A todos los padres, madres y familiares de los desaparecidos

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de septiembre de 2022.- Empecemos por preguntarnos: ¿por qué han desaparecido y desaparecen decenas de miles de personas durante las últimas décadas en México? Más aún: ¿Cómo inició esta historia de horror interminable? ¿Por qué desaparecieron decenas de jóvenes estudiantes en la Noche de Iguala? ¿Cuáles son las causas principales de la extrema violencia social imperante en México? ¿Tlatlaya y Ayotzinapa son crímenes de Estado? ¿Por qué existe tanta impunidad y casi nula aplicación de las leyes? ¿Por qué tanta corrupción, especialmente en las altas esferas del poder político? ¿Por qué existe tan elevada inseguridad pública en todo el país? ¿Por qué existen tantos y poderosos cárteles de narcomafiosos? ¿Cómo explicar el contubernio entre autoridades gubernamentales de todos los niveles y las bandas del crimen organizado? ¿Por qué continúa desatada la violencia social pese a la presencia de las tropas militares en regiones de los cárteles de narcos? ¿Por qué están presos injustamente quienes han optado por defender su propia vida, la de sus familiares y la de sus conciudadanos? ¿Por qué están libres los capos más poderosos de los grandes carteles del narco? ¿Por qué existen grandes territorios del país bajo estricto control por estos cárteles? ¿Por qué continúa habiendo violencia, crímenes e inseguridad no obstante la política gubernamental de combate a las drogas?

¿Por qué existe un creciente y  floreciente tráfico y mercadeo de armamentos de todo calibre en el país? ¿Quiénes son sus principales beneficiarios? ¿Por qué pese a la crisis económica prevaleciente en México siguen enriqueciéndose muchos políticos de todos los rangos y partidos, y bastantes funcionarios públicos de todos los niveles de poder? ¿Por qué hemos permitido o tolerado los mexicanos que se llegue a esta situación aberrante y terrible? ¿Cómo frenar la actual violencia social y cuáles son las alternativas viables y deseables? ¿Es el Estado —representante del poder y del dinero— quien debe ser responsable de las acciones contra la violencia o es el pueblo mexicano en el poder quien debe asumirlas? ¿Por qué durante el gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día? ¿Por qué el gobierno federal no crea bases de datos nacionales sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados? ¿Por qué hay una legislación interna inadecuada para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas? ¿Es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo social, económico, político, cultural y educativo del país? ¿Qué hacer? “A tantas historias, tantas preguntas”, diría Bertolt Brecht.

Los párrafos anteriores inician mi escrito de un capítulo que se publicó en el libro La noche de Iguala y el despertar de México. Textos, imágenes y poemas contra la barbarie, cuyos coordinadores fueron Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani, impreso por Juan Pablos Editor en julio de 2015. A siete años de distancia el texto guarda vigencia, pero una vigencia muy lamentable porque toda la terrible situación descrita permanece casi inalterable, o peor. Escribí ahí: El país se ha vuelto “una macro tumba donde vivimos entre los muertos”, dijo de manera rulfiana una madre de los 43 desaparecidos. Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México con una impunidad casi total; ésta sí es una verdad histórica.

El actual gobierno de una transformación gatopardiana –cambiar las cosas para que todo se mantenga igual– reconoce que lo de Iguala fue un crimen de Estado, pero los cuerpos siguen desaparecidos como si los hubieran enterrado tan profundo para nunca encontrarlos jamás. El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. En México, hay 104 mil 450 personas desaparecidas desde los años 60 hasta mediados de agosto de 2022, la mayor parte de entre 15 y 34 años al momento de su desaparición, indicó la Organización Internacional de las Migraciones. Al 24 de agosto, sumaban 104 mil 783 los casos incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, que contiene datos de 1964 a la fecha. De ellas, 34 mil 982 corresponden a este sexenio. México registró 35 mil 625 homicidios en 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi). La Fiscalía General de la República (FGR) estimó en 2020 que los servicios forenses del País acumulaban más de 9 mil cuerpos sin identificar. Y el año pasado, el Inegi reportó que existen en México 7 mil 611 fosas comunes en 226 panteones del País. Solo en 2020 fueron inhumados ahí 10 mil 427 cuerpos, 4 mil 611 de ellos sin identificar.

La política de AMLO de “abrazos y no balazos” no está frenando la hiperviolencia social, es la continuidad de lo que él llama los gobiernos neoliberales, con el agravante de que hoy día tenemos un país más militarizado.

El fenómeno de la desaparición forzada en México, señala Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Litigio estratégico en derechos humanos [i(dh)eas], está indisolublemente ligado a la violencia del crimen organizado y a la impunidad. A su vez, Roxana Enríquez, coordinadora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), afirma que “Esto es resultado de décadas de impunidad en el País y de las complicidades que existen en el ámbito local por las estructuras criminales de poder enquistadas en las fiscalías de los estados”. https://www.reforma.com/un-megacementerio-sin-nombres-fosas-y-desaparecidos/ar2460647

A la fecha, Jalisco es el primer lugar nacional en desaparecidos y con señalamientos de que el gobierno estatal busca invisibilizar el problema. Hasta el 28 de agosto el Estado contaba con 15 mil 34 víctimas, lo que lo coloca, como desde septiembre de 2020, en primer lugar entre las 32 entidades del País, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizables. Por supuesto que el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, tiene mucha responsabilidad en este horror cotidiano.

La aberración total. Lo más espantoso de esta violencia es cuando los propios familiares que buscan a sus desaparecidos –porque el Estado se desentiende del problema– se convierten, a su vez, en víctimas asesinadas o desaparecidas. Es el caso de la señora Rosario Rodríguez Barraza, asesinada en Sinaloa el pasado 30 de agosto, justo el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Rodríguez Barraza, madre buscadora, fue asesinada ese día tras acudir a una misa en honor a su hijo Fernando, un joven de 20 años que había sido sustraído de su casa en 2019 por un grupo de personas armadas. A Rosario la encontraron envuelta en un plástico y a un lado la lona con la fotografía de su hijo desaparecido. Una sobrina de Chayito, como conocían a Rosario Lilián en su barrio, señaló que con la muerte de su tía, el colectivo Corazones sin justicia dejará de buscar a personas desaparecidas, tras considerar que el homicidio es un aviso para que dejen de buscar a su primo. “Es una evidencia más de la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México, quienes no sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que adicionalmente investigan y buscan a sus familiares desaparecidos enfrentando graves riesgos que en ocasiones terminan en acciones violentas irreparables”, sostuvo la Oficina en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Los demonios andan sueltos. La tragedia se extiende por todo el país y los grupos o asociaciones en busca de los desaparecidos se acrecienta día con día, al igual que los crematorios clandestinos. Mientras tanto, desde la idílica visión presidencial parece que vivimos en un Edén: “El país va mejorando y ya no domina la oligarquía”, afirma López Obrador, pero la estela de muertos y desaparecidos es muy larga en la historia nacional de la infamia. La barbarie social ¿Hasta cuando?

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