Periodistas Unidos. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 3 de noviembre de 2025.- En el Día de Muertos, colectivos, organizaciones y personas individuales de México y el mundo unieron sus voces en un pronunciamiento colectivo titulado “Pronunciamiento por La Vida y El Común”, para honrar a las víctimas de luchas por la libertad y denunciar la escalada de la guerra contrainsurgente contra los Pueblos Zapatistas. La declaración, leída durante una acción simbólica frente a la cruz de madera en la Plaza Catedral, alerta sobre el despojo legalizado de tierras en el poblado Belén, perteneciente al Caracol 08 Dolores Hidalgo (Ocosingo), y defiende la propuesta zapatista de “El Común” como semilla de resistencia al capitalismo destructivo.

El texto, emitido el 2 de noviembre, reitera la denuncia de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) sobre agresiones iniciadas en abril de 2025: invasiones respaldadas por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Chiapas y policía municipal de Ocosingo, que han incluido quema de casas, robo de cosechas y desplazamiento forzado. Estos actos buscan legalizar la entrega de tierras recuperadas por el EZLN en 1994 a “extraños”, mediante supuestos conflictos agrarios, tácticas que el pronunciamiento califica de “continuidad de viejas estrategias contrainsurgentes” bajo la Cuarta Transformación (4T).

“La clase política en el poder, cínicamente, dice que su 4T representa un cambio profundo. Pero lo que vemos en este ataque es la continuidad de viejas tácticas: creación de conflictos agrarios para enfrentar al EZLN con población civil, quema de casas, robo de cosechas, desplazamiento forzado, intervención militar y uso del aparato jurídico para legalizar despojos”, se lee en el documento, dirigido a los Pueblos Zapatistas, Congreso Nacional Indígena (CNI), Sexta Nacional e Internacional, Redes de Resistencia y Rebeldía y firmantes de “Una Declaración por la Vida”.

El núcleo del pronunciamiento es la defensa de “El Común”, propuesta zapatista que invita a no zapatistas a trabajar la tierra colectivamente, transformando la noción de propiedad en cuidado compartido. “El Común es una práctica de SIEMBRA: siembra memoria al reconocer la tierra como bien compartido de ancestras y ancestros; siembra formas más justas de ser y estar en el mundo, priorizando la vida colectiva; siembra liberación al construir bases materiales para la autonomía, sin patrón ni permiso”, enfatiza el texto. Esta visión, que incluye milpa, café, educación y derechos de las mujeres, se presenta como antídoto a la pobreza, hambrunas y destrucción capitalista agravados por el crimen organizado y guerras globales.

Los firmantes —más de 126 organizaciones y redes de Grecia, Alemania, Francia, Italia, Bolivia, Chile, Bélgica y México, junto a 158 individuos como Julieta Egurrola, Gabriela Jauregui, Raúl Zibechi y Xóchitl Leyva Solano— exigen: que las tierras de Belén pertenezcan a las Bases de Apoyo del EZLN por derecho ancestral y recuperación en 1994; detención inmediata del despojo y actos contrainsurgentes; y alertan sobre el riesgo a la autonomía zapatista, ejemplo global de autogobierno, autodefensa y resistencia al extractivismo.

“Nos mantenemos en alerta e invitamos a todas las organizaciones, colectivos y personas de buen corazón a seguir protestando ante cualquier ataque al EZLN. Nuestra rabia no será silencio. Nuestra resistencia no será apagada. La vida no se rinde”, concluye el pronunciamiento, que resuena con acciones previas como la del 11 de octubre en San Cristóbal y boletines del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que documentan la “continuidad de la contrainsurgencia” en Chiapas.

Este llamado se enmarca en un contexto de creciente violencia en Chiapas, con hostigamientos paramilitares y disputas territoriales que amenazan la paz construida por los zapatistas desde 1994. La acción del 2 de noviembre, con un altar en la Plaza Catedral, simbolizó la “memoria viva” y la urgencia de sembrar El Común para florecer el compañerismo y la libertad colectiva.

Aquí el comunicado completo:

https://frayba.org.mx/pronunciamiento-por-la-vida-y-el-comun-2-de-noviembre-sclc-chiapas

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Periodistas Unidos. San Cristóbal de Las Casas, México. 30 de septiembre de 2025.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó en un boletín sobre la persistencia de estrategias contrainsurgentes en Chiapas, que incluyen despojo territorial, creación de conflictos y operativos militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En el foco, el Poblado Autónomo Zapatista Belén, en la Región Campesina del Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo”, con sede en Dolores Hidalgo (municipio oficial de Ocosingo), donde se reportan agresiones que buscan privatizar tierras recuperadas en 1994.

La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), parte de las estructuras que impulsan “El Común” zapatista, denunció ataques iniciados en abril de 2025, con negación al diálogo, mediciones territoriales, amenazas, robo de cosechas, quema de dos casas y despojo. Estos actos, perpetrados por grupos de civiles junto a la policía municipal de Ocosingo, Policía Estatal, Delegado de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Chiapas y efectivos del Ejército mexicano, han desplazado forzosamente a al menos 13 Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN) y 40 campesinos no zapatistas, encargados del trabajo colectivo y la milpa común.

“El fin es convertir el territorio recuperado en tierra privada, lo que pone en riesgo la vida e integridad de las personas que habitan el territorio”, enfatizó el Frayba, vinculando estos hechos a una renovación de hostigamiento estatal contra el proyecto político zapatista y su lucha por la vida.

La organización documentó intentos previos en abril, mayo, julio y agosto, con invasores de Huixtán respaldados por documentos supuestamente oficiales, amenazando con “salir por las buenas o por las malas”.

El 18, 20 y 22 de septiembre, 15 personas se posicionaron en el predio, con apoyo de dos camionetas del Ejército federal, tres de la policía de Ocosingo y cuatro de la Fiscalía, destruyendo y quemando viviendas, y robando elotes.

Estos eventos no son aislados: constituyen la segunda incursión conjunta de fuerzas estatales y militares en territorio zapatista este año. La primera ocurrió el 24 de abril en San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama (Región Autónoma Vicente Guerrero), con un operativo de 39 vehículos de Guardia Nacional, Ejército, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal y otros, que incluyó cateos sin órdenes judiciales y detenciones arbitrarias de BAEZLN.

Además, en abril, durante el Encuentro Zapatista (Rebel y Revel) Arte, se registraron hostigamientos y vigilancia militar.

El Frayba califica estas acciones como parte de una estrategia contrainsurgente disfrazada de “restitución de tierras” por el sistema de justicia, con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para confrontar al EZLN y facilitar megaproyectos extractivistas, de infraestructura, turísticos e industriales en Chiapas.

“Como en los tiempos del PRI, ahora disfrazado de 4T”, advierten, señalando que esta violencia viola los artículos 1 y 2 de la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la OIT (artículos 13, 14 y 15), las Declaraciones de la ONU y OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 25-32 y 25-27), y los Acuerdos de San Andrés, que reconocen el territorio como columna vertebral de los pueblos.

Ante el riesgo de escalada, el Frayba ha remitido la información a gobiernos estatal y federal para que respeten el territorio zapatista y detengan las violaciones por parte de sus agentes. Exigen la integridad de las personas no zapatistas y BAEZLN, así como de sus territorios donde se construye “El Común y la No Propiedad”. Hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para acciones en defensa de la vida y el territorio.

El EZLN ha difundido videos e imágenes de vehículos estatales en el predio, responsabilizando a los tres niveles de gobierno de promover enfrentamientos en favor de terratenientes y empresarios.

Este contexto resalta la alarmante crisis de derechos humanos en Chiapas, donde la autonomía zapatista enfrenta una guerra de desgaste que amenaza su legado de resistencia.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2025.- La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (A.C.G.A.Z.), de los Gobiernos en Común, emitió una denuncia pública dirigida a los pueblos de México, el Congreso Nacional Indígena, la sociedad civil, la Sexta Nacional e Internacional, organizaciones de derechos humanos y medios alternativos, alertando sobre ataques, hostigamiento y manipulación por parte de los tres niveles de gobierno contra las Bases de Apoyo Zapatistas en el poblado Belén, región Campesina del Caracol 8 Dolores Hidalgo, municipio de Ocosingo.

El comunicado detalla una serie de agresiones iniciadas el 22 de abril de 2025, cuando 30 personas del municipio de Huixtán —encabezadas por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Palé, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez—, resguardadas por el Ejército Federal y la Policía Municipal de Ocosingo, ingresaron al predio recuperado por el EZLN en 1994. Los intrusos, que afirmaron contar con documentos legales entregados por el gobierno, amenazaron a los compañeros zapatistas encargados del trabajo colectivo y la milpa común con no zapatistas, exigiendo su salida “por las buenas o por las malas”. Destruyeron letreros y midieron la tierra, pese a intentos de diálogo por parte de las comunidades.

Ante las amenazas, la A.C.G.A.Z. acordó un retiro temporal para planear la defensa. Las incursiones se repitieron el 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto. El 18, 20 y 22 de septiembre, 15 personas se posicionaron en el predio; el 20 de septiembre, llegaron dos camionetas del Ejército Federal, tres de la Policía Municipal de Ocosingo y cuatro de la Fiscalía General del Estado. Destruyeron y quemaron casas de los encargados zapatistas, robaron elotes y continúan saqueando, rechazando nuevamente el diálogo al insistir en la entrega formal de la tierra por el mal gobierno.

Los Gobiernos en Común enfatizan que estas tierras fueron pagadas por el gobierno federal en 1996, durante la gestión de Manuel Camacho Solís, como parte de los acuerdos postlevantamiento. Acusan a la Cuarta Transformación de un plan deliberado para generar choque, enfrentamiento y guerra, beneficiando a terratenientes y empresarios transnacionales en detrimento de los pueblos pobres.

La denuncia advierte sobre la impunidad en México, donde el mal gobierno colude con el crimen organizado y enciende “chispitas” que podrían prender un fuego mayor, recordando que “hoy es Palestina, mañana seremos nosotros y nosotras”. Aseguran contar con fotos y videos como prueba, y llaman a la solidaridad: “Cuídense. Quizás todavía nos veamos o ya no”. Mantendrán informados a los compañeros del Congreso Nacional Indígena y la sociedad civil sobre la búsqueda de la vida en común.

Este caso se inscribe en un patrón de agresiones contra comunidades zapatistas en Chiapas, como las reportadas en el poblado 6 de Octubre (Caracol de Jerusalén) en septiembre-octubre de 2024, donde grupos armados respaldados por autoridades locales de Ocosingo y el estado invadieron tierras recuperadas, instalaron chozas y amenazaron con violencia, incluyendo violaciones, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Manifestaciones en San Cristóbal de las Casas en septiembre de 2025 exigieron un alto a esta escalada, vinculándola a megaproyectos como el Tren Maya.

El comunicado completo, fechado el 24 de septiembre de 2025, circula en sitios como Enlace Zapatista y medios alternativos, subrayando la urgencia de la solidaridad internacional ante lo que perciben como una guerra de baja intensidad contra la autonomía indígena.

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Periodistas Unidos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 22 de agosto de 2025. El pasado 16 de febrero, 20 indígenas de la etnia lacandona fueron detenidos en un operativo en la comunidad de Lacanjachanzayá, municipio de Ocosingo, Chiapas, y trasladados al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 17 “El Bambú”, en Playas de Catazajá, Palenque, mientras que dos de ellos fueron enviados al penal de Molollá de Juárez. La detención, calificada como arbitraria por su representante legal, José Domingo Rodríguez Mechún, ha desatado una serie de protestas, incluyendo una huelga de hambre encabezada por mujeres y niños de la comunidad, quienes exigen la liberación de sus familiares.

El operativo, según el informe de la Fiscalía General del Estado, buscaba desarticular una presunta célula del crimen organizado liderada por un individuo apodado “El Cabra”, acusado de utilizar terrenos de la zona arqueológica de Bonampak como pistas de aterrizaje para el tráfico de drogas y vehículos de transporte de pasajeros para el traslado de migrantes rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, Rodríguez Mechún, quien lleva más de 25 años defendiendo a los lacandones, cuestiona la veracidad de los documentos oficiales y denuncia irregularidades en el proceso.

Entre las inconsistencias señaladas por el abogado están la falta de identificación de un testigo clave, la discrepancia en la geolocalización de los hechos y la ausencia de pruebas como el análisis de rodizonato de sodio para detectar residuos de pólvora. Además, asegura que existen videos que desmienten la versión oficial y que los elementos de seguridad, conocidos como “pacales”, habrían solicitado 50 mil pesos a los detenidos a cambio de su libertad, grabaciones que no han sido entregadas por las autoridades.

Huelga de hambre y clamor por justicia

Alrededor de 20 mujeres y niños de la comunidad Lacanjachanzayá iniciaron una huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos, entre los que se encuentran esposos, padres, hermanos y sobrinos. Natalia Chankayon Chanakin, una de las afectadas, relató que tiene a cuatro familiares recluidos: su padre, Juan Chankayon Yuk; su hermano, Chanbor Chankayon Yuk; su sobrino, Og Chanbor Chankayon Kimbor; y su esposo, Héctor Chanbor. “Nos quedamos solas, sin dinero, sin sustento. Mi hijo de 14 años dejó la escuela y sufre de asma, no tenemos ni para sus medicamentos ni para comida”, expresó.

Por su parte, Jorge Luis Gómez Villar, otro representante de los lacandones, se encuentra en una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde lleva días exigiendo una solución. A sus casi 70 años y con un diagnóstico de cáncer, Gómez Villar asegura que no se moverá hasta que se firme una minuta de acuerdo que garantice la liberación de los 20 indígenas. “Me han traído de un lado a otro, pero no hay solución. Esto es una cuestión de humanidad. Las pruebas demuestran que la detención fue ilegal, con armas sembradas y contradicciones en las declaraciones de los pacales”, afirmó.

El abogado Rodríguez Mechún también denunció que cinco de los detenidos son policías turísticos que trabajaban en la entrada a Bonampak, un sitio arqueológico clave para el turismo en la región. “Es ilógico que se les acuse de espantar a los turistas, cuando su labor era protegerlos”, señaló. Además, destacó que una denuncia por corrupción, registrada el 5 de julio con el número 0494-101-1303-2025 ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, no ha recibido respuesta.

Un llamado a las autoridades

Las familias lacandonas, acompañadas por sus representantes legales, piden la intervención del gobernador de Chiapas y de las autoridades federales para revisar el caso y garantizar la liberación de los detenidos. “Si el gobierno habla de humanismo, que lo demuestre. Hay grabaciones que acreditan la inocencia de los lacandones, pero nadie hace nada”, insistió Gómez Villar.

También se ha entregado una carta a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para pedir que tome medidas para la liberación de los implicados.

Mientras tanto, las mujeres y niños de Lacanjachanzayá, junto con sus defensores, continúan en resistencia, esperando que su clamor sea escuchado y que se haga justicia para los 20 lacandones que, tras casi seis meses, permanecen privados de su libertad.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de octubre de 2024.- Integrantes del Frente de Resistencias contra la Represión y la Brutalidad Policiaca dirigieron una carta urgente a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, solicitando la intervención del gobierno federal ante los recientes actos violentos en el territorio zapatista de Chiapas.

Según el comunicado, el pasado 16 de octubre el poblado zapatista 6 de octubre, parte del Caracol Nuevo Jerusalén, ha sido objeto de agresiones y amenazas por parte de habitantes del poblado Palestina, bajo la presión del crimen organizado y con el respaldo de autoridades locales. Las agresiones incluyen el uso de armas largas, la quema de casas, el robo de pertenencias, cosechas y animales, así como intentos de desalojo y amenazas de violación contra las mujeres que han trabajado estas tierras durante más de 30 años.

Manifestación en apoyo a las comunidades zapatistas y contra la guerra en Chiapas afuera de la Secretaría de Gobernación #EZLN Foto: Alejandro Meléndez @alexmelon pic.twitter.com/8OXr22HLwI

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) October 19, 2024

Los zapatistas señalaron la complicidad de autoridades municipales de Ocosingo y del gobierno estatal de Chiapas, lo que ha generado un clima de tensión que pone en riesgo la integridad de los habitantes del Caracol. Por ello, demandan una acción inmediata por parte de la Secretaría de Gobernación para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir la expansión del crimen organizado en la región.

Durante un mitin realizado el 17 de octubre, colectivos y comunidades indígenas exigieron la salida de paramilitares de Chiapas, condenando los ataques recientes contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Portando una bandera nacional monumental, los manifestantes se reunieron frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, denunciando la complicidad de las autoridades y exigiendo una respuesta rápida tanto de Rosa Isela Rodríguez como de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México.

La situación es alarmante, ya que los ataques no solo violentan el Estado de Derecho en la región, sino que, según los manifestantes, podrían generar un cambio profundo en la coyuntura política del país. Hacen un llamado urgente a todas las colectividades y redes de lucha dentro y fuera de México para que se sumen a las acciones de protesta programadas hasta el próximo 26 de octubre y así mantener viva la lucha de las comunidades zapatistas y evitar un desenlace trágico.

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EFE. Ocosingo, México. 07 de septiembre de 2023.- Cientos de indígenas tzeltales, choles y lacandones de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, estado de Chiapas, sureste de México, marcharon este jueves por las calles de la zona para exigir la presencia de las fuerzas de seguridad y manifestarse en contra del crimen organizado que pretende extorsionarlos.

Los indígenas de pueblos originarios exigieron además un cese a la violencia que ejercen grupos delincuenciales, quienes se pelean el territorio y han comenzado a hostigar a los civiles al intentar apoderarse de comunidades, caminos y veredas de la zona de la selva.

La movilización, como lo atestiguó EFE, estuvo conformada por autoridades de la comunidad y municipales, amas de casa, estudiantes, agricultores, así como también por personas desplazadas por el crimen organizado.

Durante su recorrido por las calles mostraron pancartas con mensajes como «¡Alto a la violencia!», «No a la extorsión a la comunidad», «¡Paz y tranquilidad en nuestro pueblo!», y «Fuera carteles de la Selva Lacandona»

• Chiapas es un territorio estratégico por su ubicación geográfica, y representa el puente de conexión entre el sur y el norte del continente a través de 700 kilómetros de frontera con Guatemala

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