• Son necesarios 350 mil millones de pesos anuales para garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del recurso hídrico.

• La reforma debería incluir incentivos para mejorar la eficiencia del uso del líquido, especialmente en el sector agrícola, que consume 76% del inventario nacional.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de diciembre de 2025.- Expertos que integran el Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital y la Red del Agua UNAM coincidieron en que es positiva para el país de la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que el nuevo marco legal en materia hídrica, aprobado por el Congreso, siempre y cuando vaya acompañado de un presupuesto suficiente para materializar la intención de recuperar la rectoría del Estado y garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del recurso.

Los expertos consideraron que las reformas establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y clarifican las facultades de la autoridad federal. Sin embargo, “no incluyen incentivos que hubieran sido muy pertinente incluir, para mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente del sector agrícola, que consume 76% del recurso nacional”, estableció Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.

Por su parte, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua celebró que el tema hídrico sea prioritario en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que “no era una prioridad nacional en administraciones pasadas y ahora sí lo es. Son leyes que dan certidumbre, transparencia y orden en el uso del agua. Sin embargo, será necesario que se defina de dónde saldrán los recursos para poder cumplir con las metas que establecen tanto el Plan Nacional Hídrico, como las necesidades de infraestructura para este tema que tiene el país”.

Organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que los países deben invertir al menos 1% de su PIB en materia hídrica. En el caso de México, esto representa alrededor de 350 mil millones de pesos por año. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se destinó alrededor de 36 mil 200 millones de pesos, apenas 10% de esa cantidad, lo que resulta claramente resulta insuficiente para los fines de las leyes aprobadas.

Al respecto, Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, subrayó que estamos viviendo lo que podría convertirse en la transformación jurídica más profunda del sector hídrico mexicano en más de una década, pues desde la incorporación del Derecho Humano al agua y al saneamiento en 2012, el país no había enfrentado una revisión tan amplia y compleja de su marco legal.

“Sabemos que no basta con tener una ley: necesitamos construir rutas claras para su implementación, fortalecer capacidades y dejar explícitos los derechos y responsabilidades de todos los usuarios. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera  Seguridad Hídrica basada en equidad, sostenibilidad y responsabilidad pública”, explicó Arriaga.

Entre los puntos considerados positivos por los expertos destacan la incorporación explícita del derecho humano al agua como eje de la Ley; un enfoque más estricto para el uso y recuperación de acuíferos y el esfuerzo por ordenar la relación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de gestión.

En ese sentido, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, advirtió que el país enfrenta un reto estructural que va más allá del diseño normativo: “México vive una crisis hídrica que no se resolverá sólo con una nueva Ley, y será indispensable fortalecer capacidades técnicas, presupuestales y de infraestructura para que cualquier reforma tenga efectos tangibles”.

Los expertos coincidieron en que el desafío con esta nueva Ley es lograr que las disposiciones legales se transformen en acciones efectivas de gestión, distribución, protección de acuíferos e infraestructura. Pues solo entonces podrá afirmarse que el país avanza hacia una gobernanza del agua más justa, moderna y sostenible.

En relación al reciente diferendo entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre la entrega de aguas fronterizas de acuerdo con el tratado binacional en la materia, los especialistas consideraron que el Gobierno de México está tomando cartas en el asunto como lo explicó la propia Presidenta Sheinbaum, para cumplir con en los plazos y términos contemplados en el propio Tratado, sin comprometer la disponibilidad.

Este tema, así como la aprobación de las reformas al marco legal en materia hídrica resaltan la importancia del trabajo coordinado entre sociedad, academia, sectores productivos y gobierno, para garantizar que sea efectivo el derecho humano al agua, en un contexto de justicia social y desarrollo para todos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2025.- El Senado de la República aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de intensas protestas de agricultores y críticas de la oposición por presunto control gubernamental sobre el recurso hídrico. La minuta, remitida por la Cámara de Diputados tras 24 horas de debate y más de 50 modificaciones, fue avalada en lo general y particular sin ajustes adicionales, y enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un nuevo marco regulatorio impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa, que reconoce expresamente el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, prioriza su uso sobre concesiones industriales o agrícolas, y prohíbe la comercialización de concesiones entre particulares, obligando a su reasignación por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con criterios de equidad y sustentabilidad. Entre sus puntos clave, se crea un Registro Nacional del Agua para mayor transparencia, se fortalece la participación ciudadana, se obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en 180 días, y se impone un Órgano Interno de Control para sancionar violaciones, incluyendo el desvío ilegal o acaparamiento del vital líquido, que consume el 75% en el sector agrícola.

Senadores de Morena, PT y PVEM defendieron la ley como un «trinomio virtuoso» entre tierra, agua y gente, que elimina el mercado especulativo y garantiza el acceso para productores y comunidades vulnerables, vinculándola a la Estrategia Nacional Hídrica. La senadora Andrea Chávez Treviño (Morena) enfatizó que «el centro es la persona, no los acaparadores», mientras Óscar Cantón Zetina (Morena) celebró el fin de la visión mercantilista. Sin embargo, la oposición, liderada por PAN, PRI y MC, rechazó el dictamen por concentrar atribuciones en Conagua sin contrapesos, abriendo puertas a arbitrariedad, corrupción y castigo político, además de carecer de estudios económicos, impacto presupuestal y consulta a pueblos originarios.

La senadora Verónica Rodríguez (PAN) acusó que convierte el agua en «instrumento de manipulación política y electoral», y Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) advirtió sobre incertidumbre para el campo, desincentivando inversión y tecnificación. Carolina Viggiano (PRI) criticó la falta de fondos para infraestructura y vigilancia. El debate se tensó con protestas externas: agricultores de Chihuahua bloquearon cinco cruces fronterizos y carreteras, exigiendo diálogo y temiendo retiro de concesiones, aunque la Secretaría de Gobernación aclaró que no se retirarán y se mantendrán mesas permanentes de diálogo.

Esta aprobación, en medio de sequías recurrentes y conflictos por concesiones, busca regular el uso sustentable del agua ante el crecimiento urbano y la demanda agrícola, fortaleciendo servicios de potabilización, distribución y saneamiento con perspectiva de género. Una vez publicada, obligará a revisiones de concesiones inactivas para reasignarlas priorizando el consumo humano, un paso clave para la soberanía hídrica en México.

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AMEXI. Ciudad de México. 04 de diciembre de 2025.- Después de más de 24 horas de debate, cruce de acusaciones y connatos de violencia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, que prevé un catalogo de delitos hídricos.

El dictamen avalado por 324 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios con votos en contra del PAN, PRI, MC, considera 72 modificaciones a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre insultos y acusaciones

En un debate polarizado, plagado de insultos y acusaciones, la morenista María del Carmen Bautista acusó a un grupo de seis panistas de pertenecer a lo que llamó el “Cártel del Agua”, acaparadores del líquido en diversas entidades.

Dijo que según investigaciones, seis figuras del Partido de Acción Nacional (PAN), exgobernadores, exdirigentes e incluso un expresidente de la República, concentraron concesiones de agua, en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y en Aguascalientes.

“¿Quieren los nombres?… Pues ahí les van: Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato; Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes; Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro; Francisco Javier Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco”, enumeró.

Desde la máxima tribuna de San Lázaro, la legisladora del partido guinda acusó también a Marco Cortes, expresidente del PAN, y a Vicente Fox, a quien calificó como el peor presidente en la historia del país.

“Todos ellos acapararon el agua bajo el argumento de uso agrícola, pero en realidad la vendían y construyeron un negocio multimillonario mientras millones de familias abrían la llave sin que cayera una gota de agua”, sentenció.

Olga Sánchez Cordero, en la lista de acaparadores

En respuesta, la diputada del PAN, Noemí Luna, arremetió contra Morena y los instó que cuándo hablen de explotación y sequía a manos de unos cuantos “¡voltéense a ver entre ustedes y véanse al espejo, porque no, no veo a Olga Sánchez Cordero –por cierto, no está aquí- quien sí acapara el agua!”

También reprobó que los legisladores oficialistas mientan al asegurar que la reforma fue consultada con los pueblos indígenas.

La panista reprochó que no hayan recibió a los agricultores que se manifestaron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

“Aquí ¡ustedes mismos venían y, con caballos, entraban al Pleno! ¡Y ahora les da temor ver quien sí trabaja y a quien mantiene a la bola de holgazanes que se han cambiado de partido a partido, porque siguen siendo los mismos, los que tienen al sector campesino abandonado”, espetó.

Cártel del Huachicol de Agua de Morena

Mientras, los panistas exhibieron pancartas en el salón de sesión con las leyendas: “Acaparadora de agua”, con las fotografías de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y del empresario Alfonso Romo; de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), y de la exministra Olga Sánchez Cordero.

En su participación, el panista Héctor Saúl Téllez, detalló que además de esos prominentes morenistas, están José López Beltrán, acaparador en Nayarit, Sonora, Guerrero, Quintana Roo.

Además, solicitó la renuncia del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué Sacristán, por el desastre que hay en el campo mexicano.

Se atendió a agricultores: Monreal

Al presentar un paquete de 18 reservas, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se atendió y escuchó a la gente de varios estados del país de distintos sectores.

Lamentó la desinformación en torno al dictamen que incluso, dijo, provocó la movilización de sectores del campo sin justificación.

Sobre el dictamen, dijo: “He visto, de verdad se los digo con honradez, bastante desinformación, incluso en varios legisladores y legisladoras que han llegado a atreverse a afirmar situaciones que no existen, que yo considero una especie de mito”.

Aclaró que es falso el mito del Fondo de Reservas de Aguas Nacionales que se va a usar para quitar el agua a la gente.

Pueblos originarios podrán impugnar ante la Corte

En respuesta, el líder de la bancada priista, Rubén Moreira, cuestionó que Monreal llame “mito” a las críticas, porque ello no significa que sean falsedades.

Advirtió que la reforma mantiene la negativa ficta en las concesiones y reprochó que no se consultó a los pueblos originarios, por lo que advirtió que cualquier comunidad indígena podrían reclamar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Escala acusaciones a insultos y empujones

El debate polarizado, en el que participaron más de 220 legisladores en tribuna, escaló y derivó en insultos y empujones entre panistas y petistas.

No obstante, la Mesa Directiva llamó al orden, por lo que se calmaron los ánimos, pese a que en el discurso se mantuvo la dureza en acusaciones entre opositores y legisladores oficialistas.

¿Cuáles son las reservas presentadas por Morena y aliados, PT y PVEM?

• Ampliación de dos a tres años del plazo para solicitar la prórroga de una concesión
• Eliminar el requisito de disponibilidad de agua para emitir una nueva concesión cuando se venda una tierra
• Sanciones de dos hasta 14 años de prisión para servidores públicos que otorguen concesiones mediante cohecho
• Establece la pena mínima y máxima a quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Cuando el volumen sea menor o equivalente a 50 mil litros, la pena será de tres a cinco meses de prisión, y cuando el volumen sea mayor a 50 mil litros, de seis a ocho meses de cárcel

El dictamen se turnó al Senado de la República, donde se prevé la discusión de la minuta para este jueves.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de diciembre de 2025.- En un trámite exprés marcado por bloqueos de agricultores y presiones empresariales, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), con 28 votos a favor (de Morena y aliados), 9 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Pleno para su discusión inmediata, ante la amenaza de un cerco campesino de 48 horas al recinto legislativo.

Organizaciones ambientalistas como la Colectiva Cambiemosla Ya, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y Espacio DESCA reiteraron sus demandas para que la reforma blinde el derecho humano al agua, priorizando comunidades y ecosistemas sobre industrias extractivas. «La aprobación en comisiones no resuelve nuestras alertas: urge regular estrictamente el acaparamiento y contaminación por minería y fracking, no ceder a lobbies que diluyen prohibiciones clave», declararon en un comunicado conjunto emitido horas después de la votación.

La iniciativa presidencial, enviada el 9 de octubre y modificada con alrededor de 50 cambios tras foros y mesas con agricultores, busca actualizar el marco legal de 1992 para combatir corrupción, especulación y acaparamiento de concesiones. Entre los ejes aprobados: recuperar la rectoría estatal, prohibir transferencias de derechos de agua como mercancía (artículo 22) y garantizar el uso prioritario para consumo humano y saneamiento, especialmente en zonas de estrés hídrico.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió en su conferencia mañanera que la reforma «pone orden para evitar la corrupción y el acaparamiento, garantizando agua para todos» y enfatizó que no habrá cobros por captación de lluvia ni afectaciones al binomio agua-tierra para pequeños productores. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, celebró los ajustes como respuesta a demandas campesinas, aunque legisladores de oposición (PAN, PRI y un petista) denunciaron «centralismo excesivo» y «fast track» que ignora impactos en el agro.

Sin embargo, el dictamen mantiene tensiones: productores bloquearon autopistas y avanzaron en caravanas de tractores hacia la CDMX, temiendo expropiaciones de concesiones y mayor burocracia en distritos de riego. «No estamos contra la reforma, sino contra el centralismo que amenaza nuestro patrimonio», protestaron desde temprano, rodeando la Cámara con unos 200 tractores.

Alertas ambientales: ¿regresión en prohibiciones a descargas mineras?

Colectivos ambientalistas ven en la aprobación un «avance parcial» para frenar el acaparamiento, pero alertan sobre riesgos de regresión en el artículo 118 de la LAN, que prohíbe descargas de aguas residuales mineras –aun tratadas– en cuerpos de agua. Este candado, reforzado en la reforma minera de mayo de 2023 (que veta concesiones de Conagua para residuos en ríos o lagos), podría diluirse ante presiones del lobby minero.

El caso del derrame en Sonora y Bacanuchi (2014), aún sin remediación plena tras 11 años, simboliza los peligros: 40 mil millones de litros tóxicos contaminaron agua y tierras, con la mina Buenavista del Cobre operando impunemente. Sheinbaum admitió que «eso debe revisarse» para evitar más daños, pero la NOM-001-Semarnat-2021 sigue insuficiente, ignorando dilución, bioacumulación de metales y vigilancia regional. «Legisladores deben rechazar chantajes de una industria que saquea minerales y deja pobreza y violencia», exigen las organizaciones.

La reforma también es una «oportunidad perdida» para regular la extracción masiva de arena, grava y balastro de ríos por constructoras, que alteran cauces y afectan biodiversidad.

Fracking en la sombra: omisión deliberada pese a planes de Pemex

Otro vacío crítico persiste: la falta de prohibición explícita al uso de agua en fracking, pese a su consumo voraz (9-29 millones de litros por pozo, contaminados irreversiblemente) y riesgos probados de filtraciones a acuíferos. El Plan Estratégico de Pemex (agosto de 2025) prevé expandir esta técnica en yacimientos no convencionales para elevar la producción de gas fósil, ignorando demandas ciudadanas de foros.

Aunque un paquete de reformas del 19 de noviembre propone vetarlo vía artículo 27 constitucional y cambios a la LAN, los colectivos urgen su integración inmediata al dictamen. «No podemos omitir esta amenaza a la seguridad hídrica humana por metas fósiles que endeudan el clima y la salud de generaciones futuras».

Llamado urgente ante el Pleno: no ceder a presiones empresariales

Con el debate en el Pleno programado para esta misma semana –posiblemente hoy, si la Junta de Coordinación Política lo agenda–, las organizaciones convocan a legisladores a fortalecer la vigilancia y priorizar abasto comunitario. «El agua no es mercancía para unos pocos; evitemos que industrias tóxicas sigan acaparando y contaminando en detrimento de la población y el ambiente».

Hasta el cierre de esta nota, Conagua y Semarnat no han emitido respuestas específicas a las críticas ambientales. El agua, en el centro de protestas campesinas y presiones extractivas, definirá si México opta por justicia hídrica o perpetúa desigualdades históricas. El Pleno será el próximo campo de batalla.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de noviembre de 2025.-  Tras el acuerdo con transportistas y agricultores, el Gobierno de México anunció este viernes que abrirá varias mesas de atención para ofrecer seguridad en las carreteras del país y tratar diferentes temas relacionados con el campo, entre ellos subsidios al precio del maíz y la ley de aguas, con el objetivo de poner fin a este “conflicto”.

En la conferencia presidencial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la reunión celebrada el jueves se pactó la calendarización de los programas y las fechas en las que la Secretaría de Agricultura atenderá en los diferentes estados las peticiones relacionadas con el campo.

Según Icela Rodríguez, los apoyos se entregarán directamente en cada uno de los estados y municipios que lo distribuirán a los “productores agrícolas y a los pequeños productores”.

“No damos recursos a las organizaciones, eso ya no, eso es del pasado neoliberal donde había montón de organizaciones que recibían los recursos del campo, ellos los distribuirían y luego los líderes se quedaban con una buena parte de los recursos”, explicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el mismo acto.

De igual manera, se instalará una mesa en el Cámara de Diputados de la República para “la atención, las observaciones y las dudas que se tienen sobre la nueva reglamentación sobre el tema del agua”, expuso Icela.

“A quien defiende el privilegio de acaparar agua (…) Ahí no estamos de acuerdo porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos. El agua es un derecho, no un privilegio y ni una mercancía”, reiteró la presidenta.

En materia de las reclamaciones de los transportistas, Icela anunció que se debatirá con las organizaciones sobre la seguridad en las carreteras, al remarcar que “ayer mismo acabaron los bloqueos”.

“Ya estamos en la salida de este conflicto”, subrayó.

El jueves, agricultores y transportistas mexicanos anunciaron el retiro de los bloqueos que mantenían desde el lunes en distintas vías y aduanas del país, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre sus demandas.

Entre sus principales peticiones están precios más justos en sus producciones y que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas por la que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.

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