Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2025.- En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, la Colectiva Cambiémosla Ya exige la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, una práctica que ha devastado territorios, desplazado comunidades y contaminado suelos y cuerpos de agua en México. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, las 23,231 concesiones vigentes, que abarcan más de 13.4 millones de hectáreas, permiten la continuidad de esta actividad altamente perjudicial.

Actualmente, México cuenta con 874 operaciones mineras activas, de las cuales 249 extraen minerales metálicos. De estas, 95 emplean la técnica de tajo a cielo abierto, ocupando 61,172 hectáreas, incluyendo 5,510 hectáreas en cuatro áreas naturales protegidas y 1,541 hectáreas en humedales. Esta técnica, que remueve cobertura vegetal, consume grandes volúmenes de agua y genera residuos tóxicos, es la más destructiva para el medio ambiente y la salud humana. Alarmantemente, el 37% de estas operaciones no reporta las sustancias contaminantes vertidas en 17 años.

La minería a cielo abierto, además de sus impactos ambientales, ha provocado desplazamientos forzados de comunidades campesinas, violaciones de derechos humanos y la destrucción de modos de vida, como en el caso del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, devastado por la minera San Xavier, o en Concepción del Oro, Zacatecas, afectado por la mina Aranzazú de la canadiense Aura Minerals. Las empresas optan por esta técnica para reducir costos, evadiendo la responsabilidad por los daños causados.

En 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para prohibir la minería a cielo abierto, pero en junio de 2025, Sheinbaum expresó reticencias, argumentando que afectaría la extracción de materiales como el balastro o el litio. Sin embargo, expertos y activistas sostienen que es posible prohibir la minería metálica a cielo abierto con excepciones para materiales pétreos, que no requieren procesos tóxicos como la lixiviación con cianuro, usada en la extracción de oro, plata y cobre.

El reciente informe del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) denuncia el “extractivismo depredador” que contamina, acapara agua y destruye territorios y comunidades. En México, ninguna de las concesiones mineras otorgadas fue consultada previamente con las comunidades afectadas, incumpliendo sus derechos. Solo a partir de la reforma a la Ley de Minería de 2023 se estableció la obligación de obtener consentimiento comunitario.

La Colectiva Cambiémosla Ya y otras organizaciones llaman a regular estrictamente la minería subterránea y prohibir la técnica a cielo abierto, un acto de justicia social y ambiental urgente para reparar el daño a las comunidades y proteger los ecosistemas mexicanos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de julio de 2025, México.- En el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) hace un llamado urgente al Estado mexicano para saldar la deuda con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, ecosistemas y bienes comunes del país. A cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso de la Unión, esta fecha pone en evidencia la persistente violencia, despojo e impunidad que enfrentan las personas defensoras frente al avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado.

Las personas defensoras del medio ambiente son fundamentales para combatir la crisis climática, resistir proyectos extractivos, proteger recursos naturales y preservar las formas de vida indígenas. Sin embargo, enfrentan un contexto adverso marcado por la deforestación, el acaparamiento de agua, la contaminación y el control violento de territorios por parte del crimen organizado, que impulsa actividades como la tala ilegal, la minería clandestina y el tráfico de especies.

Cifras alarmantes de violencia

Entre 2016 y 2025, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en posible relación con su labor: 77 hombres, 7 mujeres, 44 de pueblos indígenas y una afromexicana. A estos crímenes se suman agresiones como criminalización, hostigamiento judicial, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones, lo que refleja un entorno de alto riesgo.

A pesar de los avances normativos, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2012) y la ratificación del Acuerdo de Escazú (2020), que obliga a proteger a las personas defensoras (artículo 9), la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo insuficiente. La reciente eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) agrava la situación, al limitar el acceso a información pública ambiental, un pilar clave para la defensa de los territorios.

Demanda de acciones concretas

El Espacio OSC exige al gobierno mexicano:

1. Crear un Plan de Acción Nacional para implementar el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, en diálogo con la sociedad civil, pueblos indígenas y personas defensoras.

2. Fortalecer el Mecanismo Federal de Protección con recursos suficientes y un enfoque territorial, colectivo y con perspectiva diferencial.

3. Garantizar el acceso a la información ambiental mediante mecanismos transparentes, restituyendo las funciones del INAI.

4. Desarticular el crimen organizado en territorios afectados, protegiendo a comunidades y defensoras.

5. Promover campañas públicas de reconocimiento a la labor de las personas defensoras.

Justicia ambiental y autonomía judicial

El Espacio OSC subraya la necesidad de garantizar una justicia ambiental accesible, con jueces y juezas autónomas, especializadas en derechos humanos y ambientales, libres de presiones políticas o económicas.

Firman: Espacio OSC, integrado por ARTICLE 19, CEMDA, RedTDT, entre otras organizaciones, acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

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