Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2025.- Un juez de control impuso este sábado prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando «N», alias «El Licenciado», presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, así como a siete de sus escoltas, acusados de homicidio calificado por omisión. La medida se dictó tras una audiencia de más de ocho horas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 «El Altiplano», en el Estado de México, donde se vinculó el crimen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El homicidio de Manzo ocurrió el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos en la Plaza de los Mártires de Uruapan, un evento público en el que el edil repartía velas a los asistentes. Un adolescente, Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, disparó contra el alcalde, quien falleció minutos después por heridas de bala. El joven agresor fue abatido en el lugar por uno de los escoltas de Manzo, utilizando su propia arma, según peritajes balísticos presentados en la audiencia. Sin embargo, testimonios revelaron contradicciones: un paramédico afirmó que no se le permitió auxiliar al menor hasta la intervención de la Guardia Nacional, cuando ya había fallecido.

La defensa de los imputados argumentó irregularidades en las detenciones, alegando fallas en el debido proceso, pero el juez Luis Fernando Díaz Parra rechazó los argumentos y ordenó la prisión preventiva mientras se desahogan más pruebas. La próxima audiencia está programada para el miércoles 26 de noviembre, en los juzgados del penal del Altiplano, donde se integrará el caso completo.

Detenciones: De Morelia a Uruapan, el cerco se cierra

«El Licenciado», detenido el 18 de noviembre en una casa rentada en Morelia, Michoacán, es señalado como operador logístico del CJNG bajo las órdenes de Ramón Álvarez Ayala, alias «R-1», líder regional del cártel y quien habría autorizado el ataque por un pago de al menos dos millones de pesos. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido coordinaba un chat donde se filtraban movimientos en tiempo real del alcalde, incluyendo un mensaje clave a las 18:56 horas del día del crimen: «Vamos retrasados porque anda el Presidente repartiendo velas». Investigaciones apuntan a que un informante infiltrado en el círculo cercano de Manzo proporcionaba esta información, lo que facilitó el operativo de sicarios en motocicletas que cerraron rutas de escape en el centro de Uruapan.

Las detenciones de los escoltas se concretaron el viernes 21 de noviembre en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Seis hombres y una mujer, con edades entre 21 y 56 años, fueron aprehendidos en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Uruapan –antigua sede del ayuntamiento, a metros del lugar del atentado– y trasladados al Centro Penitenciario «Lic. David Franco Rodríguez» (Mil Cumbres) en Charo. Están acusados de no haber evitado el homicidio pese a su rol de protectores, y uno de ellos es el que disparó contra el adolescente abatido. La FGE los imputa por «homicidio calificado en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal».

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que un octavo guardia permanece prófugo tras huir durante los arrestos, y se le considera pieza clave para reconstruir los hechos previos al ataque. «La investigación es integral y amplia para esclarecer el homicidio», enfatizó el mandatario en entrevista con medios locales.

El trasfondo: CJNG y la violencia en Michoacán

El crimen de Manzo ha sacudido al país, exponiendo la infiltración del narco en gobiernos locales. El alcalde, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, había denunciado amenazas del CJNG por su oposición a actividades ilícitas en Uruapan, bastión aguacatero y ruta clave del narcotráfico. «R-1», detenido en 2012 y liberado hace tres años, es el cerebro señalado detrás de las instrucciones transmitidas por «El Licenciado». La indagatoria revela la participación de al menos diez personas más en la planeación, incluyendo el reclutamiento de menores como el ejecutor.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, destacó que las detenciones debilitan al CJNG en al menos cuatro municipios michoacanos. La FGE, encabezada por Carlos Torres Piña, advierte que habrá más aprehensiones, tanto intelectuales como materiales. Mientras, Uruapan vive bajo un manto de tensión, con un despliegue federal reforzado para prevenir represalias.

Este caso subraya la vulnerabilidad de funcionarios públicos en zonas de alta conflictividad, donde el narco no solo atenta contra vidas, sino que corrompe estructuras de protección. La justicia mexicana avanza, pero el camino para desmantelar estas redes criminales luce largo y sinuoso.

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