Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de marzo de 2025.- El gobierno mexicano ha estado jugando con la posibilidad, ciertamente remota, de que Donald Trump nos perdone la vida y no aplique medidas que lesionan a nuestro país. La imposición de aranceles de 25% demuestra que su juego nada tiene que ver con la amistad entre las naciones y que, si le resulta conveniente, puede romper con sus aliados y poner en peligro la paz, donde todavía la hay.

La absurda entrega de 29 capos del narcotráfico no apagó la rabia que, hoy por hoy, guía la política de Trump, como se pudo confirmar en el encuentro con su empleado Volodímir Zelenski, a quien amamantó Estados Unidos para dejarlo caer ahora, cuando así conviene a los intereses empresariales de quien gobierna la nación vecina.

Por hechos como los citados, doña Claudia Sheinbaum pide “serenidad y paciencia”, como le recomendaba Kalimán a su querido Solín, quien, en voz de la Presidenta, es algo así como la encarnación del pueblo mexicano. Por supuesto, cada quien tiene el derecho de citar a sus clásicos, pero la situación no está para sentarnos a esperar el siguiente golpe, sobre todo si de varias maneras Washington anuncia que hará uso de su poderío militar contra los países que no le obedezcan, México incluido.

Lo que aparece como necesario, o más bien indispensable, es prepararse para lo peor, pues estamos ante un enemigo que no está dispuesto a respetar la soberanía de otras naciones, ni siquiera las de sus aliados militares, mucho menos las de sus socios comerciales, como México.

La presidenta Sheinbaum afronta la insolencia del vecino, pero ésta tiene su origen en la herencia negra de López Obrador, quien permitió que se desbocara la criminalidad durante su mandato. Por su parte, los gobiernos neoliberales diseñaron un proyecto de cabal dependencia, ante el cual debemos contar con alternativas. El modo de responder a las agresiones, dijo la Presidenta, “ya lo definiremos, vamos día con día”. Perdón, pero lo aconsejable es adelantarse y disponer de opciones.

Ante la locura agresiva y las amenazas bélicas de nuestro vecino, no cabe esperar el día con día para ver qué procede. La guerra contra los narcos no la ganarán las autoridades con fusiles, sino con inteligencia política. La unidad nacional no se logrará mientras el gobierno cuatroteísta se empeñe en su guerra contra los mexicanos críticos, mientras continúe la destrucción de instituciones levantadas con inenarrables esfuerzos a lo largo de nuestra historia, como es el caso del Poder Judicial. Pero, ahora, el obstáculo mayor para esa unidad no son los adversarios del gobierno, sino las propias fuerzas de Morena en el Poder Legislativo.

Guillermo Prieto, el 12 de mayo de 1863, con Puebla sitiada y la soldadesca francesa ocupando gran parte del país, dejó dicho: “Escribimos sobre ruinas, sobre devastación y proscripciones. Los campos de la patria, en zona ocupada por el invasor, están talados; las fábricas, desiertas; las artes, muertas; los pueblos, saqueados; las familias, errantes en los bosques; los soldados franceses, insultando mujeres que lloran, y deportando a los hombres que escapan al asesinato… Éstas son las horas sombrías de la bestialidad humana, las horas de las hienas y las serpientes… Sus últimas convulsiones serán terribles, torturarán a nuestros prisioneros, calumniarán a nuestros caudillos, los matarán con plomo francés, encarcelarán a las mujeres, mancharán el lecho de las vírgenes, espiarán el secreto de los padres sobre los labios de los hijos y cometerán todos los atentados que les son familiares, pero vendrá un día de expiación y de castigo, porque “cuando una causa encuentra héroes, hasta en medio de las nulidades y la sangre ha corrido en las ciudades y en los caminos, esta causa es santa y se convierte en una religión”.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de julio de 2024.- A fines de junio 2024 se presentó la Declaración de la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal, por parte de economistas llamados independientes, cuyo objetivo es “promover las reformas necesarias para que el Estado mexicano tenga un sistema fiscal justo, equitativo y eficiente, que sea un motor para la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible…y que la recaudación tributaria y de otros ingresos recurrentes sean suficiente para lograr los objetivos de un desarrollo”. Dicho documento se pronuncia por un sistema fiscal justo “que sea motor para la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible”. Ello lo ubican “en un contexto donde las finanzas púbicas mantengan un equilibrio y eviten el endeudamiento excesivo”.  En principio, su propuesta se inscribe dentro del planteamiento neoliberal de equilibrio fiscal y no endeudamiento, lo que implica que la política fiscal no podrá actuar en forma contra-cíclica y que sea motor de crecimiento, ni podrá estimular la creación de empleo, ni fortalecer a las micro y pequeñas empresas como proponen, por lo que seguiremos en el contexto de cuasi estancamiento en el cual ha estado la economía nacional en las últimas décadas desde que dicha política viene predominando.

Señalan que “los recursos fiscales del gobierno no son suficientes para que el Estado mexicano cumpla con sus crecientes obligaciones”. Al respecto hay que señalar que un gobierno soberano tiene el control del dinero y el gobierno mexicano lo tiene a pesar de la autonomía del banco central. No tiene límites financieros, puede gastar lo que quiera en todo aquello que se produzca en su moneda. Los límites del gasto están en función de la capacidad productiva existente en la economía, y no más allá de ello poque generaría inflación y déficit de comercio exterior. Un gobierno soberano no requiere de ingresos tributarios para gastar, simplemente gasta en su moneda. Los impuestos no pueden aumentarse en contexto de no crecimiento económico, pues más se contraería la demanda y la actividad económica. En dado caso hay que gravar al sector bancario-financiero y a los que más tienen para reducir la desigualdad de la riqueza existente.

El gasto es el que genera el ingreso. Al gastar más el gobierno, incrementa el ingreso nacional y por ende la recaudación tributaria y así estaría financiando el gasto que impulsó el crecimiento económico. El gobierno al gastar crea dinero, el cual es necesario para impulsar el proceso productivo y la generación de empleo. Esto invalida lo que el documento afirma que “el espacio fiscal se ha reducido de manera alarmante en los últimos años”. El espacio fiscal para ellos está determinado por la disposición de ingresos. Sin embargo, el espacio fiscal no lo determinan los ingresos públicos, sino la disponibilidad de recursos con que cuenta la economía, por lo que su gasto debe encaminarse hacia aquellos sectores que tengan capacidad ociosa, como a incrementar capacidad productiva que satisfaga la demanda generada por el mayor gasto público.

El documento señala que hay que “asegurar la solidez y sostenibilidad de las finanzas públicas”. Cabe decir que la solidez y la sostenibilidad de las finanzas públicas no lo da el equilibrio fiscal, ni la baja relación de endeudamiento, sino hay que evaluar la política fiscal en torno a su impacto en la actividad económica y en el empleo. El equilibrio fiscal ha contraído la actividad económica, el ingreso nacional, ha incrementado la informalidad, el subempleo, lo que mantiene baja recaudación tributaria y obliga a aumentar el gasto social para paliar los problemas de miseria generados por dicha política, lo cual presiona sobre las finanzas públicas, impidiendo el equilibrio fiscal y la baja relación de endeudamiento, por lo que no se logra la solidez buscada de las finanzas públicas.

La solidez y sostenibilidad de las finanzas públicas se logra cuando se encamina a alcanzar el pleno empleo sin causar inflación y déficit de comercio exterior, lo que incrementaría el ingreso nacional y la recaudación tributaria que evitaría caer en creciente endeudamiento.

El documento tenuemente habla de “una coordinación con la política monetaria, especialmente por medio de las políticas de gasto público”. No especifican que tipo de coordinación. Se requiere que la política monetaria acompañe el gasto público. Que el banco central compre deuda pública a baja tasa de interés directamente al gobierno, para que éste gaste lo suficiente para el cumplimiento de los propósitos nacionales, sin generar inflación, ni déficit de comercio exterior, pero ese planteamiento no pasa por los economistas neoliberales firmantes de dicho documento.

Otro pronunciamiento del documento es el de “eliminar las fragmentaciones e inequidades en los sistemas de pensiones contributivas actuales, reformar estos sistemas para asegurar su sustentabilidad fiscal y lograr que no absorban el espacio fiscal requerido para lograr los objetivos prioritarios del gasto social”. Es un tema importante. En noviembre de 2018 se presentó una Iniciativa de Ley en el Congreso respecto a poner un tope a todas las jubilaciones en el país, para no tener jubilados de primera, que descapitalizan y sobre endeudan a Pemex y la CFE y al gobierno y otras instituciones y dicha Iniciativa ni siquiera pasó a Comisiones y sobre ese tema se tiene que tomar decisiones.

El documento no se pronuncia por crecer hacia el mercado interno, debido a que para ello el gobierno tendría que trabajar con gasto público deficitario y como ellos se oponen al déficit, están por que siga el principio neoliberal de equilibrio fiscal, por lo que se manifiestan por resaltar el “potencial” que ofrece el nearshoring. No proponen instrumentar política industrial y agrícola para impulsar la sustitución de importaciones para generar efectos multiplicadores internos, reducir el déficit externo y los requerimientos de entrada de capitales. Siguen apostando en el crecimiento hacia fuera que no ha impulsado el crecimiento del país, y menos lo hará en el contexto de desaceleración del comercio mundial, el cual en el primer trimestre de este año solo creció al 1%.

Se pronuncian contra la deuda debido a que la “tienen que pagar las siguientes generaciones” De nuevo es el enfoque convencional de que la deuda es mala porque endeudada a las próximas generaciones. No toman en cuenta el impacto sobre el crecimiento económico que genera el mayor gasto público derivado de la mayor deuda, lo que incrementaría el ingreso de empresas e individuos, por lo que el pago de la deuda no sería una carga para ninguno, pues verían incrementado el ingreso, lo que no hubiera acontecido de no haberse endeudado el gobierno para gastar más.

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AMEXI. Ciudad de México. 06 de junio de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con los enlaces en los estados del país con el fin de poner en marcha el programa La Clínica es Nuestra, con lo que se entregarán recursos económicos a ciudadanos para que sean ellos los que administren las finanzas.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que con este programa se pretende atender a los ciudadanos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El mandatario comentó que bajo este programa se atenderán emergencias, infartos, diabetes y cáncer.

Denunció que en el pasado la Secretaría de Salud se vio reducida a “un cascarón” que sólo se dedicaba a transferir fondos federales a los estados, y en muchas ocasiones los recursos se desviaban.

“Antes se les enviaba el dinero, nada más. ¿Qué hicieron los neoliberales? Dejaron a la Secretaría de Salud como un cascarón, una oficina para transferir fondos federales a los estados, creo que la dependencia se quedó a cargo de los institutos y como 10 hospitales, esa era la Secretaría de Salud. Todo lo demás era una cuestión financiera, de transferencia de fondos a los estados.

“Y en algunos estados funcionaba bien, pero en otros llegaba el dinero para la salud, para el llamado Seguro Popular, que por eso ni era seguro ni era popular, y el dinero se desviaba para otros menesteres y construían, pero nada más para sacar raja, provecho, obtener moches en la construcción de los edificios, no les importaba que se equipara, que hubiera médicos, que hubiera especialistas, medicinas, la operación, todos sabemos quiénes estamos en esto y la gente también, de que si un hospital cuesta construirlo y equiparlo mil millones de pesos, pues cuesta después operarlo la misma cantidad”, puntualizó.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de febrero de 2024.- Ante el rechazo del gobierno y los partidos oficialistas a las posiciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán por frenar la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que estaba encaminada a frenar la privatización de la industria eléctrica, los partidos de oposición han manifestado que defenderán las posiciones de dicho ministro y con ello las reformas neoliberales instrumentadas por Peña Nieto. Ello refleja que de regresar la oposición al gobierno y de tener mayoría en el Congreso en las próximas elecciones, seguirán impulsando las reformas neoliberales plasmadas en la Constitución en el gobierno de Peña Nieto, encaminadas a impulsar la privatización y extranjerización de los sectores estratégicos del país, tal como Milei lo está haciendo en Argentina. Se evidencia a que intereses responden el PRI, el PAN y el PRD, que no tienen Proyecto de Nación Soberano, sino que defienden los intereses del gran capital nacional y transnacional.

El debate que estará presente en la contienda electoral para el 2 de junio 2024, deberá centrarse en el Proyecto de Nación a impulsar en el país. Si se debe continuar con las políticas de privatización y extranjerización de la economía y las políticas de libre mercado y menos participación del gobierno en la economía, o frenar dicho proceso y recuperar para la nación, no solo los sectores estratégicos, sino sobre todo retomar el manejo soberano de la política económica para atender los reclamos nacionales, de crecimiento económico, de empleo formal y bienestar para la población, asignatura pendiente del presente gobierno.

En el debate entre los candidatos presidenciales en el 2018, lo económico estuvo ausente. Todos estaban de acuerdo con la autonomía del banco central, con la austeridad fiscal y los tratados de libre comercio. La discusión de lo económico debe acontecer en el 2024, considerando el nulo crecimiento de los últimos cinco años (de 0.6% promedio anual), como el alto nivel de empleo informal y la creciente dependencia de la entrada de capitales en que ha caído la economía mexicana que la coloca en un contexto de alta vulnerabilidad en torno al comportamiento de la economía internacional y de los mercados financieros y de divisas.

Deben platear los diferentes candidatos sus propuestas respecto a Pemex, a la CFE, al sector manufacturero, al sector agrícola, sobre todo a la producción de granos básicos, de cómo encarar el desempleo, el subempleo, a la economía informal. ¿Que hacer frente al sistema bancario que gana lo que quiere y es disfuncional al crecimiento económico por las altas tasas de interés con que trabaja y que no favorece el otorgamiento de créditos al sector productivo? ¿Qué hacer con la política monetaria que atenta contra el crecimiento y aumenta los problemas de insolvencia con las altas tasas de interés? ¿Debe Banxico continuar con su único objetivo de bajar la inflación? cosa que no consigue, o ¿Debe incorporarse el objetivo de crecimiento económico y alto empleo, como lo tiene la Reserva Federal de EUA?

El debate nacional sobre los problemas cruciales de la economía ha estado ausente. Todos los partidos políticos han aceptado y se han subordinado a las políticas económicas emanadas del FMI y del Banco Mundial, y no han defendido el manejo soberano de la política económica para atender las demandas nacionales.

El recrudecimiento de los problemas económicos, de estancamiento, inflación, aunado a los problemas de insolvencia, de desempleo, subempleo, creciente desigualdad del ingreso, como el clima de delincuencia y violencia, llevará a las grandes mayorías a protestar y demandar cambio de rumbo. Se exigirán políticas de empleo formal bien remunerado, políticas de desarrollo industrial, de producción de granos básicos, créditos baratos, mejores servicios de salud, de educación, de protección del medio ambiente, que demandarán mayor participación del gobierno, así como regular al sector bancario-financiero y el movimiento de mercancías y capitales. Se tendrá que dejar de lado las políticas neoliberales que vienen predomindo desde los años ochenta, para salir de los problemas que han ocasionado dichas políticas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2023.- El gobierno ha dicho que canalizará 61,313 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y la costa de Guerrero y la opinión generalizada es que ello es insuficiente para encarar los daños ocasionados por el huracán Otis. Diversas calificadoras y empresas evaluadoras de catástrofes calculan los daños entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. Según la COPARMEX se requerirán entre 200 y 300 mil millones de pesos.

El programa gubernamental en algunos rubros contempla apoyos por seis meses y en otros rubros por cuatro meses. Señala que Hacienda cubrirá la mitad del pago de intereses que la banca cobre por los créditos otorgados a los hoteles, donde perfectamente Banxico y Nacional Financiera pueden otorgar créditos al 0%, sobre todo a los negocios que no cuentan con seguro contra daños, que son la gran mayoría. Se debe establecer un programa de generación de empleo a los que quedaron desempleados, pues incorporar 10 mi más jóvenes al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es insuficiente, debido a que excluye a los de mayor edad.

Por su parte la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el viernes 3 de noviembre 2023 en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, donde continúan los recortes presupuestales, donde sobresale el recorte a los entes autónomos por 13 mil 262 millones de pesos. Además, avaló un recorte al gasto para estados y municipios por 7 mil 189 millones de pesos y en Energía por 25,442 millones de pesos, y los reasignó a Educación Pública, a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y a Pemex. No se puede continuar con políticas que restringen la capacidad de gasto del gobierno que nos han llevado al estancamiento económico y desatienden las funciones de los organismos autónomos, como las de los estados y municipios, lo que deteriora más la capacidad de éstos para atender las tareas que les corresponden.

El enfoque convencional señala que en el gobierno no hay ingresos suficientes para encarar los daños ocasionados por el huracán y señala que se debe recurrir a deuda, así como realizar recortes en algunos rubros para canalizarlos a la zona afectada por el huracán.

En el Congreso se debate la reasignación de recursos para la reconstrucción de la zona afectada de Guerrero, y hay propuestas de la oposición que se pronuncian por recorte al presupuesto en 30% al Tren Maya, Dos Bocas y el Tren Transístmico y un recorte de 15 mil millones de pesos en gastos operativos de las dependencias del gobierno. Por su parte los diputados de Morena han señalado que propondrán que “todos los ahorros, remanentes, economías presupuestales o recursos adicionales que puedan recaudarse, deberán ser integrados a la Tesorería y que se canalicen en un transitorio todos esos recursos para constituir un fondo para la reconstrucción de Acapulco”. Al respecto cabe decir que no se puede continuar con políticas de ahorro y de recortes al presupuesto para asignarlo a otro rubro. Simplemente el gobierno debe tabajar con gasto deficitario y que Banxico compre la deuda del gobierno a 0 % para que el gobierno gaste lo necesario para reconstruir la zona devastada, como para impulsar al sector productivo y al empleo para impulsar el crecimiento económico con baja inflación. Algunos dirán que la Ley Orgánica de Banxico le prohíbe comprar deuda directa al gobierno. Dicha ley se hizo para restringir la participación del gobierno en la economía, por lo que no tenemos política fiscal contra cíclica que haga frente a los problemas que el país enfrenta. Se debe modificar la Ley Orgánica de Banxico para que dicha institución otorgue financiamiento al gobierno para que éste cumpla con los propósitos nacionales. Asimismo, el Congreso debe establecer un impuesto del 50% a las ganancias de la banca, lo que permitiría recursos que contribuirían a la reconstrucción de la zona afectada. De enero a agosto del 2023 las ganancias de la banca fueron 181, 245 millones de pesos, por lo que el 50% serían 90.622 millones de pesos solo de esos 8 meses, y no le pasaría nada a la banca.

No es posible continuar con las altas tasas de interés, ni con los recortes presupuestales y seguir desatendiendo los reclamos y demandas de los diferentes sectores de la sociedad. La política económica debe responder a ello y no seguir sirviendo a los intereses del sector financiero y del gran capital como hasta ahora, donde las políticas sociales no contrarrestan los problemas de marginalidad, desigualdad y miseria ocasionados por la política económica predominante.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de julio de 2021.- El modelo neoliberal de libre mercado ha reducido la participación del gobierno en la economía y nos ha llevado a crisis económicas frecuentes y en cada una de ellas siempre ha requerido de la intervención gubernamental para superarlas y mantener dicho modelo. En los países desarrollados vemos que los gobiernos incrementan el gasto público deficitario para incrementar la demanda e impulsar la inversión privada. Ello ha ido acompañado de la intervención de los bancos centrales que expanden liquidez y bajan la tasa de interés a niveles cercanos a cero y compran deuda pública para que los gobiernos gasten lo necesario para impulsar la actividad económica y el empleo. Ello estuvo presente en la crisis de 2008-9, así como en la crisis del 2020, lo cual ha sido funcional para la recuperación de la actividad económica y para mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. Es decir, tales gobiernos actúan a favor de mantener la lógica del capital internacional, con sus contradicciones, reproduciendo las desigualdades de ingreso y riqueza que emanan de él.

En nuestro país el gobierno no trabaja con gasto público deficitario para expandir el mercado interno e impulsar la inversión privada y el empleo, y el banco central no expande la liquidez, ni compra deuda pública, ni baja la tasa de interés a niveles cercanos a cero, sino se ciñe a los dictámenes de las calificadoras internacionales de austeridad fiscal, reducción de la deuda y estabilidad del tipo de cambio a favor del sector financiero para que fluya al país para así cubrir el pago de la deuda externa y mantener el libre movimiento de mercancías y capitales.

Al no actuar el gobierno a favor del gasto público, ha contraído la dinámica económica y ha incrementado el desempleo. Se parte de la lógica de que el sector privado por si solo debe retomar la dinámica económica. Sin embargo, en contexto de crisis, dicho sector es incapaz por si solo de retomar la actividad económica, requiere de la mayor intervención del gobierno, a través de mayor gasto público, lo que no acontece en la economía nacional, lo cual prolongará el contexto de estancamiento en que se encuentra el país.

La política económica instrumentada por el gobierno y por Banxico, incentivan la entrada de capitales, lo que permite mantener estable el tipo de cambio y financiar y mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. Es decir, al modelo neoliberal imperante. Dicho modelo es comandado por el sector financiero, como por las empresas transnacionales, y actúa en detrimento del sector productivo nacional.

El gobierno firma acuerdos comerciales para institucionalizar la libre movilidad de mercancías, lo cual ha actuado a favor de las empresas transnacionales, en detrimento de las empresas nacionales, del empleo y los salarios.

El gobierno ratifica y defiende la autonomía del banco central, la cual le quitó el control de la moneda al gobierno, por lo que no puede financiarse con ella a favor del crecimiento económico y del empleo, lo cual ha reducido el tamaño y participación del gobierno en la economía y ha incrementado la de la cúpula empresarial, aumentando el poder de negociación de éstos frente al gobierno.

En abril del 2020, Banxico inyectó 750 mil millones de pesos al sector bancario, supuestamente para que expandiera el crédito, lo cual no aconteció, sino fue para la capitalización de dicho sector y se protegiera frente a la crisis. En cambio, no se instrumentó política monetaria, ni fiscal, ni crediticia alguna para evitar el quiebre masivo de empresas y para evitar el creciente desempleo acontecido, ni para evitar la drástica caída de la actividad económica. El banco central y el gobierno actúan para que prosiga el modelo neoliberal y se fortalezca el sector financiero y el gran capital. En toda crisis, sale fortalecido el gran capital, gracias a que la política económica actúa a su favor, a costa de desatender las condiciones endógenas de acumulación, por lo que prosiguen rezagados el sector productivo, como la generación de empleo. Después de cada crisis, se acentúan las desigualdades de riqueza e ingreso. Se crece cada vez menos, se incrementa la economía informal, la pobreza y la delincuencia, como consecuencia de la prosecución del modelo neoliberal imperante. La llamada 4 “T”, mantiene el modelo neoliberal y es por eso que la economía no crece y continúan los mismos problemas de desempleo, miseria y de desigualdad que se vienen arrastrando desde hace décadas. No hay alternativa económica frente al neoliberalismo en la 4 “T”.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de febrero de 2021.- La Iniciativa de Reforma a la Industria Eléctrica presentada por el Presidente López Obrador, es la primer Iniciativa de Transformación Económica de la 4 “T” en lo que va del gobierno, para marginar al modelo neoliberal, privatizador y extranjerizante que impulsaron los gobiernos desde Miguel de la Madrid, hasta Enrique Peña Nieto. Se había tardado en impulsar la Transformación en lo económico, pues todavía mantiene las políticas neoliberales de austeridad fiscal, los tratados de libre comercio, la libre movilidad de capitales y la autonomía del banco central.

El gran capital nacional e internacional, así como economistas neoliberales de gobiernos anteriores, de Banxico y del sector privado, se han manifestado contra dicha Iniciativa, señalando que ella viola la Constitución y los tratados de libre comercio (TLC), pues está contra la libre competencia y las condiciones de inversión ofrecidas por México a la cúpula empresarial. Enfatizan que el gobierno no cuenta con recursos financieros para asegurar el abasto de energía que requiere el país; que habrá amparos nacionales e internacionales en contra de ella; que representará alto costo para las presentes y futuras generaciones; que está contra las energías limpias; y aumentará los precios de la energía eléctrica.

Los TLC han obligado al gobierno a proteger a las inversiones extranjeras ubicadas en el país, lo que implica que tiene que asegurarle condiciones de rentabilidad. Así mismo, el gobierno no puede discriminar a las empresas privadas, y no puede dar trato preferencial a la empresa pública. Sin embargo, el gobierno mexicano dejó muy claro en el T-MEC que mantendría la soberanía en materia energética. De haber reclamos en tales instancias, se defendería la postura gubernamental en el capítulo de controversias. Hay que recordar que el interés de la Nación, está por encima del interés de particulares.

Las reformas neoliberales impusieron la libre competencia en la Constitución, obligando a Pemex y la CFE a ceder posiciones a favor de las empresas privadas, para así configurar condiciones simétricas de competencia, que han afectado a ambas empresas públicas, atentando así sobre el manejo soberano y rector que debe tener el Estado en tales sectores estratégicos. Ello ha permitido el crecimiento de la participación del sector privado nacional e internacionales en tales sectores, que terminan fijando las reglas del juego a su favor.

La Reforma a la Industria Eléctrica de Peña Nieto de diciembre de 2013, les da trato preferencial a las empresas privadas frente a la CFE, la cual además de otorgarles subsidios, debe compartir infraestructura a sus competidores sin costo, ocasionándole grandes pérdidas financieras que limitan su capacidad de inversión.

Para alcanzar la trasformación en la industria eléctrica a favor de la CFE, se requiere eliminar los cambios a la Constitución que hicieron los gobiernos neoliberales, así como replantear los TLC, ya que con ellos no podemos tener política industrial que favorezca a las empresas nacionales frente las extranjeras.

Los neoliberales señalan que hay que priorizar al consumidor con los bajos precios que supuestamente otorgan las empresas privadas frente a las públicas, y que la Iniciativa gubernamental, al colocar como primera opción de abasto de energía proveniente de las centrales eléctricas de la CFE, aumentará costos, lo que exigirá de subsidios para evitar alzas de precios, y ello presionará sobre las finanzas públicas.

El supuesto menor costo de energía que producen las privadas, no es tal, pues el mercado eléctrico de subastas es altamente especulativo y ahí la CFE está obligada a pagar altos precios por la energía que recibe.

El sector privado tiene sus mayores inversiones en el rubro de las energías llamadas limpias, donde ha habido mayor desarrollo tecnológico, y de ahí que, al privilegiarse el abasto a la CFE en torno al menor costo, ellos se lleven los contratos en detrimento de las centrales eléctricas de la CFE. Ello explica el amplio discurso de tales empresas en defensa de las energías limpias para preservar y mantener sus altas ganancias y no ser relegadas con la nueva Reforma a la Industria Eléctrica. El gobierno no está en contra de las energías limpias, simplemente la Iniciativa quiere regularlas, para que no desplacen a la CFE y vayan a configurar un monopolio en la industria eléctrica que pueda traducirse en altas tarifas que afecten la dinámica económica y el ingreso de las familias.

Para que la CFE cuente con financiamiento suficiente para expandirse y poder satisfacer la demanda eléctrica, presente y futura, ante el limite a la inversión privada que establecerá la Reforma Eléctrica, el gobierno también debería replantear las políticas neoliberales de autonomía del banco central y la política de austeridad fiscal, para que el gobierno retome el control de la moneda y se pueda financiar con ella, para el desarrollo de los sectores estratégicos. Ello no sería inflacionario, dado que son sectores generadores y ahorradores de divisas (caso de Pemex), con altos efectos multiplicadores internos a favor de la dinámica económica nacional y del empleo.

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Foto: Alejandro Meléndez

Por Miguel Ángel Ferrer

El asesinato de Samir Flores, activista social y destacado opositor a la planta termoeléctrica de Huexca, en el estado de Morelos, tiene todos los visos de una provocación. De un acto que pretende provocar un grave conflicto  político.

Pero, como bien se sabe, todo conflicto político esconde un conflicto económico. O, dicho de otro modo, todo conflicto político es en el fondo y en última instancia un conflicto de naturaleza económica.

Y si se trata de un asunto económico hay que preguntarse quién gana y quién pierde con el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca. Y como lo demuestra toda la historia económica de México en los últimos 100 años, con la producción de energía eléctrica gana la sociedad, el país, el pueblo de México. ¿Quiénes, entonces, pueden oponerse sensatamente a la producción de electricidad?

La electricidad, sin embargo, puede ser producida por el sector público, por el gobierno, como lo fue por muchísimas décadas; o bien, puede ser producida por la empresa privada, por el capital privado.

Y este es precisamente el sustrato del caso Huexca. Si se construye la termoeléctrica, la producción de electricidad será de carácter público, lo que dejará a los productores privados sin una buena parte del mercado eléctrico y, consecuentemente, sin una buena cantidad de ganancias dinerarias.

De modo que, en buena lógica, para los capitalistas del sector eléctrico, la mayor parte de ellos extranjeros, es de la mayor importancia que no se construya la termoeléctrica de Huexca, pues perderían muchos millones de dólares cada año y por muchos años.

Pero el capital privado tiene mucha experiencia en tirar la piedra y esconder la mano. No es tan ingenuo como para mostrar desembozadamente que son los capitalistas quienes se oponen a la termoeléctrica. Prefieren que la oposición tenga un rostro bonito. ¿Y qué cara más bonita y en apariencia más noble que la protección del medio ambiente? ¿Y qué mejor argumento emocional para oponerse a la planta que el asesinato de un opositor con buenas credenciales ambientales?
Sólo que ni los rostros más bellos ni las intenciones aparentemente más nobles pueden esconder el interés económico que mueve a los opositores a la termoeléctrica de Huexca.

Vistos en términos macroeconómicos, los hechos de Huexca son una disputa entre propiedad pública y propiedad privada. Entre la apropiación social de la riqueza social y la apropiación privada de esa misma riqueza. Y, en resumidas cuentas, entre neoliberales y nacionalistas, es decir, entre neoliberales y obradoristas.

mentorferrer@gmail.com

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