EFE. Ciudad de México. 10 de octubre de 2022.-  El Gobierno de México anunció este lunes que el cubrebocas ya no será obligatorio en espacios cerrados mientras exista una distancia de 1,5 metros entre persona y persona.

La Secretaría de Salud publicó este lunes una actualización de las medidas para prevenir la propagación de la covid-19, entre las cuales está la mencionada, sobre la que se insiste que de no existir la conocida como «sana distancia» se mantiene la indicación de utilizar cubrebocas.

Asimismo, se indica que también puede suprimirse el uso de mascarilla si se realiza trabajo físico intenso.

Sin embargo, las personas que tengan alguna enfermedad del sistema inmune o aquellos que no se hayan vacunado contra la covid-19 tendrán que utilizar cubrebocas.

«Los puestos de trabajo donde se presente una muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de SARS-CoV-2, como las personas trabajadoras del cuidado de la salud, que realizan procedimientos que generan aerosoles, deberán usar cubrebocas N95 (o su equivalente), guantes, bata y protección de ojos”, agregó la instancia.

El cubrebocas seguirá siendo obligatorio en los medios de transporte.

Además de la Secretaría de Salud, también participaron en la elaboración de esta guía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el IMSS.

México suma más de 5,6 millones de contagios desde que se reportó el primer caso el 28 de febrero de 2020.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de octubre de 2021.- La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles la Miscelánea Fiscal del presupuesto federal de 2022 que establece un registro fiscal obligatorio para jóvenes mayores de 18 años y limita la deducción de impuestos para donativos a organizaciones sociales.

La aprobación ocurrió con 274 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones.

Después de tres días de discusiones, en las que incluso hubo peleas físicas entre legisladores, la Cámara baja validó en lo general y en lo particular las propuestas fiscales de la Secretaría de Hacienda para el próximo año, que fueron enviadas al Senado.

La Miscelánea fiscal reforma el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Con la aprobación de esta iniciativa, se obligará a todos los mayores de 18 años, con independencia de que tengan o no tengan actividad económica, a empadronarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), usado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para controlar el pago de impuestos.

Para el oficialismo, esta medida servirá para combatir la evasión de impuestos, mientras que la oposición ve un intento de «terrorismo fiscal» para perseguir a los jóvenes con multas y sanciones.

El otro punto polémico de la Miscelánea Fiscal para 2022 es que limita la deducción de impuestos por donativos a organizaciones civiles.

Para el Gobierno es una forma de aumentar su recaudación y destinarla a programas sociales, pero supone un riesgo para ONG que viven de las donaciones de los ciudadanos.

La diputada María Clemente García, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una reserva para enmendar esta parte, pues defendió que gracias a ONG ha accedido a medicamentos para el VIH, pero fue rechazada por sus compañeros de bancada.

El plan fiscal también plantea aumentos de precios para la emisión de pasaportes y para el ingreso a museos públicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el martes que el registro fiscal de jóvenes «busca que no haya fraudes» y sobre la donación a organizaciones civiles opinó que la filantropía «no es la función de las empresas» sino pagar impuestos.

El Gobierno presentó al Congreso a principios de septiembre unos presupuestos que prevén para 2022 un crecimiento del PIB del 4,1 %, una recaudación de la Administración federal de 6,17 billones de pesos (unos 308.000 millones de dólares) y un gasto de 7 billones de pesos (350.000 millones de dólares).

El 20 de octubre vence el plazo para aprobar la parte relativa a los ingresos y el 15 de noviembre el de los gastos.

La economía mexicana se contrajo un 8,2 % en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932, a raíz de la pandemia de covid-19.

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De este modo, es inconstitucional, en todo el país, la penalización del aborto voluntario si éste se produce en los tres primeros meses de gestación. Ahora lo que procede es que las entidades federativas supriman las disposiciones legales que consideran delito la interrupción del embarazo.

La Corte falló igualmente contra el absurdo de considerar como el inicio de la vida el momento de la concepción, lo que en 2018 decidió el Congreso de Sinaloa, que no está facultado —dijeron los ministros— para definir cuándo empieza la vida. De ahí que se considere inconstitucional reconocer como persona al embrión o al feto.

Los argumentos manejados por la Suprema Corte fueron y son ignorados por la Iglesia católica. El órgano de la arquidiócesis capitalina, Desde la Fe, que desde su fanatismo suele ver el mundo al revés, acusó a los señores ministros de propiciar el machismo, dizque por dejar sola a la mujer que se embaraza, lo cual es una redonda mentira, como lo prueba la atención que se ofrece a las mujeres en donde el aborto es legal. Acusar de machismo a la Corte es morderse la lengua, pues en este caso la parte acusadora es el paradigma de la marginación femenina.

La beligerancia de la cúpula del catolicismo que actúa en México no es nueva, pues resulta proverbial su acatamiento de un poder extranjero, como lo muestra su actuación durante la Colonia, su obediencia al Vaticano, en franca oposición a las leyes mexicanas durante las guerras civiles del siglo XIX y en la rebelión cristera, así como en su reiterada toma de partido por las posiciones conservadoras en política interna.

Lo terrible, eso sí pecaminoso, es que se oponga a la interrupción del embarazo, pese a que donde impera la prohibición abundan las muertes por las pésimas condiciones de higiene en que se realiza, por abortos mal inducidos o peor ejecutados. Optar por la defensa de lo que ni siquiera es todavía persona, perjudica a la mujer, a la que debe respetarse su derecho a elegir. Eso sí es el más irracional machismo.

El pasado lunes, Fernanda Ávila escribió en El Sol de México que a lo largo de la historia “han existido personajes que han formado parte de la Iglesia y han tenido una opinión distinta” en torno al asunto. Cita la autora que el Concilio de Elvira, del siglo IV, estipulaba que si el aborto se practicaba a consecuencia de un adulterio, debía ser castigado, pero si “se realizaba dentro del matrimonio, era permitido”. Incluso, el mismísimo San Agustín de Hipona “consideraba que un embrión no tenía alma hasta el día 45 después de la concepción” y por tanto su eliminación merecía una pena menor. Para Santo Tomás, otro de los padres de la Iglesia, un embrión no tenía alma, “sino hasta después de varias semanas de embarazo, cuando el feto empezaba a adquirir forma humana”.

Por supuesto, el aborto no es obligatorio para ninguna mujer, pero la jerarquía católica, sus sacerdotes y adeptos pueden creer lo que mejor les parezca, pero en pleno siglo XXI hay leyes civiles, y a ellas debemos atenernos todos.

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Foto: Rebecca Blackwell / AP

AP. Ciudad de México. 10 de diciembre de 2020.- Gobernadores de oposición en nueve estados de México anunciaron el miércoles que estarían a favor del uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos y de llevar a cabo más pruebas de diagnóstico por coronairus.

Se trata de la primera rebelión organizada en contra de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales se pone en duda el uso de mascarillas y se restringe la realización de pruebas únicamente a aquellos que desarrollen síntomas graves de COVID-19.

Los nueve gobernadores pertenecen al conservador Partido Acción Nacional y representan a casi una tercera parte de los 32 estados del país.

El gobernador Carlos Mendoza, de Baja California Sur, dijo que el objetivo sería duplicar el número de pruebas de diagnóstico al aplicarlas en lugares de trabajo, residencias y de manera aleatoria.

Desde que comenzó la pandemia, México apenas ha realizado pruebas a unos 3 de los 130 millones de habitantes del país, aproximadamente el 2,3% de la población. Los asesores del mandatario argumentan que realizar esos exámenes en mayor escala sería una pérdida de tiempo y dinero.

“Así no podemos visualizar la verdadera magnitud de la pandemia, ni tampoco enfrentarla exitosamente”, dijo Mendoza.

El mismo López Obrador rara vez porta mascarilla y sus asesores han dicho que éstas no protegen al usuario.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dijo: “La política pública debe sustentarse en las mejores prácticas para aliviar el dolor de la gente”.

Existe evidencia de que las mascarillas ayudan a proteger al que las usa, tanto de contraer la enfermedad como de propagarla.

López Obrador también ha criticado el uso de multas o arrestos para hacer valer las directrices de uso de mascarillas y distanciamiento social, asegurando que son una violación a las libertades de la población y comparándolas con una “dictadura”.

Los gobernadores de oposición señalaron que cada entidad definiría la manera de sancionar a quienes se rehúsen a portar mascarillas. Dichos asuntos recaen en la autoridad de los gobiernos estatales en México, a menos que violen las garantías constitucionales o las leyes federales.

México celebrará elecciones parlamentarias en 2021, y la pandemia y la subsecuente desaceleración económica se han convertido en temas fundamentales de cara a dichas campañas.

El país tiene el cuarto total más elevado de decesos confirmados por COVID-19 a nivel mundial, con casi 110.000. Pero los estimados oficiales del saldo total, incluyendo aquellas víctimas a las que no se les practicó una prueba de diagnóstico, están más cerca de los 150.000 fallecimientos. México ha registrado alrededor de 1,2 millones de infecciones confirmadas.

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