Foto: Pablo Salazar / FotorreporterosMx

EFE. Ciudad de México. 04 de diciembre de 2020.- El expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018) conocía los ingentes desvíos de dinero público derivados de la corrupción, según dijo este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en una entrevista con el diario La Jornada.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF.

Nieto expuso en la entrevista que, hace dos años, cuando asumió el encargo de dirigir la UIF encontró que este organismo -perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- servía para «fines políticos y de presión» a los opositores al Gobierno de Peña Nieto.

Castillo reveló en la entrevista que, la información aportada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, señalado de participar en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, aportó Nieto al respecto de las personas señaladas.

Las declaraciones de Lozoya -que fue extraditado desde España y es testigo colaborador de la FGR- apuntan a altos cargos durante la administración de Peña Nieto como Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

El titular de la UIF habló también de las investigaciones contra la exministra de Peña Nieto Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra, un esquema para permitir el desvío de fondos por 5.000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma .

Nieto dijo que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, en el norteño estado de Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El caso Odebrecht estalló este año en México con la extradición desde España de Emilio Lozoya, quien dirigió la petrolera estatal Pemex durante buena parte del mandato del presidente Peña Nieto (2012-2018).

Lozoya, es acusado entre otros delitos de haber recibido 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, implicó a Peña Nieto y a varios ex altos funcionarios en el uso del dinero de la constructora brasileña para la campaña electoral y para la compra de votos en el Congreso.

En sus revelaciones, también señaló los beneficios que la planta Etileno XXI recibió de parte de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. 

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• Se debe investigar acoso a periodistas e invasión a vida privada.

• La agencia debe respetar su mandato legal.

RLECVC. Ciudad de México. 01 DE JUNIO DE 2020.- La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores exige una investigación inmediata sobre el posible uso de recursos públicos por parte de Notimex para acosar a ex trabajadoras/es y periodistas, a través de las redes sociodigitales.

Desestimar las prácticas de acoso en redes cuando hay indicios de que son alentadas por instituciones públicas, es algo que aumenta el entorno de riesgo y violencia e inhibe el ejercicio periodístico libre.

Es por ello que solicitamos que las distintas instancias competentes del Estado (comenzando por la Junta de Gobierno de Notimex, su Órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación) hagan las investigaciones necesarias para esclarecer si se hizo uso de recursos públicos y si funcionarios de la agencia pública de noticias estuvieron involucrados en campañas de odio coordinadas para denostar, difamar, acosar, intimidar, perseguir, amedrentar, agredir y silenciar a periodistas. Es absolutamente condenable que en esas campañas se hayan dado intromisiones a la vida privada de las personas y la exhibición pública de fotografías de menores de edad.

Debe respetarse el artículo 6º y 7º de la Ley de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que deja claro que, toda información que genere o transmita Notimex deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las Entidades Federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad, y que los servidores públicos de la Agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su cargo. Además de que la información difundida por los periodistas de la Agencia tendrá como únicas limitantes el respeto a la vida privada, a la paz y moral públicas, a la dignidad personal y a los derechos de terceros, y evitará provocar la comisión de algún delito o perturbar el orden público.

Para abonar a los procesos democráticos, es fundamental que se muestre voluntad política de las instancias del Estado para investigar, esclarecer y resolver los graves problemas que hay en Notimex, así como resarcir los daños de las personas agraviadas. Los trabajos periodísticos y académicos que se han publicado aportan elementos clave que merecen ser tomados en cuenta en una investigación imparcial, objetiva y diligente. Hacemos un llamado público a las autoridades competentes para que las lleven a cabo lo más pronto posible, a fin de que no se siga deteriorando el espacio público.

En este sentido manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a Carmen Aristegui, Lydia Cacho, Álvaro Delgado, Dolia Estévez, Anabel Hernández, Alejandro Meléndez, Manuel Ortiz, Blanche Petrich, Rossana Reguillo, Ana Cristina Ruelas, Marcela Turati, a sus familias, a las y los extrabajadoras/es de Notimex, entre otras personas, que han sido víctimas de diversos ataques. Nada justifica las descalificaciones a un grupo de plumas reconocidas, mayoritariamente mujeres, empeñadas en el trabajo de investigación periodístico y académico sobre una institución publica, así como el presunto uso de recursos públicos para amedrentar.

Señalamos también que no solo es una responsabilidad de Estado investigar los ataques contra periodistas, queremos hacer visible la responsabilidad que tienen las plataformas de redes sociodigitales, cuyos modelos de negocios están basados en la extracción de datos y no reparan en permitir procesos de automatización, discursos de odio, polarización y movilización de recursos para prácticas que merman la democracia y la libertad de expresión.

Nuestra democracia requiere un ejercicio crítico, pero también profesional y responsable, del periodismo; la ciudadanía debe tener acceso a información confiable y de calidad. Los medios de comunicación que se rijan por el servicio público y la ética profesional han de ser garantes de la libertad de expresión y del derecho a la información; los funcionarios públicos deben actuar con integridad y transparencia y someterse, como corresponde a sus cargos, al escrutinio público y a la rendición de cuentas.

Desde hace años, México se encuentra inmerso en un contexto de violencia multifacética contra periodistas, aunado a un alto nivel de impunidad. Las y los periodistas sufren de violencia física, digital, actos de intimidación, hostigamiento y amenazas, que en varios casos los ha obligado a desplazarse o auto censurarse.

La organización Reporteros Sin Fronteras ha clasificado a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. De acuerdo con Artículo 19, del año 2000 a la fecha 133 periodistas han sido asesinados, y las agresiones contra el gremio durante 2019, lejos de disminuir, aporta otros 609 casos. En ese contexto es inaceptable minimizar y normalizar cualquier forma de violencia contra periodistas.

La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores reúne a académicas/os de múltiples universidades, periodistas, comunicadores/as, así como organismos defensores de periodistas, libertad de expresión y derecho a la información. Se institucionalizó a partir de un acuerdo inter universidades firmado por los rectores de: la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

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