EFE. Ciudad de México. 29 de marzo de 2025.- La desaparición de Pamela Gallardo a los 23 años en 2017, durante la gestión de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de la alcaldía de Tlalpan, sigue sin resolverse más de siete años después, y su familia denuncia que Sheinbaum, ahora presidenta de México, ha abandonado el caso, lo que evidencia desatención del Gobierno a la crisis de desapariciones en el país, agudizada por el caso de Teuchitlán, en Jalisco.

En una brigada de búsqueda organizada esta semana por la familia de Pamela, en el cerro del Ajusco, sur de Ciudad de México, su madre, María del Carmen Volante, encabezó con su esposo Esteban y sus dos hijos otra jornada en la zona donde el 5 de noviembre de 2017 desapareció la joven que asistió al festival musical Tech Soul.

Ellos mismos dieron con este punto en 2021 en un lugar llamado Llano de Vidrio, a media hora del lugar donde presuntamente ocurrió la desaparición de Pamela, pero pasaron cuatro años, trámites y barreras burocráticas del mismo Gobierno para poder hacer el rastreo.

Volante también denunció la falta de equipo y personal capacitado para inspeccionar adecuadamente el sitio, un terreno montañoso y solitario, con abundante maleza, donde los voluntarios doblaban en cantidad a las autoridades.

Esta «indiferencia» muestra cómo «han violentado el ser buscada Pamela», acusó Volante, quien señaló que en esta jornada solo había «cinco policías de investigación que no saben ni agarrar la pala, y hay que estarlos reeducando».

Una crisis en todo el país

La madre buscadora advirtió que estas omisiones retrasan la posibilidad de encontrar a las más de 120.000 personas desaparecidas que acumula el país, donde la capital mexicana no es ajena a este fenómeno.

Volante puntualizó que al inicio de las búsquedas de su hija, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), sí «se involucró» en el caso, pero consideró que ahora les quiere «ignorar».

«Su Gobierno ha violentado a una madre buscadora de este gobierno. No es un pasado (…) y la deuda se compra», aseveró Volante, quien sigue pidiendo una audiencia con la presidenta de México sin ser recibida, misma respuesta que de la actual alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

Entre otras demandas, quiere exponer la importancia de escuchar a madres y familias buscadoras, y no dividirlas ni «devaluar» su labor, para cambios profundos ante la crisis de desapariciones en el país que destapó el hallazgo del rancho en Jalisco, donde colectivos denunciaron el 8 de marzo un «campo de exterminio».

«Porque esto que pasó en Jalisco, ellos (Gobierno) ya lo sabían (…) y desacreditar lo que encontraron las compañeras buscadoras, eso está feo», opinó.

Las familias buscan por su cuenta

Aunque se lastimó una pierna trabajando en otra brigada y esta vez no puede bajar y subir entre los cerros, Volante gestiona el transporte, la comida y pide cuentas a las dependencias del Gobierno encargadas de registrar el terreno, mientras sus hijos organizan a los voluntarios en grupos para cortar las ramas del camino y palpar la tierra en busca de huecos o inconsistencias.

Eduardo Gallardo, hermano de Pamela, señaló que varias herramientas no sirven, como una varilla sin filo y unos machetes que ellos mismos tuvieron que afilar.

«Así es más complicado para nosotros hacer esta búsqueda», lamentó.

Pese a todo, su otro hermano, Esteban Gallardo, destacó que estos casi ocho años los han hecho más fuertes y organizados, sostenidos por redes de apoyo de personas solidarizadas con su lucha.

«Es triste porque quisiéramos no tener la experiencia que hoy tenemos, porque eso implicaría que se resolvió de la mejor manera o se resolvió antes», expresó.

En México, hay más de 120.000 personas desaparecidas, de las que un 25 % son mujeres, -y de ese porcentaje más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De octubre de 2024 al 15 de marzo de 2025, se han registrado más de 6.500 nuevos casos en México, un promedio de 40 desapariciones diarias en el país y siete en la capital, según los datos del Gobierno.

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