AP. Ciudad de México. 287 de julio de 2021.- El gobierno mexicano localizó 31 contratos vinculados al software de espionaje Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares.

Así lo indicó el miércoles Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia matutina diaria con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que toda esa documentación ya estaba en poder de la fiscalía federal, encargada de toda la investigación sobre el caso.

Según Rodríguez, la empresa israelí NSO utilizó “compañías ‘fachada’ para obtener contratos de diferentes instancias del gobierno federal —incluida la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal- por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”, como el mantenimiento de comunicaciones o la compra de vestuario.

La treintena de contratos podría ser sólo una parte de los suscritos durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto ya que hace una semana Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que los pagos por los servicios de espionaje alcanzaron casi 300 millones de dólares y que no sólo los realizaron dependencias federales sino gobierno estatales como el del Estado de México y el de Veracruz.

El uso de Pegasus ya había sido denunciado en México durante el gobierno de Peña Nieto pero una investigación realizada por un consorcio global de medios de comunicación basada en datos sobre personas afectadas proporcionó este mes más evidencia de que un malware de grado militar del NSO Group, la organización de hackers a sueldo en Israel, estaba siendo utilizado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.

De una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares, fueron identificados 189 periodistas, más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, al menos 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de Estado de distintos países del Mundo.

México tenía la lista más grande —alrededor de 700 números— entre los seleccionados por clientes de NSO para una posible vigilancia. Entre ellos estaba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era líder de la oposición y su circulo más cercano.

Algunas compras del software espía en México ocurrieron bajo el mandato del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, quien se encuentra detenido por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Otras tuvieron lugar durante la administración de Peña Nieto, uno de cuyos máximos funcionarios, Tomás Zerón, vinculado a la desaparición de 43 estudiantes en 2014, huyó posteriormente a Israel.

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Foto: Presidencia de la República

AP. Ciudad de México. 01 de febrero de 2021.- México investiga si algún funcionario o agente de migración está vinculado con el caso de las 19 personas asesinadas hace diez días al este de la frontera con Estados Unidos, luego de que surgieran versiones periodísticas acerca de que el vehículo en el que fueron localizados los cuerpos habría estado en poder del Instituto Nacional de Migración.

Los cadáveres fueron encontrados el 22 de enero en una camioneta calcinada en un camino de terracería en la localidad de Camargo, en el estado de Tamaulipas, junto a la frontera con Texas. Se presume que las víctimas eran migrantes pero, hasta el momento, la fiscalía del estado sólo ha identificado a dos ellos como originarios de Guatemala.

La camioneta tipo pick up tenía 113 impactos de bala y según algunas informaciones periodísticas el vehículo había sido asegurado poco antes por la agencia migratoria mexicana.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó el lunes que se investiga “cómo o por qué el Instituto Nacional de Migración tenía esta camioneta, si es que la tenía y si hay o no alguna responsabilidad de algún servidor publico, sobre todo del Instituto Nacional de Migración” en los hechos.

Se desconoce por qué las 19 personas fueron asesinadas y sus cuerpos quemados. del total, 16 eran hombres y había una mujer, pero no se ha podido todavía determinar el sexo de los otros dos cadáveres debido a la calcinación de los restos.

Existen casos en que grupos de narcotraficantes cobran a los contrabandistas por cruzar su territorio y secuestran o asesinan a los migrantes cuyos contrabandistas no hicieron el pago.

Parientes de un grupo de migrantes que salieron del departamento de San Marcos, en el suroeste de Guatemala, están convencidos de que 13 de las 19 víctimas son sus seres queridos.

Algunas de esas familias dijeron haber recibido llamadas del traficante que trasladaba al grupo de 10 hombres y tres mujeres hacia el norte, quien les comunicó que sus parientes estaban muertos. Las familias afirmaron haber perdido comunicación con sus parientes alrededor del 21 de enero.

Otros dos cadáveres identificados son de mexicanos, informó el fin de semana la fiscalía de Tamaulipas.

Sánchez Cordero subrayó que se está avanzando en la pesquisa y que existe una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas con el objetivo de “tener una investigación muy legítima, muy sólida de todas las evidencias”.

La localidad de Camargo es desde hace tiempo un territorio en disputa entre grupos delictivos rivales y un punto importante para el tránsito de narcóticos y migrantes.

El ataque trajo a la mente la masacre de 72 migrantes ocurrida en agosto de 2010 también en Tamaulipas cuando miembros del cártel de los Zetas detuvieron dos camiones con migrantes, principalmente centroamericanos, los llevaron a un rancho en la localidad San Fernando y como se negaron a trabajar para ellos los asesinaron.

La repetición de una masacre de ese tipo era una de las mayores preocupaciones del gobierno mexicano.

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Foto: Video Youtube

AFP. Ciudad de México. 18 de agosto de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró este martes un video de dos exfuncionarios del Senado mexicano recibiendo sobornos en medio del escándalo de corrupción del exjefe de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya.

En el video, publicado originalmente en YouTube el 16 de agosto pasado, se observa a dos exfuncionarios del Senado vinculados al opositor PAN, recibiendo fajos de billetes para después introducirlos en maletas negras.

El material se viralizó en internet el lunes después de que López Obrador pidiera que se difundieran detalles de las acusaciones que hizo Lozoya contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray, sobre sobornos entregados a legisladores para la aprobación de la reforma energética, que abrió el sector a capitales privados tras 75 años de monopolio estatal.

López Obrador pidió que se difundiera el video durante su habitual conferencia de prensa matutina al señalar que los medios de comunicación “no le están dando la importancia que tiene”.

“Muchos se informan por televisión abierta, ahora por el canal 11, por el 22, por el 14, ¿por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían”, dijo.

El mandatario agregó que la fiscalía general dirá si es un video que entregó Lozoya como sustento de sus acusaciones. Sin embargo, fuentes dijeron a la prensa mexicana que el video no ha sido presentado como prueba ante la fiscalía.

“Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la fiscalía, si tiene cambios o es otro”, dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina.

Emilio Lozoya, de 45 años y quien dirigió Pemex de 2012 a 2016, fue extraditado desde España el pasado 17 de julio para ser procesado por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Apenas el 11 de agosto pasado, la fiscalía general dijo que, según Lozoya, la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos por unos 4,4 millones de dólares que financiaron la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según la autoridad, Lozoya acusó también a Peña Nieto y a Videgaray de comprar votos de legisladores para las reformas estructurales que fueron aprobadas en 2013 y 2014.

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