EFE. Ginebra, Suiza. 20  de febrero de 2023.- Expertos de Naciones Unidas pidieron hoy en un comunicado al Gobierno de México que investigue la desaparición de dos activistas, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, en el contexto de un conflicto entre comunidades indígenas y una compañía minera en el centro de México.

Se desconoce desde el 15 de enero el paradero de Lagunes, abogado de derechos humanos, y de Díaz, uno de los líderes de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila (Michoacán), desde que asistieran a una reunión para debatir el impacto en la zona de la compañía luxemburquesa Ternium, parte del consorcio italo-argentino Techint.

El Gobierno mexicano «debe llevar a los responsables de esta desaparición ante la Justicia, compensar a las víctimas y a sus familias y garantizar su seguridad», destacaron los expertos en el comunicado, donde denunciaron el uso frecuente de las desapariciones forzadas «para silenciar voces críticas».

Los firmantes del comunicado, entre ellos los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU para Empresas y Derechos Humanos, pidieron a las empresas implicadas en el conflicto que entreguen toda la información de la que dispongan en relación con la desaparición de los activistas.

También suscriben el comunicado el Grupo de la ONU para las Desapariciones Forzadas y los relatores de Naciones Unidas para defensores de derechos humanos (Mary Lawlor), libertad de expresión (Irene Khan) y medio ambiente (David Boyd).

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EFE. Madrid, España. 13 de agosto de 2021.- El periodista español Ignacio Cembrero ha entregado este viernes su teléfono móvil ante la Fiscalía para que se investigue el presunto espionaje que denuncia haber sufrido mediante el programa Pegasus, un asunto que ha sido remitido a la Fiscalía de Madrid.

Cembrero ha comparecido durante una hora y media en la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, que este mismo viernes ha remitido la denuncia a sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid para que abra diligencias de investigación, según informan a Efe fuentes jurídicas.

Durante su comparecencia, el periodista se ha ratificado en la denuncia que interpuso el pasado mes de julio y ha entregado su teléfono móvil, cuyo número apareció en la lista de los 50.000 terminales que fueron presuntamente objetivo de Pegasus, un programa de la compañía israelí NSO que habría sido utilizado presuntamente por varios Estados para controlar los movimientos de distintas personalidades.

Cembrero, quien según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) fue «muy probablemente» vigilado por Marruecos, ha mostrado su sorpresa por ser el único móvil español en dicha lista y pide en su denuncia que se identifique a los autores del presunto espionaje.

También ha recordado otras actuaciones de vigilancia y acoso sufridas entre 2014 y 2015, y ha añadido que el Gobierno de Marruecos llegó a denunciarle por enaltecimiento del terrorismo, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Audiencia Nacional, y que todo quedó archivado, explican las fuentes consultadas.

El periodista, especializado en la cobertura de informaciones del Magreb, también ha entregado el texto del periódico digital marroquí Maroc Diplomatique en el que el pasado mes de junio encontró reproducidos extractos de sus mensajes de WhatsApp a altos cargos del Gobierno español sobre la crisis entre España y Marruecos, indican las fuente.

Los presuntos espionajes con Pegasus salieron a la luz tras la publicación el mes pasado de una investigación de un consorcio de medios internacionales, coordinados por la organización francesa Forbidden Stories y con apoyo técnico de Amnistía Internacional, que pusieron en evidencia que algunos países como Arabia Saudí, Marruecos, México, Hungría, India y Azerbaiyán seleccionaron más de 50.000 números de móviles para espiarlos.

Según dicha investigación, la quinta parte se atribuye al espionaje presuntamente perpetrado por las autoridades de Marruecos.

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Foto. AFP

EFE. Ciudad de México. 07 de octubre de 2020.- El 78,1 % de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a los expresidentes del país, pero sólo el 58,4 % de la población dice que votará en la consulta popular que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado en este sentido.

Según una encuesta publicada este miércoles por el periódico El Universal, el 78,1 % quiere que se enjuicie a los expresidentes del país, mientras que el 18,1 % se opone y el 3,1 % no tiene opinión al respecto.

En la consulta popular prevista para el próximo año para decidir si hay que enjuiciarlos, participarán el 58,4 % de los encuestados, mientras que se abstendrán el 30 % y un 9,6 % todavía no lo sabe.

De los que aseguran que participarán, un 91,4 % votará a favor de enjuiciarlos, un 7,2 % votará en contra y un 1,4 % todavía no lo sabe.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular que quiere convocar López Obrador para decidir si se enjuicia a cinco de sus predecesores.

Sin embargo, para no vulnerar la presunción de inocencia de los exmandatarios, la Suprema Corte modificó la pregunta de la consulta quitando los nombres de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», dice la pregunta consensuada por los magistrados.

Un 63,5 % de los encuestados dijo conocer la decisión de la Suprema Corte, mientras que un 36,5 % la desconoce.

El 80,5 % considera que la pregunta definitiva de los magistrados se entiende, mientras que el 19,2 % no la entiende.

De los encuestados, el 88,1 % quiere que se enjuicie a Salinas de Gortari, el 86,2 % a Peña Nieto, el 82 % a Calderón, el 78,6 % a Fox y el 76,4 % a Zedillo.

La encuesta se realizó entre el 2 y el 4 de octubre vía telefónica a 800 personas con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.

La idea de hacer una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes es de López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción, si bien ha adelantado que votará en contra porque no quiere una «venganza».

López Obrador defendió este miércoles que la consulta se celebre el 6 de junio del próximo año, coincidiendo con las elecciones en la Cámara de Diputados y 15 estados, para reducir su costo, de unos 8.000 millones de pesos (371 millones de dólares) según el Instituto Nacional Electoral (INE).

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Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE

EFE. La Paz, Bolivia. 05 de febrero de 2020.- Un diputado boliviano entregó este miércoles una carta a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia solicitando que la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) inicie una investigación internacional por delito de narcotráfico en contra del expresidente Evo Morales.

«Hemos venido a solicitar de manera muy formal y respetuosa al encargado de Negocios de Estados Unidos que haga llegar esta misiva a las autoridades de la DEA para que se inicie una investigación internacional sobre este ilícito», expresó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio.

La carta está dirigida al encargado de Negocios de Estados Unidos en el país, Bruce Williamson, lleva la rúbrica de Monasterio y va acompañada de «un cuerpo de pruebas» para sustentar su solicitud.

Según el diputado, existen «antecedentes de sobra» y «fuertes indicios» para creer que el país se convirtió en un «narco-Estado» en los últimos catorce años, que fue «manejado y protegido en un alto grado de complicidad de las altas esferas del Movimiento Al Socialismo», el partido de Evo Morales.

Monasterio expresó que existen «más de un centenar de antecedentes de casos que vincularía al Gobierno del expresidente Morales» con hechos de narcotráfico.

El diputado aseguró que en el país han estado operando organizaciones criminales vinculadas al Primer Comando Capital (PCC) de Brasil y otras que tienen nexos en Colombia y México.

«Vamos a esperar que la DEA haga un pronunciamiento lo antes posible dando la aceptación del inicio de la investigación», manifestó.

El parlamentario aclaró que no está pidiendo que esa entidad estadounidense vuelva al país, sino que inicie una investigación en contra de Morales.

Por parte del partido de Evo Morales, el MAS, el senador Efraín Chambi expresó a los medios en La Paz que respeta la iniciativa de Monasterio, pero subrayó que lo que prima es la postura del Ejecutivo transitorio que señaló que no prevé el retorno de la DEA al país.

«La DEA no debe retornar, no va a retornar el país», comentó, al subrayar que Bolivia es un Estado soberano que no necesita ayuda foránea en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, también del MAS, confió en que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, desacredite esta iniciativa del diputado de UD, la formación por la que era senadora antes de sumir el poder de forma transitoria.

El mes pasado el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia aseguró en un comunicado que la presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, no gestiona el retorno de la entidad estadounidense.

Morales expulsó en 2008 al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, y a la DEA acusándoles de una supuesta conspiración.

En 2013 hizo lo mismo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) bajo las mismas acusaciones, que Estados Unidos siempre ha rechazado.

En noviembre pasado, el Gobierno de Áñez nombró un embajador «en misión especial» no permanente en Estados Unidos por primera vez en once años tras la expulsión de Goldberg, tras anunciar un acercamiento a ese país después del distanciamiento durante la etapa de Morales.

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