AMEXI. Ciudad de México. 04 de marzo de 2025.- Integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de la Ciudad de México realizan manifestaciones y marchan al Zócalo capitalino.

Esta movilización es para exigir al gobierno de Clara Brugada certeza jurídica y homologación en todas las alcaldías.

Javier Bellacetín, del Movimiento Plural de Comerciantes de la Ciudad de México, expuso que su principal objetivo es que la regularización.

Exigen que  en las 16  alcaldías sea haga la homologación y que sea el mismo plan de trabajo.

“Queremos que haya una sola cédula de empadronamiento para todos los mercados de la Ciudad de México y que no cambien de alcaldía en alcaldía, porque eso también en su momento genera incertidumbre”.

Errores y olvidos

Expuso que el 9 de enero se publicaron los lineamientos para la operación de los mercados públicos para su actualización y digitalización.

Ante ello hicieron una marcha el 10 de febrero de la cual salió una minuta con 10 acuerdos con el gobierno de la CDMX.

Esos 10 acuerdos los convirtieron en un nuevo lineamiento, pero cometieron nuevos errores:

• Uno de los errores es que publicaron el nuevo lineamiento el 28 de febrero, pero no derogaron el del 9 de febrero, por lo que hay dos lineamientos para el funcionamiento de los mercados públicos, mencionó.
• Con eso se generan dudas, aseguró Bellacetín, pues cuando los comerciantes acudan a la alcaldía a hacer algún trámite, no se sabe con certeza cuán lineamiento aplicarán los funcionarios.
• Otro error es que en los lineamientos del 28 de febrero, al igual que en el del 9 de enero, se les olvidó indicar que la cédula de empadronamiento debe decir que es para la venta de productos y servicios, pues solo dice que es para venta de productos.
• Con ello, dejan fuera a los comerciantes que ofrecen servicios como reparadoras de calzado, reparadoras de plomería, que sean estéticas o cerrajerías, que también son locatarios, también son comerciantes permanentes.

El representante del Movimiento Plural de Comerciantes de la Ciudad de México destacó que esos errores ponen de manifiesto la inoperancia de la Secretaría de Desarrollo Económico.

En peligro certeza jurídica de comerciantes

Javier Bellacetín resaltó que “el problema es que por sus errores nosotros estamos corriendo peligro y estamos perdiendo nuestra certeza jurídica”.

Agregó que lo que se quiere es asegurar esa certeza jurídica y que es por lo que pelean como comerciantes permanentes de los mercados públicos de la Ciudad de México.

Bellacetín indicó que el movimiento plural de los comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México son el 5% de los 75 mil locatarios en total en la ciudad.

Entre gritos de ¡Regularización sí! ¡Cuéntanos bien! Y ¡Corrupción! Aseguraron que no se moverán del lugar hasta que sean atendidos y les dé solución la Secretaría de Gobierno de la ciudad.

Apoyo de la Central de Abasto

Roberto Martínez Luera, de la Central de Abasto de la Ciudad de México señaló que acudieron a esta movilización en apoyo de los comerciantes de mercados públicos.

Mencionó que no quieren canonjías, solo exigen a los gobiernos de la Ciudad de México y el federal facilidades para que realicen su trabajo día a día. “Queremos que se nos respete”.

Expuso que no están en desacuerdo con los lineamientos, “pero primero lo que queremos es que se ordene bien cada mercado de la Ciudad de México”.

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EFE. San Cristóbal de las Casas, México. 31 de diciembre de 2024.-  Cientos de habitantes de comunidades indígenas del estado de Chiapas, en el sureste de México, se manifestaron este lunes para demandar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar la seguridad de los pueblos indígenas de la región, que atraviesa una ola creciente de violencia del crimen organizado.

Unas 1.500 personas de las etnias tseltal y tojolabal de la comunidad maya salieron a marchar por las calles del municipio de Altamirano, ante el temor de los constantes asesinatos, secuestros y despojos en la zona de la frontera sur mexicana.

Manuel López, indígena maya tzeltal, urgió a todos los niveles del Gobierno a trabajar en coordinación para no permitir que los «desestabilizadores» de la paz reactiven sus armas.

«Pedimos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a nuestro Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, que garanticen la seguridad de los pueblos indígenas, más que nada en nuestro municipio, que es lo que queremos», expuso López.

Domingo Méndez, poblador de la etnia tzeltal, manifestó que el objetivo de la protesta es mostrar unidad frente a las constantes amenazas que atraviesan.

«Necesitamos que nos unifiquemos más porque la unificación es la tranquilidad, ya no queremos(…) violencia”, manifestó Méndez.

Altamirano es uno de los municipios más poblados que participaron en 1994 en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hace 31 años.

Según pobladores, la localidad estaba controlada por un caciquismo que mantenía a la comunidad indígena sometida y en el olvido.

Epifanio Vázquez, de la etnia tzeltal, llamó al Gobierno a no olvidarse de los pueblos indígenas y extender servicios básicos, como la iluminación, a todas las comunidades para mejorar la seguridad.

«Le pedimos con todo el corazón en la mano al Gobierno que se ilumine más allá en las comunidades, que se vea el reflejo y así la gente va a estar agradecida», expresó Vázquez.

Los manifestantes portaban banderas blancas que ondeaban en señal de paz por las vías de la localidad, y algunos sostenían pancartas con frases como: ‘Altamirano vive en paz’.

La protesta pacífica culminó en la plaza pública del municipio, con un mitin donde los pobladores llamaron a unirse y reconstruir el tejido social del municipio maya tzeltal-tojolabal.

El alcalde de Altamirano, Gaspar Zantis, quien participó como invitado en la marcha, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum y al gobernador Ramírez a voltear a ver el municipio y trabajar de la mano, lo que calificó como «primordial para poder reactivar» su economía.

Esta manifestación ocurre en un ambiente de violencia generalizada en la frontera sur de México, donde existe una guerra entre carteles que ha afectado a miles de indígenas con el desplazamiento forzado, pérdida de derechos comunitarios, secuestros, muerte y reclutamiento de adultos y niños.

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EFE. San Cristóbal de Las Casas, México. 03 de noviembre de 2024.- Más de 20.000 indígenas de nueve etnias, pobladores, creyentes y organizaciones civiles peregrinaron este domingo por las calles de San Cristóbal de Las Casas para pedir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el sureño estado mexicano de Chiapas.

“Nosotros no sabemos cómo van los procedimientos, no sabemos nada, seguimos en espera”, dijo a EFE Romeo Pérez Pérez, hermano de Marcelo, quien participó en la manifestación a 15 días del homicidio.

El padre Marcelo Pérez, sacerdote indígena tzotzil, fue asesinado a tiros el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística chiapaneca.

La labor del padre Marcelo no solo se limitaba a su vocación pastoral, también era un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas y había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas en su contra.

El Centro de derechos humanos Minerva Bello de Chilpancingo, que coadyuva en la parte jurídica del caso del padre Marcelo para exigir una justicia más amplia, técnica y predecible, reveló que hay una persona detenida y dos más están siendo investigados.

“Estamos en etapa de investigación complementaria, hay una persona vinculada a proceso y 2 personas con órdenes de aprehensión sin ejecutar, sabemos quiénes son pero no podemos revelar sus nombres”, dijo el padre José Filiberto Velázquez Florencio.

Violencia en aumento

Después del asesinato del padre Marcelo los manifestantes y la diócesis de San Cristóbal señalaron que la violencia va en aumento en toda la región pues hay más asesinatos, patrullajes en camionetas y motocicletas que acosan a la población, a defensores de derechos humanos, a periodistas y al clero.

“Hacemos un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz a las autoridades del Estado, a las autoridades federales, a que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad”, expresó Miguel Ánguel Montoya, vicario de Justicia y Paz de la diócesis local.

Los contingentes salieron de tres puntos de la ciudad: al oriente con más de 10.000 personas, al poniente se dejaron ver unas 4.000 personas y al sur otras 6.000 personas, todas ellas portando banderas blancas, con la leyenda “Paz”.

Otras más pedían “Fuera el crimen organizado”, “Alto a la narcopolítica”, “Justicia para el padre Marcelo”, “Alto al desplazamiento forzado”, “Gobierno asesino, matas a sacerdotes constructores de paz”, “Si callas la voz de los profetas las piedras hablarán” o “El pueblo unido jamás será vencido”.

Los manifestantes también cantaron el himno “No tengo miedo: en mi alma yo sé con honda fe que pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos al final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad”, compuesto por el padre Marcelo Pérez Pérez.

El contingente terminó en el centro de la ciudad frente al altar de flores de colores, semillas, veladoras, incienso, la imagen del padre Marcelo, la del obispo Samuel Ruiz García, y un templete donde oficiaron la misa y se leyeron las denuncias del pueblo creyente ante la ola de violencia del crimen organizado.

Está mega marcha se da en un contexto de violencia que viven ciudades, pueblos y comunidades indígenas de Chiapas desde hace seis años atrás y que a la fecha continúan en la zona Frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Fraylesca, Valles, Selva y Altos, principalmente.

Las organizaciones señalaron las agresiones las cuales van desde asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, desaparición de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y reclutamiento forzado, comunidades secuestradas por grupos criminales que les obligan a ponerse como barrera humana.

También extorsiones, conocidas como ‘cobro de piso’, así como intimidaciones y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio, y a sacerdotes, misioneras y misioneros.

El asesinato de Pérez ha sido condenado por diversas instancias defensoras de derechos humanos, la Iglesia católica y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su Gobierno está trabajando para esclarecer el caso.

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Ciudad de México, 1 sep (EFE).- Miles de estudiantes universitarios de Derecho protestaron este domingo contra la reforma judicial del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien pretende instaurar elecciones populares de todos los jueces y la Suprema Corte a partir de 2025.

Los jóvenes, encabezados por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado momentos antes de que López Obrador rindiera su último Informe de Gobierno oficial y antes de que entrara en funciones el nuevo Congreso.

“Democrático es el poder que se ejerce con el beneplácito de todo el pueblo, no solo el de las mayorías aplastantes”, expuso uno de los oradores en el Ángel de la Independencia, donde ondearon banderas de México.

A la manifestación se unieron alumnos de otras instituciones públicas, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y privadas, como la Escuela Libre de Derecho (ELD), la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Los estudiantes denuncian que la reforma, que López Obrador pretende promulgar antes de dejar el cargo el 1 de octubre, afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de “intereses ajenos” en la justicia.

Pero el presidente aseveró el jueves que los profesores, influenciados por una ideología “neoliberal”, están “engañando” a los estudiantes con “que es injusto e ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o antidemocrático”.

Los universitarios, quienes suelen protestar por causas de izquierdas, rechazaron estar manipulados.

“¡Juventud informada, reforma rechazada!”, corearon mientras avanzaban por el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital mexicana, donde también lanzaron reclamos a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien apoya la iniciativa.

“Señor presidente, señora presidenta electa, a los jóvenes, a los estudiantes, no los engañan”, manifestó otro de los oradores, de los que algunos no se identificaron por temor a represalias.

A la manifestación se unieron jueces y trabajadores del Poder Judicial, que realizan un paro nacional contra la reforma desde el 21 de agosto.

También el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que apoyó “firmemente la defensa de la independencia del Poder Judicial y el respeto al Estado de derecho en México”.

El oficialismo prevé discutir la reforma a partir de este lunes en el pleno del Congreso, en la que comienza una nueva legislatura en la que la alianza de partidos de López Obrador tendrá ahora la mayoría calificada, de dos tercios de los escaños, para modificar la Constitución sin obstáculos.

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AMEXI. Ciudad de México. 31 de agosto de 2024.- Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos efectuaron una marcha en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los perpetradores de ese delito de lesa humanidad, en el marco del Día Internacional del detenido-desaparecido.

En la marcha participaron el Comité Cerezo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), entre otras muchas organizaciones.

Los manifestantes exigieron al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia.

Virginia y Daniela, mujeres triquis desaparecidas hace 17 años

Pascual de Jesús González, dirigente del MULT en la Ciudad de México, señala que las organizaciones que marcharon este día exigen la “presentación con vida de todos los desaparecidos, así como la libertad de todos los presos políticos”.

Entre las desapariciones destaca los casos de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio en la región Triqui del estado de Oaxaca.

En esa población habían creado una radio comunitaria para promover los derechos de los pueblos originarios.

Al momento de su desaparición, Virginia tenía 20 años y era profesora de educación indígena e integrante de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); Daniela tenía 13 años.

Pasaron por el estado de Oaxaca cinco procuradores y tres fiscales durante los 17 años desde su desaparición, pero no hay avances en las indagaciones sobre el paradero de ambas.

Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

En la marcha también participó Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, desaparecido junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Ambos son reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), organización que señala que, como ocurre en muchos casos de desaparecidos, “cuando se toca al Ejército se para todo el proceso”.

Sobre el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 10 de agosto de 2022 una resolución en la que se reconoce que fue un crimen de Estado y ordenó la formación de una Comisión Especial de Búsqueda (CEB).

La CER está integrada por representantes de dependencias gubernamentales, como la Fiscalía General de la República (FGR), las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También la integran comisiones locales de búsqueda, colectivos de familiares de desaparecidos, organizaciones acompañantes de las víctimas y abogados.

A pesar de ello, Nadín Reyes lamenta que “hay órdenes de aprehensión que no se han ejecutado”, en referencia a la orden contra Evencio Nicolás Martínez Ramírez, exprocurador de Justicia de Oaxaca que hoy sigue prófugo de la justicia.

La Sedena y la exCISEN tampoco responden a las peticiones de información de la CEB, agrega.

Gabriel Alberto y Edmundo fueron detenidos por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de mayo de 2007 en el hotel El Árbol, en el Centro de la ciudad de Oaxaca.

Memoria, verdad y justicia para todos los desaparecidos

En una lona que portaban los manifestantes figuran imágenes y nombres de casi 40 desaparecidos, militantes y dirigentes de las organizaciones sociales.

Entre ellos se encuentra el profesor Carlos René Román Salazar, miembro de la Sección 22 del SNTE-CNTE, desaparecido el 14 de marzo de 2011.

También figura el profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, dirigente del Partido Comunista de México (marxista-leninista) y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), organización integrante de la CNTE, desaparecido el 26 de septiembre de 1996, en Chilpancingo, Guerrero.

Asimismo, el indígena Lauro Juárez, militante del Frente Popular Revolucionario (FPR), quien desapareció el 30 de diciembre de 2007, cuando participaba en un bloqueo carretero en el paraje denominado El Vidrio, Juquila, en Oaxaca.

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AMEXI. Ciudad de México. 28 de junio de 2024.-  Trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon este viernes en demanda del pago de sus últimas quincenas y de prestaciones, las cuales no han recibido.

La marcha partió de la Plaza Roja de la unidad académica “Adolfo López Mateos” de Zacatenco rumbo a la dirección general del Politécnico, para exigir las remuneraciones correspondientes.

El IPN señaló que los inconformes laboran para la empresa Got Und Glück, S.A. de C.V., a la que exhortó a cumplir con el pago de salarios a sus trabajadores que prestan servicios de limpieza en la institución.

Sin embargo, dicha empresa acusó que el IPN le adeuda 130 millones de pesos por servicios prestados en marzo, abril, mayo y junio de este año, ya que la casa de estudios incumplió con los pagos correspondientes pese a que el servicio se prestó.

Los trabajadores de Got Und Glück denunciaron que no han recibido su salario en dos meses, por lo cual ya no tienen ni para comer.

“Lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos laborales, que nos den las prestaciones de ley, y que se nos garanticen condiciones dignas de trabajo”, afirmó Adriana, una trabajadora de limpia.

Con ellos marcharon integrantes de la comunidad politécnica, quienes llamaron a que no se aprueben las reformas al reglamento interior del IPN, lo que pretenden concretar en una sesión en línea, sin abrir al debate correspondiente.

En tanto, Adrián Alvarado, estudiante de la ESIME, llamó al gobierno federal a que “ponga atención de lo que sucede al interior del IPN, porque se han ido acumulando muchas irregularidades e imposiciones desde el gobierno central, que no responden a las necesidades de nuestra comunidad”.

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AMEXI. Tijuana, México. 23 de junio de 2024.- Familiares, reporteros y organizaciones de periodistas de Baja California, urgieron al gobierno federal a cumplir con la justicia y reparación del daño para la familia de Francisco Javier Ortiz Franco, periodista ultimado el 22 de junio de 2004, en esta ciudad.

Después de rendir un homenaje póstumo al excodirector del semanario Zeta, en la sala de lecturas del Centro Cultural de Tijuana, la esposa, hijos, hermanos y sobrinos, así como periodistas marcharon por la avenida Paseo de los Héroes, en la Zona del Río en Tijuana hasta llegar a la sede de la Fiscalía General de la República para exigir justicia.

Previamente, los hijos del periodista Andrea y Héctor Daniel contaron a los asistentes como la mañana de aquel martes, hace veinte años, fueron testigos del asesinato de su padre a bordo de su automóvil.

Ellos se encontraban en el asiento trasero, ella de ocho años y él de diez años. Un sicario llegó de lado del piloto y le disparó al también abogado, Francisco Ortiz, quien murió al instante.

El impacto tronó el vidrio y los pedazos lesionaron el brazo de Héctor, quien aún tiene las cicatrices, aunque él mismo dijo que la cicatriz más grande es ver el asesinato de su padre.

Acompañado del hermano mayor, Francisco, Héctor Daniel reveló que, en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) comunicó a los representantes del gobierno federal, el interés de la familia de Francisco Ortiz Franco por obtener justicia y reparación del daño.

Sin embargo, afirmó que las instituciones han mostrado indiferencia a la recomendación de la CIDH, incluso el mismo gobierno los ha re victimizado.

Lauro Ortiz, hermano de Francisco y actual director de la agencia plural.mx, no contuvo las lágrimas. Contó como aquella mañana que denomina “martes negro”, en su calidad de reportero de Zeta tuvo que ir a “cubrir la nota” del ataque a un periodista que resultó ser su propio hermano.

Revela hermano de Francisco Javier Franco hallazgo mortal del «martes negro»

“Esa mañana de martes del 22 de junio de 2004 estando en la redacción de Zeta, don Jesús Blancornelas, el director, se paró frente a mi computadora para decirme que acababan de balear a un reportero de nuestra casa editorial, que se había comunicado el procurador de justicia del estado para informarle de los hechos ocurridos en las inmediaciones de la propia procuraduría en la colonia marrón.

”Checa quienes están y quienes no”, me dijo don Jesús refiriéndose al staff de reporteros que en ese momento estaban en el edificio de Zeta. “Justo en ese instante, en un par de ocasiones marqué al teléfono móvil de Francisco hasta que se activó el buzón de voz.

Preocupado, pero sin decírselo, le comentó al director que todos estaban en su lugar, a excepción de Francisco que estaba en su periodo de vacaciones, así que no había duda, todos estaban bien.

Sin embargo, “don Jesús intuía algo y me ordenó trasladarme al lugar que mencionó el procurador y en menos de 10 minutos ya estábamos Ramón Blanco y yo acompañados de dos escoltas.

”En el corto trayecto, presentí la muerte de Francisco como si me lo fueran advirtiendo y me preparé para ello. Al bajarme de la unidad, algunos reporteros ya estaban en la acordonada zona. Cruzamos miradas sin saludarnos y me dirigí directamente al auto que previamente reconocí como el que habitualmente conducía Francisco.

”Sin mediar indicaciones de los agentes policiacos que me prohibieron el paso, levanté la cinta amarilla y me acerqué al vehículo que aún tenía el cristal de la ventana del conductor en su lugar, sólo que estrellado por las balas que le quitaron la vida a Francisco.

”Le doy un par de vueltas como buscando algo que me indicara que no era el carro, pero solo sirvió para comprobar que se trataba del cuerpo de Francisco”.

“Son veinte años de impunidad queremos justicia para mi hermano y para su familia”, manifestó el también periodista.

Dos décadas después, Lauro Ortiz afirmó que en aquel entonces a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC) no le importó investigar el crimen y la entonces la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y luego reportó como “extraviada” la averiguación previa cuando el mismo se trasladó a la Ciudad de México para solicitar una copia.

“Son veinte años de impunidad queremos justicia para mi hermano y para su familia”, manifestó el también periodista.

Afuera de la sede de la FGR, los familiares, reporteros e integrantes de asociaciones de periodistas colocaron las cartulinas en demanda de que se investigue el caso, se detenga y sancione a los autores intelectuales y materiales del crimen.

Mientras la familia alzaba las manos con las cartulinas exigiendo demanda de justicia, los reporteros colocaban una fotografía del licenciado Francisco Ortiz Franco, una corona y encendían veladoras para honrar su memoria.

Alguien se acercó y me dijo que sus dos hijos menores que lo acompañaban, los había resguardado la vecina de unos departamentos de la misma calle que estaban sanos y salvos.

Han pasado 20 años de impunidad. La organización Yo Sí Soy Periodista exige a nombre de periodistas y familiares a  funcionarios federales de la Cuarta Transformación se termine con la impunidad

El periodista Vicente Calderón en representación del Colectivo Yo Sí Soy Periodista, manifestó que “el asesinato de Francisco Ortiz Franco es uno de los 164 documentados en México desde el año 2000 a la fecha. Y sigue impune”.

“A Francisco Ortiz le quitaron la vida la mañana del 22 de junio de 2004 frente a sus pequeños hijos, en una de las calles aledañas a la sede de la entonces Procuraduría General de Justicia en Tijuana”, recordó.

“Es por el asesinato de Francisco Ortiz Franco que estamos hoy aquí reunidos reclamando justicia para su familia y para el gremio periodístico, porque han pasado 20 años de impunidad, propiciada por la Procuraduría General de la República que, dos meses después del crimen, atrajo el expediente para abandonarlo en un archivo del que no se sabe su paradero. La PGR no investigo ni detuvo a nadie”, señaló.

“Desde Baja California les exigimos a los funcionarios federales de la Cuarta Transformación que antes que dejar sus encomiendas, cumplan con los compromisos que hicieron con la familia del periodista tijuanense asesinado”, agregó.

Y concluyó que “como gremio ya no toleraremos este tipo de impunidad, ni guardaremos más silencio por la falta de justicia por el crimen de Francisco Ortiz Franco y por eso advertimos que cada año les recordaremos su negligencia, incompetencia e insensibilidad y hasta posible complicidad”.

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AMEXI. Buenos Aires, Argentina. 24  de abril de 2024.- Miles de estudiantes, académicos e integrantes de sindicatos marcharon hoy en Argentina contra el recorte de presupuesto a las universidades públicas que impulsa el presidente Javier Milei.

Se trató de la marcha más numerosa contra el mandatario desde que asumió hace cinco meses, debido al descontento que han generado algunas de sus políticas educativas.

Mientras el gobierno de Buenos Aires calculó el número de participantes en 150 mil, las agrupaciones organizadoras afirmaron que hubo más de 850 mil personas.

Alumnos de diferentes instituciones, sus familias y profesores tomaron el centro de la capital Buenos Aires y ocuparon las calles desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.

Les respaldaron organizaciones sindicales, entre ellos el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y trabajadores de la agencia Télam que Milei pretende desaparecer.

Hubo manifestaciones también en al menos 10 ciudades del interior del país en contra del desfinanciamiento del Gobierno a las universidades públicas.

Desde el templete, instalado frente a la Casa Rosada, los oradores condenaron el que consideran ataque contra la educación pública.

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EFE. Chilpancingo, México. 29 de septiembre de 2023.- Comunicadores mexicanos marcharon este miércoles en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, acompañados de organizaciones sociales para repudiar el ataque a cuatro reporteros, de los que tres quedaron heridos, y exigir garantías para desempeñar su labor.

Los trabajadores de medios de comunicación marcharon por las principales calles de la ciudad con pancartas en las que denunciaron que «no se mata la verdad matando periodistas».

La caravana de reporteros y organizaciones sociales hizo una parada en el Ayuntamiento, donde protestaron contra la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, a quien acusan de poner en riesgo a los reporteros por interponer denuncias contra cinco de ellos.

Después arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a la que acusan de complicidad en los ataques contra comunicadores, por omisión y falta de justicia.

La manifestación ocurre después de que tres reporteros de Chilpancingo quedaron heridos el martes tras un tiroteo: Víctor Mateo, colaborador de Quadratín Guerrero; Óscar Guerrero, de Primer Plano, y Jesús de la Cruz, de Reporte Guerrero.

El hecho ocurre apenas días después de que en Taxco, en el norte de Guerrero, sujetos armados secuestraron a tres reporteros, quienes quedaron libres tras protestas para exigir su liberación, aunque continúa sin aparecer el hijo de uno de ellos.

La marcha hizo otra parada en las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, donde realizaron un mitin para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado que garantice la seguridad de la prensa.

En la protesta enlazaron vía telefónica al reportero Jesús de la Cruz, quien se sumó a la exigencia de seguridad para el desempeño de su labor.

En altavoz, informó que está fuera de peligro, pero que la bala le quedó alojada entre el hombro y el pecho.

En sus protestas hicieron pintas con aerosol con frases como «Justicia», «Encubridores asesinos» , «No más impunidad» y «prensa unida jamás será vencida».

En la marcha participaron representantes de los Padres y madres de Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez, el Sindicato del Colegio de Bachilleres, la colectiva feminista Alas Moradas y Antorcha Campesina, entre otras.

En lo que va del año en México, considerado el país sin guerra más peligroso para la prensa, cuatro periodistas han sido asesinados en relación con su trabajo, según datos de la organización Artículo 19.

Guerrero vive una ola de violencia del crimen organizado y el narcotráfico al ocupar el séptimo lugar nacional en número de homicidios, con 1.280 asesinatos en los primeros tres trimestres de 2023, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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