Por Román Munguía Huato

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de octubre de 2026.- El problema del suministro de agua potable para la población es muy grave en casi todo México. En el mundo, “alrededor de 2,000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, 771 millones no tienen acceso a servicios básicos de agua potable, de acuerdo con datos del Banco Mundial”. De manera directa o indirecta, este problema es causado por el desarrollo del capitalismo global. Una de las causas del desastre hídrico es derivado por el calentamiento planetario, que a su vez tiene sus orígenes desde hace siglo y medio con el proceso de industrialización capitalista que empezó a utilizar masivamente combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) que, por ende, empezó a elevar la temperatura global, aumentándola más de 1.1 °C desde entonces. A esta industrialización se añaden las alteraciones climáticas provocadas por la agricultura y la deforestación a gran escala. “El capitalismo –dice Marx– tiende a socavar sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano.”

México no está exento de esta problemática, causada por factores como gestiones hídricas insuficientes y sequías. Pero una cosa es carecer de agua y otra cosa totalmente distinta es recibirla muy contaminada, sucia, maloliente y hasta con residuos fecales. Esto es lo que le sucede a una parte considerable de la población de la zona metropolitana de Guadalajara.

https://tecscience.tec.mx/es/humano-social/escasez-de-agua-mexico/

El problema del suministro del agua potable es un problema eminentemente político. Es político porque el Estado no quiere ni puede resolverlo, pues las políticas públicas hídricas, aunque satisfacen parcialmente las necesidades de consumo de la población tienden a favorecer las necesidades del consumo productivo del capital en general. El proceso de privatización del agua sigue avanzando, porque las políticas públicas han derivado en la administración del suministro de agua potable o del acceso a los acuíferos por parte de empresas o entidades privadas mediante concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

México atraviesa una severa crisis hídrica provocada por la mala distribución del recurso, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la contaminación generalizada de sus fuentes. De acuerdo con datos estadísticos la disponibilidad de agua por habitante pasó de más de 10,000 metros cúbicos anuales en 1960 a menos de 3,358 metros cúbicos en la actualidad, con proyecciones a la baja.

La crisis también consiste en la degradación creciente de sus ríos, lagos y lagunas. Por ejemplo, la cuenca hídrica Lerma–Santiago, una de las más importantes del país, es la más contaminada, y el Río Santiago está terriblemente contaminado desde el Lago de Chapala hasta el litoral del Pacífico; es un río muerto. Gran parte del suministro del agua de Guadalajara proviene de este lago. Arroyo Seco –afluente de la Presa Las Pintas, donde llega el agua del Lago de Chapala– está contaminadísimo. Aunque la contaminación de las cuencas hídricas viene de décadas atrás, el saneamiento de las cuencas hídricas del país es política ficción. Ocho años de la Cuarta Transformación (4T) en el gobierno federal y todo ha quedado en una farsa absoluta de Morena, partido gobernante, respecto a una política de regeneración ambiental.

La metrópolis de Guadalajara, como toda gran ciudad capitalista, está plagada de problemas sociales muy graves: La urbanización caótica misma, la corrupción urbanística y el problema habitacional, la contaminación ambiental y el problema de la basura y sus vertederos con lixiviados, el caro y deficitario transporte público, déficit de áreas verdes, etcétera. Pero al gravísimo problema de la inseguridad en Jalisco (16 mil desapariciones forzadas), la delincuencia criminal y el narco (Cártel Jalisco Nueva Generación. CJNG), se viene a sumar el del suministro de la escasez y del agua contaminada. Detrás de todo se encuentra la profunda corrupción política en todos las esferas del poder político. Jalisco es una de las entidades ideológica y políticamente ultraconservadoras, cuyos grupos de poder son representativos de una rancia oligarquía con sus partidos políticos derechistas; pero eso no impide que no haya expresiones minoritarias de oposición democrática en las diversas esferas sociales y políticas. Ejemplo de ello son las manifestaciones ciudadanas reivindicando el derecho al agua potable.

El problema del suministro de agua potable no es reciente, por lo menos tiene tres décadas. Una parte de la población metropolitana no tiene acceso domiciliario al agua. La zona metropolitana de Guadalajara tiene alrededor de cinco millones y medio de habitantes y aproximadamente medio millón de personas no cuentan con conexión directa a la red de agua potable del SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado), afectando a más de 150 colonias irregulares o periferias. En el caso del municipio de Guadalajara, según un estudio de la Universidad Iberoamericana, tiene la probabilidad más alta de fallas y fugas de agua potable entre las 90 principales ciudades de México. La escasez y las fallas en la provisión del líquido son producidas políticamente pues se distribuyen de manera desigual en las viviendas. En los hogares de estrato bajo la probabilidad de sufrir fallas es 68 por ciento mayor que en los de estrato alto.

https://prensa.ibero.mx/es-MX/nota/tienen-tuberia-pero-no-agua-guadalajara-la-ciudad-con-mas-probabilidad-de-fallas-en-el-suministro-del-pais-especialistas-ibero

Los reportes recurrentes y masivos de agua turbia y maloliente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se intensificaron fuertemente a finales de 2025 y principios de 2026, aunque las denuncias ciudadanas por mala calidad y sedimentos en las tuberías del SIAPA existen desde hace años; con picos importantes registrados desde 2016 y de forma más notoria a mediados de 2020. Antecedentes (2016–2024): Vecinos de diversas colonias comenzaron a reportar agua con sedimentos, coloraciones extrañas y olor fétido, motivando recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Inicio de la crisis actual (finales de 2025–enero de 2026): Se dispararon de forma masiva los reportes de agua turbia, color café, naranja o negra en los hogares, alcanzando entre 243 y 655 colonias. Agravamiento y medidas (octubre de 2026): La crisis escaló a protestas y cierres en el suministro; el gobierno estatal anunció el cierre temporal de la extracción de la presa Las Pintas y esquemas de tandeos para mitigar la emergencia biológica y de turbiedad detectada en la red. “Aunque el problema de la calidad del agua se ha intensificado recientemente, las denuncias ciudadanas por desabasto y suministro se remontan a casi una década”.

https://www.informador.mx/jalisco/cronologia-de-la-crisis-de-agua-en-guadalajara-asi-empezo-en-2025-20261013-0131.html

No obstante el agua insalubre que llega a las tomas domiciliarias de la metrópoli, el gobierno estatal mediante la Secretaría de Salud de Jalisco nunca emitió ninguna alerta sanitaria como prevención del problema. La ineptitud burocrática se presenta en todas las dependencias.

El perfil de Pablo Lemus Navarro es el de un junior empresario –fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Jalisco (2008–2011)– metido a político rapaz para lucrar con el erario siendo presidente municipal de Zapopan (2015–2021) y de Guadalajara (2021–2023), por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Lemus Navarro aprendió muchísimo de su antecesor Enrique Alfaro Ramírez, sobre todo las lecciones represivas contra la población: El 4 y 5 de junio de 2020, miles de jóvenes y ciudadanos salieron a las calles de Guadalajara para exigir justicia frente al Palacio de Gobierno y las instalaciones de la Fiscalía por el homicidio de Giovanni López. Las manifestaciones de protesta fueron reprimidas brutalmente por las corporaciones de seguridad. El episodio más crítico ocurrió el 5 de junio, conocido como el Halconazo jalisciense, cuando agentes ministeriales vestidos de civil y a bordo de camionetas sin placas detuvieron de forma arbitraria, golpearon y mantuvieron incomunicados o desaparecidos por horas a decenas de jóvenes.

Alfaro Ramírez 13 de octubre de 2024 afirmó que su primera acción como gobernador de Jalisco fue visitar el río más contaminado de México, el Río Santiago y que para el saneamiento en los últimos seis años fueron invertidos más de siete mil millones de pesos en 66 acciones que incluye la puesta en marcha de 20 plantas de tratamiento, lo que permite que el 75 por ciento del agua ya está siendo tratada, es decir, ocho mil metros cúbicos por segundo, detalló el mandatario. Más aún, dijo que el agua para Guadalajara estaba garantizada para los próximos 50 años años. “Es decir, vamos a llegar prácticamente a los 10 mil litros por segundo de aguas tratadas. Y faltarían los cuatro mil que ya explicamos son el reto del próximo gobierno, que son las cuatro pequeñas plantas de tratamiento que se tienen que hacer en esta parte de la ciudad.” Alfaro Ramírez entregó el documento final al gobernador electo Pablo Lemus para que tenga toda la información del avance que se alcanzó y lo que le va a tocar hacer. Lemus Navarro adelantó que pedirá el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que continúe la limpieza de este río.

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/13/estados/persiste-contaminacion-del-rio-santiago-pese-a-inversion-del-7-mmdp-5343

https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/se-observan-7-puntos-con-mejoras-en-rio-santiago-enrique-alfaro/

Todo lo anterior fue una total demagogia absoluta y una verdadera farsa; pero la desaparición de los siete mil millones de pesos parece veridica. Justamente dos años después, ya en tiempos del gobernador actual, vinieron las consecuencias nefastas de uno y otro gobernadores.

La crisis del agua estalla violentamente en Guadalajara.

A la Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, el domingo 11 de octubre llegó una manifestación pacífica ciudadana para exigirle el suministro de agua potable. En vez de una respuesta política mediante el diálogo y propuestas razonables, el gobernador había preparado vilmente otra respuesta política: era una muy violenta, pues las hordas policiacas de los antimotines entraron en acción aventando gases lacrimógenos y los bomberos lanzando potentes chorros de agua, irónicamente agua limpia, y pedradas. Había por doquier vallas de protección para que la gente no se acercara a la Casa. Una parte de los poco más de diez mil participantes de jóvenes adultos, ancianos, mujeres y niños resultaron heridos. Un día antes Lemus se había comprometido publicamente a respetar la manifestación, pero fue todo lo contrario, aplicó mano dura; una infamia “Al estilo Jalisco”, su lema político. Ante la ineptitud manifiesta de proponer una alternativa de solución al problema, su alternativa fue la violencia. Poco más de 50 personas, jóvenes en su mayoría, fueron arrastrados por la policía hacia dentro de la Casa Jalisco, que en los hechos se convirtió en cárcel y lugar de secuestro (desaparición forzada temporal), tortura y amenazas; algunos de ellos fueron llevados y consignados arbitrariamente a la penal de Puente Grande. Por supuesto, en la represión participaron jóvenes como Halcones, gente vestida de civil provocando a la policía para deslegitimar la protesta pacífica.

Testimonios recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ratifican tortura y amedrentamiento a manifestantes por parte de policías dentro de Casa Jalisco durante las protestas del 11 de octubre.

https://x.com/DiariodeGDL/status/2112502769047212163

https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/10/19/estados/trato-brutal-en-casa-jalisco-victimas-narran-golpizas-y-amenazas-del-gobierno-de-pablo-lemus

No era la primera represión gubernamental a protestas ciudadanas pacíficas, pues ya en el año 2024, el gobierno de Jalisco —encabezado en su primera parte por Enrique Alfaro Ramírez y a partir de diciembre por Pablo Lemus Navarro— enfrentó señalamientos, como mencionamos, por el manejo ilegal de la seguridad pública e investigaciones a comisarías municipales por presunta corrupción y uso de la violencia policial. Asimismo, en dicho año se registraron tensiones por movilizaciones sociales y operativos policiales. Veinte años antes la represión histórica más recordada en Jalisco ocurrió el 28 de mayo de 2004, durante la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE) en Guadalajara, cuando el gobierno panista de Francisco Ramírez Acuña ordenó detenciones arbitrarias y torturas a manifestantes, pues cientos de activistas, jóvenes y altermundistas protestaron contra la cumbre ALCUE y el sistema neoliberal, y los policías estatales reprimieron la movilización, persiguiendo y deteniendo a más de un centenar de personas (incluyendo transeúntes y menores de edad).

El 18 de octubre el auténtico movimiento ciudadano opositor democrático a Movimiento Ciudadano en el poder autoritario, nuevamente organizó una protesta pacífica; el destino no era la Casa Jalisco sino en el céntrico Palacio de Gobierno. Se estima una cantidad de 10 mil manifestantes exigiendo suministro de agua potable, el rechazo a la privatización del SIAPA y a los tandeos (recortes temporales del agua). Pero a todo ello se añadía una legítima demanda política: Revocación de mandato del gobernador, derivado de la brutal represión en la Casa Jalisco y de la insistencia de hacer negocio privado con el agua.

Ante el enérgico rechazo popular a la represión, Pablo Lemus ya no se atrevió ordenar a sus hordas antimotines policiacas volvieran a ejercer violencia contra los manifestantes, pero si volvió a sacar a sus Halcones mercenarios para provocar e intimidar a los participantes de la marcha de protesta que fueron expulsados del contingente masivo, trasladándose los vándalos al Palacio causando desmanes y daños a comercios, especialmente dañando el edificio gubernamental e incendiando uno de los pórticos de entrada. Para tener algunos pocos chivos expiatorios la policía detuvo a 40 personas tras los disturbios y actos de vandalismo. Con los hechos represivos ocurridos el 11 de octubre y su intento grotesco de deslegitimar la protesta a la semana siguiente, Lemus, su gobierno y MC, sigue hundido en un pantano político putrefacto de agua contaminada.

El miércoles 21 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno aportará 13 mil millones de pesos para el suministro de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ¿Por qué no lo hizo desde el inicio de su administración, hace dos años? A su vez, Lemus descarta, según él, deuda o privatización de servicios para obras de agua en Jalisco y anunció una inversión estatal de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos para obras de infraestructura hídrica. Pero mientras no se resuelva el saneamiento de la cuenca hídrica Lerma–Santiago persistirá el problema de abasto y calidad del agua para Guadalajara.

Días antes, el 15 de octubre, Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por la presunta detención y presunta tortura de los manifestantes que protestaron en Guadalajara contra el desabasto y la mala calidad del agua. En la denuncia se solicita que la FGR atraiga las investigaciones por la represión y agresiones contra los manifestantes. En tal sentido, es muy legítima la demanda ciudadana de la revocación inmediata de mandato del gobernador.

Mientras tanto, hay incertidumbre de la decisión gubernamental definitiva al problema del agua, pero lo único claro es la total ineptitud del gobierno de Lemus para resolver los grandes y graves problemas que afectan a la mayoría de los trabajadores jaliscienses del campo y las ciudades, como la de Guadalajara, la tercera en importancia demográfica nacional; un reflejo funesto de lo que sucede en todo el país.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de octubre de 2026.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, hizo un anuncio el miércoles 14 que trascenderá más temprano que tarde en la medida que empiece a funcionar y arroje sus primeros resultados en los próximos meses y años del segundo sexenio de la Cuarta Transformación, consistente en la creación del Grupo de Expertos Independientes, tanto mexicanos como extranjeros, a los que contactaron por la vía de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que se hará cargo de realizar un “análisis técnico y científico” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que solicitaron a los integrantes del GEI tres tareas fundamentales: revisar y validar técnicamente las metodologías que se están utilizando, al tiempo que les encomendaron establecer criterios diferenciados, basados en prácticas internacionales para que en los registros que cuentan con información suficiente se realice una búsqueda. También definirán el tratamiento que se dará a aquellos que, de acuerdo con el análisis realizado, no tienen datos completos o suficientes para identificar a una víctima o para realizar el rastreo. Y les solicitaron proponer mejoras técnicas y, cuando sea necesario, reformas legales o administrativas que permitan mantener un registro confiable, actualizado y eficaz.

Como se recordará, apenas el pasado mes de abril Gobernación expresó –y lo acaba de refrendar– su desacuerdo con el informe del Comité de Desaparición Forzada, en el que se solicitó remitir “urgentemente” la situación en México a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto, el mismo Félix Arturo Medina subrayó que se trata de casos del pasado, del periodo correspondiente a los sexenios del panista Felipe Calderón (2006-2012) y del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando la desaparición forzada estaba a cargo del Estado mexicano. Y anunció su participación en el foro organizado en Nueva York sobre desapariciones forzadas, organizado en el contexto de la 81 Asamblea General de la ONU, en el que presentará los avances de la estrategia nacional para la búsqueda de personas y las reformas legales hechas con ese objetivo. Lo anterior revela, junto con la constitución del GEI, que se encontró una ruta para multiplicar la cooperación sin superar el disenso con el Comité.

La formación del Grupo de Expertos Independientes, integrado por mexicanos y extranjeros, permitirá disipar la machacona idea de algunos colectivos de búsqueda y organizaciones no gubernamentales –pero con inocultables claras inclinaciones hacia uno u otro de los partidos opositores que las reciclan con demasiado ruido faccioso– que interpretan casi en automático el tratamiento y clasificación de los desaparecidos –una antigua y sistemática práctica del viejo régimen político– como un intento del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por maquillar cifras y eludir la responsabilidad de buscar y localizar a todas las víctimas de desaparición, aunque no siempre forzada como está ampliamente documentado por Gobernación.

Con el magno propósito de impartir justicia y también para desmentir aquella interesada o desinteresada percepción, los tres poderes de la Unión requieren redoblar sus valiosos esfuerzos para encontrar a las personas de las que se ignora su paradero, esclarecer lo sucedido a cada una, hacer justicia hasta donde sea humanamente posible porque no existen los milagros como el que encierra la tan bella como demagógica exigencia de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Acuse de recibo

“Gusto en saludarle y compartirle el programa de actividades para la LII Reunión Cronistas veracruzanos, historiadores, narradores e invitados nacionales, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por allá refrendaremos nuestra hermandad. DM. Para su mejor atención confirme su asistencia. a los teléfonos incluidos o al 784 848 7051. Para cualquier duda o para recibir más información, envíe un mensaje a cronistasdeveracruzac@gmail.com”. (…) En el Chirispiote 193 (10-X-26), revista virtual satírica, literaria y política, se informa: “El 3 de octubre pasado se presentó en el Museo de la Ciudad de México la novela El Chanfalla era un gandalla, los presentadores fueron los doctores Patricia Cabrera y Jorge Veraza, y los periodistas Humberto Musacchio y Jorge Turón”. Y que “El 23 de septiembre, Ángel Font versó elegantemente en El Colegio Nacional sobre novelas que tienen a la Cdmx por contexto, pero omitió desafortunadamente para su análisis El Chanfalla… de Gonzalo Martré. Incluso invitó a escribir la novela del siglo IA y de AirB+B de la Cdmx. Laudable proyecto narrativo imposible de cumplir seriamente sin considerar El Chanfalla…, porque es aquella novela en la cual la crítica social a la realidad nacional, en especial la de la Cdmx, es más extensa y profunda, esto es, desarrollada y minuciosa o singularizada…”

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de octubre de 2026.- En “Después de la Letra… la Palabra”, Témoris Grecko y Alejandro Meléndez analizan la intervención de Benjamin Netanyahu en la ONU, el escenario electoral en Israel y el poder de los grandes conglomerados mediáticos vinculados con Larry y David Ellison.

La conversación aborda también las elecciones presidenciales de Brasil, las encuestas de septiembre de 2026 y las denuncias sobre posibles mecanismos de intervención política mediante redes sociales, bots y recursos económicos. Al cierre, comentan las deportaciones de personas desde Estados Unidos hacia terceros países y los próximos eventos de Témoris Grecko y León Chávez Teixeiro.

El primer turno de las elecciones brasileñas está programado para el 4 de octubre de 2026 y, si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. Las encuestas publicadas el 28 y 29 de septiembre muestran diferencias entre institutos y escenarios de segunda vuelta dentro de márgenes estrechos.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de septiembre de 2026.-  El aún treintañero Roberto Velasco Álvarez fue impugnado por Enrique Krauze, el ideólogo de las derechas mexicanas, en las redes sociales (con dueños antisociales) en estos términos: “El punto más bajo de la diplomacia mexicana, en 200 años de historia” (22-IX), en comentario a una foto de la comparecencia del secretario en uno de los foros organizados por la Organización de las Naciones Unidas previos a su Asamblea General, sobre los derechos de la comunidad LGBT.

El ingeniero Krauze es un hombre de frases hechas, porque la misma idea expresó cuando la hoy secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, profesora de grupo, fue designada en 2022 por Andrés Manuel López Obrador secretaria de Educación. Y por supuesto que no se disculpará el ingeniero después del discurso de Velasco en la 81 Asamblea General que enseguida comento.

El hilo conductor del relato titular de la SRE lo resume esta idea: México “ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente”; para refrendar el reconocimiento al Estado de Palestina, el respaldo a Cuba frente al sexagenario bloqueo; simultáneamente al llamado para emprender a una reforma de fondo de la ONU, que enfrenta “un reto de enorme magnitud” para cumplir su mandato fundacional.

La soberanía en la visión del canciller no depende del poderío. “La soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho”. Y explicó que “ninguna nación construye su futuro desde el aislamiento”, ya que “su soberanía se fortalece en el diálogo y la colaboración respetuosa con todos los pueblos”.

Explicó Velasco la posición mexicana respecto a Cuba de esta manera, la solidaridad con el pueblo cubano que México sostiene “por más de seis décadas”, desde el 3 de febrero de 1962, y el rechazo “a toda medida económica unilateral contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población”, frente al draconiano bloqueo energético impuesto por Donald John Trump y presumido hasta la desmesura de asegurar la “caída del régimen” que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Objetivo con el que sueña la Casa Blanca desde 1959.

Continuó RVA con Palestina, donde México “ha defendido durante décadas la solución de dos Estados” y reconoce al Estado de Palestina, “con el derecho de su pueblo a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas”. Remató que “El derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza” y “la población civil debe ser protegida”, antes de que el genocidio que encabeza Benjamin Netanyahu y DJT la aniquilen.

“En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, el canciller postuló que el reto de renovación de la ONU implica “preservar a la humanidad del flagelo de los conflictos armados, proteger los derechos humanos, mejorar la situación de millones de personas vulnerables y asegurar la vigencia del derecho internacional”. Enmarcó estas posiciones en los principios constitucionales de la política exterior –autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias e igualdad jurídica de los estados–, coincidentes con la Carta de San Francisco. “México no necesita adaptar su política exterior a la Carta de Naciones Unidas, pues la lleva escrita en su Constitución”. Principios que para Héctor Aguilar y Jorge Castañeda ya no tienen razón de ser en “un mundo globalizado”.

Acuse de recibo

De “Charly charlybrownb76@gmail.com. Saludos Sr. Eduardo Ibarra Aguirre, me alegro mucho de leer artículos donde se trate de desvelar los acontecimientos que vive la nación venezolana y el mundo. Siempre leo los artículos de Aporrea (portal de Caracas con 327 000 seguidores), y a todos los que escriben, sin distinción de su pedigrí ideológico. Durante los últimos años hemos visto como el país se ha venido deteriorando en los diferentes ámbitos de la vida nacional, el proyecto histórico que encarnó Hugo Chávez fue totalmente saboteado y desdibujado. ¿Usted sabe qué es el proyecto CIVIR de Hugo Chávez? Sabía que el comandante dejó escrito muchos documentos clasificados para la creación de una estructura virtuosa en la política, que blindaría el poder popular. Llamada CIVIR. Lo invitó a buscar en YouTube, las investigaciones de unos cortos documentales llamados El Ocaso del Cadete León Hugo Chávez. @triandafila5973. Aquí de una manera sencilla pero contundente un investigador llamado Triandafila, reconstruye los dos últimos años de vida del comandante Chávez. Cómo diseña durante su enfermedad un testamento político, oculto y manipulado por sus herederos, luego traidores e inclusive pueden estar las claves de quienes enfermaron al comandante Chávez. El investigador trabaja con documentos originales e inéditos del comandante Chávez… espero que pueda orientarlo en esta incertidumbre de traiciones…”

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EFE. Ginebra, Suiza. 25 de septiembre de 2026.-  La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una lista actualizada de las empresas con actividades económicas en los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, con 214 firmas de 11 países que figuran en el listado, entre ellas tres españolas y una mexicana.

Además de las tres compañías españolas y la mexicana, la lista incluye 192 firmas israelíes y ocho estadounidenses; con dos empresas figuran China, Francia y Reino Unido; y con una, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo.

Dos de las empresas españolas ya figuraban en la anterior versión de la lista, de 2025: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), mientras que la firma de transportes Salvat Logística es una de las 61 añadidas este año, así como el conglomerado mexicano Orbia Advance.

Además aparecen conocidas multinacionales como las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking; la también norteamericana Motorola Solutions; la empresa de ingeniería francesa Egis; o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.

Cinco empresas que estaban el pasado año en la lista han sido retiradas de la misma tras aportar pruebas de que ya no estaban implicadas en actividades en asentamientos israelíes, entre ellas dos españolas: Actividades de Construcción y Servicios (ACS) y Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI).

La lista cubre actividades empresariales entre el 2 de agosto de 2019 y el 15 de abril de 2026, y sólo contempla actividades en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, no en Gaza.

Reacción de Israel

La Embajada de Israel ante la ONU en Ginebra reaccionó inmediatamente a la publicación de la lista y afirmó en un comunicado que se trata de «una herramienta política empleada por la Oficina del Alto Comisionado para continuar con la difamación de empresas que no han hecho nada malo».

«Disuadir a empresas y otras entidades de operar en territorios en conflicto puede tener, en sí mismo, efectos adversos sobre los derechos humanos. La realidad es que esta base de datos perjudica a la población cuyos derechos dice querer promover», agregó.

Ineco insiste en que no trabaja en territorios ocupados

Consultada por EFE, Ineco insiste en que no trabaja en territorios ocupados y que su actividad en Israel se limita a proyectos situados en territorio reconocido internacionalmente, entre ellos la Blue Line de metro ligero. Desde finales de 2023 ha renunciado a nuevos contratos en el país y sus ingresos allí han caído de casi 10 millones de euros anuales a menos de 3 millones.

La compañía ha pedido a la ONU que la retire de la base de datos de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes. También ha estudiado abandonar anticipadamente la Blue Line, pero explica que romper unilateralmente el contrato supondría un elevado riesgo jurídico y económico. El proyecto finalizará previsiblemente en 2029.

Diferentes niveles de implicación

Según la ONU, de las 214 empresas incluidas en la nueva lista, 200 «contribuyen a impactos adversos sobre el derecho a la libre determinación» de los palestinos, mientras que las 14 restantes, aunque con una implicación menor, tienen vinculación «directa», lo que es el caso de la española Salvat Logística o de las británicas JCB y Greenkote.

El organismo de Naciones Unidas elabora esta lista por mandato del Consejo de Derechos Humanos, ante el que será presentada para su debate el próximo lunes.

Tras las primeras versiones de 2020 y 2023, la oficina abrió en 2024 una convocatoria pública para que interesados presentaran más información sobre posibles implicaciones empresariales en los asentamientos ilegales.

Recibió entonces datos de 596 firmas, y las actualizaciones de 2025 y 2026 son resultado del estudio de estos expedientes, aunque quedan todavía 255 compañías por analizar.

Entre las empresas con información recibida en 2024 que la oficina del alto comisionado Volker Türk aún no ha podido estudiar y podrían por tanto formar parte de listas futuras se encuentran firmas del sector de la seguridad.

No sanciona, pero alerta

La lista no conlleva sanciones económicas para las empresas que incluye, pero la ONU sí les insta a que tomen medidas para el respeto de los derechos humanos.

En palabras del alto comisionado Türk, la lista «recuerda a las empresas que tienen responsabilidad en materia de derechos humanos, y que se espera de ellas la diligencia debida para asegurarse de que no se vean implicadas en violaciones o abusos».

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también instó a los Estados a garantizar mediante medidas judiciales, administrativas o legislativas el apoyo a personas afectadas por abusos de derechos humanos relacionados con actividades empresariales.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de septiembre de 2026.- Témoris Grecko y Alejandro Meléndez conversan en “Después de la Letra… la Palabra” de Periodistas Unidos sobre el discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU, sus declaraciones sobre México e Irán y el contexto político de Estados Unidos.

También analizan las restricciones a periodistas en la Casa Blanca, la situación del corresponsal mexicano Jesús Esquivel y la reacción de medios como Fox News y CBS ante las medidas que afectan la cobertura presidencial.

En la segunda parte, Témoris Grecko habla de la actividad “43 más 3”, convocada por personas solidarias con Ayotzinapa, que reúne a artistas, periodistas y otras personas para mantener presente la exigencia de verdad y justicia por los estudiantes desaparecidos y asesinados en Iguala.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de septiembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó entablar un choque verbal con su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que este calificara a la nación mexicana como el «epicentro» del narcotráfico durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional este miércoles 23 de septiembre de 2026, la jefa del Ejecutivo subrayó que la relación bilateral se sostiene sobre principios de coordinación, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida.

La mandataria respondió a los cuestionamientos señalando que, si bien existen elementos de debate sobre la problemática de las drogas y el tráfico transfronterizo, su administración optará por mantener la diplomacia y el diálogo institucional. «Nosotros podríamos entrar, yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’. O podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir», expresó la jefa del Ejecutivo federal ante los medios de comunicación.

En su mensaje desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el mandatario estadounidense catalogó como «inaceptable» la situación de seguridad en la franja fronteriza y exigió «recuperar el control» territorial, aunque reconoció mantener una buena relación operativa con la actual administración mexicana. Al respecto, Sheinbaum Pardo enfatizó dicha disposición al diálogo para consolidar avances en las estrategias conjuntas contra el crimen organizado sin permitir intervenciones que vulneren la soberanía nacional.

La postura del Gobierno de México reitera que el combate a la delincuencia organizada requiere acciones bilaterales coordinadas, incluyendo la contención de la demanda de estupefacientes en Estados Unidos, el freno al flujo ilegal de armas de fuego hacia territorio mexicano y el rastreo de operaciones de lavado de dinero. En semanas recientes, la secretaría de Seguridad y la Cancillería han insistido en que las acciones de fiscalización y decomisos deben mantener métricas equivalentes de ambos lados de la frontera.

Las mesas de trabajo entre las delegaciones de seguridad e inteligencia de México y Estados Unidos continuarán operando bajo los esquemas de colaboración vigentes.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional mantendrán el seguimiento a los acuerdos en materia de contención fronteriza y combate al tráfico de sustancias ilícitas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México a 22 de septiembre de 2026.- La organización mexicana ILAS A.C. (Infancia Libre de Abuso Sexual), en conjunto con una red de asociaciones civiles y personalidades públicas, encabeza una iniciativa internacional para exhortar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tipificar y atender el Abuso Sexual Infantil (ASI) como una violencia y delito de alto impacto a nivel global, con estándares normativos que trasciendan las fronteras territoriales.

La propuesta busca movilizar a la comunidad internacional frente a una crisis transversal que afecta tanto el entorno físico como el digital. De acuerdo con las estimaciones mundiales publicadas en 2024 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 370 millones de niñas y mujeres en el mundo (1 de cada 8) han sufrido violación o agresión sexual antes de cumplir los 18 años. En el caso de los niños y hombres, la cifra global se sitúa entre 240 y 310 millones (aproximadamente 1 de cada 11).

A esta realidad se suma la creciente dimensión de los delitos facilitados por las tecnologías de la información. El Into the Light Index (2024), elaborado por el Childlight Global Child Safety Institute de la Universidad de Edimburgo, señala que en solo 12 meses más de 300 millones de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual en entornos digitales, registrando que 1 de cada 8 enfrentó solicitudes sexuales no solicitadas en línea o sufrió la difusión no consentida de material íntimo.

Puntos clave de la petición a la ONU

La iniciativa impulsada por ILAS A.C., dirigida por la activista y  escritora Dafna Viniegra, plantea cuatro ejes centrales para obligar a los Estados miembros a articular mecanismos uniformes de prevención, justicia y salud pública:

1. Clasificación jurídica: Reconocimiento formal del Abuso Sexual Infantil como delito de alto impacto a escala internacional.
2. Presupuesto etiquetado: Obligatoriedad para que los gobiernos asignen partidas presupuestales exclusivas e inamovibles destinadas a la prevención, detección, atención y reparación integral.
3. Reparación del daño: Establecimiento de estándares internacionales para la restitución y garantía de derechos de las víctimas.
4. Reinserción y tratamiento: Acceso obligatorio a tratamiento terapéutico especializado y basado en evidencia para adolescentes agresores, como parte del proceso de responsabilidad jurídica y prevención de la reincidencia.

Alianza multisectorial

La estrategia es respaldada por un frente amplio de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Fundación PAS, Freedom, Te Protejo México, Unión Mujer, Red Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, Educado en Red, Early Institute y el SIPINNA Jalisco, entre otras instituciones dedicadas a la protección de los derechos de la infancia.

Asimismo, la causa cuenta con la amplificación de figuras públicas y voceros de la sociedad civil como Lorena Ochoa, Fernanda Familiar, Zuria Vega, Luz María Zetina, Sandra Echeverría, Natalia Téllez, Chobi Landeros y Paula Aguilar, quienes se han sumado activamente para visibilizar la problemática en la agenda pública.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de agosto de 2026.- Este domingo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de madres y padres buscadores, familiares y organizaciones de derechos humanos realizarán marchas, pegadas de fichas, veladas, misas y actos de memoria en Ciudad de México, Culiacán, Guerrero, Sonora y otras entidades. La fecha, establecida por la ONU, se conmemora en un país que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mantiene más de 130 mil personas en esa condición; cifras recientes de organizaciones y reportes oficiales oscilan entre 132 mil 994 y más de 135 mil casos.

En la capital, la convocatoria principal parte a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Colectivos como Luciérnagas Buscadoras CDMX, Corazones en Búsqueda y otros llaman a familiares, sobrevivientes y ciudadanía a visibilizar la crisis. En paralelo, en la Glorieta de las y los Desaparecidos (Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma) se colocarán alrededor de 2 mil 300 fichas de búsqueda con fotografías y datos de personas de distintos estados, cifra que ha crecido de las 350 de las primeras jornadas en 2022. El programa incluye misa ecuménica y otras acciones de memoria.

En Culiacán, Sinaloa, la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Zona Centro, programó una velada memorial el sábado 29 a las 17:00 horas en el mural de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una marcha pacífica el domingo 30. La concentración será a las 8:30 en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita), con salida a las 9:00 por Avenida Álvaro Obregón hasta el kiosco de Catedral y el Árbol de la Esperanza. El color distintivo será el amarillo, símbolo de esperanza y “regreso a casa”. Después habrá acto en el Jardín de la Memoria.

En Guerrero, familias y colectivos anunciaron jornada de lucha con marchas, pegada de fotografías, ofrendas y misas en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Atoyac, Tlapa y Huitzuco. En Chilpancingo las actividades inician a las 8:00 con pegada de fotos en la Alameda Francisco Granados Maldonado, seguida de marcha al Palacio de Gobierno. En Acapulco se prevé pegada en el Zócalo el 29 por la tarde. En Iguala habrá marcha por el centro a las 9:00.

Madres Buscadoras de Sonora, encabezadas por Ceci Flores, convocaron marcha en Hermosillo. También se reportan actividades en Nuevo León, Zacatecas y otros estados. El Diálogo Nacional por la Paz pidió a iglesias abrir templos y acompañar a las familias.

 En vísperas de la fecha, la Secretaría de Gobernación informó que desde julio de 2025 se localizaron más de 13 mil personas reportadas como desaparecidas (alrededor del 90 por ciento con vida) y que se detectaron 40 mil 628 coincidencias de trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte, de las cuales 6 mil 939 ya cambiaron a localización. El gobierno presentó 10 acciones para reforzar el registro, la búsqueda inmediata y abatir el rezago forense. Las familias y colectivos insisten en que los avances son insuficientes y que persisten impunidad, riesgos para las buscadoras y falta de resultados en casos emblemáticos como el de los 43 de Ayotzinapa.

Las movilizaciones reiteran la consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y demandan que las autoridades asuman de manera efectiva la búsqueda, investiguen con independencia y protejan a quienes buscan a sus seres queridos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México a 4 de agosto de 2026.- Una ciudad puede inaugurar plantas, presas y kilómetros de tubería y seguir acercándose al desabasto. Cuando una cuenca pierde bosques, humedales y capacidad de infiltración, disminuye el agua disponible para abastecer hogares, sostener actividades productivas y responder a las sequías.

1. La infraestructura hídrica comienza en la cuenca. Bosques, humedales, ríos y suelos saludables captan lluvia, favorecen la recarga del subsuelo y moderan los efectos de inundaciones y sequías. Conservar una cuenca, por tanto, también protege la infraestructura que depende de ella. Una red de abastecimiento difícilmente puede compensar por sí misma la pérdida progresiva de sus fuentes.
2. La naturaleza debe ser parte de las decisiones de inversión. La inversión mundial en soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica alcanzó 49 mil millones de dólares en 2025, el doble que una década atrás, de acuerdo con The Nature Conservancy. Estos recursos han respaldado 1,645 iniciativas de restauración forestal, manejo de cuencas y conservación de ecosistemas. Su finalidad es concreta: proteger fuentes de agua potable, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la disponibilidad del recurso. La restauración también funciona como una estrategia de gestión de riesgos ambientales, sociales y operativos.
3. La corresponsabilidad debe traducirse en financiamiento. Las cuencas atraviesan municipios, abastecen ciudades y sostienen actividades productivas. Su gestión requiere acuerdos entre comunidades, autoridades y empresas, acompañados de responsabilidades y recursos claramente definidos. En México ya operan esquemas de cofinanciamiento con la participación de compañías como P&G, Nestlé y Walmart. Las inversiones incluyen obras de conservación de suelo y agua destinadas a reducir la erosión, retener escurrimientos y aumentar la infiltración. Estos modelos permiten vincular las metas corporativas de gestión del agua con necesidades específicas del territorio.
4. Sequías e inundaciones forman parte de una misma planeación. El cambio climático altera la frecuencia y la intensidad de las lluvias, además de prolongar periodos secos, como ha advertido la ONU. Esta variabilidad obliga a planear ambos extremos de manera conjunta. Almacenar agua durante las temporadas de mayor precipitación, recuperar zonas de infiltración y proteger áreas de recarga puede reducir la vulnerabilidad durante las sequías. La misma planeación ayuda a contener escurrimientos y disminuir daños cuando las lluvias superan la capacidad de drenaje de las ciudades.
5. La ciencia permite saber qué soluciones funcionan. Restaurar un territorio también exige medir resultados. Estaciones meteorológicas, imágenes satelitales, drones e indicadores hidrológicos permiten conocer cambios en la cobertura vegetal, la humedad del suelo, la calidad del agua y la capacidad de infiltración. El Humedal de Rayón, en el Estado de México, muestra el potencial de integrar ingeniería y procesos naturales. Con capacidad para tratar 40 litros de agua residual por segundo, este sistema reproduce funciones de los humedales para depurar el recurso y favorecer su aprovechamiento. El monitoreo permite evaluar su desempeño y generar evidencia para replicar soluciones semejantes.

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