales”, agregó.

Gertz Manero pidió cautela y no adelantar conclusiones sobre el ataque a los agentes de la Patrulla Fronteriza desde Tamaulipas.

“Es necesario investigar dos aspectos: quiénes realizaron los disparos y los movimientos de los migrantes, ya que son temas distintos que requieren análisis independiente”, explicó.

Esto se sabe del ataque a la Patrulla Fronteriza

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fueron atacados a balazos desde el lado mexicano de la frontera en Tamaulipas, en un incidente que ha generado alarma y tensiones en la región.

Según informes, los hechos ocurrieron cerca de Fronton, Texas, cuando los agentes intentaban interceptar a un grupo de migrantes que cruzaban el río Bravo.

De acuerdo con el teniente Chris Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, los disparos provinieron de Los Guerra, un poblado del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Los agresores, presuntos miembros de un cártel, atacaron a los agentes fronterizos antes de refugiarse en pequeñas islas del río Bravo. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni detenciones tras el enfrentamiento.

Operativo binacional en respuesta al ataque

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos respondió con un operativo de seguridad en la zona, desplegando militares, policías texanos y personal de seguridad local.

Por su parte, del lado mexicano, soldados acudieron al lugar, pero para cuando llegaron, tanto los agresores como los migrantes ya habían escapado.

Violencia en Tamaulipas: un contexto preocupante

Este incidente ocurre en un contexto de creciente violencia en Tamaulipas, una región golpeada por el narcotráfico, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de comunidades rurales. La situación en la zona fronteriza se mantiene tensa, con autoridades de ambos países en máxima alerta para prevenir futuros enfrentamientos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ya inició gestiones diplomáticas para obtener información oficial sobre el caso, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) avanza con su propio requerimiento formal para esclarecer los hechos y determinar si hay elementos de carácter delictivo.

Las investigaciones continúan, y las autoridades de ambos lados de la frontera han intensificado su coordinación para evitar que la violencia escale en esta área crítica.

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EFE. Ciudad de México. 20 de diciembre de 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que ya se investiga el motín en una cárcel del estado de Tabasco, sureste del país, en el que se reportó la muerte de 7 reos, además de 10 heridos, entre ellos cuatro policías.

«Se está haciendo la investigación para ver si fue correcto el operativo y porque se encontraban armas dentro del penal», dijo Sheinbaum en su conferencia de todos los días en Palacio Nacional.

El jueves por la noche la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco precisó en un comunicado el recuento del motín y remarcó que la violencia al interior del penal se dio tras intentar el traslado de dos reos considerados como generadores de violencia.

«El objetivo era trasladar a dos reos, dos personas privadas de la libertad a otro penal y al hacer el operativo (las autoridades) encontraron armas en el penal, y se dio esta circunstancia de enfrentamiento», explicó Shienbaum.

«Se tiene que dar toda la información y si hay alguna colusión (con autoridades) (…) donde ocurren en estas situaciones, se tiene que hacer una investigación», añadió.

En su comunicado, la Fiscalía expuso que los hechos ocurrieron en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) y el operativo lo llevaron a cabo autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, quienes controlaron el motín tras varias horas de refriega.

El jueves en conferencia, el gobernador del estado de Tabasco, Javier May, aseguró que «todo estaba bajo control» en el penal de Villahermosa, donde desde la 05:00 hora local (11:00 GMT) se registró un motín, sin dar detalles sobre la cantidad de muertos y heridos.

El Secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, explicó que a las 5:00 hora local (11:00 GMT), fuerzas de seguridad ingresaron al Creset para realizar el traslado de dos reos y fueron agredidos con armas de fuego, al tiempo que los presos empezaron actos vandálicos como la quema de diversos muebles y basura en los patios de la instalación.

En un primer informe, Chávez no ofreció la cifra de personas muertas o lesionadas durante el operativo, y se limitó a detallar la cantidad de armas aseguradas.

Entre los objetos confiscados, se encontraron un fusil AR-15, cinco pistolas calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, un cargador para fusil, tres cargadores para pistola y diversas municiones.

Previamente, el fiscal estatal, José Barajas, reportó a medios tener conocimiento de al menos dos muertos y varios heridos.

Al mismo tiempo del motín, se reportaron bloqueos e incendios de al menos 10 vehículos y tres negocios en distintas partes de la ciudad de Villahermosa, capital del estado.

Tabasco ha experimentado un aumento significativo en los homicidios dolosos en 2024, con 715 víctimas registradas de enero a octubre, un incremento del 243 % en comparación con los 208 casos reportados en el mismo periodo de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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EFE. Ciudad de México. 05 de noviembre de 2024.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que se “está investigando” la muerte de dos migrantes colombianos que fueron abatidos el pasado 2 de noviembre en un enfrentamiento con la Guardia Nacional en la frontera norte del país.

“Se está investigando. El martes, de hoy en ocho (días), vamos a tener el informe de seguridad. Hicieron un boletín y ahí puede informar con todo detalle el general secretario”, aseveró la mandataria, durante su conferencia de prensa matutina, sin dar mayores detalles.

La gobernante mexicana se refirió así a la muerte de dos colombianos quienes el pasado 2 de noviembre fueron abatidos mientras se trasladaban en grupo para intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos, al ser enfrentados por elementos de la Guardia Nacional en el municipio fronterizo de Tecate, en el norteño estado de Baja California.

El suceso dejó también cinco personas heridas, entre ellas una menor.

Los hechos fueron condenados por colectivos y defensores de derechos humanos quienes exigieron a las autoridades esclarecer lo sucedido, además de la reparación del daño y la penalización a elementos de la Guardia Nacional.

Ante ello, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que la confrontación ocurrió el pasado sábado en un tramo de la carretera hacia La Rumorosa, en las inmediaciones de un parque eólico de la norteña localidad de Tecate.

El Ejército mexicano defendió que los elementos de la GN fueron agredidos inicialmente con armas de fuego, por lo que «repelieron la agresión», además de que en los hechos detuvieron a un hombre de nacionalidad mexicana, ileso, y se aseguró también un vehículo en el que viajaban los migrantes.

También aseguró que los tres miembros de la GN que participaron en los hechos fueron separados temporalmente de sus funciones para realizar las investigaciones.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamentó los hechos, envió sus condolencias a los deudos y ofreció su apoyo a los familiares.

Las dos personas que perdieron la vida fueron identificadas como Yuli Vanessa Herrera Marulanda, de 37 años, herida directamente en la cabeza, y Ronaldo Andrés Quintero Pañuelas, de 20 años, quien recibió varios impactos de bala en la cabeza, pecho, cuello y hombro.

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EFE. Ciudad de México. 21 de octubre de 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó este lunes que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ante la polémica que ha desatado la captura de los capos Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López.

La mandataria respondió a cuestionamientos de la prensa sobre la revelación de la FGR, que afirmó que el diputado electo Héctor Cuén murió asesinado el 25 de julio en una finca en la que presuntamente se reuniría con Zambada y Guzmán López el mismo día en el que arrestaron a ambos líderes del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.

La FGR advirtió de «presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa» por la presunta fabricación de una escena del crimen que mostrara que el homicidio de Cuén había ocurrido en una gasolinera.

La indagatoria ha salpicado al gobernador de Sinaloa, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque Zambada dijo en agosto que el día de su captura se reuniría con el mandatario, Cuén y Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Le corresponde a la Fiscalía General de la República (indagar al gobernador), ellos también, con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y este hallazgo, de inmediato lo comunican, y la FGR sigue haciendo sus investigaciones y ahí hay autonomía», argumentó Sheinbaum.

Cuestionada sobre si ha tenido comunicación con el mandatario estatal, la presidenta respondió que «sí hay contacto, como con los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno» de Ciudad de México, «en los temas institucionales que hay que tratar”.

El arresto de Zambada y Guzmán López en Estados Unidos ha sacudido a México por desatar una ola de violencia en Sinaloa, estado del noroeste del país que es cuna del homónimo cártel y que acumula más de 200 asesinatos por una pugna interna de la organización desde el 9 de septiembre.

El gobernador Rocha Moya, quien antes ha recibido el respaldo de Sheinbaum, ha negado estar implicado al asegurar que él estaba de viaje en Los Ángeles, Estados Unidos, el día del asesinato de Cuén y de la captura de los capos.

En tanto, la mandataria reiteró su petición a Washington de informar sobre el operativo para aprehender a los capos. «Sigue la petición al Gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esa detención, esa solicitud sigue”, mencionó.

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EFE. Ciudad de México. 11 de octubre de 2024.- El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, expuso este viernes que aún indagan la causa que dejó el jueves dos trabajadores muertos y unos 35 afectados en la refinería que tiene la petrolera del Estado en Deer Park, en Texas, Estados Unidos.

“Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente, aún no podemos decir, señalar exactamente, lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa-raíz», declaró en la conferencia matutina del Gobierno.

El directivo explicó que «hubo una fuga de gas amargo, gas sulfhídrico, que es completamente nocivo para la salud» en la planta que el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) compró en 2022 por cerca de 600 millones de dólares en Houston.

El funcionario aclaró que los muertos no eran trabajadores de Pemex, sino que pertenecían a una empresa externa que da mantenimiento a la refinería.

“Lamentablemente, tenemos dos fallecidos, que son los trabajadores que estaban trabajando directamente en la zona afectada y que recibieron el impacto del gas. No pudimos recuperar los cuerpos hasta la madrugada por un problema de que la zona se queda afectada y contaminada durante algunas horas», expuso.

También detalló que hubo 35 personas afectadas, que se trasladaron a hospitales, donde permanecen 13 «en buen estado de salud».

Asimismo, aseveró que la petrolera ha «ofrecido todo el apoyo» a las familias de las víctimas.

La secretaria de Energía del Gobierno, Luz Elena González, agregó que ya se coordinaron con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el Condado de Harris, donde está la refinería, para que vuelva a operar a partir de la tarde de este viernes.

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AMEXI. Ciudad de México. 03 de julio de 2024.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que se tienen reportes de un posible delito de lavado de dinero en las empresas que operan al medio de comunicación LatinUS y descartó que por ahora se tenga una investigación sobre los movimientos financieros del periodista Carlos Loret de Mola.

En la conferencia de prensa mañanera, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, argumentó que no existe ningún tipo de persecución en contra del periodista, ni contra el presentador Víctor Trujillo «Brozo», pero sus nombres están incluidos en la denuncia presentada ante la dependencia por delitos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gómez Álvarez insistió que Carlos Loret de Mola no es un sujeto investigado, ya que él no es socio ni accionista ni dueño, manager o gerente de la empresa LatinUS, sólo presta un servicio y cobra por su trabajo, por lo que la denuncia que se presentó no incluye a ningún periodista, ya que se respeta el contenido del artículo séptimo de la Constitución sobre la libertad de expresión.

El funcionario aprovechó su intervención en la mañanera para responder a los señalamientos que hizo en días pasados Loret de Mola, por lo que de manera poco diplomática dijo que no tiene que dar explicaciones sobre su actuar.

“Un tono un poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión cuando vengo del movimiento del 68.

“La generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ni dar explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio”, atacó Gómez Álvarez desde el púlpito de Palacio Nacional.

Recordó que LatinUS es un consorcio, en el que no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan o prestan servicio ahí y sólo laboran, reiteró.

Aclaró que la denuncia que se presentó en la UIF hace años es contra LatinUS y no lleva incluido a ningún periodista, a ningún profesional de la comunicación, reiteró, pero al parecer sin convencer a los reporteros de la mañanera.

“La política del gobierno fue respeto a la ley, inviolabilidad de difundir opiniones e ideas a través de cualquier medio y establece la neutralidad de la red internacional y viene a cuento por las campañas que se realizan a través de la red… LatinUS está integrado por cinco empresas, su dueño como todo es Cristian González Guadarrama”, indicó Gómez Álvarez.

El funcionario dejó claro que la UIF tiene como obligación vigilar el sistema financiero mexicano y las actividades ilícitas que se puedan llevar a cabo, “se hace un análisis porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las actividades con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento del terrorismo”, expuso.

“Proteger al sistema financiero y a la economía nacional dice la ley, esas son las tareas de la UIF. La UIF tiene acceso a todos los reportes y avisos que diariamente se producen para la UIF.

“La UIF ha recibido inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en sus propias empresas. Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF, ha estado cometiendo un consorcio que se denomina LatinUS”, reiteró.

Por último, Pablo Gómez Álvarez mostró una gráfica de los recursos que ha obtenido LatinUS por sus servicios y enfatizó que una de las empresas está establecida en Delaware, Estados Unidos, región que es considerada como un paraíso fiscal, por lo que se complica la recopilación de información sobre el manejo del consorcio.

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EFE. Ciudad de México. 24 de mayo de 2024.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría (Ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó este viernes que analiza e investiga las posibles causas que propiciaron el deceso de primates (monos aulladores) en los estados de Tabasco y Chiapas para determinar las acciones para atender esta problemática.

En las investigaciones participan autoridades federales, estatales y municipales, quienes trabajan con el sector académico y centros zoológicos de la región, para atender la muerte de estos ejemplares de vida silvestre, apuntó la Semarnat en un comunicado.

Tras el reporte de la muerte de animales el pasado fin de semana, el lunes pasado, la Semarnat, a través de sus oficinas de representación en Tabasco y Chiapas, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), indicó que estaba en espera de los resultados de los primeros análisis que llevaba a cabo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)

Esto «para determinar las causas de muerte de primates y descartar cualquier tipo de virus o enfermedad».

Aquel día, en un comunicado, la Semarnat dijo que «existían diversas hipótesis sobre la razón de las muertes de los primates como golpes de calor, deshidratación, desnutrición o fumigación de plantíos con agrotóxicos, por lo que también se realizarán estudios para determinar la causa».

Este viernes, la dependencia expuso que continúa los trabajos de investigaciones y las autoridades cumplieron un recorrido en las Haciendas de Cholula y Cacaotera, con presencia y atención ‘in situ’ de monos, así como las clínicas móviles de la organización Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (Cobius) Cunduacán y Comalcalco, y terrenos particulares también con presencia de monos, en el estado de Tabasco.

Fue precisamente la Cobius la que hace una semana reportó la muerte de al menos un centenar de estos ejemplares.

Posteriormente, dijo, se realizó una reunión de trabajo entre el sector ambiental estatal y federal, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Además de otras instancias como la Profepa y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Con el objetivo de «evitar la propagación de información falsa que conlleve a malas prácticas o acciones que comprometan la integridad y trato digno de la vida silvestre», la Semarnat invitó a la ciudadanía a informarse en fuentes oficiales para evitar confusiones y desinformación respecto a este tema.

Explicó que en el caso de que la ciudadanía encuentre ejemplares de vida silvestre que necesiten valoración médica y atención inmediata, la recomendación es reportar de inmediato y evitar su manipulación.

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EFE. Ciudad de México. 12 de abril de 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investiga a su expresidente, el exministro Arturo Zaldívar, ahora parte de la campaña presidencial de la oficialista Claudia Sheinbaum, y a otros funcionarios cercanos a él por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

«Qué bueno que modificó su postura el Gobierno de Canadá porque, inicialmente, igual que el Gobierno de Estados Unidos (fue ambiguo), nada más que todavía estuvo peor el primer comunicado de Canadá que el de Estados Unidos», indicó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador, quien el martes acusó a sus socios de Norteamérica de una “postura ambigua”, se refirió al nuevo pronunciamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, que el jueves «condenó todas las violaciones de la Convención de Viena y de la ley internacional y reafirmó su decepción de que Ecuador lo haya hecho».

Según la información que difundió este viernes el medio Notitia Criminis, la SCJN, encabezada ahora por Norma Piña, ordenó tras recibir una denuncia anónima una investigación hacia Zaldívar, quien habría “vulnerado” la autonomía e independencia de operadores del sistema judicial para “satisfacer intereses personales o de terceros”.

Además, está acusado de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte y considerado su mano derecha.

Esto “con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, dice el documento.

También se implica a decenas de funcionarios, entre ellos la exprocuradora general de la república Arely Gómez, quien trabajó como contralora del Poder Judicial en la gestión de Zaldívar (2019-2022), y quien esta semana tomó el cargo de auditora general de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el sitio Notitia Criminis, que aseguró tener acceso al documento completo, la investigación sospecha de complicidades con personajes externos al Poder Judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos a él.

Tras difundirse la investigación, Zaldívar acusó a Piña de iniciar esta investigación con tintes electorales y como “revancha” ante las decisiones de ministros que están a favor de las reformas e ideas de López Obrador.

«Me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara de una especie de revancha contra la 4T (cuarta transformación, movimiento de López Obrador), (tiene) una función de tratar de desprestigiar”, aseveró en una entrevista con Radio Fórmula.

Asimismo, indicó que le parecía “muy grave” que Piña, quien tendría que cuidar el Estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones y el derecho de defensa.

“Y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos”, declaró.

Arturo Zaldívar, quien es cercano a López Obrador, renunció a la Suprema Corte en noviembre de 2023, aunque su periodo concluía en diciembre de 2024, para integrarse a la campaña de Sheinbaum.

La denuncia trasciende después de que en febrero pasado López Obrador causó polémica por declarar que, cuando Zaldívar era el presidente de la Suprema Corte, el Ejecutivo «respetuosamente intervenía» en casos de alto perfil.

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• Emma fue despojada de su casa, y a Rafael lo encarcelaron dieciocho meses. Hasta hoy, los hermanos López Juárez no saben por qué los agentes llegaron un día de 2021 a asegurar su vivienda, ni por qué los vincularon con la desaparición de dos primos en la capital poblana. No les han mostrado la carpeta de investigación ni les han devuelto sus bienes; por eso viven en la calle

Periodistas Unidos / A donde van los desaparecidos. Ciudad de México. 03 de abril de 2024.- Emma López Juárez vive en un Chevy negro desde el 18 de septiembre de 2021. Ese día, agentes de la fiscalía especializada en desapariciones de Puebla entraron con una orden de cateo a su casa, ubicada en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza de la capital del estado. Buscaban indicios sobre la desaparición de dos primos de 37 y 34 años, quienes habían sido vistos por última vez tres semanas antes en la colonia La Paz, a seis kilómetros del domicilio de la maestra. 

Ese martes, como cada día, Emma salió temprano a trabajar; desde hacía seis años era empleada en una pastelería, donde empezó como ayudante de producción y luego pasó al área de etiquetados. Al regresar, encontró su casa saqueada por los policías y a su hermano Rafael detenido; tampoco estaban sus dos perros, que según los vecinos mataron durante el operativo. El profesor de bachillerato, entonces de 54 años, pasó dieciocho meses en la cárcel antes de ser liberado. 

De pie frente al Chevy, Emma voltea hacia la puerta de metal de su hogar, al que una orden judicial le impide acceder. “Estamos ahí afuera, ahora los dos [ella y su hermano] dormimos en el coche”, cuenta. “Bueno, una carcacha que tenemos, porque pues no podemos pasar, no tenemos ahorita tampoco nada que testimonie que podemos trabajar. No tenemos documentos, no tenemos empleo, no tenemos dinero”.

Emma perdió sus bienes y su familia en apenas unas horas. Durante el cateo, dice, también le robaron 200,000 pesos en ahorros y, debido a que estaban en el interior de la vivienda, no ha podido recuperar sus certificados de estudio y su cédula profesional, tampoco los de Rafael, por lo que se les dificulta conseguir trabajo. Con una maestría en Literatura, la mujer de 58 años refiere que durante más de dos décadas, de 1988 a 2011, trabajó como correctora de estilo y redactora en El Heraldo de Puebla.

Desde ese día de septiembre, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares ha violado su derecho a la vivienda, pues no le permiten ingresar a su casa, y al debido proceso, ya que no le han dado acceso a la carpeta de investigación, señala en entrevista Daniela Torres Parra, abogada de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla.

Hasta hoy, la desaparición de los primos Erick N. P. y Juan N. V.  –hallados muertos días después– sigue sin resolverse, y ni a Emma ni a Rafael les han explicado por qué fueron relacionados con el delito. 

“No quieren entregar la casa, la camioneta, el dinero ni nada, porque saben que todo lo hicieron mal. Hay niños, hay niñas [del vecindario] que vieron [lo que pasó] y que desechan desde el principio la versión de los ministeriales, porque ellos nos dicen que llegaron y tocaron muy amables, pero no, llegaron a romper la casa”, denuncia Rafael.

‘Los descuartizadores’

A las diez de la mañana del 18 de septiembre de 2021, cerca de veinte policías judiciales y ministeriales rodearon la casa de los hermanos López Juárez. En su interior descansaba Rafael; el profesor de bachillerato se había contagiado de covid-19, por lo que tuvo que regresar de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, para dar sus clases en línea. Quince días antes había comprado una camioneta blanca Lincoln Navigator 2006, que ese día cubría la entrada de la vivienda que habitaba la familia desde 1979. 

Los vecinos de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, una colonia popular con altos índices delictivos, bajaron las cortinas de sus negocios ante las advertencias de los policías. Cuando Emma volvió de la pastelería a las dos de la tarde se encontró la vivienda asegurada, pero con las puertas abiertas. En la entrada estaba el documento que le impedía entrar: una copia de la solicitud de la fiscalía especializada para que se ejecutara la orden de cateo, como parte de la investigación contenida en la carpeta FGRP/CDI/FEIDDFDCP/DESAPARECIDOS-1/000634/2021. Supo por los vecinos lo que había pasado; también le dijeron que mejor no se acercara, temían que hubiera agentes encubiertos o delincuentes en los alrededores o dentro de la casa.

Para entonces, un rumor había empezado a correr en la colonia: los hermanos López Juárez, conocidos como “los maestros”, empezaron a ser llamados “los descuartizadores”.

La fiscalía especializada argumentó, en la solicitud a la jueza para que autorizara la orden de cateo –a la que tuvo acceso este medio, así como a otros documentos relacionados con el proceso de Rafael y con las gestiones para recuperar la vivienda–, que esperaba encontrar en la casa indicios sobre el paradero de los primos, aunque para esa fecha sus cuerpos ya habían sido localizados. 

Los dos hombres fueron vistos por última vez el 27 de agosto, cuando acudieron a una entrevista de trabajo en la ciudad de Puebla; cuatro días después se encontraron sus cuerpos, calcinados y con huellas de violencia, en el municipio mixteco de Izúcar de Matamoros, a más de una hora de distancia de la capital poblana. Según reportes de medios locales, desde el día 3 de septiembre habían sido identificados. Ese mismo mes, el día 29, la Fiscalía General del Estado (FEG) de Puebla informó sobre la detención de una banda de cinco secuestradores, a la que vincularon con los crímenes.

“No encontraron nada [durante el operativo] porque es lógico que nosotros no nos dedicamos a hacer otra cosa más que trabajar y estudiar”, dice Emma. “Entonces, se lo llevan [a Rafael] por cohecho y delitos contra servidores públicos. Después de eso, mataron a mis perros que tenía, dejaron las puertas abiertas; todo me saquearon, todo, todo, todo”.

Antes de ese día, el tiempo libre de los hermanos transcurría entre recopilar leyendas de Puebla para convertirlas en narraciones, convivir en familia y salir de viaje. Preparaban una trilogía de libros con estas historias, que durante diez años Emma publicó cada domingo en El Heraldo de Puebla. “Y luego con esto se nos acabó todo”, lamenta. 

Aún no saben por qué los agentes aseguraron su casa. Llegaron a pensar que podía relacionarse con la compra de la camioneta, que un vecino le vendió a Rafael, pero un documento del Registro Público Vehicular, en poder del profesor, consigna que no tiene reporte de robo ni está relacionada con ningún delito.

La abogada Torres Parra precisa que la fiscalía especializada, si bien tiene el derecho de solicitar órdenes de cateo e investigaciones cuando haya indicios suficientes del delito que se persigue, ha impedido el acceso a la justicia de los hermanos López Juárez.

De haber encontrado indicios en la casa, explica, tendrían que habérselo notificado a la dueña, Emma. Pero eso no sucedió; a la fecha, ni ella ni Rafael han podido revisar la carpeta de investigación porque el agente del Ministerio Público (MP) que investiga la desaparición de los primos no se los ha permitido, aseguran los hermanos.

Torres Parra aclara que, aunque los primos ya no están desaparecidos, pues fueron identificados como víctimas de homicidio, la fiscalía especializada sigue a cargo de la investigación porque los cuerpos fueron encontrados cuando se había iniciado la indagación por el delito de desaparición y le corresponde concluirla. 

“En caso de que [Emma y Rafael] estuvieran siendo investigados [por la desaparición], tendrían derecho a revisar la carpeta de investigación, porque es parte del derecho de su defensa. Si no, por el simple hecho de que aseguraron y catearon su inmueble deberían poder verla, y eso les daría un poco de luz para saber si encontraron algo, y así podrían pedir que se retirara el aseguramiento. El [agente del] ministerio público, al negarles el acceso a la carpeta, está violando su derecho a la información y a una defensa técnica y adecuada”, señala.

‘No están encontrando a los desaparecidos’

Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las desapariciones en Puebla se han multiplicado en los últimos años. De 66 personas registradas en 2020, el número aumentó a 442 en 2023, y tan solo del 1 de enero al 21 de marzo de este año hubo 163 casos. Actualmente, según el RNPDNO, hay 2,786 personas desaparecidas en el estado. 

La investigación y el esclarecimiento de las desapariciones en Puebla son prácticamente nulos. Un análisis de la organización Impunidad Cero consigna que el estado tiene 99.6% de impunidad acumulada de 2019 a 2022 en casos de desaparición forzada y cometida por particulares, porcentaje que se obtuvo tras comparar las sentencias por estos delitos con los casos registrados en el RNPDNO.

Incluso cuando se condena a los culpables, las personas continúan sin ser localizadas. Según el portal Manatí, en los pasados meses de diciembre y enero, la FGE de Puebla logró tres sentencias por la desaparición de Nicora García, Ariana Corona, Betzabé Alvarado y Fabiola Narváez, pero ninguna de las cuatro jóvenes ha sido hallada.

“Tenemos casos con sentencias condenatorias y otros con sentencias absolutorias por deficiencias de la fiscalía, pero las víctimas siguen desaparecidas; se están enfocando más en cuadrar una investigación para tener a alguien castigado que en la búsqueda”, advierte en entrevista María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. “Hay algunos perpetradores que, por lo menos, tienen una sentencia condenatoria, pero otros están libres, y las víctimas continúan desaparecidas, sin un rastro ni una pista que nos indique que pronto se les va a encontrar”. 

Para la madre buscadora, el trabajo de la fiscalía especializada –creada en 2020 como una unidad administrativa de la FGE– resulta insuficiente e ineficiente. Subraya que ni los veinte MP ni los más de treinta elementos de la policía investigadora asignados al área han logrado un mayor número de localizaciones. 

“Ya hay más agentes del ministerio público y de investigación, ya tienen más herramientas porque existe una ley general, hay [también] una ley estatal y un protocolo, ya tienen más recursos porque año con año le han incrementado el presupuesto a la Fiscalía General del Estado, pero de todas formas no están encontrando a los desaparecidos; entonces, ¿cuál es el problema?”, subraya. “La realidad es que las víctimas no son buscadas […], cuando se da el aviso de que hay bolsas con cuerpos desmembrados o una fosa, normalmente es resultado del trabajo que hacen las familias y de que consiguen información de testigos”.

Alexia Martínez Montalbán, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, cuenta que han identificado una gran cantidad de carpetas de investigación asignadas a cada agente del MP, lo que impide que conozcan la totalidad de su contenido y provoca que, cuando atienden una, descuiden otra. 

“En muchas carpetas de investigación, por omisiones no se tuvo acceso a cosas muy importantes, como las redes de vínculos, las sábanas de llamadas”, agrega. “Sabemos de mucha negligencia al interior de la fiscalía con muchos casos, pierden pruebas relevantes y la integración de las carpetas a veces es insuficiente”.

En lucha por su hogar

El laberinto judicial en que se vio inmersa Emma se bifurcó tras la detención de Rafael: trataba de obtener la libertad de su hermano, probar su inocencia, y a la vez recuperar su casa. 

Rafael fue detenido cerca de las once y media de la mañana de ese 18 de septiembre; lo trasladaron desde los separos al Centro de Readaptación Social (Cereso), acusado de los delitos de cohecho y ataque a funcionarios. El profesor sostiene que la acusación es falsa, pues con el argumento de que tenía dinero en la bolsa del pantalón y que dentro de su casa había un machete apoyado en la pared, las autoridades aseguraron que trató de sobornar y agredir a los policías que participaron en el operativo.

Para lograr la liberación de su hermano, Emma acudió el 5 de septiembre de 2022 al Martes Ciudadano, una iniciativa del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta para atender las peticiones de la ciudadanía. El mandatario turnó su caso a la Defensoría Pública del estado. 

“Él [Barbosa] me apoyó, me contactó con la licenciada de la Casa de Justicia [un espacio estatal que brinda ayuda en los procesos legales]; ella, después de los ocho licenciados de oficio que nos habían cambiado, le tupió, le tupió, le tupió, y [mi hermano] salió con suspensión condicional del proceso”. 

El profesor estuvo preso dieciocho meses; tras ser liberado, el 27 de marzo de 2023, tuvo que acudir durante medio año al Cereso a firmar cada semana como medida cautelar mientras concluía el proceso penal; finalmente, fue absuelto el pasado 27 de septiembre. “No se le pudo demostrar nada”, dice Emma.

Este 4 de abril, Rafael tendrá una última audiencia para finalizar el proceso y solicitar la devolución de los bienes que le quitaron: su dinero y su camioneta.

La otra batalla de la maestra era por su casa. Pese a que acreditó la propiedad ante el agente del MP de la fiscalía especializada, se han negado a devolvérsela. 

“Le dije [al MP] que es mi casa, pero él dice no, no lo es, tu casa está intestada. Pero es mi casa, me la donó mi señor padre y también mi hermana; ambos ya murieron, una en 2010 y mi padre en 2011, entonces la casa es mía”. 

Según las escrituras, Emma es la dueña de la vivienda, pues le fue donada por su padre, Pedro López Ortiz, quien tenía junto con su hija María del Carmen el usufructo vitalicio del inmueble, es decir, podían habitarlo mientras vivieran. Puesto que ambos fallecieron, ahora la propietaria es la maestra. 

De acuerdo con la abogada Torres Parra, el único posible obstáculo para recuperar la casa sería que, tras la muerte del padre y de la hermana de Emma, no se hubiera cancelado el usufructo vitalicio ante la notaría o el Registro Público de la Propiedad, pero aun así debería poder recobrarla. “De hecho, la única dificultad es la carente buena diligencia que debería tener la fiscalía”.

La maestra interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), con el oficio FGE/FEDH/UDH/0421/202, el 25 de noviembre de 2021 por el aseguramiento de la casa por la FGE, que fue desestimada el 2 de mayo de 2022.

Rafael denunció el caso al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien el 19 de mayo de 2023 dirigió un oficio al titular de la fiscalía especializada, Alejandro García Badiola, y al visitador general Mario Ángel D’Abbadie Reyes, con la instrucción de que le dieran seguimiento. Tres días después, la Visitaduría General le informó que verificarían que los “servidores públicos de la institución” cumplieran con la procuración de justicia.

Los hermanos también solicitaron la ayuda del actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes. Su caso fue turnado al área jurídica del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) estatal desde el pasado 23 de mayo para que les brinden acompañamiento legal, pero no se ha logrado ningún avance.

“Nos encontramos ante autoridades que no conocen de violaciones a derechos humanos y que, además, las perpetúan”, afirma Torres Parra. “La fiscalía especializada tiene muchísimo trabajo pendiente, me parece muy impactante que en lugar de dedicarse a investigar y buscar responsables se dediquen a jugarle chueco a personas que ya comprobaron que no tienen nada que ver [con un delito] y sigan violentándolas”.

Al consultar a la FGE sobre el caso, su enlace de prensa indicó que el inmueble continúa asegurado porque la investigación por la desaparición y el homicidio de los dos primos no ha concluido, sin dar más información.

Dormir en un coche

Aunque mide poco más de metro y medio de altura, Emma dice que se ha encogido desde el 2021, al tener que dormir sentada en el estrecho Chevy. Fue lo único que le dejaron los ministeriales, el vehículo estacionado afuera de su casa. Rafael, más alto, se acomoda en el asiento del copiloto con las piernas estiradas, mientras su hermana duerme sentada, encogida a su lado.

Desde ahí, Emma vio cómo los delincuentes saqueaban su vivienda, cada noche, sin tregua. Salían en la madrugada, cargados con sus cosas. “El 6 de septiembre de 2022 un ratero entra, jala el calentador y abre la puerta; yo hice mi reporte a la policía, de que no puedo entrar a mi casa y que esto pasó”. Pero las autoridades no hicieron nada.

Emma vive en el Chevy, cuenta, para evitar que su casa termine completamente desmantelada. Pero el mismo automóvil ha sido poco a poco destruido: le han robado las llantas, los rines, le rompieron un vidrio e incluso le quitaron partes del cofre.

Desde que Emma perdió su trabajo en la pastelería, en noviembre de 2023, los hermanos López Juárez tienen una rutina diaria que solo se modifica cuando van a hacer diligencias a la fiscalía. O cuando sus vecinos los invitan a comer, a cenar un pan con café, o “a un convivio”. 

Se levantan temprano, antes de las seis y media, y salen a buscar plástico y aluminio por la colonia y sus alrededores. Caminan entre tres y cinco horas para juntar residuos que luego venden a un centro de reciclado; el más cercano les queda a 40 minutos a pie de su casa. 

Aunque Emma ha ingresado solicitudes de trabajo “en todos lados, de lo que sea”, no la quieren contratar, dice, ya sea por su edad o porque no tiene documentos. Y es que expedir la cédula profesional cuesta poco más de 400 pesos, que ni ella ni Rafael tienen.

“Unas vecinas me han regalado ropa, zapatos, porque pues no tengo; así como salí, así ando”. Dice que lo único que quiere es su casa. Que se la devuelvan porque es suya. Aunque prácticamente sea un basurero, un cascarón vacío, para ella continúa siendo su hogar.

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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AMEXI. Ciudad de México. 13 de marzo de 2024.-  La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una investigación por el asesinato, ocurrido la noche del martes, del aspirante morenista a la presidencia municipal de Chilapa de Álvarez, Tomás Morales Patrón.

El abanderado del partido Morena recibió dos balas en la cabeza cuando ingresaba a su vivienda, en la calle Fidepal de esa localidad de Guerrero.

En un comunicado la dependencia estatal detalló que tras el ataque a Morales Patrón, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales acudieron al lugar de la agresión para recabar las pruebas necesarias para esclarecer ese crimen.

Para ello la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado por arma de fuego, contra quien(es) resulte(n) responsable(s) del asesinato del político, quien fue servidor de la nación, además de regidor del municipio de José Joaquín de Herrera, entre 2009 y 2012.

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