Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de enero de 2023.- Desde hace un año se desconoce el paradero de los dos defensores de derechos humanos. El 15 de enero de 2023, el activista medioambiental Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca fueron víctimas de desaparición forzada en el estado mexicano de Colima. Ese día habían viajado para estar presentes en la asamblea municipal de Aquila, en el vecino estado de Michoacán, e informar a los presentes sobre sus derechos en la elección del comisariado de bienes comunales. La reivindicación de pagos justos por la extracción de mineral de hierro en la localidad era un tema especialmente relevante para esas elecciones. En Aquila, la empresa siderúrgica transnacional latinoamericana y europea Ternium, con sede en Luxemburgo, explota la mina „Las Encinas“.

Los familiares de los desaparecidos reclaman un mayor esfuerzo en las investigaciones así como la creación de un mecanismo internacional de búsqueda. Las familias transmitieron esta propuesta a los representantes del Estado mexicano durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Víctor Hugo López Rodríguez, de la red mexicana de derechos humanos Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos), respalda esta iniciativa: „Ante la inacción de las autoridades mexicanas, a un año de la desaparición forzada de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, apoyamos la demanda de los familiares en torno a la creación de un Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo. El apoyo de especialistas imparciales y tecnología avanzada podría contribuir en su búsqueda y pronta recuperación“, explica el director ejecutivo de la red.

„El gobierno alemán debería apoyar las demandas de que se refuerce la investigación del paradero de los defensores y se establezca un mecanismo internacional de búsqueda“, afirma Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. „Un mecanismo de este tipo también podría usarse en otros casos y facilitar la búsqueda de las más de 110.000 personas actualmente desaparecidas.“

Este delito pone en el punto de mira la alarmante situación y falta de protección de las personas defensoras de derechos humanos, la pasividad ante la magnitud de los crímenes de desaparición forzada y la impunidad que impera en México desde hace décadas. Si bien dos personas han sido detenidas en relación con este caso, ni la policía ni la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) han podido dar con el paradero de Díaz y Lagunes.

La protección de las personas defensoras de derechos humanos que defienden derechos medioambientales ha sido por mucho tiempo especialmente inadecuada. Desde diciembre de 2006, al menos 93 defensores y defensoras del medio ambiente han sido víctimas de desaparición forzada.

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• El pasado 24 de noviembre, a Higinio Trinidad de la Cruz lo desaparecieron después de acudir a una cita en las oficinas de la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco. Un día después, su cuerpo fue localizado en la Sierra de Manantlán.  

• Higinio Trinidad, al igual que otros integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán, era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras del gobierno federal desde abril de 2021. Su desaparición y asesinato ocurre un mes después de que personal del mecanismo visitó a pobladores de la Sierra de Manantlán. 

• El nombre de Higinio Trinidad de la Cruz se suma al de Celedonio Monroy Prudencio y al de J. Santos Isaac Chávez, defensores de Manantlán que también fueron desaparecidos y asesinados. Los tres denunciaron la tala, la minería ilegal y el control del territorio por parte de grupos del narcotráfico en la Sierra de Manantlán; también participaron en los procesos legales en contra de la mina que, desde 1975, extrae hierro en la región. 

• Con su caso se eleva a 37 el número de personas defensoras de ambiente y territorio en México que, desde diciembre de 2006, han sido víctimas de desaparición y han sido localizadas sin vida.

Por Analy Nuño

Periodistas Unidos / A Donde Van los Desaparecidos. 30 de noviembre de 2023.- Higinio Trinidad de la Cruz hablaba fuerte y directo, saludaba con un apretón de manos, siempre vestía camisa y pantalón de mezclilla; su atuendo también incluía un maletín con documentos. Desde la desaparición de su compañero en la defensa del territorio, Celedonio Monroy, en 2012, aprendió a torear los ataques y amenazas. Él no quería irse de Lagunillas, no quería dejar la Sierra de Manantlán, esa región de Jalisco que ha estado marcada por la tala, la minería legal e ilegal y la presencia de los grupos del narcotráfico. Desde 2022, las amenazas en su contra aumentaron. Aún así no abandonó su tierra. La última vez que se le miró con vida fue entrando a una oficina de gobierno.

La mañana del pasado viernes 24 de noviembre, Higinio Trinidad de la Cruz acudió a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, ahí lo citó el presidente municipal Jesús Delgado Camberos Durante. El resto del día y la noche, su familia no tuvo noticias de él. Incluso, la organización no gubernamental Tsikini, que acompaña legalmente a la comunidad de Ayotitlán, alertó en la red social X sobre la desaparición del defensor indígena nahua, quien al igual que una veintena de pobladores de la Sierra de Manantlán se encontraba dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras del gobierno federal.

El sábado 25 de noviembre, el cuerpo de Higinio Trinidad fue localizado sin vida —con huellas de violencia y un disparo— cerca del puente Arroyo Hondo en el poblado Las Marías del Ejido de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán. 

A principios de octubre de este año, una investigación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documentó que 93 personas defensoras del ambiente y el territorio habían sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. Entre esos defensores estaba Higinio Trinidad de la Cruz. Antes de su desaparición y asesinato, él ya había recibido varias amenazas por su defensa al territorio.

El 20 de mayo de 2022, Higinio Trinidad fue sacado de su domicilio, en la comunidad de Lagunillas, por integrantes del crimen organizado. Minutos antes esos hombres realizaron la misma acción en contra de otro defensor, de quien se reserva su nombre por seguridad. Ambos fueron trasladados hasta el crucero de Tequesquitlán. Ahí fueron interrogados y amenazados. Un hombre que se identificó como “El Jefe” les advirtió que debían detener su lucha en contra de las actividades mineras en la región; y ordenó su liberación en medio de un operativo federal de búsqueda encabezado por la Guardia Nacional. A las 16:00 horas de ese mismo día, fueron liberados.

Esa desaparición temporal de Higinio Trinidad de la Cruz abrió el camino para que las amenazas en su contra comenzaran a ser más recurrentes. Aún así, el defensor no dejó la Sierra de Manantlán; incluso, comenzó a visibilizarse más cómo el mejor prospecto a candidato al Comisariado del Ejido de Ayotitlán para las elecciones que se realizarán en abril de 2024. 

El nombre de Higinio Trinidad de la Cruz, quien tenía 44 años, ahora se suma al de Celedonio Monroy Prudencio y al de J. Santos Isaac Chávez, quienes también fueron desaparecidos y asesinados. Los tres denunciaron la tala, la minería ilegal y el control del territorio por parte de grupos del narcotráfico en la Sierra de Manantlán; también participaron en los procesos legales en contra de la mina Peña Colorada que extrae hierro en la región y que desde 2005 pertenece a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Con su caso, además, se eleva a 37 el número de personas defensoras de ambiente y territorio que, desde diciembre de 2006, han sido víctimas de desaparición y han sido localizadas sin vida. 

“Desaparecen a Celedonio Monroy y yo fui víctima de persecuciones, de amenazas; yo no dormía en mi casa, en las noches me iba a otro lado. Del 2012 para acá las cosas empezaron a cambiar, empezamos a sufrir señalamientos y amenazas; me persiguieron en una camioneta, una persecución y me fugué, ahí empezó a cambiar mi vida. A partir de ahí empezaron a ocurrir otros levantamientos, pero yo nunca huí del pueblo, siempre los estuve toreando”, contó Higinio Trinidad de la Cruz, en febrero pasado, en un lugar a más de 100 kilómetros del Ejido de Ayotitlán, a dónde se trasladó para tener una entrevista con esta reportera.

Primero, Celedonio; después, J. Santos y ahora, Higinio

Oriundo del poblado de Lagunillas, del ejido de Ayotitlán, el defensor del territorio y abierto opositor a la minería fundó en 2009 la asociación civil Promejico Nueva Ruralidad Jalisco, filial de una organización con presencia en 12 estados de México. Ahí trabajó de la mano con Celedonio Monroy, defensor de la Sierra de Manantlán desaparecido en 2012 y que, hasta ahora, sigue sin ser localizado. 

Los años siguientes, con una importante presencia política en la zona y la defensa activa de los recursos naturales, impulsó y gestionó proyectos productivos vía subsidios estatales y federales. Cuando fue asesinado era miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena.

Durante 2020 y 2021, acompañó y apoyó activamente la campaña al Comisariado Ejidal de J. Santos Isaac Chávez, desaparecido el 1 de abril de 2021 y tres días después localizado sin vida con huellas de violencia en la localidad de Las Marías, cerca de la zona donde fue encontrado el cuerpo de Higinio Trinidad de la Cruz.

Después de que fue víctima de desaparición, en mayo de 2022, Higinio Trinidad elevó su perfil como defensor del territorio e inició juicios sucesorios para el reconocimiento de los derechos agrarios de 140 familias de la comunidad indígena de Ayotitlán. Hasta el día de su asesinato había logrado sentencias en las que se reconocen a 140 personas como titulares de las tierras de sus padres fallecidos, y con ello se sumaran como ejidatarios con voz y voto en las elecciones de comisariado ejidal. 

De acuerdo con integrantes de la comunidad, esta situación molestó al actual Comisariado Ejidal, Roberto Cobián Gutiérrez, ya que significaba actualizar el padrón del Registro Agrario Nacional. Además, los nuevos 140 ejidatarios serían acreedores al pago por ocupación temporal de tierras ejidales concesionadas a la minera Benito Juárez Peña Colorada, que desde 2005 pertenece a dos trasnacionales del acero que poseen, cada una, el 50 % de las acciones: ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica y minera del mundo por producción, y Ternium, parte del grupo italoargentino Techint, que se presenta como la siderúrgica líder en Latinoamérica.

Anualmente, estas empresas extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellet o hierro molido, lo que representa el 33 % del consumo anual de la industria en el país.

La cercanía y visibilidad que tomó Higinio en los últimos dos años lo colocaron como el mejor prospecto a candidato al Comisariado Ejidal para las elecciones que se realizarán en abril de 2024. En febrero de 2023, durante la entrevista con esta reportera, manifestó abiertamente su interés por contender al cargo. Sin embargo, dos meses antes de su asesinato, reconoció que valoraba esa posibilidad ante las amenazas que estaba recibiendo y la vigilancia constante de personas armadas afuera de su domicilio o cuando se trasladaba a algún lugar.

“Qué mejor que un día nos toque representar el Ejido para checar todo eso, en primer lugar parar las minas y revisar convenios (con Ternium y ArcelorMittal), y decir: ‘vamos a parar esto y nos vamos a meter con la Ternium para ver qué onda’. Es lo que queremos hacer, trabajando, haciendo sinergia, creando un equipo. Todo lo que hemos hecho lleva algo positivo pero ya necesitamos ver algo concreto”, dijo en la entrevista realizada en febrero pasado.  

Días después del asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán fueron amenazados. Hombres armados se presentaron en las casas de varios ejidatarios y les advirtieron que “hay cinco personas en lista; que les va a pasar lo mismo”. Fue por ello que el pasado martes 28 de noviembre, los líderes de mayor edad del ejido salieron de la región. 

Un mecanismo de protección que no funcionó 

En abril de 2021, tras la desaparición y posterior asesinato de J. Santos Isaac Chávez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de una veintena de integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán ante “actos de violencia perpetrados por el crimen organizado”. Cuatro meses después, ese grupo de la comunidad, del cual era parte Higinio Trinidad, ingresó como beneficiario al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las medidas cautelares dictadas por la CNDH y acciones de protección del mecanismo gestionado por la Secretaría de Gobernación, incluían dotar a integrantes de la comunidad de equipos de comunicación, de un botón de emergencia y asistencia, así como patrullaje de la Guardia Nacional, entre otros aspectos. Además, cada seis meses el mecanismo debe “re-evaluar” la situación de seguridad de la comunidad, para determinar si continúan activas las medidas o se concluye el expediente y retira la protección.

Pese a las medidas de protección implementadas, los ataques contra los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán y pobladores de la Sierra de Manantlán no cesaron, por el contrario continuaron en forma intensa. La mejor muestra es la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz.

Además, el mecanismo del gobierno federal no cumplió con los plazos establecidos para realizar las re-evaluaciones. En abril de 2022 se llevó a cabo una evaluación y se programó una visita para noviembre de ese año, la cual fue pospuesta hasta febrero de 2023. Al final, esa visita se canceló de último momento y fue hasta finales de octubre de este año que integrantes del mecanismo acudieron a Manantlán.

Una visita tardía que no dio seguridad

Treinta y ocho días antes de la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad, a finales de octubre, en el barrio de La Chinera, frente al panteón del poblado de Telcruz, una veintena de habitantes de la región se reunió con representantes del mecanismo de protección.

Después de varios meses de espera y múltiples peticiones para que acudiera una comitiva del mecanismo, Ricardo Luviano Chino y Diana Karina Serrano, integrantes de la Unidad de Evaluación de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, visitaron la zona para hacer la “re evaluación de la seguridad” y documentar los ataques, amenazas y desplazamientos a consecuencia de la defensa del territorio y el ambiente ocurridos en los últimos 18 meses en la Sierra de Manantlán.

Bajo una palapa con un fogón de adobe del que salía humo de los últimos trozos de leña que fueron prendidos horas antes, los pobladores de Manantlán esperaron su turno para pasar, uno a uno, con alguno de los visitadores del mecanismo que levantaron las encuestas de seguridad y anotaron cada uno de los detalles narrados.

“Aquí estamos solos completamente, entre puro malandro, donde quiera tienen halcones, ahorita uno pensaría que estamos solos pero no, nos están escuchando, aquí andan y varios se acercaron. Nosotros después de esto (la visita del Mecanismo) nos vamos con miedo (a sus poblados) porque ya sabemos cómo se maneja aquí. A muchos los han levantado en los caminos; a todos nos conocen y todos estamos amenazados”, relató uno de los hombres incorporados al mecanismo que acudió a la cita y que, por seguridad, se resguarda su identidad.

“Van a ser tres años de estar amenazados, desde que mataron a Santos durante la campaña, y seguimos adelante siempre. Uno piensa que ya nos van a proteger y va a parar todo, pero aquí nos dicen que tienen varios en la lista para que nos levanten, somos varios que estamos expuestos por defender aquí”, dijo otro defensor del territorio y abierto opositor a la minería en la región.

Las amenazas, ataques, vigilancia y rondines de hombres encapuchados y fuertemente armados han sido sistemáticas en esa zona rica en minerales como el hierro y en donde también se encuentra la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. 

“Es un contexto complicado, es una zona complicada de difícil acceso, en donde también la seguridad o la protección se ve dificultada para poder asistir o llegar a esos sitios”, señaló Ricardo Luviano Chino, subdirector del área de Análisis de Riesgo, tras el levantamiento de testimonios en el poblado de Telcruz.

Luviano Chino explicó que las entrevistas se realizaron tanto a personas beneficiarias del mecanismo como a miembros de la comunidad que aún no ingresan, pero que solicitaron ser escuchados para su posible incorporación al plan de seguridad.

Durante las entrevistas, los señalamientos constantes fueron en torno a la violencia y amenazas generadas a raíz de la defensa del territorio y el ambiente, así como la postura en contra de la minería. Fueron reiterativos los señalamientos sobre la falta de acceso a la seguridad y de autoridades confiables. 

Luviano Chino señaló que la situación que se registra en la Sierra de Manantlán no es distinta a lo que sucede en otras zonas de México, donde defensores de derechos humanos están siendo agredidos y el contexto general es adverso.

“Afortunadamente, las personas que están incorporadas dentro de este mecanismo, sobre todo personas defensoras del medio ambiente, no tenemos registro de tantas agresiones fuertes. Sí tenemos registro de amenazas fuertes, de situaciones en donde hemos actuado junto con el gobierno de cada entidad, en dar protección a las personas. Entonces, sí es muy complicado y el contexto es adverso, pero se está trabajando, sobre todo en reuniones, también medidas políticas tanto con el gobierno como algunas otras instituciones que puedan dar apoyo”, señaló Luviano Chino.

Las acciones y actuaciones de las que habló entonces el representante del mecanismo no sirvieron para evitar la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. 

Tras las entrevistas y escucha de los incidentes ocurridos en los últimos 18 meses —tiempo transcurrido desde la última evaluación—, los integrantes del mecanismo tuvieron que identificar el nivel de riesgo en el que podrían encontrarse las personas de la comunidad, así como crear un plan de protección y determinar si continuaban las mismas medidas de protección que entonces tenía la comunidad. 

La Junta de Gobierno del mecanismo tenía planificado realizar el análisis el 30 de noviembre, pero como no podían asistir algunos miembros de la comunidad, ya que iban a estar en audiencias por el homicidio de Rogelio Rosales Ramos (ocurrido en 2020), hijo de  un activo defensor de la región, la discusión del caso se pospuso para diciembre o enero de 2024.

Para este texto se solicitó entrevista con algún representante del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no se tuvo respuesta. 

Después de la visita, más amenazas

Los días siguientes a la visita de los evaluadores del mecanismo a la Sierra de Manantlán, miembros de la comunidad reportaron persecuciones y vigilancia de personas encapuchadas y armadas que circulaban en camionetas y motocicletas. En vídeos y fotografías a los que está reportera tuvo acceso, se puede observar cómo al pasar por las viviendas de los defensores, ubicadas en distintos poblados que están dentro del Ejido de Ayotitlán, los vehículos bajan la velocidad y observan detenidamente al interior de las casas. En algunos casos, los sujetos han permanecido afuera de las viviendas por varios minutos.

Uno de los defensores que reportó rondines de personas armadas cerca de su vivienda fue Higinio Trinidad de la Cruz. El hostigamiento y amenazas que sufrió por años, se cumplieron la mañana del 24 de noviembre cuando entró al edificio del ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán para reunirse con el presidente municipal, Jesús Delgado Camberos, quien la noche anterior, a través de un mensaje, lo citó en el recinto. 

La organización Tsikini ha recabado testimonios de personas que estaban en el lugar y que señalan que gente armada y encapuchada sacó a Higinio Trinidad de la Cruz del edificio de la presidencia por una puerta trasera.

La mañana del sábado, alrededor de las 10 horas, un cuerpo sin vida fue localizado en una brecha junto al río en la localidad de Las Marías. A la 1:36 de la tarde se confirmó que era Higinio Trinidad de la Cruz.

Personal del Mecanismo de Protección y elementos de Guardia Nacional acudieron a la zona para verificar los hechos, apoyar en los trámites e iniciar una evaluación de seguridad para el resguardo de la familia del defensor.

Tras darse a conocer la desaparición forzada y el asesinato del defensor, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se pronunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales: “El defensor indígena había sufrido distintos incidentes previamente y era beneficiario de medidas de protección. Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en esa región. Destacamos la necesidad de una investigación pronta y efectiva que permita sancionar a los responsables”. 

Mientras que la organización Tsikini exigió el esclarecimiento del homicidio, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, que se incluya como línea de investigación la participación del presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán y este sea separado del cargo; el desarme de la policía municipal y la instalación de la una base de la Guardia Nacional en la zona así como mayor patrullaje.

Para este reportaje se llamó al ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán para solicitar una entrevista con el alcalde, pero no se tuvo respuesta. 

En entrevista para una televisora, el alcalde Jesús Delgado Camberos se refirió al homicidio como un hecho preocupante y evitó hablar de los señalamientos directos en torno a que fue él quien citó en palacio municipal al defensor antes de su desaparición.

“Es una situación indignante y preocupante —dijo— porque creo que habla de una situación complicada. Haremos lo que esté en nuestra parte y de la mano en lo que nosotros podamos cooperar y participar con la Fiscalía; estaremos atentos”.

* Este reportaje es parte del proyecto periodístico Defensores desaparecidos realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. 

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de agosto de 2023.- La periodista Yanely Fuentes denuncia con Jorge Meléndez, al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por querer quitar su refugio por lo que realizará un plantón afuera de las instalaciones del Mecanismo en la Ciudad de México.

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EFE. Cancún, México. 27 de enero de 2023.- Sujetos armados atacaron al periodista mexicano Rubén Darío Cruz y a los dos escoltas que tiene asignados dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno cuando salían del periódico donde trabaja en Cancún, según narró este viernes a EFE.

Cruz explicó en una entrevista que al salir del diario, donde cubre la fuente policiaca, se acercó un joven a la puerta de entrada para contarle sobre un vehículo negro sospechoso, por lo que los escoltas optaron por trasladar al reportero a su casa por vías alternas.

“Salimos a toda prisa y nos encontramos el coche negro que nos seguía y doblaba hacia donde nosotros íbamos, pensamos que lo habíamos perdido, pero nos volvió a salir al paso», relató el comunicador.

«Le dimos distancia al coche y doblamos por otra calle y de pronto lo teníamos de frente y ya estaban los tipos abajo del coche, uno se acercaba a nosotros con el arma en la mano”, agregó.

El automóvil donde viajaba el periodista recibió un impacto de bala en el parabrisas del lado del copiloto.

“Fue uno de los escoltas quien dispara al ver que ese tipo se acerca con la pistola en la mano, dispara y es el impacto de salida que tiene el carro, eso fue lo que en realidad sucedió”, recordó el periodista.

Tras el ataque, los escoltas buscaron refugio en la cárcel de Cancún, que se ubica a unas cuantas calles y donde están apostadas varias patrullas.

Cruz está en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde hace más de dos años tras amenazas y un intento de secuestro en Veracruz, estado del Golfo de México.

Junto con su familia se trasladó a Cancún, pero al poco tiempo de llegar dispararon balazos al aire frente a su casa.

“Estaba tan feliz de que ya iba a poder andar solo con mi esposa en la calle, yo me quería liberar ya de esto, esto no es vida, estar así sinceramente no es vida», expuso el reportero.

«Es lamentable porque no sé si fue una acción fortuita, no sé si fue algo tramado, no te puedo decir, pero el destino nos hizo coincidir con estos canijos (malditos) tres veces”, concluyó.

La Fiscalía General de Quintana Roo anunció en sus redes sociales que inició una carpeta de investigación por la agresión.

Los hechos ocurren mientras México se consolida como el «país en paz» más peligroso para la prensa, al concentrar 20 % de los asesinatos de periodistas del mundo en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Mientras que otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contabilizan cerca de 20 asesinatos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de mayo de 2022.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México informa su preocupación ante la aprobación, por parte de las autoridades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que forman parte de la Junta de Gobierno, para ceder a la dirección del mecanismo la discrecionalidad de definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias.

Durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno (JG), la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo.

Cabe señalar que el Anexo Técnico es un instrumento que recopila un catálogo de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que permiten establecer acciones institucionales que garantizan la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

De acuerdo con la Ley vigente, La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asimismo señala que es la Junta de Gobierno quien tiene la atribución para “determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación”.

Cabe mencionar, que durante el año 2019 se trabajó una propuesta con sociedad civil, periodistas y personas beneficiarias para ampliar el carácter de las medidas individuales pero también ampliar la cobertura a medidas de carácter colectivo y comunitarias bajo los principios de pro persona, perspectiva de género, intercultural y derechos humanos con el objetivo de mejorar las capacidades de la Junta de Gobierno para proveer mejores planes de protección.

Sin embargo, de manera sorpresiva el 29 de abril la Comisión Ejecutiva Nacional informó a la Junta de Gobierno de la firma de un nuevo contrato con RCU y un Anexo Técnico que limita la capacidad de la Junta de Gobierno de brindar mejores medidas de carácter individual y contar con medidas de carácter colectivo y comunitartio en los planes de protección, lo cual genera opacidad tanto en los procesos de contratación de medidas como en el otorgamiento de medidas complementarias e integrales. Hasta la fecha se desconoce el estado actual del instrumento, lo cual expone la discrecionalidad de las medidas tomadas y debilita su funcionamiento, además de limitar la participación de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo.

Hacemos un llamado a la Coordinación Ejecutiva Nacional y a la Secretaría de Gobernación a respetar y fortalecer la gobernanza y autonomía de esta instancia máxima para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. Así mismo, reivindicamos el compromiso del Consejo Consultivo de ser el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y quienes promueven la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos, colectivas, periodistas y sociedad en general.

Atentamente,
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México

Alberto Xiconténcatl Carrasco
Defensor de Derechos Humanos

Atziri Ávila López
Defensora de Derechos Humanos

Araceli Dominguez Nava
Periodista

Araceli Magdalena Rodriguez Nava
Defensora de Derechos Humanos

Lucía Lagunes Huerta
Periodista y Defensora de Derechos Humanos

Sara Mendez Morales
Defensora de Derechos Humanos

Maurilio Santiago Reyes
Defensor de Derechos Humanos

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AP. Ciudad de México. 15 de marzo de 2022.- El periodista Armando Linares fue asesinado de varios disparos el martes en una localidad del occidente de México, convirtiéndose en el octavo comunicador en ser víctima de homicidio en lo que va de un año que ha sido considerado como el más violento en décadas para la prensa mexicana.

Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, murió baleado en la localidad de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. El deceso del periodista fue confirmado a la AP por la vocera de la Fiscalía de Michoacán, quien precisó que la dependencia ya dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Linares fue asesinado menos de dos meses después del homicidio de un colaborador de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, quien fue baleado el 31 de enero también en Zitácuaro. En aquel entonces, Linares dijo a la AP que había recibido varias amenazas de muerte y que tenía protección de las fuerzas policiales tras haber ingresado al mecanismo de protección federal a cargo de Enrique Irazoque Palazuelos.

A inicios de este mes, hombres armados asesinaron a Juan Carlos Muñiz, un reportero de información policiaca para el portal de noticias Testigo Minero, en el estado de Zacatecas.

El homicidio de Muñiz ocurrió pocos días después de la muerte a balazos de Jorge Camero, director de un portal de noticias y que hasta unos días antes de su muerte también se desempeñaba como secretario particular de un alcalde del estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos. En febrero también se registró el asesinato de Heber López, director del portal Noticias Web, en el estado de Oaxaca, en el sur del país.

Toledo, operador de cámara y editor de video de Monitor Michoacán, fue baleado mientras se preparaba para una entrevista. Días antes, el 23 de enero, la reportera Lourdes Maldonado López fue asesinada dentro de su automóvil en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde menos de una semana atrás había sido baleado el fotógrafo Margarito Martínez. El reportero José Luis Gamboa fue asesinado el 10 de enero en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó en febrero preocupación por los asesinatos de reporteros en México, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a afirmar que el alto funcionario estaba desinformado. López Obrador pareció tomar el comentario como una crítica a los esfuerzos de México para investigar esos crímenes y proteger a los periodistas.

México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un organismo activista de protección a la prensa con sede en Nueva York. De acuerdo con sus datos, nueve periodistas fueron asesinados en 2021 en el país.

La dificultad para esclarecer los homicidios de reporteros y activistas es un grave problema en México, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en diciembre admitió que la impunidad en esos casos supera el 90%.

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• Un año y medio después de su creación, el gobierno federal finalmente presentó a las expertas y expertos que coordinarán el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Su labor será devolver a sus familias decenas de miles de cuerpos no identificados.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de agosto de 2021.- Un año y medio después de haber sido creado, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) podrá comenzar a funcionar al contar ya con su grupo coordinador. El reto de este órgano multidisciplinario, con autonomía técnico-científica y único en el mundo, es regresar el nombre a los miles de cuerpos sin identificar que hay en México, un país donde más de 90 mil personas están desaparecidas y a quienes sus familiares no dejan de buscar.

Los expertos y expertas seleccionadas para enfrentar el colapso forense y devolver decenas de miles de cuerpos a sus familias son: Sharon Bisell, especialista en cooperación técnica internacional; Ximena Antillón Najlis, a quien se designó como experta en enfoque psicosocial y vinculación con familias; Edgar Cortez Morales, quien será el experto en materia legal y jurídica; y Yadira Reyna Hernández, Alan Gabriel Robinson Cancedo, Jairo Hernando Vivas Díaz y Magner Rincón Soto, quienes coordinarán el área forense. 

Aunque el mecanismo se creó desde el 4 de diciembre de 2019, la falta del grupo coordinador retrasó el comienzo de sus labores.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, representantes del Gobierno federal, familiares de personas desaparecidas y organismos internacionales  presentaron al grupo coordinador que liderará el MEIF.

«No basta que sigamos con las labores de búsquedas y exhumación de cuerpos si no garantizamos el derecho a la identidad de las personas que lamentablemente perdieron la vida y fueron desaparecidas, y garanticemos el derecho a las familias a que sus familiares regresen dignamente con ellos», afirmó Encinas.

Graciela Pérez Rodríguez, madre de Milynali Piña Pérez, dijo que la presentación del grupo coordinador del MEIF es el inicio de un largo camino: “Es uno entre muchos mecanismos de garantía que requerimos para hacer realidad la verdad, la justicia y la reparación”.

Además, recordó que, “como la ley de víctimas, el MEIF surgió gracias a la lucha y con la participación de las víctimas, las familias y colectivos”. Y advirtió que las familias estarán atentos y vigilantes de su labor para que “no sea sólo una institución con la cual se le diga a la comunidad internacional que México está haciendo algo. Queremos resultados… Será indispensable que el Estado garantice el presupuesto y la coordinación interinstitucional necesaria”.

El grupo coordinador  será el encargado de elaborar los lineamientos del MEIF y su plan de trabajo, vincularse con familiares de personas desaparecidas, sus representantes y autoridades para el desarrollo, difusión y cumplimiento de sus tareas, así como evaluar sus acciones e identificar retos, entre otras actividades.

También propondrá a la Secretaría de Gobernación, a una persona servidora pública que fungirá como Secretaría Ejecutiva del MEIF, y deberá crear, al menos, una unidad operativa y de gestión. 

“No puede volver a suceder lo que durante tantos años ha pasado en los Semefos (Servicios Médicos Forenses), no se puede volver a repetir los tráilers de la muerte en Jalisco, no se puede continuar con cuerpos en los pisos en los Semefos. La dignidad humana no termina con la vida. Es por eso que ese mecanismo es tan importante”, afirmó Grace Fernández, quien forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México y busca a su hermano Dan Jereemel.

En México, las instituciones forenses han visto rebasadas sus capacidades una y otra vez. En septiembre de 2018, por ejemplo, en Jalisco cientos de cuerpos sin identidad fueron depositados en tráileres. En Jojutla, Morelos, el gobierno estatal cavó fosas de manera ilegal y enterró cuerpos sin las placas que permitieran identificarlos posteriormente. Durante las exhumaciones en fosas comunes en Coahuila, este año quedó evidenciado que algunos cuerpos no estaban en el sitio donde supuestamente fueron enterrados o había más cuerpos de los que indicaba el registro de las autoridades.

La comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, mencionó que se realizaron alrededor de 40 reuniones para definir cómo funcionará el grupo coordinador del mecanismo, para el  cual aplicaron más de 200 personas, de las que se seleccionaron las y los siete especialistas. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) reiteraron su apoyo técnico al MEIF.

“Para facilitar la realización de su tan importante y necesario trabajo, estarán acompañados de manera permanente tanto por el Fondo de Población como por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, dijo Leonor Calderón Artieda, representante del UNFPA en México.

Por su parte, Yadira Reyna, del grupo coordinador, dio un mensaje en representación de sus compañeras y compañeros, en el que resaltó que para cumplir con su decreto de creación, el MEIF desarrollará un trabajo multidisciplinario que incluye disciplinas forenses de cooperación internacional, jurídica y psicosocial.

“Estamos comprometidos y comprometidas —subrayó— a realizar nuestro trabajo con independencia, con enfoque científico, de derechos humanos y con perspectiva de género, pues entendemos que la identificación forense forma parte crucial de la búsqueda de personas desaparecidas y es parte del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familias”.

Una creación a tropezones y con retos por delante

Desde 2016, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que agrupa a más de 90 colectivos de buscadores, presionó al gobierno mexicano para que se incluyera en la ley general en materia de desapariciones la creación de un mecanismo de esta naturaleza, pero la propuesta quedó fuera de la versión final.

“En aquel entonces no hubo las condiciones políticas; es decir, hubo una negativa por parte del gobierno federal —entonces presidido por Enrique Peña Nieto— para que la ley abordara esos temas. Y lo que quedó fueron cosas muy generales como la obligación de generar un plan nacional de exhumaciones”, explicó en entrevista Humberto Guerrero, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización de la sociedad civil que asesora al Movimiento.

En 2019, continuó, iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cuando el subsecretario Encinas, reconoció que México es una “gran fosa clandestina”, los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que los acompañaban propusieron un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para crear un mecanismo extraordinario para dar asistencia técnica al Estado mexicano, similar al creado en 2014 para buscar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Las autoridades federales hicieron una contrapropuesta: crear la Ley General del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense pero, poco tiempo después, desecharon su propia iniciativa, a pesar de que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos incluso avanzó en la elaboración de proyecto de ley. Finalmente, sólo se llegó al consenso de crear el MEIF a través de un acuerdo.

“El origen del MEIF lo coloca en una posición endeble frente a fiscalías, éstas últimas tienen mucho margen para poner obstáculos y siendo un acuerdo del Sistema, el MEIF tiene pocas herramientas. Dependerá, en gran medida, del capital político que pueda generar para servir como medida de presión”, explicó Guerrero.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, mencionó en entrevista que el MEIF nació debilitado: “No tiene una base de normatividad sólida o fuerte que pueda obligar a las autoridades a tomar medidas; al haber nacido a través de un acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda, el nivel jerárquico que tiene como norma es bajo, es un acuerdo administrativo que definitivamente no puede obligar, por sí mismo, a una fiscalía o a otras instituciones”.

Consideró que sería importante que se retome la propuesta de la Ley General del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, de la que existe un proyecto de ley, y que el gobierno desdeñó. 

“Una ley general aplica para todas las autoridades, está por debajo de la constitución, o sea, obliga a todas las autoridades y no hay quien pueda excusarse de no querer participar por una cuestión de autonomía o por ningún otro tema”, explicó la abogada que representa víctimas de masacres de migrantes.

Si bien existen dudas sobre las limitaciones que puede tener el MEIF, originándose de un acuerdo, las organizaciones que acompañan al Movimiento decidieron apostarle a este último modelo que el gobierno propuso, apelando a que las autoridades van a cumplir con sus obligaciones y con la salvedad de que, de lo contrario, estarán denunciando la simulación.

Este mecanismo tiene la encomienda de realizar peritajes a cuerpos y restos óseos que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) hasta diciembre de 2019. De acuerdo con una investigación de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, en ese periodo las morgues mexicanas habían recibido más de 38,500 cuerpos sin identidad.

En un reciente informe, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México actualizó el dato hasta agosto de 2020 y señaló que la cifra es de 52 mil cuerpos de identidad desconocida. Los Semefos tendrán la obligación de identificar los cuerpos que hayan llegado posterior a la creación del MEIF, es decir, después de diciembre de 2019.

Primeros pasos: acuerdos con fiscalías y Semefos

El trabajo del MEIF no será sencillo: además de la cantidad de cuerpos pendientes por identificar y el estado en el que se encuentren algunos de ellos, los especialistas tendrán que lograr que las fiscalías estatales colaboren con el mecanismo para realizar los peritajes correspondientes.

Martín Villalobos, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, resaltó que para conseguir parte de su encomienda, el mecanismo deberá lograr acuerdos de cooperación con las fiscalías estatales y los Semefos del país. Esta división y falta de coordinación provoca que estas instituciones no compartan bases de datos o información sobre reportes de personas desaparecidas, cuerpos no identificados o resultados de análisis genéticos que terminarían con la búsqueda de muchas familias.

“Habrá que presionar a los Estados para que puedan, de alguna manera, tener la voluntad de aceptar la participación de este mecanismo extraordinario de identificación forense”, explicó Villalobos, quien confía que de lograrlo se tendrán avances para atender la crisis forense que se vive en el país.

A pesar de los obstáculos, la puesta en marcha del mecanismo le devuelve la esperanza a familiares que buscan a sus seres queridos.

“Realmente hay mucha esperanza en el mecanismo porque creemos que va a ayudar a que muchas (personas) puedan regresar a casa, pero también sabemos que no va a ser algo que de la noche a la mañana se va a tener”, resaltó Martín Villalobos, familiar de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, joven desaparecida en la Ciudad de México en 2004.

Más allá de la abrumadora cantidad de cuerpos por identificar, entre los retos que enfrentará el MEIF está el poder acceder a ellos.

“Tener esos acuerdos para que se genere toda esa información que va a necesitar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ese va a ser sin duda el reto enorme que va a tener el mecanismo”, dijo José Ugalde, del colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro.

Basado en la experiencia de los colectivos, Martín Villalobos, integrante del Movimiento, cree que las autoridades actuarán como acostumbran: “van a tratar de ocultar ciertas cosas, porque políticamente no les conviene a los Estados”.

Su preocupación tiene un claro trasfondo: en muchos casos las autoridades estatales han estado involucradas en la “desaparición administrativa” de cadáveres sin nombre, es decir, la pérdida del registro del destino final de los cuerpos, la incineración o destrucción de los mismos, y podrían tener responsabilidades penales por ello.

Además, la falta de información de calidad y el estado en el que se encuentran los cadáveres, algunos con más de una década en el anonimato, también podrían limitar el trabajo de las expertas y expertos que integran el grupo coordinador del MEIF.

“Hay que seguir profesionalizando (a los Semefos), no hay que quitar el dedo del reglón, y hay que insistir mucho porque el MEIF va a sacar rezago, pero los servicios forenses tienen que seguir invirtiendo recursos y tienen que seguir mejorando para los (cuerpos) del diario”, advierte Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México.

Tener el tiempo en contra

Guerrero señaló que el mecanismo mexicano es único en el mundo, si se compara con otros esfuerzos internacionales de identificación masiva de cadáveres: “Para construir el MEIF tuvimos charlas con gente que había trabajado para el tribunal de la ex Yugoslavia y para la comisión de personas desaparecidas de Timor Oriental. También de las experiencias latinoamericanas de Guatemala, Colombia y Perú, principalmente”.

 Durante más de un año, familiares de personas desaparecidas organizadas y no organizadas, organizaciones civiles, secretarías de estado, comisiones de búsqueda, representantes de las fiscalías, y organismos de cooperación internacional como la CIDH, ONU-DH, UNFPA, CICR y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), colaboraron en conjunto para el diseño del mecanismo.

En la convocatoria de selección de los especialistas que integrarían el grupo coordinador se especificó que su labor sería de febrero a diciembre de 2021, es decir, ha pasado más de la mitad de ese periodo. Aunque se prevé lograr una extensión del plazo y es posible la recontratación.

Este grupo contará con 40 millones de pesos para realizar sus labores, aseguró la comisionada nacional de búsqueda. 

Estas personas son las especialistas que liderarán el MEIF:

Yadira Reyna Hernández. Especialista en identificación forense

“Empecé a interesarme en los temas forenses y a trabajar en temas de desaparición por un llamado que nos hacen, desde Guatemala, para apoyar justamente con temas de búsqueda e identificación de personas, a partir del conflicto armado que tenían ellos tan grave en aquel momento. Un equipo de estudiantes y profesores respondemos a ese llamado. Cuando fuimos en aquellas ocasiones jamás me imaginé que tuviéramos que estar en una situación tan parecida, casi 25 años después, en nuestro país. Lo veía como algo ajeno y totalmente lejano”, mencionó la doctora en Ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Su participación y colaboración como integrante del MEIF será desde los aspectos relacionados con la antropología y la arqueología, en el entendido de que estás técnicas son  “un eslabón de las muchas cadenas que tienen que ver con personas, con instituciones, con organismos y con actores sociales que conduzcan a la verdad, a la justicia y la reparación”.

Hernández ha trabajado como coordinadora del Equipo de Antropología Forense para el Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE), de 2017 a 2018; como perito profesional para la Procuraduría General de la República (PGR) de 2011 a 2012. Y ha sido profesora en la ENAH e investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Alan Gabriel Robinson Cañedo. Especialista en identificación forense

Es antropólogo y arqueólogo forense y criminólogo con experiencia en el apoyo en la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y en el diseño e implementación de estrategias de búsqueda de personas desaparecidas en zonas de conflicto y desastres masivos. 

Se ha desempeñado como perito, director y líder en varios equipos multidisciplinarios de ciencia forense en países como Guatemala, Kosovo y Afganistán, con organizaciones no gubernamentales, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Jairo Hernando Vivas Díaz. Especialista en identificación forense.

“Para mí, al igual que los compañeros, es un honor poder ser partícipe de mecanismo, y con toda la disposición de poner mi conocimiento al servicio de las familias, que podamos lograr cumplir los objetivos en una forma interdisciplinaria y dar respuestas a todas las familias que hacen búsqueda en el país”, mencionó el médico cirujano con especialidad en medicina forense por la Universidad Nacional de Colombia.

Vivas Díaz comenzó su labor profesional en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, como patólogo forense e identificación humana, donde formó parte del primer proceso de justicia transicional que logró la recuperación de ocho mil cuerpos y la identificación de más del 50% de las víctimas y la entrega digna a sus familiares. Además, ha sido asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja, para procesos de identificación.

Magner Armando Rincón Soto. Especialista en identificación forense.

“Hoy me siento honrado de formar parte de este mecanismo, desde el cual contribuiré en las políticas, estrategias, abordaje y lineamientos técnicos de la genética forense, integrándola en la realidad del país, así como las demás ciencias forenses y otras disciplinas, con el fin de que los familiares reciban una respuesta certera en la identificación de sus seres queridos”, comentó el biólogo de profesión y posgraduado en estadística, con 20 años de experiencia en la práctica forense. 

Rincón Soto ha trabajado como perito en identificación humana en el contexto del conflicto armado de Colombia para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; perito adjunto de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el proyecto de identificación de las víctimas y desaparecidos durante la dictadura militar de Chile, y asesor científico en el caso de la fosa común de Perus en Brasil, y la presentación de resultados a los familiares de los desaparecidos de la dictadura militar.

En México, apoyó en el seguimiento de la Acreditación de los Laboratorios del Instituto de Ciencias Forenses, ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para prestar sus servicios en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2016.

Sharon Bissell Sotelo. Especialista en cooperación técnica internacional

“He tenido la oportunidad de conocer muchos diferentes temas de justicia social a lo largo y ancho del país y de ahí mi acercamiento con la tragedia de las desapariciones en México y los cambios tan importantes que hemos vivido en los últimos años”, señaló Bissell Sotelo, estadounidense, con nacionalidad mexicana. En el MEIF, será la responsable de la coordinación con la cooperación internacional así como del acompañamiento financiero y técnico.

Bissell Sotelo es maestra por la Universidad de Tulane y licenciada por el Whitman College. Tiene un diplomado en género, salud reproductiva por El Colegio de México y otro en derechos humanos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Durante 25 años ha trabajado en temas de salud reproductiva, sistema de justicia penal y derechos humanos. De 2011 a 2020 fue directora de la Oficina de México de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, fundación que otorga financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en temas de población, salud reproductiva, migración y derechos humanos.

Ximena Antillón Najlis. Especialista en enfoque psicosocial y vinculación con familias

Antillón Najlis dijo que el grupo coordinador del mecanismo trabajará al lado de las familias que llevan décadas promoviendo la conformación de grupos de expertos para la búsqueda de personas: “ustedes que han impulsado, que han venido construyendo este mecanismo, con base en el derecho de las personas desaparecidas y de sus familiares al trato digno, y con base al derecho a la información y a la participación conjunta”.

La especialista hace acompañamiento psicosocial en graves violaciones a los derechos humanos, violencia política y catástrofes. Ha trabajado en temas como la salud mental comunitaria, la desaparición forzada, violencia de género y feminicidio.

Actualmente, forma parte del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Antillón Najlis estudió la licenciatura en psicología y es maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones, ambos títulos obtenidos en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. Cursó la Especialidad en Práctica Psicoanalítica: Posicionamiento Ético ante el dolor en el Colegio de Saberes.

Edgar Cortez Morales. Especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México

“Me sumo a este equipo porque considero que es una vía excepcional para trabajar de manera conjunta en favor de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición y para ustedes, sus familias”, destacó Cortez Morales, quien es licenciado en Derecho y en Filosofía y Ciencias Sociales y cuya labor, como integrante del MEIF, estará enfocada en el aspecto jurídico.

Actualmente, coordina proyectos en el Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), entre los que se encuentran procesos de litigio estratégico relacionado con casos de violaciones graves de derechos humanos, en particular violencia contra las mujeres y desaparición de personas.

Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre 1998 y 2004, y secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT), del 2004 a 2010.

**Efraín Tzuc es reportero en el proyecto A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab. 

* Con información de Adrián Montiel y Analy Nuño.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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EFE. Ciudad de México. 20 de agosto de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió este viernes que el mecanismo gubernamental de protección a periodistas «no es lo más eficaz» y ordenó a su responsable, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, su revisión.

«Que se haga una revisión del mecanismo de protección a periodistas. Es algo que ya venía y lo hemos continuado y a lo mejor no es lo más eficaz y hay que revisarlo», expresó en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

El periodista mexicano Jacinto Romero Flores fue asesinado a tiros este jueves, mientras circulaba a bordo de su vehículo, en zonas serranas del oriental estado de Veracruz disputadas por el crimen organizado.

«Es muy lamentable estos asesinatos de periodistas. Decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de nadie, tampoco de la delincuencia organizada», expresó.

López Obrador ordenó a Encinas que se revise «a fondo» el mecanismo de protección y advirtió que «si se cometen delitos se va a buscar por todos los medios que no haya impunidad».

La semana pasada, hombres armados presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazaron a través de un video a la periodista y presentadora Azucena Uresti por su cobertura sobre las autodefensas de Michoacán.

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de las autoridades.

Según Artículo 19, un total de 141 periodistas han sido asesinados desde 2000 a la fecha en posible relación con su labor. De estos, 21 se produjeron durante el actual mandato de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

Pero, según la Secretaría de Gobernación de México, la cifra sería todavía mayor, pues al menos 43 periodistas han sido asesinados durante el Gobierno de López Obrador.

El presidente también habló sobre el caso de Jorge Eduardo Ravelo, quien fue presuntamente violado y asesinado por policías locales de Mérida, capital de Yucatán.

López Obrador denunció que el joven fue «ultrajado», lo calificó de «crimen de odio» y aseguró que algo así «no se va a permitir».

«No es nada mas una actitud de los policías, no solo el que ejecuta sino el que lo tolera. Hoy volví en la mañana a tratar el caso que tiene que ir a fondo y castigar a los responsables», dijo el presidente.

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La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación discrepa con el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del cual solicita se reconsidere la decisión de no incorporar a la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor y, de manera inmediata, otorgue las medidas preventivas necesarias y de protección a su favor.

Al respecto, se realizan las siguientes precisiones:

1. En el mes de abril el Mecanismo de Protección recibió oficios y escritos por parte de Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de la Agencia de Noticias del Estado mexicano (Notimex), en el que solicita su incorporación y medidas de seguridad frente a diversos hechos, señalando a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones de educación superior como sus agresores.
2. El pasado 29 de abril se informó a Martínez Montemayor la negativa de incorporación al Mecanismo de Protección y los servicios que este brinda, en virtud de que las situaciones que ella expuso, no se dan con motivo de su labor periodística y ejercicio de su libertad de expresión, sino que guardan relación con el ejercicio de su encargo como funcionaria titular de una institución del Gobierno de México.

El Mecanismo para la Protección es un instrumento del Estado mexicano que tiene por finalidad implementar y operar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Las instituciones nacionales de protección a derechos humanos, tales como este Mecanismo de Protección y la propia CNDH, son conquistas de las sociedades para generar una respuesta frente a la actuación del Estado ante amenazas o violaciones a derechos humanos infringidas sobre la población. En opinión de este mecanismo, las instituciones de derechos humanos se crearon para brindar protección a la población que se ve en situación de vulneración o desventaja frente a actos de poder.

Las y los funcionarios del Gobierno de México tienen el derecho a que se garantice su vida, integridad y seguridad personal ante cualquier amenaza que sea provocada por el ejercicio de su encargo. Sin embargo, el sistema jurídico e institucional ofrecen otras vías, mismas que le fueron hechas de su conocimiento a Sanjuana Martínez Montemayor.

Cabe aclarar que el Mecanismo de Protección no tiene facultades para pronunciarse sobre los hechos que la directora general señala, ni sobre el conflicto laboral que ocurre en la institución que encabeza.

Por lo anterior, el Mecanismo de Protección reitera su postura de no ejercer su competencia en la solicitud expuesta por Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de Notimex. A su vez, el mecanismo reitera su disposición de continuar colaborando con la CNDH para atender el presente asunto a través del procedimiento de queja respectivo, en términos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento.

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Foto: Alejandro Meléndez

Por Lucía Calderón

Notimex. Ciudad de México, 27 de agosto de 2019.- Periodistas, activistas, organizaciones no gubernamentales, incluso una senadora por Morena, advirtieron que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene deficiencias, es más reactivo que preventivo, y en diversos casos ha demostrado ser inútil para los fines que fue creado.

Francisco Cuellar, periodista tamaulipeco desplazado entrevistado por Notimex, reveló su experiencia y advirtió que el mecanismo de Gobernación no da seguimiento a los casos, se desentiende casi por completo de las personas protegidas y las deja en el limbo.

Expuso que una vez que el periodista es extraído de su entorno y se convierte en desplazado no hay seguimiento personal por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas para verificar como está de salud y laboralmente.

“Nosotros lo solicitamos después de las amenazas que recibimos, tuvimos que salir de Tamaulipas toda la familia, mi esposa y mis hijos. He perdido todo: mi casa está abandonada, perdí mi trabajo, mis hijos dejaron la escuela. El mecanismo te extrae de donde estás y te pone en un refugio, te asesora en algunas cosas, pero después se desentiende por completo”, explicó.

El Senado de la República en el informe “Frente al riesgo y el caos”, presentado por la senadora Nestora Delgado, detalló que de 2000 a 2019 han asesinado a más de 150 periodistas en México, cuatro de ellos en agosto, siendo Guerrero la entidad más peligrosa para ejercer ese oficio.

“Se requiere revisar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación para hacer modificaciones de fondo y brindar una verdadera protección a quienes la requieran. Además garantizar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, consideró.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) demanda al Gobierno Federal prestar atención al diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que plantea la inutilidad del mecanismo de protección para prevenir ataques a periodistas y activistas de derechos humanos.

“El Gobierno Federal tiene que tomar con mayor seriedad el compromiso, sobre todo con hechos concretos, haciendo no sólo de la protección una prioridad, sino también de la prevención, porque ahora la actuación es más reactiva que preventiva. No podemos seguir presenciando asesinatos de periodistas”, consideró Balbina Flores, representante de RSF en México.

El mecanismo puesto en marcha en 2012 no ha funcionado de manera eficaz pues por lo menos cinco periodistas dentro del mecanismo fueron asesinados. Actualmente tiene 900 personas registradas entre comunicadores y defensores, de los cuales 400 son periodistas.

“El mecanismo demuestra que ha tenido grandes fallas porque tiene una política de reacción ante hechos consumados. Se tiene que hacer una revisión a fondo tanto en su funcionamiento como en su eficacia, y debe otorgársele un presupuesto que responda a las necesidades de los beneficiarios, porque la cifra de solicitudes se está incrementando”, destacó Flores.

El reportero Cuéllar expresó que también hace falta que el Gobierno Federal se coordine con los gobiernos de los estados para hacer una labor más efectiva que evite tanto el peligro para los periodistas y que puedan ejercer la libertad de prensa, y que tomen en cuenta que muchas de las amenazas provienen de instancias gubernamentales, por ello insiste en que haya seguimiento a las personas que están bajo el mecanismo.

“Porque no saben si necesitas trabajo, qué necesitas mantener a tu familia, si hay secuelas o más amenazas. Si estamos bien de salud; uno de mis hijos por el estrés se enfermó de epilepsia y nos siguen amenazando”, acusó el periodista.

El comunicador consideró que el mecanismo creado para dar protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos funciona entre un cinco y 10 por ciento, porque la propia junta de gobierno que está conformada por diversas organizaciones y autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Senado, entre otras, no cumple sus objetivos.

El periodista originario de Mante, Tamaulipas, dijo que la evaluación que realiza la Subsecretaría de Derechos Humanos anualmente para determinar la continuación del mecanismo tiene muchas deficiencias.

“El mecanismo tiene muchas fallas operativas; el personal desconoce lo que significa ser periodista y a lo que estamos expuestos. Los redactores son malos redactores, están hechas con las patas las evaluaciones.

“Nosotros ya regresamos el botón de pánico. Cuando te quieren matar, estés donde estés, te van a joder. Los botones no te sirven de nada. Así estamos los periodistas desplazados”.

Cuellar agregó que actualmente recibe apoyo para cubrir la renta de una casa en Monterrey, Nuevo León, y cada cierto tiempo le hacen llegar una despensa que es insuficiente para atender las necesidades familiares.

El periodista tamaulipeco que tiene 35 años de ejercer su profesión ha vuelto a las calles a reportear luego de que la empresa para la que labora lo apoyó un tiempo razonable, pero hoy se siente en el limbo, sin trabajo seguro y en condiciones inciertas.

Guillermo Gutiérrez Riestra, quien está también bajo el mecanismo como defensor de derechos humanos, cuenta con un escolta que paga el gobierno de Tamaulipas y porta el botón de pánico.

“Solicité que enviaran un oficio al gobierno de Tamaulipas porque la escolta no es una garantía, no cuenta con vehículo, no cuenta con radio, trae una pistolita, pido que tenga el estándar promedio para hacer efectiva la protección en caso de repeler un ataque, pero una agresión no la frenas”, dijo.

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