• 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.

• La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional

Periodistas Unidos. Juchitán de Zaragoza, México.  29 de julio de 2023.- El 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las persona participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

En Santa Maria Mixtequilla también se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir. De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se han producido eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico. La comunidad binniza de Puente Madera ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.

Integrantes de la misión alertaron también ante la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad. Esto impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar.

Entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.

De acuerdo al Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), entre octubre del 2021 y julio del 20231, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.

Más allá del megaproyecto del CIIT, en general, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022, de acuerdo a dicha publicación. De un recuento del 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados.

Los registros vinculados al CIIT indican, al menos: 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.

Tras concluir su recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Misión de Observación señaló su profunda preocupación por el contexto de riesgo para quienes ejercen su legítimo derecho a la defensa del territorio y reafirmó que dará seguimiento a las violaciones documentadas; finalmente lanzó un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que:

Boletín de prensa Misión Observación Corredor Interocéanico_27 julio

1. Reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.
2. Garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.
3. Emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor.
4. Provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.

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EFE. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2022.- La zona en la que ocurrió el sismo de magnitud 7,7 este lunes, en el occidente mexicano, carece de instrumentación geofísica para medir las deformaciones de la corteza terrestre que provocan los terremotos por falta de inversión pública e inseguridad, ha lamentado este martes el científico Víctor Manuel Cruz Atienza.

En un radio de 100 kilómetros hay solo un observatorio del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y un sistema de posicionamiento global (GPS) complementario, ha indicado a Efe el investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los más reputados sismólogos mexicanos.

Esto sucede, según el científico, cuando lo que «se requiere sería al menos doce estaciones más en tierra» para estimar correctamente el potencial sísmico en Michoacán, donde fue el epicentro del temblor, que dejó dos muertos y diez heridos.

Coalcomán, donde rompió el sismo este lunes, es una zona al oeste del epicentro del terremoto del 19 de septiembre de 1985, a unos 65 kilómetros «de aquel trágico magnitud 8», ha detallado Cruz Atienza.

«En ese mismo lugar ocurrieron sismos similares en 1941 de magnitud 7,7, en 1973 de magnitud 7,5 cuyas réplicas parecen coincidir con el área de ruptura del de ayer, y en 1986 de 7, así que habían transcurrido por lo menos 36 años desde la última ruptura», ha explicado el científico.

¿CASUALIDAD?

El terremoto de este lunes ha causado conmoción en México por ocurrir en la misma fecha que los del 19 de septiembre de 1985 y 2017, considerados los dos más destructivos en la historia reciente de México.

Sobre la casualidad de las fechas entre los temblores de 1985, 2017 y el del lunes, el sismólogo aclara que en el “conocimiento científico acumulado” no existe razón física alguna, ningún proceso observable o teoría que explique por qué estos tres sismos ocurrieron el mismo día.

Cruz Atienza es pesimista sobre la reacción de la sociedad, a la que cree que será difícil convencer de la verdad, y es que septiembre no es el mes que más terremotos de gran magnitud se producen en México, como es la percepción popular.

Preguntado por Efe si el terremoto del lunes puede ser un sismo precursor, es decir, antesala de uno más grande, Cruz Atienza ha respondido que nunca puede saberse, pero que es “muy poco probable aunque existe la posibilidad”.

Ha aclarado que hay ejemplos en el mundo, donde sismos de magnitud superior a 7 han precedido una ruptura mayor.

«En México no es el caso hasta ahora», concluye al respecto.

Sin embargo, Cruz Atienza y su equipo demostraron cómo el terremoto de magnitud de 8,2 de Tehuantepec el 7 de septiembre de 2017 alteró las propiedades de las rocas y provocó la secuencia de los terremotos de Pinotepa en febrero de 2018 y sobre todo en Puebla y Morelos el 19 de septiembre de 2017, cuando hubo 370 muertos.

Sobre si el acontecido este lunes pudiese provocar la misma alteración y producir un sismo potencialmente devastador en la cercanía de la capital mexicana, el sismólogo ha señalado que sismos de magnitud comparable han ocurrido varias veces en México y en ningún caso se han visto perturbaciones en la sismicidad regional, como la que produjo el terremoto de 2017 en Tehuantepec.

Ese terremoto efectivamente “debilitó” las rocas en la interfaz de placas durante al menos 2 años, ha reconocido.

En cambio, dice, la amplitud de las ondas generadas por el sismo del lunes son sensiblemente menores, por lo que no esperaría nada anómalo.

Cruz Atienza está en búsqueda de fondos para continuar el proyecto de investigación que inició en 2016 con la Universidad de Kyoto y su propia casa de estudios, la UNAM.

La falta de inversión pública de la actual Administración, que redujo los fondos destinados a prevención de desastres y a la investigación científica en México, contrasta con la reacción de preocupación que el lunes mostró el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Para Cruz Atienza, las autoridades tienen “la obligación moral” de guiarse por los expertos.

“Tengo la impresión de que el conocimiento científico resulta poco atractivo en nuestro país”, ha manifestado.

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