Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de mayo de 2025.- “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” e “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, resonaron con vigor en la voz de las madres buscadoras, abuelas, hermanas, familiares de desaparecidos de los 127 000 desparecidos de 1965 (tiempos de la llamada Guerra sucia) a la fecha, en calles y plazas de varias ciudades, durante la Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, la decimotercera que se realiza desde 2011. Y si lo anterior no fuera suficiente son 27 las madres buscadoras asesinadas en los últimos tres lustros y una gran manta mostró sus rostros y encabezó la manifestación en la Ciudad de México.

Más allá de las consignas, la primera es bella pero inviable, que no es lo mismo que utópica porque el burro no habla de orejas, exigieron la conformación, junto con el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, de “un mecanismo extraordinario que permita localizar a sus seres queridos, realizar investigaciones y medidas de no repetición”. No queda claro si la exigencia fue consensuada entre los colectivos de búsqueda, lo cual es indispensable para que los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión fijen posturas, pues está claro que la desaparición forzada compete al Estado mexicano, que en su enunciado más elemental contempla población, territorio y gobierno, a todos.

El Comité contra la Desaparición Forzada, por su parte, desde que Enrique Peña Nieto despachaba en Los Pinos (2012-18) y hasta hoy sostiene que “la desaparición forzada en México se realiza de forma generalizada o sistemática”, como si estuviéramos anclados en tiempos de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.

Y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo rechaza que exista esta práctica perpetrada por el Estado, y alguna de las madres buscadoras respondió “Quizá no ordena las desapariciones, pero las solapa, las ha permitido a sabiendas de que siguen ocurriendo y eso lo hace cómplice y responsable”. Y ante ello piden a Sheinbaum “romper con los pactos de impunidad” e iniciar una “real restructuración” de la Fiscalía General de la República, órgano autónomo cuyo titular fue electo por el Senado. Es decir, el presidencialismo tiene marcados límites aunque insistan en rescatar a la tlatoani.

Cierto es que se trata de una lucha de cuando menos seis décadas que incluye al joven activista político y social, Alfredo Díaz Palacios, en Reynosa Tamaulipas. O más de 60 años, porque con Adolfo López Mateos en Palacio Nacional, y Gustavo Díaz Ordaz en la Secretaría de Gobernación fueron reprimidos sistémicamente los movimientos de los ferrocarrileros, telegrafistas, profesores capitalinos de primaria y médicos; asesinado Rubén Jaramillo, sus hijos y su esposa embarazada; además de Román Guerra Montemayor, en Monterrey, Nuevo León. La desaparición forzada como la prisión política fueron sólidas prácticas del autoritarismo del partido único que alardeaba de “invencible”.

Como bien dicen algunas voceras de colectivos de búsqueda, su lucha “es generacional”, porque sus familiares relevaron a quienes murieron sin encontrar a sus desaparecidos. Pero es de las actuales generaciones de buscadoras que dialogan en Bucareli con el gobierno para que sus opiniones se integren a las reformas legales propuestas por el Ejecutivo para reforzar y crear instituciones encargadas de dar con el paradero de los desaparecidos. Está claro que tales cambios podrían ser insuficientes, pues el grueso de las tareas de búsqueda son todavía de las víctimas indirectas.

Acuse de recibo

Teresa Gil sobre Musacchio: “En un reunión con periodistas, Humberto Musacchio, autor de la columna La República de las letras, que se publica en el diario Excélsior, advirtió a las autoridades locales de lo que está sucediendo, al presentar el caso de su propio condominio situado en Campeche 419 de la colonia Condesa, que está sujeto a esa amenaza de posible desalojo, desde hace cuatro años. Todo debido a una revisión  que no  queda clara de acuerdo a los documentos que tiene a la mano, algunos de los cuales entregó a los medios. Es una amenaza que se reitera a menudo, a través de expertos en construcción, como los ingenieros José Nolasco, Agustín Escudero en su momento, y otros funcionarios que mencionan el caso como de urgente resolución. Mientras, en esa zona de la colonia Condesa que es residencial hay hasta cinco empresas de la construcción en una misma oficina, lo que sorprende a habitantes del lugar. Como que las empresas de la construcción están utilizando el fenómeno de la reconstrucción para tomar una serie de medidas que el denunciante considera “de funcionarios corruptos”. Porque además ofrecen dinero público a quienes desalojen su vivienda y sean calificados de ‘damnificados’. Dinero que al parecer no llega a las manos de los desalojados, destaca Musacchio. https://mexico.quadratin.com.mx/libros-de-ayer-y-hoy-148/ (…) “¡Felicidades por el Día de la Victoria, 9 de mayo!”, le desea Elba Pérez Villalba. https://www.jornada.com.mx/2025/05/10/edito

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de mayo de 2025.- Con el grito unísono de “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, cientos de mujeres de diversos estados de México iniciaron la XIII Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia. En el marco del Día de las Madres, familias de personas desaparecidas se congregaron en el Monumento a la Madre para marchar por Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, exigiendo al gobierno federal acciones concretas para localizarlos y erradicar la criminalización, vigilancia, acoso y hostigamiento que enfrentan, presuntamente por parte de las autoridades.

¡Justicia Para Todas Las Personas Desaparecidas en México! durante la XIII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia del monumento a la madre al Ángel de la independencia en la Ciudad de México. 📸 #10deMayo pic.twitter.com/iFU6TRhILd

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La movilización, organizada por colectivos de madres buscadoras, reunió a mujeres que viajaron desde Coahuila, Guerrero, Jalisco y Veracruz para visibilizar su lucha. Portando pancartas, fotografías y consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, denunciaron la impunidad y la inacción gubernamental. “No tenemos nada que festejar”, expresó Yoltzi Martínez Corrales, del colectivo Justicia y Dignidad, quien busca a su hermana desaparecida desde 2010 en Guerrero.

Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia del monumento a la madre al Ángel de la independencia en la Ciudad de México. Video: @alexmelon pic.twitter.com/hjAxqlgU7k

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La marcha partió poco después de las 9 de la mañana, acompañada por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y otras organizaciones. Exigieron la creación de una subprocuraduría especializada en la FGR, un protocolo nacional de investigación homologado y la aceptación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

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Una crisis humanitaria que no cede

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 116 mil personas desaparecidas desde 1964, con un 97% de los casos posteriores a 2006. Sin embargo, los colectivos consideran esta cifra subestimada. En entidades como Jalisco, Michoacán y Veracruz, las madres denunciaron falta de voluntad política. En Morelia, el Cofaddem documentó 309 desapariciones forzadas entre 1974 y 2021, muchas presuntamente con participación de fuerzas de seguridad.

En Veracruz, acusaron al gobierno de Cuitláhuac García de haberlas dejado en el olvido. “Creíamos que este gobierno haría algo por nuestros familiares, pero nunca estuvimos en su agenda”, señaló Lidia Lara, del colectivo Justicia y Dignidad.

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Testimonios de dolor y resistencia

Entre los testimonios está el de Silvia Ortiz de Sánchez, de Coahuila, quien busca a su hija Estefani desde 2004: “Por más de 16 años he reclamado justicia sin respuesta. No nos rendiremos”. María Rodríguez, madre de José Molina, desaparecido en 2014 en Guerrero, denunció que las autoridades “no hacen su trabajo”.

En Jalisco, colectivos como Corazones Unidos y Madres Buscadoras de Jalisco recordaron casos como el de Jonathan Emmanuel Serratos (2022) y Germán Cabrera (2018). “Este 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y protesta”, dijo Bertha Virgen, madre de Jonathan.

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Respuesta gubernamental y críticas

Pese a las promesas del gobierno federal de Claudia Sheinbaum, los colectivos denuncian falta de avances. En 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda reportó un debilitamiento institucional que ha aumentado la desconfianza de las familias. Las madres exigieron una reunión urgente con Sheinbaum para establecer mesas de diálogo con resultados concretos.

También denunciaron criminalización y violencia. “Exigimos que se combata el hostigamiento que sufrimos, muchas veces por parte de las propias autoridades”, señaló un pronunciamiento conjunto. Casos como el de Teresa Magueyal, madre buscadora asesinada en 2023 en Guanajuato, muestran el riesgo de su labor.

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Un cierre simbólico en el Ángel de la Independencia

La marcha culminó con una oración ecuménica y la colocación de mosaicos con imágenes de los desaparecidos en el Muro de la Memoria, frente a la FGR. Colectivos como Fuundec-Fuundem ofrecieron una oración ante el Árbol de la Esperanza antes de regresar a sus lugares de origen, reafirmando su compromiso con la búsqueda.

Un llamado a la sociedad

Las madres buscaron sensibilizar a la sociedad: “Esta tragedia nos atraviesa a todos. Hoy son nuestros hijos, mañana pueden ser los tuyos”, advirtió Isabel Velarde, madre de Germán Cabrera. La XIII Marcha de la Dignidad Nacional fue un acto de resistencia y memoria, no de celebración.

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