EFE. Guadalajara, México. 12 de junio de 2025.- La pandemia de la covid-19 y la virtualización de los procesos impulsaron a que la violencia digital contra las mujeres fuera tomada en cuenta por la sociedad y sancionada por los gobiernos nacionales, afirmó este jueves la activista mexicana Olimpia Coral Melo.

“Ayudó a la sociedad que no lo entendía, porque nosotras (las activistas) lo entendíamos antes de la pandemia de covid-19, ayudó a los gobiernos a entender la extensión a la virtualidad (…) Yo creo que le ayudó al poder político a entenderlo porque tuvo que tener consecuencias para el poder político”, afirmó en entrevista con EFE.

Coral Melo, reconocida por impulsar una legislación contra el acoso digital en México conocida como Ley Olimpia, es protagonista de un documental que retrata no sólo su historia, sino la lucha que ella y cientos de mujeres han dado para que se sancione la violación a la intimidad desde cualquier plataforma tecnológica.

La cinta es estrenada este jueves en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que se lleva a cabo hasta el 14 de junio y en el que compite en el Premio Mezcal a lo mejor de la cinematografía mexicana.

Traspasar fronteras

La lucha de la activista traspasó las fronteras. Además de que 28 estados en México han legislado para sancionar la violencia digital, países como Argentina y Estados Unidos promulgaron recientemente leyes en ese sentido y Uruguay está por sumarse a adoptar esta iniciativa.

Coral Melo, incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time, destacó en la entrevista la importancia de que sean activistas mujeres mexicanas quienes hayan impulsado una iniciativa que ha puesto el tema en la agenda global.

“Estados Unidos acaba de aprobar una ley inspirada en el 70 % en la ley Olimpia, donde nosotras además participamos en ese proceso legislativo. México ya lleva seis años con una ley. Somos pioneras, pioneras en la teorización y en la visibilización mundial de una violencia desde el territorio en español, desde el territorio en América Latina”, señaló.

Precisó que más que la violencia digital sea sancionada en todo el mundo, lo que ella y el grupo de mujeres que encabeza llamadas ‘Defensoras digitales’ es que la sociedad entienda “que los cuerpos de las mujeres no son para diversión en las redes sociales”.

Difusión global

La directora del documental, Indira Cato, siguió por cinco años el trabajo de Coral Melo y del grupo que encabeza desde la promulgación de la Ley Olimpia en algunos estados y posteriormente en el Congreso de la Unión, en 2020, hasta la participación y colaboración que ha tenido en otros países.

El trabajo del documental fue más allá y tanto la directora como el equipo de producción -conformado casi en su totalidad por mujeres- se unieron a las acampadas y las manifestaciones que se muestran en la cinta.

“Nadie sabía qué iba a seguir con la Ley Olimpia. Era el gran logro que se venía persiguiendo y ¿qué viene después, no? Entonces, tenemos (en el documental) la historia del surgimiento de la ley, después tenemos la aprobación y lo que siguió para empezar a llevarla aún más lejos y a cruzar fronteras”, explicó.

La producción del documental busca que sea exhibido en diversos festivales de cine, aunque la intención es que no se quede sólo en este circuito, sino que sea visto por organizaciones y grupos de personas que les interese y quieran conocer del tema en cualquier parte del mundo.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara tiene lugar en esta ciudad hasta el 14 de junio y reúne a unos 200 corto y largometrajes en la competencia oficial en las secciones de cine mexicano e iberoamericano de ficción, documental, de animación, con temática ambiental y relacionada a la comunidad LGBTIQ+.

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de marzo de 2025.- Por el respeto que tengo por Marisol Escárcega como persona inteligente, me permito disentir de lo que dice en su artículo del pasado domingo sobre las “feminazis”. El término no se aplica a toda mujer que vaya contra lo establecido ni tampoco etiqueta a “las que organizan marchas y huelgas, las que exigen igualdad de derechos y acceso a ellos, las que denuncian violaciones, agresiones y acosos, las que reclaman un salario digno y prestaciones laborales, las que se enfrentan a los policías corruptos…”.

Por el contrario, las mujeres que hacen todo eso son admirables y dignas del mayor respeto. Ellas encabezan la larga marcha por la igualdad y, además, ponen el ejemplo a los hombres que prefieren mantenerse ajenos a la lucha por los derechos, sean de uno u otro sexo.

Si hay algo que merece auténtica veneración es el trabajo de las llamadas madres buscadoras, que indagan entre las barrancas a sus hijos o hijas desaparecidos, “las que luchan por otras, por las demás, por las que están, por las que aún no nacen, por las que ya nos quitaron”.

El término feminazis no se refiere a las que gritan contra autoridades corruptas, tampoco a las que pintan sus cuerpos desnudos y muestran las cicatrices que les dejaron los ataques con ácido o las puñaladas que les infirió su expareja.

De ninguna manera. Esas mujeres merecen el mayor respeto de los hombres y la sociedad, pero ocurre que la mayor furia de las violentas se dirige no tanto contra los hombres, sino contra las mujeres policías, que reciben en sus rostros ácido, flamazos y golpes con toda clase de insultos como música de fondo, porque sus uniformes las convierten en enemigas ante los ojos de esas manifestantes, digamos, “más radicales”. Y las policías no pueden responder porque alguien, muy probablemente un hombre, les ordenó que no lo hicieran.

Es común que en el desfile del 8 de marzo de cada año, hombres que participan solidariamente en la marcha sean objeto de descalificaciones, insultos y otras formas de agresión porque las embozadas ven en cada varón a un enemigo, lo que no sólo es inexacto, sino absurdo. Las agresiones de las feminazis también tienen como blanco a no pocas mujeres que les demandan marchar con el orden que debe regir en esas manifestaciones.

Las razones de las feministas pacíficas, pero no menos valientes, son que el daño que causa la violencia sectaria a los inmuebles públicos y privados, a medianos y pequeños comerciantes y a meros espectadores, no sólo es ilegal, sino que incita la respuesta de los cuerpos represivos o de personas antifeministas, lo que pone en peligro a las manifestantes y porque los actos vandálicos dañan a personas inocentes en lo físico y en sus posesiones.

Hasta donde sabemos, nadie exige a quienes marchan que no griten muy alto ni que digan groserías. Si la destrucción y la violencia dieron un triunfo feminista en el Reino Unido, ¡felicidades!, pero en este punto sería bueno mostrar con datos precisos y hechos irrefutables que ese método dio resultados positivos.

Insisto: no se llama “feminazis” a las mujeres que luchan por sus derechos, sino a quienes, con el uso de la violencia y la agresión, se asumen como representantes de todas las luchadoras pacíficas, a las que, precisamente, las embozadas atacan en las mismas manifestaciones, como se ha podido constatar en varias marchas del 8M.

En las movilizaciones de 1968, en las marchas para apoyar a la tendencia democrática y en otros despliegues ciudadanos, siempre se rechazó a quienes con violencia, con afán destructivo o de otra manera pretendían ser reconocidos como los auténticos abanderados de la mayoría. El uso de la violencia desprestigia una lucha civil, de ahí que frecuentemente esos radicales o al menos sus líderes, sean gente pagada por autoridades canallescas.

Por supuesto, cuando no hay respeto a los derechos ciudadanos, hay quienes deciden irse a la guerrilla o adoptar otras formas de lucha igualmente riesgosas, las que pocas veces desembocan exitosamente. En cambio, las luchas trascendentes se ganan con movilizaciones, sí, pero con inteligencia. De ese modo, el feminismo ha ganado en los últimos 75 años más derechos que en toda la historia de la humanidad. Hay que tenerlo presente.

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