Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de octubre de 2025.- En un operativo coordinado que representa uno de los golpes más significativos contra la expansión criminal en México, agentes federales y locales detuvieron este viernes en la Ciudad de México a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias «Nelson», de 29 años, identificado como el líder y principal operador del Tren de Aragua en el país. La captura, anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, incluyó a dos colaboradores directos de nacionalidad venezolana: Lucas Alberto Vielma Rojas, de 37 años, su lugarteniente principal, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36 años. Los tres, con órdenes de aprehensión pendientes por trata de personas y delincuencia organizada, fueron localizados en diferentes puntos de la capital gracias a labores de inteligencia que evitaron riesgos a la población civil.

El Tren de Aragua, organización delictiva originaria de la prisión venezolana de Tocorón y fundada alrededor de 2009, ha emergido como una amenaza transnacional en América Latina y Estados Unidos, infiltrándose en rutas migratorias y expandiéndose a 11 entidades mexicanas, incluyendo Puebla, Morelos, Estado de México y alcaldías clave de la CDMX. Bajo el mando de «Nelson», la célula local se especializaba en actividades como tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, secuestros, narcomenudeo y homicidios, incluyendo feminicidios en los que se le considera autor intelectual y material. García Harfuch destacó en un comunicado que la detención frena disputas territoriales con grupos locales como La Unión Tepito y «La Anti-Unión», que han escalado la violencia en la capital.

La operación, ejecutada sin disparos ni heridos, involucró a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Durante las aprehensiones, se incautaron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 de crack, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo de origen ilícito. «Nelson» enfrentaba además una orden adicional por delitos contra la salud y asociación delictuosa, y su red se extendía por el centro del país, complicando su rastreo hasta que células de inteligencia lo ubican en la capital.

El Tren de Aragua, liderado globalmente por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», ha aprovechado la migración masiva de venezolanos –más de 7 millones desde 2015– para infiltrar fronteras y ciudades, según informes de la ONU y el Departamento de Estado de EE.UU. En México, su presencia se ha vinculado a la crisis de violencia de género, con «Nelson» señalado en «diversos» feminicidios, aunque las autoridades no detallaron cifras exactas para no comprometer investigaciones en curso. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la Operación Frontera Norte –acordada con Washington para evitar aranceles del 25%–, ha detenido a 7.482 personas y confiscado 98.3 toneladas de droga desde febrero, incluyendo 452.3 kg de fentanilo, en un esfuerzo bilateral contra el crimen organizado.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump –quien en febrero designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera junto a cárteles mexicanos y la MS-13– celebró la captura como un «éxito de la cooperación México-EE.UU.«, recordando su oferta de 12 millones de dólares por líderes de la banda. El secretario de Estado Marco Rubio, en visita reciente a México, había advertido: «No son simples criminales, sino una amenaza directa a la seguridad nacional«. En redes sociales, García Harfuch enfatizó: «Este es el resultado de un trabajo coordinado para desarticular estructuras criminales que atentan contra nuestra sociedad».

La detención llega en un contexto de escalada retórica: Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra la banda, comparándola con Al-Qaeda, mientras misiles estadounidenses han neutralizado supuestos miembros en aguas internacionales. En México, expertos como los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advierten que, aunque esta captura debilita la célula capitalina, el vacío podría atraer a grupos rivales, exacerbando la inseguridad. Organizaciones como Amnistía Internacional urgen mayor protección a víctimas de trata y feminicidios, recordando que México acumula más de 1.000 casos anuales de estos últimos.

Con los detenidos a disposición del Ministerio Público para procesos por flagrancia y delitos graves, la SSPC promete más operativos contra el Tren de Aragua, cuya expansión –de prisiones venezolanas a megaciudades globales– simboliza los retos de la migración forzada y el crimen sin fronteras. En una Ciudad de México que lidia con 150 homicidios mensuales, la caída de «Nelson» es un respiro, pero el «tren» del narco sigue en movimiento, exigiendo vigilancia constante y justicia integral.

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EFE. Ciudad de México, 23 de julio de 2025.- A seis meses de la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la Ciudad de México se ha consolidado como un punto crítico de inmovilidad migrante, con cientos de personas varadas en la capital mexicana debido a las estrictas políticas migratorias implementadas por su administración. La cancelación del programa CBP One, que permitía solicitar asilo en EE.UU., junto con el aumento de deportaciones y la reinstauración de los Protocolos de Protección al Migrante (“Quédate en México”), ha desviado el flujo migratorio, antes concentrado en ciudades fronterizas como Tijuana y Tapachula, hacia la capital del país, según un informe de la organización Ayuda en Acción México.

Tania Rodríguez Zafra, directora de Ayuda en Acción México, explicó a EFE que el cierre de vías legales como CBP One y el temor a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han atrapado a migrantes, principalmente de Venezuela, Cuba y Centroamérica, en un limbo legal y emocional. Un informe de la organización revela que el 44% de 351 migrantes encuestados en la capital no pueden avanzar hacia EE.UU. ni establecerse en México debido a barreras legales, amenazas de deportación y desconfianza hacia las instituciones.

Entre los testimonios destaca el de Luis Miguel, un venezolano que trabaja en una fábrica en la ciudad pero está “desilusionado” con su calidad de vida. “Si la página [CBP One] vuelve a abrirse, me voy”, afirmó, reflejando la esperanza de muchos de retomar su camino al norte. La proliferación de campamentos informales en la capital, descrita por medios mexicanos, evidencia la magnitud de la crisis, con miles de personas viviendo en condiciones precarias.

El gobierno de la Ciudad de México ha respondido con un plan para habilitar albergues en zonas como Peralvillo y Azcapotzalco, pero estas medidas han generado protestas vecinales por la falta de planeación y consulta previa. Isis María Infante, docente en una escuela afectada por la conversión de un predio en albergue, expresó a EFE que las quejas no son contra los migrantes, sino contra la “expropiación” de espacios comunitarios sin diálogo. Ayuda en Acción ha implementado alternativas, como la primera casa de transición en la capital para mujeres y población LGTBI, ofreciendo alojamiento temporal, apoyo para regularización de documentos y acceso a empleo, aunque Rodríguez Zafra advierte que las fronteras de EE.UU. no se abrirán este año.

La política migratoria de Trump, que incluye el despliegue de más de 8,000 soldados en la frontera, la suspensión de programas humanitarios y el aumento de detenciones (con un promedio de 710 arrestos diarios por ICE en los últimos meses), ha exacerbado la crisis. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, se prepara para recibir a sus connacionales deportados con medidas como la aplicación ConsulApp y programas como “México te abraza”, aunque expertos advierten que no existe una política integral para atender a los retornados ni a los migrantes de terceros países.

La situación en la Ciudad de México refleja un cambio en la dinámica migratoria, con la capital como un nuevo punto de espera y desesperación, mientras la región enfrenta los efectos de una política migratoria endurecida desde Washington.

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EFE. Ciudad de México. 10 de marzo de 2025.-  Más allá del 8 de marzo, las mujeres indígenas en México afrontan profundas brechas de desigualdad y múltiples formas de violencia basada en género, agravadas por el racismo estructural y las herencias del colonialismo arraigadas en el país, advirtieron activistas en este Año de la Mujer Indígena que decretó la presidenta, Claudia Sheinbaum.

En México, alrededor de 12 millones de mujeres representan un 51 % de las 68 comunidades indígenas, que subsisten 500 años después de la colonia española, según señala el ‘Informe Identidades Entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional’.

El informe, que se presentará en la ONU este martes 11 de marzo rumbo a la 69° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés), propone incorporar los enfoques interseccional e intercultural a las políticas públicas para erradicar las violencias de género.

Interseccionalidad e interculturalidad

Norma Don Juan Cruz, integrante del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), explicó que la interseccionalidad ayuda a entender que “las mujeres no son solo una sola mujer”, mientras que la interculturalidad permite comprender esta diversidad desde las distintas culturas que existen.

“Porque se tiene una idea de que las mujeres indígenas somos todas iguales, pensamos igual, tenemos las mismas preocupaciones, actividades, y no es así, somos muy diversas”, señaló.

Por ejemplo, expuso, la forma de enfrentar la violencia no es igual para una niña o mujer indígena en una zona urbana que en una zona rural, quienes tienen distintas formas de entender y relacionarse con el mundo.

Por ello, advirtió, cuando el Estado dice que todas las mujeres indígenas son iguales está permitiendo que se violenten sus derechos, porque no se van a generar acciones o políticas públicas que les permitan ejercerlos integralmente.

Despojo territorial y migración forzada

El despojo territorial y la migración forzada son algunos de los factores que agravan la violencia hacia las mujeres indígenas, muchas veces provocadas por el crimen organizado y la construcción de megaproyectos extractivos, energéticos, de infraestructura o turísticos, alerta también el reporte elaborado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en conjunto con colectivos y activistas.

Entre otras brechas de desigualdad, apunta que las mujeres hablantes de una lengua indígena tienen en promedio 5,8 grados de escolaridad, frente a los 9,9 grados de aquellas que no hablan una lengua indígena, y con los hombres que sí hablan alguna lengua indígena, cuyo promedio es de 6,7 grados, según datos del Censo oficial de 2020.

Más que un discurso, Norma Don Juan Cruz dijo que esperan que las recomendaciones que enumera el informe sean tomadas en cuenta por el Gobierno mexicano en este 2025, para avanzar en acciones y estrategias diferenciadas y específicas hacia las mujeres indígenas en todo su ciclo de vida.

Asimismo, reconoció y valoró «el gesto» de Sheinbaum de nombrar el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, que muestra que existe una voluntad política de hacer justicia para las mujeres indígenas que han «vivido violencias multidimensionales, históricas y estructurales», pero que requiere de medidas concretas para no quedarse solo en discurso.

“Es un buen inicio, que esperamos que marque el sexenio y que esperamos también ver las acciones y estrategias con presupuesto (…) porque un discurso sin presupuesto, pues se queda solo en eso», consideró.

Deuda histórica

Por su parte, Valeria Vázquez, de Católicas por el Derecho a Decidir, destacó la importancia de aplicar este enfoque para eliminar las violencias basadas en género, que persisten a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing.

“Sigue habiendo una deuda histórica en temas de prevención y atención de violencia. Entonces, para nosotras es importante que a 30 años de esa agenda y en este momento global de revisión de la agenda, pongamos (…) nuevos focos y nuevos análisis sobre qué está pasando con la vida de las mujeres”, resaltó.

El informe también analiza bajo esta mirada las violencias contra las mujeres con discapacidad, de la diversidad sexo-genérica y afromexicanas, quienes comparten sus experiencias, no como objetos de estudio, sino como productoras de conocimiento, precisaron.

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