AMEXI. Ciudad de México. 26 de mayo de 2025.- A solicitud del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor), un juez federal laboral otorgó una prórroga de 10 días para el estallamiento de huelga en la empresa Demos, editora del diario La Jornada, prevista para este 26 de mayo.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dicha determinación se adoptó en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 927, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo.

Lo que dice la ley

Según ese artículo, en casos de huelga relacionada con la revisión o celebración del contrato colectivo, las labores se deben suspender para ejercer el derecho a la huelga y lograr un acuerdo con el patrón.

En la fracción V se establece que “Después de emplazado el patrón, a petición del sindicato se podrá prorrogar o ampliar el período de prehuelga por una sola ocasión hasta por treinta días. Cuando se trate de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos, se podrá prorrogar por un plazo mayor”.

De acuerdo con la dependencia, el estallamiento de huelga estaba previsto para el primer minuto de este lunes 26 de mayo, pero con la prórroga concedida, la nueva fecha es el primer minuto del jueves 5 de junio próximo.

La autoridad laboral reiteró su compromiso institucional de redoblar esfuerzos en los próximos días, en coadyuvancia con el Tribunal Federal Laboral para facilitar el diálogo entre la empresa y el sindicato.

Asimismo, para contribuir a la construcción de un acuerdo que permita evitar el estallamiento de la huelga, en un marco de respeto a los derechos laborales y a la legalidad.

Mientras integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada preveían iniciar la huelga este lunes, un grupo de empleados denunció “que dicha acción no se consultó con los trabajadores de base en asamblea general o votación alguna.

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AMEXI. Ciudad de México. 22 de marzo de 2025.- El exgobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu compareció ante un juez penal este viernes con la intención de confirmar su solicitud para dar por concluido el proceso penal en su contra, relacionado con la obtención de un crédito automotriz antes de finalizar su administración; sin embargo, el juez rechazó su petición.

¿Cuál fue el argumento de su defensa?

De acuerdo con fuentes judiciales, tanto la defensa del exgobernador como la de su exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, promovieron una audiencia de auxilio judicial para solicitar el sobreseimiento del caso, el cual se originó por una denuncia presentada por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

¿Cuál fue la determinación del juez?

La autoridad judicial negó la suspensión del proceso y mantuvo abierta la posibilidad de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) continúe con la investigación en su contra.

¿Por qué se le acusa a Graco Ramírez?

La denuncia se basa en que, durante los últimos días de su gestión, Ramírez Garrido Abreu presuntamente ordenó que el Instituto de Crédito para Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM) le otorgara un préstamo exprés para la compra de una camioneta de lujo con un valor superior a los 600 mil pesos.

¿Por qué el préstamo sería irregular?

El principal señalamiento en su contra es que no tenía la calidad de trabajador, sino de patrón, lo que haría que la solicitud del crédito fuera improcedente bajo la normativa vigente del instituto de crédito.

¿Ha comparecido ante la justicia anteriormente?

Sí. Es la segunda vez que el exgobernador acude a los juzgados de Atlacholoaya por este caso. La primera fue el pasado 7 de enero, cuando la FECC retiró momentáneamente su solicitud de imputación, lo que generó interpretaciones erróneas sobre un posible cierre del caso.

¿El proceso aún sigue en curso?

Sí. Aunque en enero la Fiscalía decidió postergar la imputación, la dependencia mantiene la opción de retomar el caso con nuevas pruebas y argumentos. En esta nueva audiencia, el exgobernador intentó cerrar definitivamente el proceso, pero su solicitud fue rechazada.

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EFE. Ciudad de México. 25 de enero de 2025.-  Un juez otorgó a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, la suspensión provisional del proceso penal en su contra por su responsabilidad en el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México.

“Este es un terrible precedente, porque entonces significa que cualquier funcionario público que cometa un delito de este grado y, que además no es cualquier funcionario, estamos hablando del titular de una institución, pueda cometer un delito y pague el Estado”, dijo a medios locales Yesenia Valdez, abogada de los familiares de las víctimas.

La resolución exige que el funcionario cumpla con diversas medidas cautelares durante los próximos 18 meses, como mantener su residencia fija, ofrecer una disculpa pública, completar cursos de derechos humanos y protección civil, asegurar indemnizaciones a víctimas y realizar supervisiones trimestrales en centros de detención migratoria.

La noche del 27 de marzo de 2023, 40 migrantes provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, fueron víctimas de asfixia por el humo causado de un incendio de unos 3 minutos de duración, generado por dos venezolanos, de acuerdo con investigaciones de las autoridades mexicanas.

Tras los hechos, Garduño fue llevado a juicio por el delito de omisión en relación al incendio, por no haber tomado las medidas adecuadas para prevenir la tragedia.

Este viernes, la abogada Valdez señaló que buscar justicia en México por este tipo de casos es “como buscar una aguja en un pajar”, pero aseguró que se van a interponer los recursos necesarios contra esta decisión.

“Nosotros enviamos una carta a la señora presidenta (Claudia Sheinbaum) y esperamos que no sea esto lo que continuamente pase durante la gestión de la señora Claudia y que haya más funcionarios, que la maquinaria de impunidad se siga alimentando con este tipo de resoluciones que se sigan cometiendo graves violaciones de derechos humanos”, señaló.

Apenas el jueves, más de 100 organizaciones civiles denunciaron “irregularidades” en el proceso del funcionario y lo acusaron de querer “eludir su responsabilidad penal” en la tragedia.

Pese a la situación jurídica de Garduño, Sheinbaum ha decidido no removerlo del cargo, aunque en diciembre pasado anunció que reformaría el INM sin dar mayores detalles.

Migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado al INM de abusos para evitar el avance de los indocumentados hacia el norte del país ante las presiones de Estados Unidos, donde el presidente, Donald Trump, ha pedido a México que detenga «la invasión» migratoria.

Apenas esta semana, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, defendió la estrategia migratoria del Gobierno al citar una reducción del 75 % en el encuentro diario de migrantes irregulares en la frontera con EE.UU. desde diciembre de 2023, con base en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Pero México detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132 %, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.

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AMEXI. Ciudad de México. 07 de enero de 2025.- El Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic-Nochixtlán) denunció que la jueza Guadalupe Patricia Hernández Juárez ordenó la liberación de los policías Juan Peralta Álvarez y Carlos Guerrero Romero, responsables del asesinato de ocho personas, en la masacre del 19 de junio de 2016, en Nochixtlán, Oaxaca.

Tras nueve horas y media de audiencia de juicio de amparo, la jueza de circuito, ordenó el cambio de medida cautelar, para que Juan Peralta, exjefe de reacción de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca, y Carlos Romero, mando de la desaparecida Policía Federal, lleven el proceso en libertad.

El profesor Santiago Ambrocio Hernández, presidente del Covic-Nochixtlán, responsabilizó a Hernández Juárez “de cualquiera agresión física o psicológica que puedan tener las víctimas del 19 de junio”; además desmintió el argumento de que los policías tuvieran problemas de salud, ya que sus certificados médicos demuestran lo contrario.

Policías liberados, responsables de varios asesinatos

Ambrocio Hernández, en un mitin frente al palacio de gobierno de Oaxaca, denunció que el Poder Judicial federal, en contubernio con el gobierno de Claudia Sheinbaum, encubre a los asesinos de la masacre de Nochixtlán.

“Uno de ellos (de los policías) es responsable de cinco muertes de los compañeros y otro de tres de ellos, lo que está demostrado científicamente, que dio positivo que sus armas… de los 80 heridos de bala, uno de los policías es responsable de 27 heridos de bala y otro con 28”, señaló Santiago Ambrocio.

Con esta liberación suman cinco de los policías implicados en la masacre del 19 de junio que quedan en libertad, con lo que se confirma la impunidad con que actúa el Poder Judicial federal, señaló el presidente del Covic-Nochixtlán.

Riesgo de fuga de los asesinos

Ambrocio Hernández externó la preocupación de las víctimas de que los policías evadan la acción de la justicia y que, con ello, la masacre ordenada en el gobierno de Enrique Peña Nieto quede en la impunidad.

Primero, porque “no tienen ninguna propiedad en Oaxaca… y por otro lado, su trayectoria ha hecho ser guardaespaldas de un exgobernador de Puebla, tienen relaciones políticas, por eso la jueza no podía dejarlos en libertad”, dijo Ambrocio Hernández.

Contexto de los hechos del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca

El 19 de junio del 2016, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaba una jornada nacional de movilización exigiendo la abrogación de la reforma educativa.

El presidente Enrique Peña Nieto ordenó la intervención de la Policía Federal, por lo que agentes de esa corporación se trasladaron a Oaxaca para reprimir aquella lucha magisterial, que contaba con un amplio apoyo popular.

En su trayecto, el convoy de policías federales que se dirigía a la ciudad de Oaxaca fue rechazado por una manifestación de maestros y habitantes de diferentes pueblos de la región mixteca oaxaqueña, con una manifestación masiva sobre la autopista Oaxaca-México, a la altura de Asunción Nochixtlán.

En respuesta a la manifestación, los policías federales, con el apoyo de policías estatales y municipales, dispararon contra la población civil, dejando más de 80 heridos con armas de fuego. Las ocho personas asesinadas por los policías fueron las siguientes:

1. Jesús Cadena Sánchez
2. Oscar Luna Aguilar
3. Yalid Jiménez Santiago
4. Omar Gonzáles Santiago
5. Anselmo Cruz Aquino
6. Oscar Nicolás Santiago
7. Silvano Sosa Chávez
8. Jhovan Azarel Galán Mendoza

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EFE. Ciudad de México. 23 de diciembre de 2024.- Un juez federal dictó este lunes la prisión formal en contra del capo mexicano Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud.

La resolución, marca el primer proceso abierto en una serie de acusaciones en su contra en México, tras su deportación desde Estados Unidos el pasado 16 de diciembre.

Fue el juez cuarto de distrito en Materia Penal en Toluca, en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, determinó como suficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar un juicio por narcotráfico.

Con esta decisión el capo mexicano, también llamado ‘El mata amigos’, permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras enfrenta múltiples cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas y alianzas criminales.

Según la FGR, Cárdenas Guillén es señalado de dirigir operaciones del Cártel del Golfo y coordinar actividades de tráfico de estupefacientes por puertos estratégicos como Lázaro Cárdenas, Michoacán, además de Guerrero y Tamaulipas.

El narcotraficante, quien se declaró inocente en su declaración preparatoria, también tiene pendiente otra resolución judicial en Jalisco, donde podría ser procesado por el asesinato de seis personas, incluidos familiares de un testigo protegido clave.

Cárdenas Guillén fue detenido en 2003 y extraditado en 2007 a Estados Unidos, donde cumplió una condena de 25 años de prisión tras declararse culpable de diversos delitos.

La semana pasada, las autoridades mexicanas informaron que aún enfrenta dos órdenes de aprehensión y siete procesos penales por cargos que incluyen lavado de dinero, homicidio, cohecho y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

De ser hallado culpable por todos los delitos que se le imputan, podría enfrentar una sentencia acumulada por más de 700 años de prisión.

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EFE. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2024.- Un juez de Ciudad de México ha absuelto a Diego ‘N’, un joven acusado de usar inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes íntimas sexuales de sus compañeras estudiantes, con lo que ha perdido la oportunidad de hacer historia, según han denunciado este jueves agrupaciones feministas.

Las alumnas afectadas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han acusado de «complicidad patriarcal» al juez Francisco Salazar Silva del Reclusorio Oriente de Ciudad de México por alegar que no hay pruebas contra Diego, quien permanecerá detenido por otras acusaciones de pornografía infantil y violencia digital.

«Esto no es solo un fallo, es un mensaje por parte del juez Francisco Salazar Silva. Ha gritado al mundo con esta sentencia absolutoria que la violencia digital contra las mujeres no importa, que nuestras vidas y dignidad son un precio aceptable para proteger a los agresores», han manifestado en un pronunciamiento en la madrugada.

Las jóvenes han acusado al hombre de tomarles imágenes, manipularlas con inteligencia artificial para «convertirlas en armas» y usarlas para «explotación sexual».

La sentencia despertaba expectativa porque, según organizaciones feministas de la capital mexicana, podría haber sido la primera condena en el mundo por usar IA para ejercer violencia sexual digital.

El acusado, recluido en el penal desde octubre de 2023, también afronta cargos como trata de personas en modalidad de pornografía infantil, por poseer una tableta digital con fotografías íntimas reales y manipuladas de al menos 1.000 mujeres, de entre 17 y 25 años, así como 166.000 imágenes modificadas con IA y 20.000 videos.

La absolución sobre el uso de la IA ha ocurrido pese a que en el país existe una serie de legislaciones conocidas como Ley Olimpia, en honor a la activista Olimpia Coral Melo, quien impulsó la penalización de la violencia sexual digital.

«No hubo justicia, hubo complicidad. Las compañeras del IPN están viviendo un momento muy difícil. Les pedimos organizarnos hasta dar a conocer las movilizaciones que llevaremos a cabo. Anunciamos que apelaremos por la vía legal, seguiremos denunciando por la vía política», ha dicho Coral Melo en su cuenta de Instagram.

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AMEXI. Ciudad de México. 04 de diciembre de 2024.- El Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero abrió una carpeta de investigación en contra del juez Gregorio Salazar Hernández por permitir que El Contador, narcotraficante cabecilla del Cártel del Golfo llevara su proceso en libertad.

El juez de Distrito Gregorio Salazar Hernández otorgó la libertad procesal a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, José Alfredo “C”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y de los principales líderes del Cártel del Golfo, el pasado 20 de noviembre.

En este punto, la FGR justifico su determinación de iniciar carpeta de investigación contra dicho juzgador, por posibles delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos.

FGR presenta análisis de lo dicho por el juez

Es así que la FGR presentó un análisis comparativo de lo que el juez Salazar Hernández dijo frente a lo que realmente se había probado y probó que las justificaciones del juez «no son ciertas».

Lo anterior es el motivo por el cual se inicia el proceso de queja y se promueven incidentes de nulidad de notificación, así como por el exceso en el cumplimiento de la sentencia.

La FGR señala que “el Juez expresó que la FGR no acreditó las causas que justifican que permanezca en prisión preventiva. Ante ello responde:

“No es cierto, ya que se le señaló que existe un peligro de sustracción y obstaculización debido a que es miembro de alto rango de una célula de un grupo criminal” con recursos para trasladarse a cualquier parte del mundo.

La Fiscalía agrega que: “lo anterior, se sustentó con múltiples datos de prueba otorgados por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, en la acusación formal dentro del número caso 1:21CR001011.

Asimismo, “con la Evaluación de Riesgo elaborado por la Unidad de Inteligencia Táctica, del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, que concluye que José Alfredo “C”, presenta un RIESGO ALTO SOCIAL y un elevado peligro de sustracción”.

Resalta FGR los graves riesgos de la decisión del juez Salazar Hernández

La Fiscalía General de la República puntualiza que “se le dijo (al juez) que era un peligro para los testigos y la sociedad puesto que la agregada del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en México informó que las autoridades del orden público habían recibido amenazas de los socios de la organización criminal a la que pertenece José Alfredo “C”.

”Lo anterior, se sustentó con múltiples datos de prueba otorgados por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, en la acusación formal dentro del número caso 1:21CR001011.

”Existen denuncias por las amenazas de muerte a los testigos que han otorgado información en contra de José Alfredo “C”. Lo anterior, se sustentó con las Declaraciones de excolaboradores del grupo criminal”, precisa la Fiscalía.

Menciona que, derivado de la opinión jurídica favorable a la extradición de José Alfredo, por el Juez Enrique Beltrán Santes, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Edomex, del 17 de junio de 2024, el presunto quedaba recluido en el Centro Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México y a disposición de la SRE a espera del acuerdo de extradición.

El Juez inventó que la FGR no acredito los hechos para extradición

El fiscal señala que el juez expresó que la FGR no acreditó los hechos materia de la extradición, lo que refutó aduciendo que “no es cierto ya que se le indicó al juez que esa audiencia era en cumplimiento a una suspensión provisional de un Juicio de Amparo, donde se le ordenaba la celebración de ésta para la revisión de medida cautelar”.

Finalmente, la FGR indica que también refuta las argucias infundadas del juez respecto de que la FGR no señaló el estatus de alguna investigación del extraditable en territorio nacional.

Así como que la defensa demostró que no existe riesgo de sustracción por parte del presunto y concluyó que pese a que la FGR justificó la medida cautelar de prisión preventiva, el juez otorgó inmediata libertad contra toda razón lógica, jurídica y racional.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de octubre de 2024.- La semana en curso fue pésima para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, sus siete ministros aliados unos y subordinados otros, pero sobre todo para los que los impulsan: las oposiciones mediáticas, empresariales, religiosas y partidistas.

Resulta que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, el miércoles 23, que el Instituto Nacional Electoral debe continuar con la organización del proceso electoral para ministros, magistrados y jueces. Y el Consejo General del INE procedió en consecuencia, en este caso con el deslinde de Dania Paola Ravel con el comunicado oficial. Y en el caso de la sala superior del TEPJF por una votación de tres a dos, lo que importa es que la mayoría de ambas instituciones votaron por continuar con el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que culminará en junio de 2025.

Tal y como lo propuso el proyecto de sentencia del magistrado Felipe de la Mata, el pleno de la sala superior determinó que las suspensiones otorgadas por jueces de distrito para detener los preparativos no tienen argumentos jurídicos válidos. Y al resolverse dicha traba por el único órgano judicial competente, de acuerdo a la Constitución, el INE informó que acatará la resolución, por lo que continuará con la organización del proceso para la elección de juzgadores.

El argumento básico del TEPJF es que se trata de un mandato constitucional que no puede frenarse y que este pleno es la máxima instancia electoral y que por ello tiene la última palabra.

Un impresentable magistrado Juan José Olvera López, poseedor de una oscura trayectoria, redujo la sentencia del Tribunal Electoral, en la autodenominada “mañanera judicial”, a “sólo como un borrador para los efectos de una decisión, como pasa todos los días en los órganos colegiados”. Los desplantes publicitarios no los creen ni sus compañeros que durante 70 días realizaron un paro de labores con goce de sueldo, extraordinaria beca que terminará el 28 de octubre por decisión del Consejo de la Judicatura Federal, mismos que fueron retenidos con un bloqueo de ocho horas. Este es el segundo fracaso de Piña Hernández y sus padrinos.

Por si los dos fracasos cosechados por la inepta política Norma Lucía Piña no fueran suficientes para que acabe de recular en sus temerarias conductas ilegales, sus compañeros de la Suprema Corte rechazaron en sesión privada, el lunes 21, su Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025.

De acuerdo con fuentes de la SCJN, consignadas por el diario La Jornada, el lunes 21 se criticó que el proyecto no considera gastos y ajustes presupuestales que deriven de la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, como la eliminación de los fideicomisos y el ajuste de sueldos de los altos funcionarios para que no excedan al de la titular de la Presidencia de la República. De manera contraria, incluye un incremento por la inflación.

Tres fracasos al hilo en una semana son demasiados para una señora que cuando fue votada como ministra de la Suprema Corte obtuvo las más bajas calificaciones entre los aspirantes, como lo registró en la tribuna del Senado el legislador por Guerrero Armando Ríos Piter, de filiación perredista. ¡Ah!, pero contaba con el padrinazgo del consejero jurídico del entonces presidente Enrique Peña, Humberto Castillejos Cervantes, en 2012-17. No en balde fueron dos las ocasiones que intentó ser designada ministra de la Corte, lo que logró el 10 de diciembre de 2015 para reemplazar a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Acuse de recibo

Aristegui en Vivo y Aristegui Noticias están convertidos por su directora, propietaria y conductora en cajas de resonancia de los múltiples intereses económicos y políticos, nacionales y extranjeros, gigantescos y medianos que convergen en el rechazo militante a la reforma judicial en curso y que, en efecto, ya es constitucional. Está en su derecho María del Carmen, pero que no dore tanto la píldora de la manipulación jurídica e ideológica con sus especialistas de las mesas que son todo menos de análisis. Ahora se comprende mejor su aprendizaje al lado de su mentor, Pedro Ferriz de Con, un ícono de la corrupción periodística en México… Entre aquellos destacan los evasores fiscales de siempre, como el mitómano y gandaya Ricardo Salinas Pliego que enfermizamente ostenta su condición de dueño de México, uno de los 40, y súper protegido de Norma Piña y sus siete cómplices de la Suprema Corte… Hasta julio pasado, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 20.5 billones de pesos, lo que significó con Andrés Manuel López Obrador un crecimiento nominal de 6.2 billones de pesos y un incremento real, descontada la inflación, de 11%, en comparación con el gobierno de Peña Nieto que tanto los favoreció, en particular al plutócrata del Ajusco que ya involucró al Estado mexicano en sus graves incumplimientos con socios estadunidenses, pero Piña y compañía lo protegen.

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AMEXI. Ciudad de México. 23 de octubre de 2024.-  La Fiscalía General de la República (FGR) denunció que el Juez Federal Alejandro Alberto Díaz Cruz eludió valorar adecuadamente 78 pruebas presentadas en el caso contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la FGR, el juez tergiversó el proceso para hacer parecer que la orden de aprehensión era por homicidio y no por secuestro y traición a la patria.

El fallo del juez y las pruebas ignoradas

La FGR señaló que la solicitud presentada nunca se basó en homicidio, sino en los delitos de secuestro y traición a la patria. Sin embargo, el juez Díaz Cruz negó la orden de aprehensión, afirmando que no había pruebas suficientes contra el hijo del Chapo, distorsionando los hechos. La Fiscalía subrayó que el juez mencionó a medios que la solicitud carecía de evidencia sobre huellas hemáticas del doctor Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que no era relevante para la causa principal.

“La orden solicitada se basaba exclusivamente en los delitos de secuestro y traición a la patria, no en homicidio”, indicó la FGR en un comunicado. La dependencia enfatizó que las 78 pruebas presentadas establecían claramente la probabilidad de participación del acusado en estos delitos.

Críticas de la FGR a la actuación del juez

La FGR acusó al juez Díaz Cruz de usar artimañas y evasivas para evitar conceder la orden. La dependencia también recordó que el juez sugirió trasladar la solicitud de aprehensión a juzgados federales de los Centros de Readaptación Social. Sin embargo, este cambio no alteró el curso del procedimiento.

“El dato hemático no era fundamental para probar los delitos de secuestro y traición a la patria”, aclaró la FGR, reafirmando que estos indicios solo constituirán prueba en el caso del homicidio de Cuén. La Fiscalía informó que, tras una audiencia de más de ocho horas, retiró su solicitud y continuará con el procedimiento penal “de manera clara y transparente”.

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AMEXI. Ciudad de México. 23 de octubre de 2024.- Entre risas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso un error en la notificación que recibió de la jueza Nancy Juárez para eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En su mañanera del pueblo, señaló que la notificación contiene un código QR que debía llevar a la versión digital del documento, pero resultó ser inútil ya que al escanearlo aparecía el mensaje “El QR ha sido eliminado”.

Sheinbaum destacó que la notificación, enviada por la jueza Nancy Juárez, no fue formalmente recibida debido a este fallo tecnológico.

Expuso que la consejera jurídica, Ernestina Godoy, solicitó la intervención de un notario público para certificar que el QR no llevaba a ningún enlace válido, por lo cual no han sido notificados.

Este incidente ha generado críticas hacia el Poder Judicial y ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los métodos de notificación utilizados por las autoridades.

Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso con la reforma judicial y aseguró que no procederá con la eliminación del decreto del DOF hasta recibir una notificación válida. Este error ha generado un debate sobre la eficacia y modernización de los procesos administrativos en México.

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