Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de julio de 2025.- Este lunes, decenas de integrantes de la organización civil Familias Unidas se manifestaron a un costado del Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir justicia por el mega fraude inmobiliario perpetrado por la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (Inverco) en Yucatán. El desfalco, que asciende a 860 millones de pesos, afectó a 700 familias nacionales y extranjeras, de las cuales el 65% son adultos mayores, según denunciaron los afectados.

Los manifestantes desplegaron una manta con el mensaje: «Presidenta ¡Exigimos a la FGR investigar a Inverco por Crimen Organizado. 700 familias de migrantes y del país víctimas del Cártel Inmobiliario de Mérida!». También portaron pancartas que señalaban directamente a la Fiscalía General de la República (FGR): «Fiscalía General de la República: Alejandro Gertz Manero, no se haga cómplice por omisión. Investigue a Inverco por lavado de dinero». Estas consignas reflejan la indignación de las víctimas, quienes acusan a Inverco de vender y revender propiedades, particularmente en el Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, sin entregar las casas ni devolver el dinero invertido.

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Personas defraudadas por el cartel inmobiliario de Mérida, Inverco, protestan afuera de Palacio Nacional para exigir a las autoridades que intercedan para reparar el daño a 700 familias. Video: @Alejandro Meléndez O

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Patricia Maza, una de las afectadas, compartió en entrevista su experiencia: “Mi nombre es Patricia Maza y estamos pidiendo justicia para más de 700 familias que invertimos en Mérida comprando casas exclusivamente integrales de Misnébalam. La inmobiliaria se llama Inverco, es una inmobiliaria que está haciendo un megafraude para nosotros, pues es el cártel inmobiliario de Mérida. Hay mucha impunidad, están vendiendo y revendiendo las casas a más de 700 familias, el 65% son adultos mayores, y nos defraudaron. Compramos nuestra casa y no nos entregaron ni la casa, ni nos regresan nuestro dinero, ya ni siquiera nos contestan y dicen que le hagamos como queramos, que a final de cuentas ellos tienen protección en Yucatán”.

Maza también señaló a los presuntos responsables detrás de Inverco: “Sabemos que está el sobrino del exgobernador de Mérida, que creo que es Rolando Machiavelli, y su sobrino, que parece ser que también tiene la notaría, porque la notaría que aparece en nuestros contratos también firmó como si todo fuera legalmente hecho, pero la realidad es que no es así”. Cabe aclarar que el exgobernador al que se refiere es Rolando Rodrigo Zapata Bello, cuyo primo, Rolando Alberto Bello Mejía, notario público, es uno de los fundadores de Inverco junto al ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau.

Personas defraudadas por el cartel inmobiliario de Mérida, Inverco, protestan afuera de Palacio Nacional para exigir a las autoridades que intercedan para reparar el daño a 700 familias. Fotos: Alejandro Meléndez @alexmelon pic.twitter.com/DFB32jKusb

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) July 7, 2025

Demandas y Acciones Legales

Familias Unidas, representada legalmente por el licenciado Jesús Othón Baca Cacho, busca tres objetivos principales con estas movilizaciones:

1. Inclusión del caso en la Mesa de Seguridad Nacional: Exigen al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que incorpore el caso Inverco a la Mesa de Seguridad Nacional por sus implicaciones judiciales, sociales y diplomáticas, dado que muchas víctimas son mexicanos en movilidad laboral en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, además de grupos vulnerables.

2. Atención directa de la Secretaría de Gobernación: Solicitan que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, atienda personalmente el caso, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de marzo de 2025, tras la intervención de la periodista Mireya Cuéllar en “La Mañanera”. Maza expresó su decepción por la falta de empatía del representante designado por la SEGOB: “El representante que nos mandó no es una persona empática, no nos hizo caso, el trato no fue el que esperábamos realmente”.

3. Apoyo mediático: Los manifestantes aprovecharon la protesta para dialogar con medios de comunicación en el Zócalo, buscando respaldo para visibilizar sus movilizaciones del 8 de julio en las sedes de la SSPC y la SEGOB.

Hoy, los afectados entregaron un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando su petición de justicia. La organización también logró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Inverco por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, en agosto de 2024, 65 víctimas obtuvieron dictámenes favorables de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que ordenó a Inverco devolver 72 millones de pesos, más bonificaciones y multas por no asistir a audiencias conciliatorias. En Mérida, Baca Cacho presentará el primer juicio ejecutivo mercantil contra la empresa en nombre de estos 65 afectados.

Red de Corrupción y Contexto

Familias Unidas denuncia una red de corrupción que involucra a Inverco, figuras de la oligarquía yucateca, el Tribunal Superior de Quintana Roo, funcionarios estatales y municipales de Yucatán, delegados agrarios y de vivienda federal, comisariados ejidales, abogados, jueces, notarios públicos y asesores inmobiliarios. “Estamos sentando los primeros precedentes de justicia frente a carteles inmobiliarios en Yucatán. Hay una red de intereses, silencio, contubernio y corrupción que debemos exponer y combatir”, afirmó Baca Cacho.

El caso ha ganado atención desde julio de 2024, cuando el reportero Ramón Flores lo llevó a “La Mañanera” de Andrés Manuel López Obrador. En marzo de 2025, la periodista Mireya Cuéllar logró que Sheinbaum ordenara a la SEGOB atender el caso, lo que derivó en los dictámenes de PROFECO. En redes sociales, usuarios en X han compartido mensajes de apoyo a Familias Unidas, criticando la impunidad en Yucatán y exigiendo investigaciones por lavado de dinero y crimen organizado, aunque no se han presentado pruebas concretas en las publicaciones revisadas.

Próximas Acciones

El 8 de julio, los manifestantes continuarán sus protestas. A las 9:00 horas, se concentrarán en las oficinas de la SSPC (Av. Constituyentes 947, Álvaro Obregón), desde un punto de encuentro en Av. Ignacio Zaragoza, para solicitar una audiencia con García Harfuch y la incorporación del caso a la Mesa de Seguridad Nacional. Posteriormente, a las 11:30 horas, se trasladarán a la SEGOB (Abraham González 48, colonia Juárez) para exigir que Rodríguez Velázquez atienda directamente el caso, como lo mandató la presidenta.

Familias Unidas, que representa a más de 200 familias afectadas, insiste en la importancia de visibilizar este fraude para sentar un precedente nacional e internacional. “Todo empieza con tener la información correcta y completa del tamaño del problema”, subrayó Baca Cacho. Los afectados llaman a la ciudadanía y a los medios a sumarse a su lucha por justicia y transparencia frente a los carteles inmobiliarios en México.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de julio de 2025.- La organización civil Familias Unidas, que representa a más de 200 víctimas del fraude inmobiliario perpetrado por la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (Inverco) en Yucatán, anunció manifestaciones pacíficas para los días 7 y 8 de julio en la Ciudad de México. Estas protestas buscan exigir justicia por un desfalco que afectó a 700 compradores nacionales y extranjeros, con pérdidas estimadas en hasta 860 millones de pesos.

El licenciado Jesús Othón Baca Cacho, representante legal de Familias Unidas, destacó que las manifestaciones tienen tres objetivos principales:

1. Inclusión del caso en la Mesa de Seguridad Nacional: Los afectados solicitarán al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que incorpore el caso Inverco a la Mesa de Seguridad Nacional debido a su magnitud y las implicaciones judiciales, sociales y diplomáticas, dado que muchas víctimas son mexicanos en movilidad laboral en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, así como miembros de grupos vulnerables.

2. Atención directa de la Secretaría de Gobernación: Pedirán a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, que atienda personalmente el caso, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 6 de marzo, tras la intervención de la periodista Mireya Cuéllar en “La Mañanera”. Los afectados señalan que la funcionaria delegó esta responsabilidad a un representante que no gestionó adecuadamente el asunto.

3. Apoyo mediático: Durante la protesta del 7 de julio en el Zócalo capitalino, los manifestantes buscarán dialogar con representantes de los medios de comunicación para solicitar su respaldo en la cobertura de las movilizaciones del 8 de julio en las sedes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Actividades de las Manifestaciones

El 7 de julio, a las 8:00 horas, los integrantes de Familias Unidas se reunirán en la calle Moneda, a un costado del Palacio Nacional, en el Zócalo de la CDMX. Desplegarán mantas, pronunciarán consignas contra los responsables de Inverco y repartirán boletines informativos para visibilizar el caso. Además, intentarán exponer su situación nuevamente ante la presidenta Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo”.

El 8 de julio, a las 9:00 horas, los manifestantes, incluyendo víctimas de Estados Unidos, Canadá y diversos estados de México, se concentrarán en las oficinas de la SSPC, ubicadas en Av. Constituyentes 947, Álvaro Obregón. Desde un punto de encuentro en Av. Ignacio Zaragoza, caminarán hacia la sede para exigir una audiencia con García Harfuch y la inclusión del caso en la agenda de seguridad nacional. Posteriormente, se trasladarán a las oficinas de la SEGOB en Abraham González 48, colonia Juárez, para demandar la intervención directa de Rodríguez Velázquez. La llegada a este punto está programada para las 11:30 horas.

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Antecedentes del Caso Inverco

Inverco, fundada en diciembre de 2018 por el ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau y el notario público Rolando Alberto Bello Mejía, primo del exgobernador y actual senador yucateco Rolando Rodrigo Zapata Bello, es señalada por operar un esquema fraudulento en el Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam. Este proyecto dejó a 700 compradores sin sus propiedades, con un daño patrimonial estimado en 860 millones de pesos. Familias Unidas representa a un cuarto de los afectados, con pérdidas de aproximadamente 250 millones de pesos.

En agosto de 2024, 65 víctimas presentaron una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que emitió dictámenes a su favor, ordenando a Inverco devolver cerca de 72 millones de pesos, además de bonificaciones y multas por no asistir a audiencias conciliatorias. Estos dictámenes han dado una ventaja jurídica significativa a los afectados, según Baca Cacho.

Además, Familias Unidas logró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Inverco por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Mérida, el abogado presentará el primer juicio ejecutivo mercantil contra la empresa a nombre de los 65 primeros beneficiados por los dictámenes de PROFECO, y entregará información detallada al representante de la SEGOB en Yucatán sobre el mega fraude y las acciones legales emprendidas.

Red de Corrupción Señalada

Baca Cacho denunció que el fraude de Inverco involucra a una red de corrupción que incluye a miembros de la oligarquía yucateca, el Tribunal Superior de Quintana Roo, funcionarios estatales y municipales de Yucatán, delegados agrarios y de vivienda federal, comisariados ejidales, abogados, jueces, notarios públicos y asesores inmobiliarios, todos identificados por Familias Unidas. “Estamos sentando los primeros precedentes de justicia frente a carteles inmobiliarios en Yucatán. Hay una red de intereses, silencio, contubernio y corrupción que debemos exponer y combatir”, afirmó el abogado.

Contexto y Apoyo Mediático

El caso Inverco ha ganado relevancia desde julio de 2024, cuando el reportero Ramón Flores lo llevó a “La Mañanera” de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue en marzo de 2025 cuando la periodista Mireya Cuéllar, de La Jornada, logró que la presidenta Sheinbaum ordenara a la SEGOB atender el caso, lo que derivó en los dictámenes de PROFECO. Los afectados destacan que estas acciones están marcando un precedente nacional e internacional por su celeridad y transparencia.

En redes sociales, usuarios han compartido información sobre las protestas, respaldando la lucha de Familias Unidas y exigiendo justicia. Publicaciones en X han destacado la importancia de visibilizar el caso para presionar a las autoridades y han criticado la impunidad en fraudes inmobiliarios en Yucatán. Algunos posts también señalan la participación de figuras políticas y empresariales en la red de corrupción, aunque sin pruebas concretas en las publicaciones revisadas.

Llamado a la Acción

Familias Unidas invita a la ciudadanía y a los medios de comunicación a sumarse a su causa para exigir justicia y transparencia. “Todo empieza con tener la información correcta y completa del tamaño del problema”, subrayó Baca Cacho, quien insistió en la necesidad de involucrar a las autoridades federales para garantizar el apego a derecho en las acciones legales. Los afectados esperan que las protestas del 7 y 8 de julio generen una respuesta efectiva de las autoridades y sienten un precedente en la lucha contra los carteles inmobiliarios en México.

Fuentes: Información proporcionada por voceros de Familias Unidas, comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales.

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