Periodistas Unidos. Ciudad de México.  01 de marzo de 2023.- Ante una pregunta expresa de una reportera de la fuente Presidencia de la República y una respuesta afirmativa, un “sí” de Andrés Manuel López Obrador, algunos medios de información concluyeron que en el México de Vicente Fox y de Felipe Calderón “Había un narco-estado”. Demasiado forzado e irresponsable en términos informativos y más todavía atribuírselo a AMLO.

La reportera Judith Sánchez Reyes preguntó en la mañanera del viernes 24: “Presidente, en ese sentido, entonces, ¿usted coincide con las declaraciones del senador Ricardo Monreal, de que justamente este caso de Genaro García Luna demuestra que había un narco-Estado aquí en México?” La respuesta monosilábica fue afirmativa.

La siguiente pregunta reporteril fue: “¿Se está combatiendo?” Y la respuesta de AMLO: “Sí, pues es evidente.”

Sánchez Reyes volvió a la carga: “¿Se está combatiendo ahora?”

Y AMLO respondió: “Sí, no existe.”

E insistió la veracruzana Judith “¿Ya no existe esa relación?”

López Obrador respondió categórico: “No, no, porque no estamos nosotros asociados o involucrados con el narcotráfico. Somos distintos, somos diferentes.”

En primer término parece comprensible que Monreal Ávila haga afirmaciones que le faciliten el acceso al oligopolio mediático, desesperado como parece estar por emparejarse –en un piso parejo que él juzga disparejo cada vez con menos decibeles– con las simpatías que tienen las precandidaturas presidenciales de Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero debería ser más riguroso en el tema en tanto que jurista y coordinador de Morena en la Cámara de Senadores.

Que el presidente Andrés Manuel lo haga también adquiere otra dimensión, sobre todo porque esa conceptualización, como la del Estado fallido, forma parte del arsenal más político que ideológico que utilizan los señores y señoras –las diferencias de género aquí son secundarias– del imperio de las barras y las estrellas para abrir paso, aquí y ahora, al muy militarizado hegemonismo estadunidense. Y buena parte de la intelectualidad orgánica de los dueños de México asimila acríticamente tales conceptos.

Si se entiende bien, para el marido de la inteligente historiadora Beatriz Gutiérrez, el combate claro al narcotráfico es un elemento definitorio para hablar de la existencia o no de un narco-Estado. ¿O quiso decir narco-gobierno?

Bien, pero un problema previo, teórico y también conceptual es qué entendemos por Estado o de cuál definición partimos, entre las no pocas existentes.

La más compartida por lo menos en México, mas no por el redactor, es la que establece que gobierno, población, territorio y organización política (jurídica) constituyen un Estado. Simpatizo con la que establece que es la superestructura jurídica y política de una formación económico-social o modo de producción determinado. O algo parecido, pues cito de memoria.

Si nos atenemos al primer enunciado resultaría que los mexicanos integrábamos un narco-Estado, y además de falso por absoluto, es inaceptable que  los más de 130 millones de habitantes que vivimos en México –en Estados Unidos radican 40 millones–, formemos parte de las estructuras criminales o de sus áreas de influencia social, merced a las políticas de contubernio de la docena trágica en que gobernó el partido del muy pequeño Marko Cortés –“Genaro García Luna no era militante del PAN”–, durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, destacadamente a partir de Carlos Salinas de Gortari quien favoreció al autodenominado Cártel de Golfo. Si acaso fueron narco-gobiernos.

Acuse de recibo

Como “un corruptazo”, describió el presidente Andrés Manuel López Obrador al exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, comentarista estrella de Aristegui en Vivo y Aristegui Noticias, en tanto que la directora y copropietaria de ambos medios es funcionaria de Reforma, el diario de Alejandro Junco de la Vega, propiedad que obtuvo despojando a su señor padre… Mientras que David Vargas Araujo, exprisionero político con Felipe Calderón, pregunta y responde “¿Quién es José Ramón Cossío? Es un corruptazo. Exministro de la SCJN que impuso el PAN. Su despacho jurídico es el que golpea a AMLO. Estuvo en contra de los casos: Guardería ABC. Atenco. Florence Cassez e Israel Vallarta. Y a favor de la Ley Televisa”… Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, dijo que los “granadazos (del 15 de septiembre de 2008, en Morelia), y el michoacanazo (la detención, en mayo de 2009, de 11 alcaldes y 16 funcionarios de su gobierno por presuntos vínculos con el narco) fueron obra de Genaro García Luna, porque quería que un cártel se apoderara de Michoacán. Ese es el verdadero origen del debate ríspido, pero respetuoso, con Felipe Calderón en esos años”. (9-II-23, San Lázaro)… Ahora fue Mariana Yanar la que “informó” con todo y telepromter de “la invasión turca a Ucrania”, en Foro, del consorcio Televisa-Univisión que es la misma gata pero revolcada y con capital estadunidense.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de diciembre de 2021.- Como se sabe, el 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa desató, irresponsablemente, la guerra contra el narcotráfico en su natal Michoacán.

Ello trajo un recrudecimiento de la violencia en el país, la cual no ha parado. Lejos de ello, cada día aumenta más la inseguridad, la violencia, el terror en México y no pareciera que tengamos forma de mitigarlo.

Uno de los acontecimientos más perniciosas en esta larga guerra contra los malosos, fue la llamada: Operación Rápido y Furioso, que se inició en 2009 pero se descubrió hasta 2011, luego del asesinato del agente estadunidense Jaime Zapata, en la carretera de San Luis Potosí.

El mencionado personaje era miembro de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), y el 15 de febrero del mencionado 2011 fue abatido y herido su compañero de tareas, Víctor Ávila.

En tal operación se introdujeron más de dos mil 500 rifles de asalto, supuestamente con un chip de identificación cada uno, para rastrearlos y detener a los narcotraficantes que los adquirieron.

Todo falló y resultó un escándalo en Estados Unidos, tanto que los congresistas le pidieron al entonces presidente estadounidense, Barack Obama, que abriera los expedientes. El mandatario se negó a ello y le ordenó a su fiscal, Eric Holder, que sellara el asunto.

En México varios participaron en esta absurda, grave y trágica acción, entre otros Alejandro Poiré, quien era secretario del Consejo de Seguridad Nacional y llegaría a ser secretario de Gobernación.

Seguramente en este gravísimo episodio, estuvo metido Genaro García Luna, preso hoy en los Estados Unidos por colaborar con las pandillas del narco.

En agosto de este 2021, la administración de Andrés Manuel López Obrador demandó ante un juzgado de Boston a once fabricantes de armas y un distribuidor de las mismas, según escribe Sergio Aguayo (Reforma, 17 de noviembre).

El 22 de este noviembre responderán los implicados, el 31 de enero harán su réplica de lo que suceda nuestras autoridades y el 28 de febrero habrá una contrarréplica de los que fabrican armas a granel.

El asunto, independientemente de los resultados, ya ha dado buenos dividendos a la querella mexicana: la fábrica Smith and Wesson, una de las más añejas y reconocidas mundialmente, vio caer sus acciones 37 por ciento y teme que en los próximos meses la situación sea más grave.

Esta acción del actual gobierno, se deslinda de los anteriores regímenes de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y pone el acento en evitar que entren a nuestro país 500 mil armas anualmente. Algo que seguramente incluyó López Obrador en su reunión con Joe Biden y Justin Trudeau.

Uno de los que ha insistido desde su fundación, en 1871, en Nueva York, que los juguetes asesinos deben ser vendidos ampliamente e incluso sin medida, es la Asociación Nacional del Rifle (NRA, siglas gringas).

La mencionada organización tiene cinco millones de afiliados y aporta cantidades millonarias a diferentes candidatos a las elecciones de los partidos Demócrata y Republicano.

Basa su derecho en la Segunda Enmienda de la Constitución yanqui, la cual han intentado regular sin éxito varios presidentes de nuestros armados vecinos. Algo que sólo ocurre en aquel país, como lo demuestra Michel Moore en su documental: Masacre en Columbine.

En el mismo, Moore intenta entrevistar a uno de los jerarcas de la agrupación, el pésimo actor Charlton Heston, pero este se escabulle y finaliza la conversación sin explicar por qué deben venderse rifles que incluso abaten un helicóptero como si fueran sonajas para niños.

Heston fue el encargado de esta Asociación hasta 2003, pero después llegó alguien peor, el teniente Oliver North, quien estuvo a cargo de la operación Irán- Contras, la que dejó muertos en el medio oriente, Nicaragua y México, por lo que el militar fue acusado y sentenciado a prisión, aunque salió y continuó con sus aventuras bélicas en muchos terrenos.

También han estado afiliados a la mencionada organización John Wayne, el actor; Sara Palin, una neofascista que fue precandidata a la presidencia por el Partido Republicano, y, obviamente, Donald Trump.

Acá en nuestro país existe una oscura Asociación Mexicana de Armas de Fuego, siendo que es ilegal poseer una serie de objetos reservados para el ejército y la armada mexicanas.

Según los analistas de la revista Nexos: Carlos Pérez Ricart, Eugenio Welgand y Raúl Zepeda, las armas son la epidemia criminal que vive México y la demanda lopezobradorista es “audaz y original”, aunque, afirman, es improbable que prospere.

Afortunadamente, como anotamos en el caso de Smith and Wesson, los efectos positivos ya están a la vista, ahora es tiempo que el gobierno de Gringolandia haga, también, su parte.

Las armas son el peligro mayor hoy, en todas las actividades de la Economía canalla, como titula su libro Loretta Napoleoni.

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Foto: Joédson Alves / EFE

EFE. Brasilia, Brasil. 11 de abril de 2020.- La organización Human Rights Watch (HRW) criticó en duros términos este sábado la conducta «irresponsable» del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la COVID-19 y afirmó que «pone en riesgo la vida» de los ciudadanos de su país.

«Bolsonaro está saboteando los esfuerzos de gobernadores y de su propio Ministerio de Salud para contener la diseminación de la COVID-19, poniendo en riesgo la vida y la salud de los brasileños», dice un comunicado difundido este sábado y firmado por el director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

«Para evitar muertes con esa pandemia, los líderes deben garantizar que las personas tengan acceso a informaciones precisas, basadas en evidencias, y esenciales para proteger su salud», pero Bolsonaro «está haciendo todo, menos eso», agrega Vivanco.

El comunicado expresa la preocupación de HRW con la aceleración de la pandemia en Brasil, el país más afectado de América Latina y en el que hasta este viernes se habían registrado 1.057 muertes y 19.638 contagios.

También hace un repaso de declaraciones de Bolsonaro, que desde la detección del primer caso en el país ha minimizado los efectos de la pandemia sobre la salud y la vida, al punto de haber calificado a la COVID-19 de «gripecita» o «resfriadito».

El líder de la ultraderecha brasileña también mantiene un pulso con gobernadores y alcaldes que, dentro del marco constitucional, han adoptado diversas medidas de prevención, como cuarentenas u otras que han reducido a mínimos las actividades económicas y el contacto social.

Según Bolsonaro dijo esta misma semana, será «mucho peor» el impacto del colapso económico que provocarán esas medidas, que llevarán a millones de brasileños al desempleo y el hambre, que «también matan», sostuvo.

Asimismo, HRW censuró los «paseos» que Bolsonaro ha dado en los últimos días, en plena aceleración de la pandemia, desafiando así las recomendaciones de aislamiento social dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su propio Gobierno, a través del Ministerio de Salud.

El último fue este mismo viernes, cuando volvió a desoír esas recomendaciones y se dirigió con una nutrida comitiva al acomodado barrio de Sudoeste, en Brasilia.

Primero se detuvo en una farmacia, donde los automóviles de la caravana oficial fueron recibidos con algunos aplausos pero también con el ruido de cacerolas golpeadas por muchos vecinos que, desde sus balcones y ventanas, le exigían en alta voz que volviera a su casa y respetara la cuarentena impuesta por el gobierno regional.

Luego se dirigió a un edificio residencial, donde también hubo una cierta división entre aplausos y cacerolas, y finalmente, antes de regresar a su residencia, hizo una escala en el Hospital de las Fuerzas Armadas por razones que no fueron aclaradas oficialmente.

En las únicas palabras que dirigió a los periodistas, se limitó a decir que apenas estaba ejerciendo «el derecho constitucional de ir y venir libremente».

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