EFE. Ciudad de México. 20 de octubre de 2023.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció este viernes una «rebelión» del Poder Judicial ante el paro nacional de los juzgados y la protesta convocada para el domingo contra el recorte que hizo el Gobierno a los fondos del sistema de justicia.

“Nos están tocando tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca. O sea, era el Ejecutivo el poder de los poderes”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen tras el paro que inició el Poder Judicial desde este jueves y hasta el 24 de octubre, el más largo de este siglo, después de que la Cámara de Diputados le recortó fideicomisos por un total de 15.000 millones de pesos (más de 820 millones de dólares).

La huelga incluye tribunales colegiados, tribunales de circuito y juzgados por lo que la impartición de justicia quedará suspendida salvo en casos urgentes que contemplen violaciones a derechos fundamentales o aprehensiones.

Los trabajadores, incluyendo jueces, protestarán este domingo en Ciudad de México y cerca de 20 urbes más, como Monterrey, Guadalajara y Tijuana, porque acusan a López Obrador y a sus legisladores afines de afectar sus derechos laborales con el recorte de fondos, que ahora irán a la Tesorería de la Federación.

«Imagínense, una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho: no se les van a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les va a quitar prestaciones, nada», comentó al respecto el mandatario.

El gobernante mexicano ha argumentado que la extinción de recursos va dirigida a «los de arriba», al afirmar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perciben 700.000 pesos mensuales (más de 380.000 dólares).

Sus declaraciones se producen tras el paro que inició el Poder Judicial desde este jueves y hasta el 24 de octubre, el más largo de este siglo, después de que la Cámara de Diputados le recortó fideicomisos por un total de 15.000 millones de pesos (más de 820 millones de dólares).

La huelga incluye tribunales colegiados, tribunales de circuito y juzgados por lo que la impartición de justicia quedará suspendida salvo en casos urgentes que contemplen violaciones a derechos fundamentales o aprehensiones.

Los trabajadores, incluyendo jueces, protestarán este domingo en Ciudad de México y cerca de 20 urbes más, como Monterrey, Guadalajara y Tijuana, porque acusan a López Obrador y a sus legisladores afines de afectar sus derechos laborales con el recorte de fondos, que ahora irán a la Tesorería de la Federación.

«Imagínense, una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho: no se les van a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les va a quitar prestaciones, nada», comentó al respecto el mandatario.

El gobernante mexicano ha argumentado que la extinción de recursos va dirigida a «los de arriba», al afirmar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perciben 700.000 pesos mensuales (más de 380.000 dólares).

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AFP. Ciudad de México. 04 de mayo de 2021.- Un juzgado mexicano avaló la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, prófugo de la justicia, para que sea procesado por diversos crímenes, entre ellos el asesinato de Enrique «Kiki» Camarena, un agente de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, informaron este lunes fuentes judiciales.

La sentencia, emitida el viernes por un tribunal penal de Ciudad de México, rechazó un amparo de la defensa de Caro Quintero -uno de los hombres más buscados por el FBI-, que alegaba que su cliente no podía ser juzgado dos veces por el asesinato de Camarena, un caso que ya había sido visto por la justicia mexicana.

El tribunal argumentó que incluso el “hipotético escenario” de que el narcotraficante ya haya sido enjuiciado en México por ciertos delitos “no impide que eventualmente se acceda a su extradición por aquellos que están fuera de ese enjuiciamiento”, según el documento judicial.

Alegó además que esto sería razón suficiente para que una orden de detención provisional, girada también a pedido de Estados Unidos y que su defensa igualmente denunciaba, no transgreda sus derechos fundamentales.

A mediados de abril, un juez estadounidense autorizó la incautación en México de cinco propiedades de Caro Quintero -RCQ por sus iniciales-, quien fue cofundador del cártel de Guadalajara y ahora dirige una facción criminal que lleva su nombre y que es parte del cártel de Sinaloa, según información de la DEA.

El veterano capo es acusado por la justicia estadounidense de ordenar en 1985 el asesinato de “Kiki” Camarena en México, tras torturarlo salvajemente. Es uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, que ofrece por él una recompensa de 20 millones de dólares.

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Foto: Carlos López / EFE

EFE. Ciudad de México. 03 de julio de 2020.- Funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) filtraron un audio sobre el presunto soborno que recibió un juzgado mexicano para liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, alias «El Mochomo», sospechoso en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

En la grabación, que circula este viernes en medios nacionales, se escucha a Francelia Salgado, madre del «Mochomo», hablar con el abogado de la familia sobre un presunto pago a personal del juzgado que liberó el miércoles a Casarrubias, señalado como uno de los jefes del Cártel de Guerreros Unidos.

«Entonces le comentaba yo a su hijo, esta persona nos comentó que, bueno, ya está todo hecho, que si podíamos ir avanzando con el tema económico, inclusive me citó a las 6 de la tarde, por eso le había comentado a usted del tema económico, no sé, usted indíqueme», expresa el jurista.

«Ya como quedamos, ya ve como lo reiteramos varias veces, dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Usted dígale que nosotros somos personas serias, dígale que nosotros no vamos a quedarle mal», responde Salgado en la grabación.

La FGR indicó este jueves que había pruebas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre un soborno por «varios millones de pesos».

La dependencia presentó pruebas que llevaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a iniciar una investigación de «actos de corrupción y vicios jurídicos» en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Esto ocurrió tras el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes celebró el actuar de la Fiscalía por publicar la evidencia, aunque no hizo referencia directa al audio.

«Fue muy importante que ayer la fiscalía diera a conocer lo del soborno a los integrantes del juzgado para liberar a esta persona vinculada con el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, el tribunal público, porque antes ni nos enterábamos», argumentó en su rueda de prensa matutina.

La FGR explicó que, ante la decisión del juzgado de no procesar al Mochomo, se formuló una nueva imputación por delincuencia organizada que permitió su recaptura y arraigo por 40 días.

En el audio, la madre de Casarrubias exige evidencia de la liberación de su hijo a cambio del dinero.

«¿Presentaría ya la acta donde ya está firmada la libertad?», pregunta al abogado.

«Sí, de hecho, él nos avisa a qué hora se está firmando mañana», le responde.

«El Mochomo» es uno de los presuntos implicados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.

Según la versión oficial del Gobierno anterior, los jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Investigadores independientes descartaron la posibilidad de que los cuerpos fueran quemados por lo que López Obrador reabrió las investigaciones al crear una comisión para la verdad.

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Foto: Astrid Galvan / AP

AP. Arizona, Estados Unidos. 02 de julio de 2019.- Un activista fronterizo será juzgado nuevamente después que un jurado no pudo alcanzar un veredicto en cargos relacionados con ayudar a migrantes cerca de la frontera entre Arizona y México, informó la fiscalía el martes.

El gobierno retiró el cargo de conspiración y llevará nuevamente a juicio al acusado Scott Warren el 12 de noviembre por dos cargos de dar albergue a migrantes, indicó Glenn McCormick, portavoz de la fiscalía federal en Tucson.

Warren fue arrestado a inicios del año pasado. Durante su juicio en junio, los abogados defensores argumentaron que el profesor universitario de geografía solo estaba siendo amable al momento de darles agua, alimentos y hospedaje a dos migrantes.

La fiscalía respondió que los migrantes no estaban en riesgo al momento en que se les proporcionó ayuda en una propiedad cerca de la frontera.

Grupos humanitarios afirman que enfrentan una mayor presión debido a la estricta postura migratoria del presidente Donald Trump.

“El gobierno federal no debió arrestar a Scott Warren en primer lugar”, dijo la reverenda Mary Katherine Morn, presidenta y directora general de Unitarian Universalist Service Committee.

El nuevo juicio “resalta qué tan lejos está dispuesto a llegar el gobierno de Trump a fin de sancionar a los migrantes y a aquellos que les brindan ayuda para salvarles la vida”, declaró.

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