EFE. Ciudad de México. 08 de mayo de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, acusó este jueves a varios jueces de favorecer a presuntos delincuentes, lo cual consideró “inaceptable”, pues aseguró que existe un “alarmante” número de determinaciones judiciales que han beneficiado a criminales.

“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial. El funcionario destacó que debido a estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos definitivos, “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”.

Además, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.

Todo ello, afirmó, pese a que Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró como “no viables” para estas medidas, por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, dijo García Harfuch.

Destacó el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, requerido por el Gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.

También señaló directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cartel del Pacífico, y al ‘Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo.

Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que por las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, que presuntamente tendrían nexos con el narcotráfico, será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal electoral los que tomen la decisión en última instancia, pero destacó que hasta ahora las denuncias se han hecho en redes sociales.

El mes pasado, Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.

Además, la agrupación civil Defensorxs documentó 13 «candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades» en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán Loera.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99,7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.

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