• La película mexicana es protagonizada por la reconocida actriz María Aura y es la ópera prima del cineasta Rubén Villa.

• Será distribuida por Benuca Films, cuyo fundador Fernando Montes de Oca es también productor ejecutivo.

• Isaac Ezban (director de El Incidente, Los Parecidos y Mal de ojo) también es productor ejecutivo, con su compañía Red Elephant Films.

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EFE. Los Ángeles, Estados Unidos. 30 de mayo de 2024.- Los mexicanos en EE.UU. votarán para las presidenciales de su país este domingo con un sentimiento de «olvido» por haber quedado fuera de las propuestas de los tres candidatos y con la sensación de que las opciones de este año son «poco prometedoras», aseguran a EFE representantes de esa comunidad.

«A los partidos lo que les interesa son dos cosas, el presupuesto y votos, y los migrantes no representamos ni una cosa ni otra. Por lo tanto no nos tienen miedo, ni les importa quedar mal con nosotros», asegura Avelino Meza, secretario general de la asociación apartidista Fuerza Migrante.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, las más grandes de la historia, con 97 millones de personas llamadas a las urnas.

Hasta pasado 26 de mayo la institución reportó que había recibido más de 93.000 votos por correo o en línea y se prevé que unas 16.000 personas acudan a votar presencialmente a las 23 sedes consulares el 2 de junio, día de las elecciones.

Meza, quien desde la fundación ha impulsado el voto extranjero y luchado por tener representación migrante en el congreso mexicano, cree que al menos 150.000 votarán, frente a los 98.470 registrados en 2018, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

María Elena, profesora de 61 años, considera que estas elecciones han estado marcadas por la «falta de profesionalismo» de parte de los tres contendientes a la presidencia: Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD), Claudia Sheinbaum (Morena) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano).

«Vi todos los debates pero era una peleadera entre unos y otros, les faltó seriedad», dice a EFE la mujer nacida en Michoacán que lleva 35 años en Victorville, California.

Aunque se considera apartidista, ha votado por la opositora Gálvez porque tiene la percepción de que en el oficialista Morena «todos son muy deshonestos».

También explica que la sensación de inseguridad en sus visitas a México ha incrementado y que es un tema que le preocupa, pues uno de sus deseos es pasar la mitad del año en México cuando se retire.

A Hanna, de 37 años, residente en Boston y originaria de la Ciudad de México, se le pasó la fecha de registro y como en dicha ciudad no habrá una sede presencial para emitir su voto se quedará sin emitirlo. Habría elegido a Sheinbaum.

«Yo no he tomado ningún bando, pero cuando estuvo gobernando en la delegación en la que yo vivía hizo muchas cosas buenas de las que me beneficié y en mi caso yo no he visto a los demás partidos favoreciendo a la gente», comenta a EFE.

También explica que uno de los temas que más le preocupan de México son los feminicidios, 5.000 en el sexenio de AMLO.

Pero Hanna también confiesa que al vivir en EE.UU., sin papeles desde hace aproximadamente cinco años, le preocupan más las presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre, en las que competirán el actual presidente, Joe Biden, y el exmandatario, Donald Trump.

«Las elecciones en EE.UU. van a tener un impacto dramático para cualquiera que asuma la presidencia en México y creo que los candidatos no son conscientes de ello», cuenta a EFE el analista político y profesor retirado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Pomona, Miguel Tinker Salas.

Severiano Iturbide, de 51 años, originario de Puebla y residente de la ciudad de Santa Ana, California, cree que es una lástima que por ley los candidatos no puedan realizar campaña en Estados Unidos.

Después de cumplir con sus ocho horas diarias de trabajo en construcción, Iturbide acude a restaurantes y al consulado mexicano para apoyar a la gente en la realización de trámites e informar sobre la importancia del voto en estas elecciones.

Este domingo será observador electoral en Santa Ana, y eligió el voto presencial para revivir la última experiencia electoral que vivió en México en el año 2000, cuando Vicente Fox ganó las elecciones.

Aunque prefiere no decir por quién va a votar, asegura que le emociona que sea una mujer quien vaya a tomar las riendas del país.

«Gane quien gane, vamos a tener a la primera presidenta de México, creo que eso nos da la oportunidad de quitarnos el cliché en el que nos tienen en el mundo de que somos machistas», apuntó.

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Foto: Mario Guzmán / EFE

Por Klarem Valoyes Gutiérrez y Eduard Ribas Admetlla

EFE. Bogotá/México. 18 de diciembre de 2020.- «Hace dos meses, alguien puso precio a mi cabeza», cuenta afligido Omar Bello. Este periodista vive escondido en la Ciudad de México desde 2017, cuando huyó de las amenazas del narcotráfico en Guerrero. El miedo persiste hoy. Y es que a pesar de la pandemia, la violencia sigue desangrando a México y a la región.

La historia de Omar, de 45 años y larga cabellera, transcurre en paralelo con la degradación de la seguridad en su país. En la zona costera de Guerrero, donde trabajaba como fotorreportero de sucesos para medios locales, comenzaron los enfrentamientos entre cárteles en 2005 y se agravaron cuando el presidente Felipe Calderón (2006-2012) les declaró la guerra.

El trabajo de la prensa pasó a estar totalmente controlado por el crimen organizado, coludido con autoridades locales. Nada se podía publicar sin el aval de los capos. «Si no lo hacía era como ponerme una AK-47 y volarme los sesos. Yo tenía que pedir permiso, tenía que preguntar si salía o no alguna cosa. Es algo muy frustrante», rememora a Efe.

Tras sufrir dos secuestros y «un sinfín de amenazas» la situación se volvió insostenible. En 2017, un amigo policía le sopló que el narcotráfico había ordenado a la corporación de seguridad atraparlo y matarlo. Huyó de inmediato dejando a su familia atrás.

«Te voy a hacer pedacitos hijo de tu puta madre», le profirió por teléfono un capo a Omar mientras este escapaba a la Ciudad de México. Se había acogido al mecanismo gubernamental de protección para periodistas, que le «salvó la vida».

«Si me hubieran dejado allá, yo sería uno más de la estadística hoy», cuenta el reportero, quien todavía es buscado por los criminales.

LA VIOLENCIA NO SE CONFINA

Este mecanismo es ahora una de las víctimas colaterales de la covid-19. El Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador lo suprimió junto a varios fondos dedicados a la protección de los derechos humanos para ahorrar recursos frente a la crisis económica derivada de la pandemia.

Y esto, a pesar de que el mismo Ejecutivo ha contabilizado este año 19 asesinatos de periodistas, el mayor número en la última década.

La violencia contra reporteros, sin embargo, es una de las tantas caras de la violencia en México, país que en 2019 batió todos sus récords con 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios. Y a pesar de los meses de cuarentena, 2020 va en camino de superarlo.

«Uno pensaría que los niveles de violencia iban a disminuir (…) pero lo que hemos visto es que estos índices no han cambiado, y en algunos casos se han venido a exacerbar», explica a Efe la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas, sobre la violencia en plena pandemia en la región.

El coronavirus, que durante varios meses ha tenido a América como foco rojo de contagios y muertes, llegó «en un momento en que la región atraviesa grandes retrocesos en materia de derechos humanos», apunta la activista.

El año pasado, estuvo marcado por protestas masivas que exigían mejores condiciones de vida y que muchas veces fueron reprimidas. Y lejos de mejorar, en 2020 se aplicaron confinamientos forzosos en países como El Salvador, Venezuela y República Dominicana que «bajo el nombre de la protección a la salud terminaron violentando a los derechos humanos».

Además, según Amnistía Internacional, la pandemia ha evidenciado «las carencias que han tenido los Gobiernos históricamente» al no poder frenar la violencia contra las mujeres en países como México, Ecuador, Perú y Uruguay, o contra comunidades vulnerables en Colombia, un país desangrado este 2020.

LAS MASACRES VUELVEN A COLOMBIA

Más que aflorar una violencia oculta, el coronavirus reveló la vulnerabilidad extrema de las regiones colombianas azotadas por el conflicto armado que este año vivieron un derrame incontrolable de sangre con el asesinato de más de un centenar de líderes sociales y políticos, al menos 70 masacres y el homicidio desde noviembre de 2016 de 245 firmantes del acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.

El silencio de los fusiles entregados hace cuatro años no germinó en el cese de las hostilidades contra la población civil. Colombia vivió en 2020 el asentamiento de otros grupos ilegales y residuos de la guerrilla que se siguen batiendo a muerte para agregar a su botín el control de zonas estratégicas para negocios ilícitos, principalmente relacionados con el narcotráfico.

«Hay una reorganización de grupos armados irregulares, paramilitares y guerrillas, incluida el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y algunas fracciones de disidencia de la exguerrilla de las FARC que lamentablemente siguen poniendo en altísimo riesgo de violencia a comunidades», explica Guevara sobre el país suramericano.

Esa reconfiguración de la violencia fue mucho más evidente durante los primeros meses de la emergencia sanitaria cuando las bandas criminales impusieron sus propias medidas de contingencia contra la pandemia a través de amenazas e incluso el asesinato de líderes comunitarios para horrorizar a sangre y fuego a las comunidades.

«Hay unas dinámicas de violencia que anteceden a la pandemia, que durante la pandemia se vieron afectadas hacia la baja o hacia generar más espacios de control para los actores armados ilegales que empiezan a utilizar su poder territorial para aplicar medidas de control sanitario», expone a Efe la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente.

Amnistía Internacional ha documentado más de 16.000 víctimas de desplazamiento forzado masivo y más de 50.000 personas confinadas en sus territorios por el terror con el que se ensañaron los grupos armados, además de 300 personas asesinadas en las masacres.

Un panorama que, en palabras de Guevara, empeora porque en Colombia «falla la voluntad política del Gobierno del presidente Iván Duque para atender de fondo las causas estructurales de esta violencia».

REPRESIÓN EN LUGAR DE SEGURIDAD

En medio de este violento contexto, la tensión social estalló en las calles de Colombia por la muerte en Bogotá de Javier Ordóñez a manos de dos agentes de Policía en la madrugada del 8 de septiembre.

El crimen desató violentas manifestaciones que hicieron arder a la capital colombiana y a la vecina localidad de Soacha. En las movilizaciones murieron asesinadas otras 13 personas.

En junio, fue México el país que se indignó por la brutalidad policial tras la muerte del joven Giovanni López a manos de agentes por presuntamente no llevar cubrebocas. Y en octubre, la Policía del paraíso turístico de Cancún disolvió a tiros una manifestación contra los feminicidios, en un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres.

Amnistía Internacional ve con preocupación no solo el «uso excesivo de la fuerza para el control de manifestaciones sino también por el control de los territorios que han sido expuestos a esta violencia».

En México, «paradigma de la militarización» en la región desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, López Obrador formalizó legalmente este año la presencia del Ejército en las calles, a pesar del preocupante historial de los soldados en violaciones a los derechos humanos.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA

La lideresa social Yaneth Mosquera no olvida el atentado con explosivos que sufrió el pasado julio y del que salió ilesa en el convulso departamento colombiano del Cauca.

A pesar de haber presentado ante la Fiscalía General más de 400 denuncias por las amenazas que ha recibido, estas no han evitado que ella y otros activistas del suroeste de Colombia sigan siendo «blanco» de ataques.

«Como somos independientes, somos un blanco fijo para estos delincuentes. Cuando pedimos garantías integrales no nos referimos a un vehículo, no son dos hombres. Las garantías tienen que ser para que uno como líder social pueda llegar a los territorios y las comunidades con una voz de aliento y apoyo», advirte a Efe.

Mosquera, quien dice estar segura de que cualquier día la van a matar, sigue en la mira de bandas criminales por su oposición al reclutamiento de menores de edad en el sur del Cauca, uno de los departamentos con más cultivos de coca.

Su labor de liderazgo se ha visto empantanada por las restricciones de movilidad que supuso la pandemia. Las comunidades, atemorizadas por la represalias de los actores armados, dejaron de hablar con confianza sobre la situación en su territorio y se negaron a contribuir con información por teléfono.

«Podemos estar conectados virtualmente pero sí se genera una condición de aislamiento muy profundo porque en la realidad las comunidades siguen sufriendo pánico económico y se ven a merced de estos grupos armados ilegales», señala Llorente sobre «la impotencia y frustración» de las organizaciones sociales por las limitaciones que enfrentan para acceder a la Justicia, un reto común en toda la región.

EL TEMOR AL OLVIDO

Tras seis años de su desaparición, las fotografías de los 43 estudiantes cuelgan en la humilde escuela para maestros de Ayotzinapa, en el sur de México. «¿Dónde están?» es la pregunta sin respuesta que sigue resonando en las aulas.

El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación de este caso que conmocionó al mundo y al que su predecesor, Enrique Peña Nieto, había dado carpetazo asegurando que fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes.

Este 2020 se dieron algunos pasos para no dejar el caso impune. Se identificaron los restos de uno de los estudiantes y por primera vez fue arrestado un militar presuntamente vinculado. Pero las suspicacias subsisten en un país en el que no se resuelve el 99 % de los delitos.

Así lo ve un estudiante de la escuela de Ayotzinapa que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Con una camiseta del subcomandante Marcos, advierte que a los arrestados se les imputan cargos por narcotráfico, pero no por la desaparición forzada de los 43. Y cada año que pasa, más lejos ve la justicia.

«Es como una cuestión de miedo que nuestros compañeros se queden en el olvido, porque para nosotros nunca se van a olvidar, pero para la sociedad vemos que se están olvidando, ya se ve como normal». 

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Foto: Mark Lennihan / AP

AP. Londres, Inglaterra. 10 de enero de 2019.- Google no tiene que aplicar la ley del “derecho al olvido” en sus buscadores de todo el mundo, dijo el jueves un asesor del máximo tribunal de la Unión Europea.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE emitió una opinión preliminar en la disputa entre el gigante tecnológico estadounidense y el regulador de privacidad de datos de Francia.

El caso se deriva del fallo judicial de 2014 que decretó que la gente tiene derecho a controlar lo que aparece cuando se realiza una búsqueda con su nombre en internet. La sentencia obligó a Google a borrar los enlaces a la información personal desactualizada o embarazosa que ofrecía su buscador.

Las dos partes solicitaron una aclaración sobre un fallo francés de 2015 que ordenó a Google a eliminar este tipo de resultados de todos sus buscadores bajo demanda, y no solo en las versiones europeas como www.google.fr.

El abogado general Maciej Szpunar, señaló en su opinión que el tribunal «debería limitar el alcance de la desreferenciación que deben realizar los operadores del buscador» y señaló que esto no debería aplicarse a todos los dominios, según un comunicado.

Las opiniones de los abogados generales de la corte no son legalmente vinculantes, pero suelen tenerse en cuenta en sus decisiones.

El caso puso el foco sobre la necesidad de equilibrar las preocupaciones sobre privacidad y protección con el derecho del público a saber. Además planteó cuestiones espinosas sobre cómo aplicar las distintas jurisdicciones en un escenario sin límites como internet.

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