AMEXI. Ciudad de México. 24 de octubre de 2024.- Las y los estudiantes podrían ser excluidos del pago del servicio de transporte público, como una medida de apoyo a su economía, ya que requieren desplazarse libremente a la escuela, biblioteca y trabajo.

La diputada del PAN por Cuauhtémoc, Frida Guillén Ortíz, señaló que las y los jóvenes hacen esfuerzos por estudiar y trabajar al mismo tiempo, por lo que desde el Congreso de la Ciudad de México se tiene el compromiso de escuchar y proponer acciones reales y no demagogia.

Impulsa iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas jóvenes

La legisladora local informa que impulsa una iniciativa para reformar los artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

Afirmó que esta reforma reconocerá la necesidad de otorgar a las y los jóvenes estudiantes en la Ciudad de México la gratuidad en sistema de transporte público masivo (Metro, rutas RTP, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero), como una respuesta del gobierno para beneficiar su economía”.

Explicó que el precio del transporte público suele elevarse en la Ciudad de México, dadas las distancias entre centros habitacionales y zonas escolares y laborales, sin que el Gobierno local los apoye para mejorar su economía familiar.

Se pretende apoyar a las personas con menos ingresos

Guillén Ortíz agregó que por lo general no se contempla que las personas con menores ingresos son aquellas que gastan más en traslados, y son a quienes más se les tiene que apoyar.

Añade que muchos jóvenes universitarios vienen a la Ciudad de México a estudiar lo que implica el pago de un lugar para vivir, servicios básicos, alimentos, libros y útiles escolares, entre otros gastos.

Casi imposible para los estudiantes costear gastos

La diputada panista señala que los estudiantes además de pagar el transporte público tienen otros gastos como renta y alimentos, que con un salario promedio entre 5 mil y 10 mil pesos al mes, les es casi imposible costear.

“En varios estados se contemplan tarifas preferenciales en el transporte público para jóvenes estudiantes, incluso, en esta capital hasta antes de 2018, el gobierno de la Ciudad de México otorgaba tarjetas especiales para que los estudiantes usaran el Metro a menor costo”, precisó.

La diputada panista dijo que esa disposición se eliminó con la presentación de la Tarjeta de Movilidad Integrada durante la administración de Claudia Sheinbaum, cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En otros países se ha optado por la gratuidad de transporte público

La diputada local expuso que hay ejemplos de otros países donde se ha optado por la gratuidad del transporte público para apoyar a los estudiantes.

“No obstante, en España, Malta, Bélgica, Brasil, Canadá, Uruguay, Portugal, Luxemburgo o Estonia, entre otros, han optado por la gratuidad en el transporte público para estudiantes”, destacó.

Tiene tres vertientes la iniciativa de reforma que impulsa

Frida Guillén Ortíz expuso que la iniciativa de reforma que propone se divide en tres vertientes, la primera para impulsar el reconocimiento del derecho a la movilidad en la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

La segunda vertiente contempla atención a través de una política de promoción de transporte público colectivo que considere la situación de las personas jóvenes, especialmente de las personas discapacitadas.

“Lo anterior para avanzar en la modernización de las unidades de transporte público colectivo, a efectos de reducir las desigualdades y prestar un mejor servicio, eficaz y digno”, concluyó.

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AMEXI. Ciudad de México. 28 de junio de 2024.-  Trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon este viernes en demanda del pago de sus últimas quincenas y de prestaciones, las cuales no han recibido.

La marcha partió de la Plaza Roja de la unidad académica “Adolfo López Mateos” de Zacatenco rumbo a la dirección general del Politécnico, para exigir las remuneraciones correspondientes.

El IPN señaló que los inconformes laboran para la empresa Got Und Glück, S.A. de C.V., a la que exhortó a cumplir con el pago de salarios a sus trabajadores que prestan servicios de limpieza en la institución.

Sin embargo, dicha empresa acusó que el IPN le adeuda 130 millones de pesos por servicios prestados en marzo, abril, mayo y junio de este año, ya que la casa de estudios incumplió con los pagos correspondientes pese a que el servicio se prestó.

Los trabajadores de Got Und Glück denunciaron que no han recibido su salario en dos meses, por lo cual ya no tienen ni para comer.

“Lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos laborales, que nos den las prestaciones de ley, y que se nos garanticen condiciones dignas de trabajo”, afirmó Adriana, una trabajadora de limpia.

Con ellos marcharon integrantes de la comunidad politécnica, quienes llamaron a que no se aprueben las reformas al reglamento interior del IPN, lo que pretenden concretar en una sesión en línea, sin abrir al debate correspondiente.

En tanto, Adrián Alvarado, estudiante de la ESIME, llamó al gobierno federal a que “ponga atención de lo que sucede al interior del IPN, porque se han ido acumulando muchas irregularidades e imposiciones desde el gobierno central, que no responden a las necesidades de nuestra comunidad”.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de octubre de 2023.- La Universidad Rosario Castellanos (URC) ha sido un bastión de movilizaciones y luchas sociales a lo largo de su historia, marcada por un compromiso con la justicia y la formación crítica de sus estudiantes. Sin embargo, en los últimos meses, los docentes de esta institución han enfrentado una serie de desafíos que amenazan su estabilidad laboral.

En un comunicado conjunto dirigido a la comunidad de profesoras y profesores de la URC, a los estudiantes y al pueblo de México, los docentes expresan su preocupación por las irregularidades que han afectado el pago de sus salarios desde septiembre y octubre, sumándose a una serie de problemas previos. La transición de la contratación por honorarios a la contratación por nómina ha resultado en una continua precarización de las condiciones laborales de los docentes.

Entre las irregularidades reportadas se incluyen la opacidad en el tabulador laboral, la inexistencia de contratos y credenciales de identificación, recibos incorrectos y modificaciones apresuradas en la forma de contratación. En el ámbito académico, se denuncia la asignación de cargas horarias y plazas basadas en criterios de discrecionalidad en lugar de criterios relacionados con el grado de estudios, la antigüedad docente y la evaluación académica.

La @URCastellanos_ es gran noticia para la juventud de la ciudad, pero tiene sus problemas. La falta de pagos, la poca claridad en prestaciones, asignación de grupos hizo que sus profes organizaran la Asamblea de Docentes de la Universidad Rosario Castellanos (ADURC). pic.twitter.com/hAcxAJTcWK

— Marjory González Vivanco (@Marchupia) October 12, 2023

A pesar de los esfuerzos de organización y las acciones emprendidas para exigir el pago de salarios atrasados, los docentes han enfrentado descalificaciones y un clima de persecución laboral por parte de las autoridades de la universidad. Esto ha llevado a la necesidad de crear un espacio de organización docente, la Asamblea de Docentes de la Universidad Rosario Castellanos (ADURC), con el propósito de articular esfuerzos y establecer un frente común para abordar los problemas específicos de cada licenciatura y avanzar hacia una mayor estabilidad laboral.

Los docentes hacen un llamado a todos sus colegas a unirse a esta iniciativa y participar en la construcción de soluciones a las condiciones de trabajo por carrera, con la perspectiva de establecer un espacio de trabajo más transparente y estable que busque superar la precarización laboral. Este esfuerzo colectivo de organización busca analizar, discutir y proponer soluciones, con la esperanza de que el gobierno democrático responda a las aspiraciones de una lucha social que ha caracterizado a la URC a lo largo de los años.

La Asamblea de Docentes de la Universidad Rosario Castellanos (ADURC) se propone como un eje articulador en la búsqueda del mejoramiento continuo de las condiciones académico-administrativas, manteniendo vivo el espíritu de la universidad como un faro de crítica constructiva y compromiso social.

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EFE. Nueva York, Estados Unidos. 13 de febrero de 2023.- El narcotraficante Jesús «El Rey» Zambada García aseguro hoy que pagó al menos 5 millones de dólares en 2006 al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, cuando este dirigía la Agencia Federal de Investigaciones.

El Rey declaró que realizó dos pagos, uno de 3 millones de dólares y un segundo de 2 millones de dólares a García Luna en el restaurante Los Campos Elíseos, a través del abogado Oscar Paredes, que trabajaba también para el cártel de Sinaloa.

Según Zambada, Paredes le dijo: «Mira, tengo la posibilidad de tener una reunión con Genaro García Luna y platicar con él».

Describió hoy a Paredes como el encargado de mantener los contactos con los responsables de las instituciones gubernamentales y de pagar sobornos a altos cargos.

Según «El Rey», Paredes le dijo que ya se hablaba de que García Luna iba a ser nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública con la llegada del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y que era importante hablar con él para conseguir protección para Ismael Zambada García, alias «El Mayo», uno de los líderes del cártel de Sinaloa y hermano de «El Rey».

En la primera reunión, que según él se produjo a finales de 2006, «El Rey» le dio a Oscar Paredes tres millones de dólares en un maletín y una bolsa de deportes y Paredes se lo entregó a García Luna en una sala reservada del restaurante.

«El Rey», que aseguró que prefería mantenerse en el anonimato, se quedó en el bar, desde donde vio entrar a García Luna con dos acompañantes; quince y veinte minutos después, se fueron con el dinero.

Tras ese encuentro, Paredes, que trabajaba directamente para «El Mayo», dijo que García Luna le había garantizado que no perseguiría ni investigaría a «El Mayo» y que le iba a dejar trabajar como hasta entonces.

En otro momento, «El Rey» comentó que sabía que desde el cártel de Sinaloa le pagaban 1,5 millones dólares mensuales a García Luna.

En noviembre de 2018, durante el juicio por narcotráfico contra Joaquín «El Chapo» Guzmán, «El Rey» ya acusó García Luna de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa.

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EFE. Nueva York, Estados Unidos. 30 de enero de 2023.-  El narcotraficante Oscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia, incriminó este lunes en un tribunal de Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública mexicana Genaro García Luna, a quien supuestamente entregó más de diez millones de dólares del tráfico de drogas a cambio de seguridad e información para combatir a bandas rivales.

El Lobo Valencia, testigo colaborador de la Fiscalía, que se identificó como miembro y más tarde líder del cártel del Milenio, aseguró se reunió en dos ocasiones con García Luna, que hoy volvió a presentarse en el juicio con su traje oscuro, animoso y dicharachero.

El narco, que por su parte compareció vestido con uniforme amarillo de presidiario, fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína y tiene previsto recuperar la libertad en marzo de 2025, de acuerdo con su testimonio en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York.

Este es el segundo testigo presentado por la Fiscalía que asegura haber sobornado directamente a García Luna, después de que la semana pasada el también narco «El Grande» asegurara que el cártel de Sinaloa pagaba mensualmente una cantidad a García Luna, que empezó en 1,5 millones y acabó en 3 millones.

Dinero que, según explicó entonces El Grande, se recolectaba entre los distintos clanes que conformaban el cártel de Sinaloa.

En este sentido, el Lobo Valencia confirmó que había contribuido en 2006 con 2,5 millones de dólares a una colecta realizada entre los narcotraficantes sinaolenses para sobornar al exsecretario de Seguridad Pública.

«Me dijeron que íbamos a hacer una colecta entre todos. Que íbamos a tener un arreglo más grande y más seguridad para todos», dijo El Lobo Valencia, que en un momento del interrogatorio reconoció haber ordenado la muerte de «más de cien personas».

El testimonio del Lobo Valencia coincide básicamente con lo expresado la pasada semana por otro testigo de la Fiscalía, el también narco mexicano Sergio Villarreal Barragán, alias «el Grande», que aseguró que se reunió «en varias ocasiones (con García Luna) para pagarle sobornos de parte del cartel de Sinaloa».

El Grande, el primer testigo de la Fiscalía, declaró el pasado lunes ante los miembros del tribunal que «con la ayuda del Gobierno (mexicano) el cartel creció en términos de territorio» e insistió en que también gracias a la ayuda de García Luna el grupo que era dirigido por el capo Joaquín «el Chapo» Guzmán pudo aumentar la importación de cocaína a México y deshacerse de grupos rivales.

Ante el testimonio de El Grande, la estrategia de la defensa consistió en desacreditarla incidiendo en el pasado criminal del narco, y concretamente sobre su participación en tiroteos, secuestros y asesinatos tanto cuando trabajó para el cártel de los Juárez como cuando a partir de 2001 entró a formar parte del cartel de Sinaloa.

Además, la defensa insistió en un detalle que puede ser fundamental en el proceso, al alegar que no hay «dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas» de las acusaciones.

El juicio ha despertado gran interés en México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó de «vergonzoso» por lo que revelaban los testimonios escuchados.

«Al mismo tiempo que (García Luna) se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los cárteles o uno de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y recibía dinero por eso», enunció la pasada semana en una rueda de prensa.

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EFE. Ciudad de México. 20  de enero de 2022.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México desechó este miércoles un recurso de amparo promovido por el Grupo Elektra en contra del pago de 2.636 millones de pesos (128,8 millones de dólares) correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio de 2006.

Al cuantioso pago que se le imputa a Grupo Elektra, del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, se le suman intereses y actualizaciones y corresponden a que la empresa fusionó a algunas de sus filiales, dedicadas al almacenaje y a distribución, y pretendió que lo invertido en esa operación le fuera deducido del ISR.

Esto recibió la negativa de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y entonces el Grupo Elektra llevó el caso hasta la SCJN, al que llegó en 2018 y donde este miércoles fue desechado su amparo.

Dos jueces del Supremo que votaron en contra del proyecto se pronunciaron por no desechar el asunto, sino directamente «negar el recurso de amparo».

Tras la decisión, la empresa señaló en un comunicado que emprenderá acciones legales ante instancias internacionales.

La mayoría de los ministros de la Segunda Sala de la SCJN «se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa», consignados en la Constitución mexicana, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, señaló la firma.

Agregó que por lo tanto, en pleno apego al Estado de derecho, recurrirán «a las instancias internacionales correspondientes».

Además, la empresa dijo contar con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defenderse de lo que consideran «una violación flagrante» de sus «derechos humanos».

A inicios de febrero de 2021, la jefa del mexicano Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo a medios que los impuestos adeudados por Grupo Elektra ascendían a 40.000 millones de pesos (1.955 millones de dólares).

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de agosto de 2021.- El FMI decidió repartir 650 mil millones de dólares a través de los Derechos Especiales de Giro, a los países miembros que cotizan anualmente a dicha institución. A México le corresponden 12 mil 200 millones de dólares y ello no es una donación, sino se otorgan a baja tasa de interés, para que se canalicen a las reservas internacionales para apoyar la estabilidad del tipo de cambio. Ello favorece a los inversionistas financieros internacionales ubicados en el país, que quieren la estabilidad de la moneda, debido a que perderían con la devaluación de ésta.

Si México cotiza anualmente al FMI, no es para que ésta institución determine a donde deben canalizarse dichos recursos, sino le corresponde al gobierno decidir el uso de tales fondos. El problema es que en vez de tomar una decisión soberana de usarlos al combate a la pandemia, como a la generación de empleo, al apoyo al sector industrial y agrícola, como a los sectores estratégicos y al combate al cambio climático, el Presidente de la República, bajo asesoría de su nuevo secretario de Hacienda, quiere que tales recursos se canalicen a realizar pagos adelantados de la deuda externa del país. Dijo que “creo que es muy bueno para todos y principalmente es muy bueno para la hacienda pública. Es muy bueno para el pueblo de México el que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo, porque si se tiene ese dinero, pagan por ese dinero muy poco interés, mientras la deuda que tiene el Gobierno paga altos intereses…entonces, se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo”. Tal decisión pasa a ser más ultra-tecnócrata respecto a la crítica que el Presidente le dijo a un subgobernador de Banxico la semana pasada. La decisión de pagar en forma adelantada el pago de la deuda externa, beneficia a los acreedores. Ello refleja la posición gubernamental de quedar bien con los acreedores internacionales, a costa de relegar la atención de los graves problemas de salud, de desempleo, de destrucción de capacidad productiva, como los problemas del medio ambiente que enfrentamos.

La preocupación del Presidente es adelantar el pago de la deuda externa para ahorrar intereses. No dimensiona que si esos recursos se canalizasen a la esfera productiva y a la generación de empleo, ello potenciaría el crecimiento económico y la generación de riqueza, lo que permitiría cubrir las tasas de interés, por lo que la deuda podrá ser cubierta, sin representar problema alguno.

Más que adelantar el pago de la deuda externa, lo cual es una posición neoliberal del gobierno, debería postergar el pago de la deuda externa hasta que haya condiciones de crecimiento sostenido en la economía. El país enfrenta una crisis que no se veía desde la década de los años treinta del siglo pasado, por lo que es justificable postergar el pago de la deuda externa, como varios países lo han hecho. En vez de canalizar los recursos que se transfieren anualmente a la banca internacional, habría que destinarlos a incrementar la inversión en Pemex, en la CFE, en la energía alternativa, en infraestructura, y para sustituir importaciones manufactureras y de granos básicos para disminuir nuestra dependencia de productos importados, y mejorar la situación del sector externo. Ello permitiría obtener recursos para el pago de la deuda en condiciones de crecimiento. Esa sería una decisión patriótica en beneficio del sector productivo, de los trabajadores, de los que buscan empleo y no lo encuentran.

En este gobierno, como los de las últimas décadas, no ha habido voluntad política para tomar decisiones en beneficio de un crecimiento sostenido, más soberano y equitativo, sino sigue subordinado a los intereses del sector financiero.

No se aprovecha la crisis económica, ni la correlación de fuerzas que se manifestó en las elecciones del 2018, para realizar las transformaciones económicas necesarias para impulsar el desarrollo productivo y tecnológico, como la generación de empleo bien remunerado, para encaminar a la economía a un sendero de crecimiento económico con baja inflación, con mejor distribución del ingreso, que preserve el medio ambiente y reduzca la vulnerabilidad externa y la dependencia de la entrada de capitales. De no avanzar en tal dirección, el futuro para las presentes y futuras generaciones será de penurias en lo económico, político y social, que llevará al gobierno de la 4 “T” a ser igual que los anteriores.

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EFE. Ciudad de México. 29 de julio de 2021.-  La eléctrica estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este martes de que pagó al contado 65.000 millones de pesos (unos 2.752 millones de euros o 3.271 millones de dólares) en febrero a raíz del apagón masivo por la congelación de los gasoductos de Texas (Estados Unidos).

El masivo apagón por las bajas temperaturas afectó a unos 5,9 millones de clientes en el norte de México.

En conferencia de prensa, el director corporativo de Finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez, explicó que «el pago fue por adelantado» porque en el mercado de combustibles «si no hay confirmación de pago, no hay flujo».

«Lo digo como hazaña, no doy crédito de la fortaleza financiera de esta empresa», señaló Sánchez.

«Pudimos sacar (dinero) de cajones, de arriba abajo, abajo del colchón, pero se pagó a febrero 28 el 100 % de los 65.000 millones de pesos (3.271 millones de dólares)», añadió

También contó que no creyeron «financieramente soportar y tener que negociar en la madrugada si había barcos disponibles en el Pacífico o en el Golfo (de México) que tuvieran gas licuado, que no estuvieran a más de 300 millas náuticas para poder desembarcar, ya fuera en Manzanillo o en Tampico donde hubiera terminales».

También destacó el trabajo de los técnicos mexicanos, quienes dijo no tardaron más de 72 horas en resolver el problema, «le encontraron la cuadratura del círculo y volvió a haber fluido eléctrico».

Apenas el martes, CFE anunció que sus ingresos acumulados al cierre del segundo trimestre de 2021 ascendieron a 285.963 millones de pesos (unos 14.329 millones de dólares).

Además de que se revirtieron pérdidas cambiarias a pesar de un contexto de emergencia por la covid-19 y emergencia climática en Texas.

En 2020, la empresa eléctrica del Estado mexicano, perdió 78.919 millones de pesos (unos 3.758 millones de dólares).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está enfrentado a las compañías eléctricas privadas, especialmente extranjeras, porque considera que durante años se buscó eliminar la CFE con medidas asimétricas que beneficiaban a los privados.

Por ello, ha impulsado una polémica reforma eléctrica que hoy está suspendida judicialmente.

La CFE ha afrontado apagones masivos durante los últimos meses, el más grande en diciembre que dejó sin luz a 10,3 millones de usuarios a nivel nacional.

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