Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de enero de 2026.- El Consejo Regional del Pueblo Náhuatl de la Sierra Negra de Puebla y el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI) responsabilizaron directamente al ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón por el asesinato del joven luchador náhuatl Benjamín Temoxtle Sánchez, de 25 años, ocurrido el pasado 19 de enero en la comunidad de Zacacoapan, municipio de Eloxochitlán, en la Sierra Negra de Tehuacán, Puebla.

Según el comunicado emitido por las organizaciones indígenas y dirigido a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Gobierno del Estado de Puebla, el crimen fue perpetrado aproximadamente a las 8:45 horas por dos personas encapuchadas. Los firmantes señalan que este asesinato se inscribe en el contexto de la lucha por el respeto a los derechos indígenas, particularmente la exigencia de las participaciones económicas que por ley corresponden a la comunidad y que el ayuntamiento se ha negado a entregar, violando sus derechos colectivos.

Las organizaciones destacan que, desde 2024, los pueblos indígenas son reconocidos como sujetos de derecho público, lo que ha generado conflictos con la “mafia del poder local”, que busca “sembrar terror” en la región. Además, mencionan una sentencia del Tribunal Electoral que reconoce la elección de autoridades comunitarias mediante sistemas normativos propios, la cual no ha sido acatada por el municipio, pese a un acuerdo escrito con la Secretaría de Gobernación de Puebla.

Los firmantes hacen responsable al ayuntamiento de Eloxochitlán por el homicidio y exigen:

• El esclarecimiento total del asesinato y el castigo a los responsables materiales e intelectuales.
• La implementación inmediata de medidas cautelares para proteger a las compañeras y compañeros amenazados por defender sus derechos en la región de Zacacoapan y Eloxochitlán.
• Una auditoría exhaustiva al ayuntamiento de Eloxochitlán.

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AMEXI. Ciudad de México. 20 de noviembre de 2025.- De las 18 personas detenidas durante la manifestación de la Generación Z, ocho quedaron en prisión preventiva justificada y las otras 10 enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares, por su presunta participación en los hechos violentos ocurridos el sábado pasado en el Zócalo capitalino.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) explicó que durante la marcha del 15 de noviembre, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pusieron a disposición del Ministerio Público a 29 personas detenidas en flagrancia.

Como resultado del análisis de cada caso, la autoridad determinó que 19 personas incurrieron en conductas penales por lo que fueron judicializadas, mientras que canalizaron a las otras 10 a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, por presuntamente causar lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, consideradas faltas administrativas y no delitos.

El organismo, además, abrió 17 carpetas de investigación sin que los policías presentaran a algún arrestado: ocho son por lesiones dolosas, seis por robo de objetos y tres más por diversos daños y robos.

La Fiscalía expuso, en un comunicado, que hay un saldo de 84 policías capitalinos y cuatro civiles víctimas de las agresiones ocurridas en la Plaza de la Constitución, a donde llegaron pacíficamente miles de personas que se sumaron a la llamada Marcha de la Generación Z, muchas de las cuales sufrieron por las acciones de grupos violentos mezclados entre los manifestantes.

Un adolescente y 18 adultos, los imputados

Del total de personas detenidas por probable comisión de delitos, 18 son adultas y hay un joven de 17 años al que remitieron a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, que determinó su libertad bajo la tutela de sus familiares.

Los otros imputados tienen entre 18 y 57 años, entre los cuales hay dos relacionados con investigaciones previas; a uno de ellos las autoridades lo identificaron como líder de un grupo de choque, con antecedentes de participación en agresiones colectivas.

En cuatro audiencias iniciales, los responsables de impartir justicia imputaron a tres de los adultos arrestados por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo. De seis casos inicialmente referidos como tentativa de homicidio, los reclasificó como delitos menores.

El juez de Control vinculó a proceso a 13 personas, mientras que las otras cinco pidieron la duplicidad de término y por ello los presentarán en audiencia programada mañana, 21 de noviembre de 2025.

La fiscalía expuso que debido al nivel de agresión en cada caso y al riesgo de evasión, además de valorar los elementos de arraigo de las personas imputadas, solicitó medidas cautelares diferenciadas.

¿Qué resolvió el órgano jurisdiccional?

• A ocho personas les dictó prisión preventiva justificada, entre ellas: Eduardo Josafat “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, Francisco “N” y Arturo Quetzal “N”.
• Las otras 10 personas enfrentan medidas cautelares distintas a la prisión, como presentación periódica y prohibición de acercarse a las víctimas o a los lugares de los hechos. En este grupo se encuentran Enrique “N”, Carlos Miguel “N”, Zahid “N”, José Luis “N”, Federico “N”, Perla Verónica “N”, Daniela “N” y Gabriel “N”.
• A Gabriel “N”, además, le imputaron por tentativa de homicidio.

Revisan los videos para ubicar a más agresores

La FGJCDMX cuenta con diversos elementos de prueba, entre los que destacan los señalamientos directos de víctimas que reconocieron a sus agresores, así como los informes policiales que describen los hechos presenciados por agentes de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Auxiliar.

A esos señalamientos suman los dictámenes médicos que precisan la naturaleza y gravedad de los daños corporales sufridos, incluidos fracturas y múltiples contusiones, así como los peritajes en mecánica de lesiones que confirman si son o no consecuencia de agresiones físicas.

Asimismo, cuentan con videograbaciones que muestran a las personas imputadas en el tiempo y lugar de los hechos, cuando cometen acciones violentas contra personas o inmuebles y, en algunos casos, cuando arrojan piedras, palos u otros objetos.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abiertas las líneas de investigación para identificar y conducir a proceso a otros agresores, ya ubicados.

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