Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2023.- Menos de un año antes de concluir su mandato, el presidente André Manuel decidió finalmente poner los puntos sobre las íes en el archimillonario desencuentro que tiene el sistemático evasor fiscal Ricardo Benjamín Salinas Pliego con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular con el Sistema de Administración Tributaria.

Son 25 000 millones de pesos que el autodenominado “don Ricardo” debe al SAT por medio de Grupo Elektra desde los tiempos en que su amigo Vicente Fox Quesada (2000-06) mal conducía México con el decidido apoyo de Jorge Germán Castañeda y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, con el marbete de “Gobierno del cambio”, lo que significó reproducir los programas y políticas que privilegiaban a la oligarquía que actuaba como dueña de México.

Más tarde, por cierto, el famoso Alto Vacío (VFQ) condujo un programa televisivo de entrevistas en el entones Canal 13 del Tío Richie, quien recientemente festejó su cumpleaños número 68 ante 20 000 de sus trabajadores, empleados y televidentes para satisfacer su inconmensurable autoestima que se funde en el narcisismo, entendido como “Cualidades de la personalidad que incluyen tener una imagen muy elevada de uno mismo, necesitar admiración, creer que los demás son inferiores y no tener empatía por los demás”.

Mas el anterior es un asunto privado, de su azotea biológica, pero importa y mucho –como bien apunta Rafael Barajas, Fisgón, en la red X–, cuando “persigue con saña a los deudores de Elektra, pero se niega a pagar sus impuestos. Adeuda 25 mil millones. Es un junior maleducado y evasor. Padece de narcisismo monetario. Es Ricky Ricón-Evasión. #YaPagaRicardoSalinas y #ApagaTvAzteca”.

Fue en la mañanera del viernes 3 cuando por fin López Obrador explicó las causas, por demás evidentes, del histérico griterío televisivo de Azteca y el “amigo” Javier Alatorre, mismo que armaron antes alrededor del “virus del comunismo” que contenían los libros de texto gratuito. Ni los damnificados de Acapulco ni los estudiantes de educación básica son del interés prioritario del plutócrata por herencia familiar y la venta de garaje que hizo Carlos Salinas de Imevisión, así como el “préstamo a la palabra” por 29.8 millones de dólares que le otorgó Raúl, el hermano incómodo, a Salinas Pliego.

“Está enojado” el señor que esquilmaba a los indocumentados que enviaban dólares a sus familiares en México, el de “los abonos chiquitos” en Elektra, porque AMLO no le condonó el pago de 25 000 millones de pesos que adeuda en impuestos y que por ello utiliza a su televisora para difundir una “campaña hablando de la incapacidad del gobierno” para atender a la población damnificada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y la zona metropolitana.

          López Obrador no pide gran cosa al Poder Judicial, sólo que los tribunales resuelvan pronto el diferendo entre las autoridades fiscales y Salinas Pliego y consideró que “esto ha generado malestar en Ricardo. Lo entiendo. No voy a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación: no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice». Y retó al lenguaraz potentado que si “sabe algo de que he robado, que lo dé a conocer y lo pruebe”.

Así de sencillo, pues el deporte que más ejercitan las oposiciones mediáticas, empresariales y partidistas, en ese orden de importancia, es acusar, por lo general sin pruebas, a hombres y mujeres de la 4T de corrupción, insultar al presidente incluso con mentadas de madre. Pero resulta que en México no hay libertad de expresión, como acusa desde Madrid el dipsómano que consideraba “daños colaterales” a los asesinatos de civiles durante su “guerra contra el narcotráfico” –dirigida por un socio de Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna–, y compraba el silencio de la mediocracia.

Acuse de recibo

El 23 de octubre, en una carta dirigida a la opinión pública, la ministra presidenta Norma Lucía Piña sostenía que la existencia de los fideicomisos de la Suprema Corte era clave para la independencia judicial. “Lo que está en juego con este proceso legislativo sobre temas patrimoniales del Poder Judicial federal y con la discusión del proyecto de su presupuesto es ni más ni menos la división de poderes”, juró. ¿Qué opina ahora a la luz de su muy correcta propuesta de que los 15 000 millones de pesos se destinen a  los damnificados de Acapulco?… Concluyó la Jornada Notarial 2023, a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial en coordinación con el Colegio de Notarios y las alcaldías de la capital. Para qué se realizó si en lugar de simplificar trámites los complicaron. http://www.forumenlinea.com/index.php/utopias/2456-utopia-2687-tramitologia-en-tiempos-de-la-4t-28-iv-23 (…) Olga Sánchez Cordero: Agua y poder es un artículo del investigador Pablo Cabañas Díaz y que recomienda el periodista Arturo Sandoval, https://elindependiente.mx/opinion/2023/11/01/olga-sanchez-cordero-agua-y-poder/; ambos pertenecen al Grupo María Cristina.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de agosto de 2022.- El Fondo Monetario Internacional fue un brazo institucional clave para que la entonces imbatible superpotencia imperialista, Estados Unidos, apoyada en sus aliados locales –que insisten en llamarlos “traidores a la patria”–, hiciera realidad hace más de tres décadas, el Consenso de Washington, consistente en la imposición en casi todo el mundo de la dictadura del dizque libre mercado.

Como si el tiempo transcurrido fuera en vano, cerrando los ojos a la nueva realidad global, en particular en América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México y Perú, además de la docena de países que forman la Alianza Bolivariana), el FMI vuelve por los caminos andados al “recomendar” al gobierno del presidente Andrés Manuel recetas no solicitadas y contrapuestas al rumbo que sigue la Cuarta Transformación.

Los fondomonetaristas exhiben incapacidad mayúscula para ejercer la menor autocrítica e interpretar la realidad mexicana con anteojeras distintas y distantes a las del dogma neoliberal cuando aconsejan en su Reporte del sector externo, más reformas estructurales que contemplan “afrontar la informalidad económica” y “las brechas de gobernabilidad”, la participación del sector privado en energía y reformar la estrategia comercial y la “gobernabilidad” de Petróleos Mexicanos. Ambicionan la riqueza petrolera y eléctrica mexicanas.

“Recomendaciones” que en el pasado (1982-2018) eran imposiciones, como el paquete de una docena de reformas estructurales de los partidos firmantes del Pacto por México (PRIANRD) y que, ahora se conoce al detalle, fue precisa la compra de votos entre los diputados como el coordinador Ricardo Anaya, prófugo en Estados Unidos.

El mismo día que el FMI dio a conocer sus recomendaciones que hasta hace 44 meses eran acatadas por los gobernantes mexicanos desde Miguel de la Madrid  (1982-1988) hasta Enrique Peña (2012-2018), López Obrador hizo el recuento de tales políticas y leyes: la venta de importantes empresas públicas al sector privado; entrega de los bancos propiedad de la nación; despojo a los dueños originales de la tierra y la formación de enormes latifundios; se concesionó el 46% del territorio para explotación minera, además de otorgar concesiones hasta por medio siglo y dejar libre de impuestos la extracción de oro, plata y cobre; autorización a empresas privadas para generar electricidad, pese a contravenir la Constitución; eliminación de la gratuidad de la educación pública; alto cobro de comisiones en el Sistema de Ahorro para el Retiro; autorización para la conversión de un billón 200 000 millones de pesos de deuda privada en deuda pública; el pago diferido de impuestos; campañas de criminalización del magisterio; rectoría de las telecomunicaciones en manos de los agentes preponderantes (monopolios); impedimento al Estado para dotar de internet a quienes lo necesitan, y entrega el potencial petrolero de México a empresas particulares nacionales y extranjeras (trasnacionales).

Pero también es para que el FMI presuma dos de sus logros recientes más importantes con su arcaico modelito del capitalismo salvaje. El extraordinario auge bursátil tras 2.5 años de pandemia por las gigantescas farmacéuticas multinacionales al elevar su valor en 274 000 millones de dólares, equivalentes a 5 billones 700 000 millones de pesos, como revelan datos de mercado. Éstos equivalen a 80% de los 7 billones 88 000 millones de pesos de gasto público en México en 2022. En tanto que 100 millones de personas ingresaron al submundo de la pobreza extrema o miseria.

Acuse de recibo

“Iba: Perdón por darte lata, pero la expresión ‘guerras bélicas’ que usó AMLO es pleonástica”; aclara el enciclopedista Humberto Musacchio. Muchas gracias, pero la expresión la utilizó el presidente no el redactor… Leo Zuckermann lloriquea al aire porque “neoliberal” se convirtió en un adjetivo para descalificar, de la misma manera que él usa “nacionalista”, “populista” e incluso “comunista” para estigmatizar a los que no concuerdan con su idealizado modelo del neoliberalismo en Foro, para proteger los intereses plutocráticos de los dueños de Televisa-Univisión, corporativo que produce abundantes contenidos de telebasura… “La ciencia neoliberal es la cooptada y convertida en tecnociencia, que prioriza el interés mercantil de una gran trasnacional por encima de los principios epistemológicos del conocimiento”; postuló María Elena Álvarez-Bulla ante diputados y senadores integrantes de las comisiones de Ciencia y Tecnología. La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentó como ejemplo el gasto de 45 700 millones de pesos transferidos a trasnacionales entre 2001 y 2018… Durante agosto de 2017 falleció el contador público Fernando Bustamante Cruz, con fama de combatir enérgicamente la corrupción en Petróleos Mexicanos e integrante del Grupo María Cristina, un colectivo para intercambiar información y auspiciar el debate entre periodistas, asesores y otros profesionistas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2021.- Hace unos días, la directora -gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba el respaldo del Consejo Directivo de esa institución para una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a 650 mil millones de dólares. Se trata – dijo- de la mayor asignación en la historia del FMI y servirán para enfrentar, a nivel global, las necesidades que tienen muchos países para mantener sus reservas monetarias, en esta etapa -agregó-en que el mundo vive la peor crisis desde la Gran Depresión (1929).

Ahora se requiere presentar un proyecto para dotar, país por país, esos DEGs. La directora del FMI señaló que esta inyección servirá para aliviar las necesidades de liquidez de todos los países miembros del FMI, y con ello, se alimentará la confianza, la capacidad de respuesta y la estabilidad de la economía global. Consideró que el reparto de los DEGs deberá beneficiar principalmente a los países más vulnerables. Ello requerirá la voluntad de las naciones más ricas para apoyar a las más pobres y ayudar así a combatir la pandemia y alentar el crecimiento económico.

Pero ¿qué son los DEGs y por qué es importante este anuncio? Aunque puede resultar un poco difícil de explicar para aquellos que están alejados de la jerga económica, cabe aclarar que los DEGs no son una moneda sino un activo (asset), creado y distribuido por la Junta de Gobernadores del FMI, es decir por todos los estados nacionales, bajo ciertas reglas que le dan un gran poder de decisión a las naciones más prósperas, en especial a Estados Unidos. Este instrumento está destinado, principal, aunque no únicamente, a fortalecer las reservas monetarias de los gobiernos nacionales que normalmente se depositan en los bancos centrales. Estas reservas sirven para evitar devaluaciones bruscas o una carencia de divisas (principalmente el dólar), necesarias para importar bienes como medicinas (vacunas), alimentos, insumos (como el petróleo o el gas) y maquinaria. También para el pago de sus obligaciones de deuda externa. En otras palabras, una dotación suficiente de DEGs pueden ayudar a que, sobre todo los países más endeudados o pobres, puedan utilizar sus recursos para beneficio de sus habitantes y de su economía, en lugar de depositarlos en sus bancos centrales.

Los DEGs fueron creados en 1969, basados en una idea de un economista latinoamericano, Raúl Prebisch. Se trata de un activo meramente contable (no existe un billete o una moneda) y se define mediante una canasta de cinco divisas: el dólar de EU; el Euro; el renminbi chino; el yen de Japón; y la libra esterlina. En sus primeros años, se utilizaron como un complemento de las reservas monetarias para que ésta no dependieran sólo del dólar estadounidense y del oro. La idea era evitar una guerra monetaria y un desorden mayúsculo. No se logró. Y en 1973, ante la fluctuación permanente de las tasas de cambio de las monedas más fuertes en el mundo, la emisión de DEGs cayó casi en total olvido.

Como consecuencia de la crisis de 2008, los DEGs revivieron y se utilizaron para aliviar un poco los efectos de esa crisis. Desde el año de su creación y hasta ahora, se habían asignado un total de 293 miles de millones de dólares, de los cuales más del 90% se crearon en 2009 a raíz de la Gran Recesión.

De esta manera, la decisión de asignar una cantidad de DEGs equivalente a 650 mil millones de dólares significa un cambio radical. Más de lo doble de lo que se había destinado en toda su historia. El problema, en esta ocasión, es que su distribución beneficie a los países más pobres pues según las reglas del FMI, los DEGs se otorgan de acuerdo con las cuotas que los países aportan al Fondo. Los más ricos se quedan con una mayor asignación de DEGs. Sin embargo, los países miembros del FMI decidieron en 2009 un reparto más equitativo. Esta vez, debe apegarse, muchos más, a la debilidad financiera de cada país. El otro asunto es la cantidad. Según varios centros de estudio e instituciones, en realidad se requieren algo así como 3 billones de DEGs, una cantidad aproximada de 4 billones de dólares. Es decir, cinco veces más de lo que ya se autorizó.

Por su parte, la CEPAL (Informe especial COVID 19, 8 de julio de 2021) ha reconocido que la iniciativa más importante para proteger las reservas internacionales y evitar la volatilidad de los tipos de cambio, la fuga de capitales o la posibilidad de crisis bancarias, particularmente en América Latina, consiste en la propuesta de una nueva emisión de DEGs equivalente a 650.000 millones de dólares, y su asignación a las economías en desarrollo. Esta institución afirma que la distribución de los DEGs se dividirá en tres partes. La primera consistiría en aumentar el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), lo que beneficiaría a los países de menores ingresos. La segunda consistiría en un fondo fiduciario para financiar la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y los gastos relacionados con la salud. La tercera parte se destinaría a apoyar préstamos de bancos multilaterales de desarrollo (que otorgan créditos en dólares a una tasa de interés muy baja).

El informe señala que América Latina y el Caribe se beneficiaría de una nueva emisión de DEGs, al fortalecer algunas de las economías más pequeñas y endeudadas, disminuyendo así su prima de riesgo y liberando recursos para el financiamiento de gastos para enfrentar la pandemia. Precisa que la contribución de una nueva emisión de este activo como porcentaje de las reservas internacionales favorecería principalmente a Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, El Salvador, Belice y Haití. México no recibiría muchos recursos por este concepto.

Sin embargo, la CEPAL advierte también que para sostener el gasto público y evitar una crisis financiera, se requiere un “mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente, sobre todo, a las obligaciones contraídas con los acreedores privados; y una agencia multilateral de calificación crediticia (en lugar de las privadas como Moody´s y Standard & Poor´s). Asimismo, considera que se debe ampliar el alcance de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordado por el G20, más allá del 2021 y que debe incluirse a los países de ingresos medios, no sólo a los más pobres. Es decir, a naciones como Brasil, Argentina y México. Estas propuestas no han recibido una respuesta, hasta el momento, de los organismos multilaterales como el FMI, ni de los gobiernos de los países más poderosos.

En resumen, hay esfuerzos sin precedentes para ayudar a superar los problemas actuales, que en cierta medida rompen con el modelo neoliberal, pero todavía son insuficientes. Si no se fortalecen y se toman en cuenta medidas más drásticas como las que propone la CEPAL y otros centros de investigación, la posibilidad de que se produzca al mismo tiempo una crisis mundial de grandes dimensiones, tanto financiera (por falta de pago de las deudas) como social (debido a la ausencia de recursos para luchar contra la pandemia y reactivar las economías), es una posibilidad que cada vez más se perfila en el futuro inmediato. México, a pesar de haber sostenido una política económica muy conservadora en materia de gasto y deuda, no podría escapar de este negro escenario porque la magnitud de sus obligaciones externas ha crecido (como proporción del PIB), y por los efectos de contagio que pueden producirse por la situación internacional.

Una acción conjunta, sostenida por México, Argentina (miembros del G20), y quizás ahora Perú, apoyada también por otras naciones como Bolivia, podría servir mucho para ampliar la asignación de DEGs y llevar a la mesa las propuestas de reestructuración de las deudas como propone la CEPAL. Si el gobierno de López Obrador persiste en su política de restricción del gasto público, al menos podría mostrar una cara más progresista en el escenario mundial.

saulescobar.blogspot.com

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