Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de marzo de 2025.- El miércoles por la mañana, el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno del presidente Javier Milei pondrá en marcha un botón para silenciar las preguntas de los periodistas durante las ruedas de prensa. Además, se evalúa someter cada interrogante a una votación en redes sociales para decidir si es pertinente o no. La medida llega dos semanas después de que se revelara que la entrevista televisiva al jefe de Estado sobre la estafa de la criptomoneda fue controlada por un asesor presidencial.

La iniciativa, confirmada por Adorni, generó inmediata controversia y encendió las alarmas de las asociaciones de periodistas en Argentina, que la consideran un ataque a la libertad de expresión. Aunque el portavoz justificó la medida como un intento de «ordenar» las ruedas de prensa, los medios de comunicación la interpretaron como un acto de censura. «Nuestro espíritu es el de la libertad y no el de la censura», aseguró Adorni, sin lograr disipar las críticas.

El funcionario explicó que el Gobierno argentino busca decidir a qué periodista otorgar la palabra o someterlo a una votación en redes sociales, un mecanismo que describió como un «Gran Hermano» de la información pública. «La idea, desde el comienzo de mi gestión, es que la sala de prensa sea cada vez más profesional», insistió Adorni, quien añadió: «Prefiero yo mutearlos y se terminó el problema». Además, se anunció que se implementaría un código de vestimenta para los periodistas y se evalúa incorporar a YouTubers e influencers a la sala de prensa.

Guerra contra la prensa

El vínculo del presidente Milei con los medios de comunicación ha sido tenso desde el inicio de su gestión, hace poco más de un año. En una entrevista, el mandatario acusó a un canal de televisión de usar «tosedores» para entorpecer su discurso. En los últimos meses, Milei ha intensificado sus ataques, calificando a los periodistas de «ensobrados» –por supuestamente recibir dinero–, «operadores» y «basuras».

Uno de los blancos recientes del presidente es el Grupo Clarín, propietario del Diario Clarín y del canal TN, donde se emitió la entrevista que desató polémica en febrero por su manejo. La relación conflictiva con la prensa suma un nuevo capítulo con esta medida, que reaviva el debate sobre la libertad de prensa y el acceso a la información en el país.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este jueves establecer una «tómbola» entre los reporteros para decidir quién podrá hacerle preguntas durante su conferencia de prensa diaria.

«Pues si quieren pongan aquí una ánfora, si les parece mejor», dijo el mandatario al ser cuestionado sobre su criterio para dar la palabra a quienes acuden a sus ruedas de prensa matutinas.

Y agregó: «Resuélvanlo, porque lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar, uno, por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar. Esa sería una forma buena, porque a mí también me meten en líos porque me levantan la mano» y no sé a quién darle la palabra, argumentó.

Y aclaró que él no tiene ningún problema en recibir preguntas de todos los reporteros que acuden a la «mañanera», como es conocida su conferencia de prensa diaria.

«Es que yo no tengo problema porque no tengo nada que ocultar, al contrario», insistió.

Asimismo, dejó en claro que no tiene preferencias por ningún medio de comunicación en específico. «Saben que no hay preferencias para nadie, ahora que tienen cubrebocas (mascarillas) ni les veo bien la cara», zanjó.

De lunes a viernes, a las siete de la mañana, el presidente mexicano ofrece una conferencia de prensa con la que marca la agenda política y mediática del país.

Todas las conferencias siguen la misma dinámica: el presidente comparece tras haberse reunido con su equipo más cercano, repasa las últimas decisiones que ha tomado y abre una larga ronda de preguntas con los periodistas.

En la rueda de prensa, López Obrador señala con el dedo al reportero al que le permite preguntar, aunque hay quienes han criticado que niega la palabra a los informadores «más incómodos».

Al respecto, un reportero dijo este jueves que le parecía injusto que diera la palabra hasta tres veces en una misma semana a un mismo reportero y a otros les negara la posibilidad de hacer preguntas o lo hiciera solo esporádicamente.

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Foto: Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de julio de 2020.- En la lucha contra el narcotráfico, “el sistema judicial es el que ha tenido más dificultades para cumplir sus funciones”, le dijo el general Cresencio Sandoval al colega Jorge Fernández Menéndez, quien lo entrevistó para un libro sobre seguridad que próximamente saldrá a la venta.

El general secretario se refirió a la “puerta giratoria”, ésa por la que entran delincuentes que no tardan en salir, porque el sistema judicial los libera y vuelven a delinquir, lo que, por supuesto, “afecta demasiado” a la ciudadanía y para las instituciones, “como la Secretaría de la Defensa Nacional, representa una causa de desmoralización, porque nuestro personal —agrega el militar—detiene al delincuente, lo consigna y después es liberado, situación que sucede hasta en dos o tres ocasiones, minando el esfuerzo que se está haciendo, así como la moral para seguir trabajando”.

Don Cresencio Sandoval tocó donde duele, pues refirió que “en algunas ocasiones, quienes tienen que aplicar las leyes le buscan el camino para, de alguna manera, favorecer a la delincuencia”. Algo que, agregamos, ocurre por abulia, corrupción o miedo de los jueces y quienes los auxilian.

Responsable, el militar señaló que “también se ha dado el caso” de que la delincuencia amenaza a quien tiene en sus manos la aplicación de la justicia. En efecto, las amenazas son algo común y en algunos casos se cumplen, con saldos tan trágicos como el de hace unas semanas en Colima, donde el juez Uriel Villegas y su esposa fueron asesinados, dejando en la orfandad a dos menores.

Villegas, cuando se desempeñaba como juez sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco, llevaba el caso de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del capo Nemesio Oseguera El Mencho, lo que, por razones obvias, destacaron los medios.

En días más recientes, en Toluca, la juez segunda de Distrito de Procesos Penales, María del Socorro Castillo Sánchez, puso en libertad a José Ángel Salgado Covarrubias, alias El Mochomo, uno de los capos de la mafia conocida como Guerreros Unidos, a quien se señala como implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien, al salir de la prisión, fue nuevamente detenido, pues había obtenido la liberación a cambio de dos millones de dólares.

El cochupo fue descubierto gracias a una grabación que circuló profusamente. En ella se escucha al abogado del criminal comentar a la madre de éste cómo se puso de acuerdo con el secretario del juzgado. Pese a lo anterior, actuando con inexplicable benevolencia, el Consejo de la Judicatura Federal sólo suspendió por seis meses al funcionario, del que, piadosamente, omitió el nombre. Lo más vergonzoso es que, hasta ahora, no se sabe de sanción alguna contra la juez responsable de la liberación, que debe contar con muy poderosos bienhechores.

De este modo se libera a peligrosos criminales que vuelven a delinquir y los funcionarios del Poder Judicial se benefician de ese trato, pues se saben protegidos dentro de la propia judicatura por una intrincada red de intereses espurios, por padrinazgos que propician carreras exitosas e impunidad ante la corrupción.

En contraste, los togados suelen ser rigurosísimos cuando alguien se atreve a señalarlos como ineptos o corruptos. Un caso ilustrativo es el de la abogada laboral Susana Prieto Terrazas, defensora de quienes trabajan en las maquiladoras de la frontera y antes obrera ella misma de esas empresas que sirven a intereses extranjeros. Es la misma que encabezó exitosamente una huelga de 48 horas en las maquiladoras, la que terminó con un aumento de salarios de 20% y la entrega a los operarios de un bono de 32 mil pesos.

En el curso de la actual pandemia defendió a los trabajadores contagiados y exigió medidas a las empresas para evitar la propagación del virus. Eso le pareció intolerable a los dueños de las maquiladoras y a las autoridades tamaulipecas, que ordenaron su detención y la acusaron de delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares, cargos que, mansamente, aceptó un descontrolado juez de control.

En suma, puerta giratoria para los criminales más peligrosos, hostigamiento y cárcel para quien defiende a los trabajadores y muerte para los jueces honestos. ¿Hasta cuándo?

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