EFE. Bruselas, Bélgica. 10 de Junio de 2024.- La gran mayoría de los partidos de derecha resultaron triunfadores en las elecciones para el Parlamento Europeo (PE), que se llevaron a cabo del 6 al 9 de junio en los 32 países que integran el bloque continental.

La derecha arrasó en España, Francia, Bélgica, Grecia, Italia, Alemania, Holanda, Austria, Portugal, Hungría, y Finlandia, según el avance de resultados dado a conocer este lunes.

Tras las elecciones, el Parlamento Europeo quedó distribuido de la siguiente manera: el Partido Popular Europeo (PPE) con 189 escaños, 10 más que la legislatura pasada; Socialistas y Demócratas (S&D) con 135 escaños; y Renew Europe con 80 escaños.

En tanto, los Conservadores y Reformistas (ECR), Vox y el partido de la italiana Giorgia Meloni, subieron hasta los 72 europarlamentarios; y 58 escaños fueron para Identidad y Democracia (ID), donde participa el partido francés Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

Tras estos resultados se han suscitado diversas reacciones. La de mayor polémica es la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien inconforme por el resultado de las votaciones en las que perdió su partido de izquierda, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones en Francia.

El anuncio lo hizo mediante un discurso televisado después de las elecciones europeas. Las elecciones anticipadas se llevarán a cabo en dos partes: la primera parte el 30 de junio y la segunda el 7 de julio.

En Bélgica, el Primer Ministro, Alexander de Croo, anunció entre lágrimas que renunciaría a su cargo después de la derrota de su partido liberal.

El portavoz del gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, afirmó que no piensan convocar a elecciones anticipadas «en ningún momento, ni por un segundo».

A pesar de que el portavoz reconoció que el resultado electoral no fue favorable para el partido del gobierno actual, afirmó que «la fecha de las elecciones está prevista para el otoño del próximo año y planeamos implementarla de esa manera.»

De esta manera, las elecciones dejaron ver con la victoria de la derecha, un cambio en la postura ideológica de los ciudadanos europeos, así como un reto para el futuro de la Unión Europea ante la creciente división que experimenta, señalaron analistas.

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AP. Colombo, Sri Lanka. 12 de julio de 2022.- Los gobernantes de Sri Lanka acordaron que el Parlamento elegirá al nuevo presidente la semana próxima, pero no lograban el martes conformar un nuevo gobierno que saque al país del colapso económico y político.

Desesperados por la grave escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, manifestantes irrumpieron en la casa y la oficina del presidente Gotabaya Rajapaksa, así como en la residencia oficial de su primer ministro el sábado, en la jornada más dramática en tres meses de crisis.

Los dos funcionarios dijeron que cederían a los reclamos de renuncia: Rajapaksa prometió hacerlo el miércoles, en tanto el primer ministro dijo que lo haría una vez instalado un nuevo gobierno. En un posible indicio de las intenciones del presidente, funcionarios de inmigración dijeron que el hermano de Rajapaksa, antes su ministro de Hacienda, trató de abandonar el país el lunes por la noche. La prensa local informó que no pudo hacerlo.

Pero las negociaciones entre los dirigentes opositores sobre un nuevo gobierno están en un impasse, y los manifestantes han dicho que seguirán ocupando los edificios oficiales hasta que se vayan los gobernantes actuales. Desde hace días, el palacio presidencial se ha convertido en una suerte de destino turístico, donde la gente se baña en la piscina, admira las obras de arte y se recuesta en las enormes camas. También iniciaron un incendio en la residencia privada del primer ministro.

El lunes por la noche se logró una solución parcial, cuando los legisladores acordaron elegir a uno de los suyos como nuevo presidente. El 19 de julio se presentarán las candidaturas y al día siguiente se realizará la elección por voto secreto en el parlamento. El nuevo mandatario ejercerá hasta el fin del mandato de Rajapaksa, en 2024.

Pero aún no han resuelto quién será el primer ministro y formará el gabinete. Desde la renuncia de Rajapaksa, prevista para el miércoles, y la votación, el primer ministro ejercerá la presidencia, una disposición que no dejará de enfurecer a los manifestantes, que reclaman la renuncia inmediata de Wickremesinghe.

El impasse político agrava la crisis económica, ya que la ausencia de un gobierno de unidad amenaza con demorar un acuerdo de ayuda con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el país recibe ayuda de la India y China.

Tras años de corrupción y mala administración, la nación insular está altamente endeudada, no puede pagar las importaciones de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, cuya escasez provoca la desesperación de sus 22 millones de habitantes. Sri Lanka anunció en abril que suspendía el pago de sus deudas al exterior debido a la falta de divisas extranjeras.

Los líderes religiosos del país exhortaron a los manifestantes el martes a que abandonen los edificios de gobierno si Rajapaksa cumple su promesa de renunciar el miércoles. Los manifestantes han dicho que permanecerán en ellos hasta que se vayan Rajapaksa y Wickremesinghe.

No está claro cuál será la suerte de los dos hombres una vez que renuncien.

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Periodistas Unidos. Madrid, España. 10 de mayo de 2021.- El resultado de las elecciones para el parlamento de la región de Madrid son el “first round” de la disputa electoral en todo el Estado español y un exponente de los problemas políticos de fondo que aquejan tanto a la izquierda tradicional social liberal como a la nueva izquierda populista surgida de la movilización de los indignados del 15 M. Pero también en el Partido Popular (PP) crecen los problemas: ha surgido de la nada el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso frente al secretario general Pablo Casado quien, a su vez, intenta sacar rédito de la victoria madrileña. Ayuso, como se la conoce, es un producto de marketing político que ha cristalizado en una “marca” que inclina la balanza interna del PP hacia posiciones más neoliberales y derechistas, lo que puede suponer un inconveniente para aspirar a gobernar el conjunto del país. Dicho lo anterior, los resultados madrileños -dadas las características políticas, económicas y sociales específicas de la región- no pueden extrapolarse mecánicamente al conjunto del Estado español. Pero, sin duda, el “gobierno de progreso” formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos ha recibido un duro varapalo.

Y, aún más grave, el resultado electoral supone una muy mala noticia para las clases subalternas, para las y los trabajadores, en definitiva, para el pueblo de izquierdas. El neoliberalismo trumpista madrileño ha revalidado y mejorado su resultado electoral en un contexto social crítico. La situación sanitaria y económica creada por la pandemia se ha sumado a los anteriores factores que configuran un profundo “estado del malestar” que atraviesa a toda la sociedad en el conjunto del Estado español, como ocurre en otros muchos países.

Una situación dramática

En el caso español, ese malestar se agrava para una clase trabajadora que sufre un desempleo -según los registros oficiales, aunque en realidad es mayor- de 3,949.640 personas en marzo del presente año, lo que supone un 15,3% de la población activa que, en el tramo de edad de personas menores de 25 años alcanza el 37%. Al mismo tiempo, las y los trabajadores acogidas a las medidas extraordinarias de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con cargo a las arcas públicas alcanzan la cifra de 638.283 personas a finales de abril. Las “colas del hambre” ante los comedores asistenciales públicos, privados y populares son una dolorosa realidad y las medidas de “escudo social” del gobierno de Pedro Sánchez -como el mísero Ingreso Mínimo Vital creado para casos extremos- no llegan, se retrasan y son insuficientes. La estructura económica española con un sector de servicios turísticos que supuso casi el 13% del PIB en 2019 antes del covid-19 y un entramado de bares, tabernas y restaurantes desproporcionado para la población autóctona, ha sufrido duramente los efectos de la pandemia.

En estas condiciones el gobierno español, con un aumento de la deuda pública que se acerca al 130% del PIB, confía todas sus cartas a la llegada de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, lo que significa que pondrá en manos de las grandes empresas esos préstamos y subvenciones sin que el sector público de la economía se refuerce. El gobierno de coalición PSOE-UP mantiene una política económica neoliberal gobernada por la ministra Nadia Calviño, no aborda una reforma fiscal con voluntad redistributiva para dotar a la vez al sector público de medios y afronta los problemas sociales desde una lógica asistencialista que solo pretende paliar débilmente y sin conseguirlo los aspectos más lacerantes de la pobreza. En definitiva, las clases populares no vislumbran una solución desde la izquierda en el horizonte y, a la vez, aumentan las desigualdades entre capital y trabajo, ricos y pobres, trabajadores con empleo digno y precarios, hombres y mujeres, mayores de 35 años y menores, habitantes de los grandes centros financieros y ciudadanía de las regiones deprimidas. Al igual que en los países empobrecidos, salvando las distancias obviamente, hay amplias capas de la población que se ha encontrado ante el dilema de enfermar del Covid o enfermar por falta de ingresos. Esto es clave para comprender el estado de ánimo y la conciencia popular.

Esta situación objetiva de la clase trabajadora se ve acompañada por un factor muy negativo: la desmovilización y la pasividad ante la situación. Las grandes centrales sindicales practican una política de concertación social con las patronales que deteriora su correlación de fuerzas cada día y pese a los discursos, los sindicatos no han forzado al gobierno a defender el valor de las pensiones de jubilación, aumentar el salario mínimo profesional prometido, ni a derogar la legislación laboral que ha dejado sin gran parte de derechos a las y los trabajadores y a los mismos sindicatos sin capacidad de negociación colectiva efectiva. Hay luchas defensivas y dispersas en las empresas amenazadas por el cierre y focos de resistencia social por el derecho a la vivienda o a la sanidad pública, pero estamos muy lejos de la época de las movilizaciones de los años 2011 a 2015 con las “mareas” (blanca de las y los sanitarios, verde del profesorado, etc.) que sacaron a decenas de miles a las calles.

Gran parte de las gentes activistas de los movimientos sociales han orbitado en torno a los gobiernos de izquierda regionales o sobre todo del gobierno de coalición español y muchos de sus componentes han sido cooptados de una u otra forma por el aparato gubernamental y las tareas institucionales. El resultado es que una parte importante de las energías de movimientos vecinales por la vivienda, el medio ambiente, la lucha de las mujeres o anti racistas han mermado en beneficio de una espera atenta a la acción legislativa gubernamental que se retrasa y no llega, incumpliendo promesas y creando desánimos. A su vez, el ciclo de movilizaciones por sus derechos nacionales en Cataluña ha entrado, de momento, en una fase de retroceso. La primera conclusión que puede extraerse es que el ciclo político abierto tras el 15 M del año 2011 ha finalizado, y nos encontramos ante una nueva fase de la organización popular peor que antes de formarse el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Votos y primeras consideraciones

Las elecciones del 4 de mayo han sido resultado de una convocatoria anticipada antes de que se cumpliera el plazo de 4 años de vigencia, por tanto, se ha elegido un parlamento para menos de 2 años de vida. La causa de la disolución de la cámara por la presidenta Isabel Díaz Ayuso del PP es un golpe de mano al tomar conciencia de su reforzado prestigio tras una rocambolesca maniobra política del PSOE en otra región (Murcia) que no merece ser ahora descrita, salvo para destacar que la política de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y secretario general del partido socialista actualmente basa sus operaciones políticas en los consejos de Iván redondo un Rasputín del siglo XXI asesor electoral y de comunicación mercenario que ha trabajado como “técnico” para diversos partidos.

El Partido Popular (PP) ha obtenido un excelente resultado con 65 de los 136 que componen la cámara y supera a todos los obtenidos por el conjunto de la izquierda que suma 58, lo que unido a los 13 obtenidos por el ultraderechista Vox significa que la derecha extrema y la extrema derecha tienen 78 escaños, 20 más que la suma de la izquierda. Con una participación récord en este tipo de elecciones, del 76,2% del electorado, como factor que teóricamente iba a beneficiar a las opciones de izquierda, la derecha ha obtenido el 57% del voto popular frente al 42% que ha ido a la izquierda. Una catástrofe sin paliativos.

El PP venía gobernando desde hace más de dos décadas el gobierno madrileño, pero ayer fue el partido más votado en todos los pueblos y ciudades (salvo en dos pequeños y marginales municipios) de la región y en todos los distritos electorales de la ciudad de Madrid, incluyendo los barrios y pueblos del “cinturón rojo”. El siguiente cuadro con los datos provisionales es significativo:

Partido Votos año 2021 Escaños 2021 Escaños 2019

Partido Popular 1.620.213 (45%) 65 30

Partido Socialista 610.190 (16,9%) 24 37

Unidas Podemos 261.010 (7,2%) 10 7

Más Madrid 614.660 (17,1%) 24 20

Vox 30.669 (9,2%) 13 12

Ciudadanos 129.216 (3,57%) 0 26

Es evidente que el discurso trumpista “a la tejana” de la presidenta Díaz Ayuso en el que se ha primado la ganancia empresarial sobre la salud de las personas, se apoya en amplios sectores de la sociedad. Hay sectores patronales que se ven beneficiados, pero, a su vez, hay clases medias en las que ha avanzado una concepción insolidaria de la libertad de consumo y movimiento; y lo que es más grave, hay muchos trabajadores y trabajadoras con empleos muy precarios e ingresos en riesgo que se han visto ante el dilema de escoger entre dos riesgos: salud o hambre.

Fue sorprendente que comenzara su campaña planteando el dilema “Socialismo o Libertad” que luego convirtió en la dicotomía entre Comunismo o Ayuso. Fue sorprendente escuchar a miles de personas gritar la palabra “Libertad” ante la sede del PP tras conocer el triunfo en las urnas. Es una expresión políticamente vacía pero que manifiesta un sentimiento individualista que identifica la libertad con el negocio y el ocio privados. Como en todo buen “momento” trumpista no importan las cifras reales de la economía y la salud, Ayuso ha generado una realidad paralela que ha calado en sectores populares. Con una gestión económica y de la pandemia muy negativas, Ayuso ha logrado tres objetivos, ayudada por la mayor parte de los medios de comunicación y apoyándose en un partido muy organizado y en sus bases sociales de la Iglesia Católica, la escuela privada subvencionada con dinero público y las empresas beneficiarias de la privatización de la sanidad. En primer lugar, ha colocado sus “verdades” mediante mentiras y contra todo atisbo de veracidad. En segundo lugar, ha creado la sensación de la existencia de una “forma de vida” a la madrileña (por grotesco que parezca) cuya identidad es atacada por el gobierno español (sic). En tercer lugar, y los más importante, ha determinado el marco en el que se iba a realizar el debate político, la campaña y los temas clave, logrando que la misma no fuera de ámbito regional sino español. Cierto es que ello oculta la realidad de una región en la que las empresas de la construcción (tanto de obras públicas como de inmuebles) han recibido importantes privilegios e inyecciones de dinero desde el poder político, se ha creado un entramado de intereses en torno a la enseñanza y la sanidad privadas, muy apoyadas en detrimento de sus homólogas públicas en franco proceso de deterioro y destrucción.

El triunfo del PP se complementa con un resultado importante de la extrema derecha de Vox dirigida por un parásito de las subvenciones públicas, Santiago Abascal, al que no se le conoce empleo anterior y Rocío Monasterio, una empresaria con antecedentes de fraude en el ejercicio de su profesión. Vox es un discípulo avanzado de Bannon y está formado por un combinado explosivo de neoliberales autoritarios, nostálgicos del franquismo, clases rentistas parasitarias, miembros de la policía y del ejército y matones de gimnasio.

Tanto Vox como el PP han expresado su intención de colaborar. Con la desaparición de Ciudadanos -un partido neoliberal que presumía de centrista- del parlamento madrileño cuyos exvotantes han nutrido el resultado del PP, la derecha nacionalista española se ha reconfigurado, lo que tendrá efectos en otras regiones como es el caso de Andalucía donde el PP y Ciudadanos cogobiernan. Pero no cabe duda de que, si bien Vox representa un peligro potencial que ya condiciona los debates culturales y las políticas en algunas cuestiones, el peligro explosivo y tóxico real lo supone ya en el presente le neoliberalismo autoritario (“libertarista”) del PP madrileño. Al igual que en una jauría de caza, los hay que ladran y los hay que muerden: Monasterio vocifera y Ayuso, entre frase tonta y frase estúpida, impulsa políticas reaccionarias efectivas, materiales e ideológicas.

Capítulo especial merece el constatar que desde hace años todo el espectro de la derecha españolista en sus diferentes versiones y desde los medios de comunicación afines han focalizado en la persona de Pablo Iglesias todo su odio como clase dirigente guerracivilista, convirtiéndolo en objeto de acoso personal, familiar, mediático y judicial. Acoso que, durante la campaña electoral ha llegado a las amenazas de muerte mafiosas, que han ido extendiéndose a otros miembros del gobierno español. Campaña que sólo puede ser calificada de abominable y peligrosa.

Reconfiguración en el seno de la izquierda

El partido socialista ha tenido sus peores resultados electorales en Madrid desde 1977. Carente de proyecto, su candidato Ángel Gabilondo, ha hecho afirmaciones suicidas como que no iba a aumentar los impuestos, en una región cuyos ingresos fiscales mermaron en decenas de miles de millones de euros a causa de los gobiernos del PP, o que en la lucha contra la pandemia no habría adoptado medidas preventivas como el cierre de la hostelería diferentes a las adoptadas por Ayuso. Con ello Gabilondo y su jefe Pedro Sánchez intentaban ganar al electorado de centro, propósito en el que han fracasado.

Más Madrid, un grupo procedente de lo que fue inicialmente Podemos, que se define como verde y feminista pero que estaba dispuesto incluso a gobernar con un partido como Ciudadanos, y que cuenta con la experiencia de un trabajo municipal de cuatro años con muchas sombras en cuestiones de planes urbanísticos, ha logrado superar al partido socialista en 4.000 votos, lo que lo sitúa como el primer partido de la izquierda convencional. Su campaña ha sido inteligente y su candidata Mónica García, una médica que sigue trabajando en su hospital y que ha sido casi la única voz de oposición en los dos años anteriores en la cámara madrileña ha dado un mensaje claro sobre cuestiones concretas en torno a la salud y la sanidad pública por ejemplo que han logrado calar en el electorado de izquierdas. Pero su misma orientación política y programática -verde socialdemócrata liberal que se mira en el espejo del alemán Die Grünen- también señala los límites de Más Madrid para configurarse como una izquierda alternativa ecologista y socialista capaz de modificar sustantivamente la situación popular.

Especial importancia tiene el caso de Unidas Podemos porque representa lo que queda del aliento renovador e ilusionante que supuso el primer Podemos del año 2015 en cuya creación contribuyó decisivamente Anticapitalistas y en la que trabajó hasta que las condiciones internas antidemocráticas se lo impidieron. La coalición UP que en las anteriores elecciones obtuvo 7 escaños y esta vez ha logrado 10, sin embargo, ha obtenido un resultado que desde el punto de vista político ha significado un nuevo fracaso. Ello ha llevado a su líder Pablo Iglesias a presentar su dimisión de todos sus cargos internos e institucionales. Iglesias fue la figura caudillista fulgurante que irrumpió en 2015 en el panorama político español, pero en su fuerza residía su debilidad. Carente de un proyecto político con un horizonte estratégico configuró un partido, Podemos, en el que la primera y última palabra la tenía él; lo que significó que realizó una exclusión sistemática de cualquier posición diferente, pero también imposibilitó crear una estructura partidista democrática y participativa dotada de lazos orgánicos firmes con la clase obrera. Apostó con todas sus fuerzas por entrar en el gobierno con Sánchez y lejos de reforzar su posición, Podemos ha vivido un proceso de subordinación a las políticas social liberales y desde una impugnación al régimen nacido en 1978 ha acabado siendo un defensor de la Constitución española, dejando sus reparos con la monarquía para las declaraciones y los discursos.

Tras su fracaso en el gobierno, Iglesias, temeroso de que su partido no superara la barrera del 5% de votos en Madrid, dimitió como ministro del gobierno español y vicepresidente de Sánchez y encabezó la candidatura de Unidas Podemos en las elecciones con la intención de remontar las malas expectativas demoscópicas y poder determinar la política de la izquierda en Madrid formando parte de un gobierno regional. Durante la campaña centró su esfuerzo en polarizar el debate con Ayuso y Vox planteando el dilema “Fascismo o Democracia”, con un enfoque frente populista que escondía una orientación eurocomunista envuelta en una búsqueda de la vieja identidad estalinista de la guerra civil española y una retórica que no se correspondía con las preocupaciones y dilemas de la mayoría social ni con la situación real absolutamente ajena a la Europa de los años treinta. Y, lo que es más ridículo, es basar la respuesta antifascista en la vieja Constitución de 1978 producto del pacto entre franquistas y reformistas que asegura la jefatura de estado a un rey heredero del nombrado por Franco, blinda la economía de mercado, facilita los privilegios educativos y económicos de la Iglesia Católica, impide el derecho a la determinación y soberanía de las naciones y le confiere al ejército el papel de garante de la unidad de España.

Podemos, Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE) forman actualmente una confusa amalgama “poscomunista” con la marca UP liderada absolutamente por Iglesias, vacía de músculo militante y carente de proyecto político propio frente al PSOE. Este último episodio de la dimisión de todos sus cargos por parte de Iglesias deja a su partido, Podemos, en una profunda crisis interna de gran alcance e imprevisibles luchas cainitas y consecuencias. Crisis que, sin duda se trasladará al conjunto de UP. Pero la dimisión es, sobre todo, la expresión del fracaso de una orientación populista sin programa ni propuesta de sociedad, de una actuación basada en el hiperliderazgo caudillista y de un modelo de partido antidemocrático. Y ante todo muestra el fracaso del gobernismo, esa vieja obsesión del eurocomunismo de entrar a formar parte de los gabinetes ministeriales como condición sine qua non de supervivencia.

Una última consideración. La izquierda marxista revolucionaria también tiene importantes problemas que resolver y el primero de ellos y no menor es su escasa influencia social, política y electoral. Ante si tiene la obligación de reinventarse. Acabó un ciclo político pero las tareas que tiene por delante son más complejas que al inicio del mismo porque deberán combinar un trabajo paciente de reconstrucción de las organizaciones populares y la resistencia social, la elaboración de un nuevo programa ecosocialista, la construcción de un sólido polo político anticapitalista y la puesta en pie de nuevas alianzas sociales y políticas, incluyendo experiencias electorales que le permitan jugar un papel activo en la recomposición del movimiento y eviten que caiga en la irrelevancia. Pero esta cuestión la podemos dejar para otro artículo que reflexione sobre el futuro.

* Miembro del consejo asesor de Viento Sur y militante de Anticapitalistas.

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Foto: Emilio Naranjo / EFE

Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de enero de 2020.- En los primeros días de este 2020, el parlamento español eligió por una estrecha mayoría a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno para los próximos cuatro años. Dicha designación fue posible gracias a la alianza del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos. Una coalición inédita en la historia de ese país ya que es la primera vez que el PSOE entabla un acuerdo de este tipo con otro partido de izquierda. Las razones de este fenómeno son varias y complejas y se desprenden del resultado de las elecciones de noviembre del año pasado.  Principalmente, la fuerza de la extrema derecha representada por un nuevo partido, Vox; la imposibilidad de los socialistas de lograr solos la mayoría parlamentaria; pero también la necesidad del cambio expresado en las urnas.

El caso es que ahora, Unidas Podemos, una corriente política surgida del movimiento social que brotó en 2011 (los Indignados), y cuya primera experiencia electoral tuvo lugar apenas hace unos años, ha logrado formar parte de una coalición gobernante.

El programa que selló esta alianza contiene varios puntos y abarca diversos aspectos. Se trata de un documento amplio, de 50 páginas, once capítulos y más de 200 propuestas en materia de: crecimiento y empleo; derechos sociales; cambio climático; fortalecimiento de la pequeñas y medianas industrias y el sector primario; derechos y memoria democrática; cultura y deportes; políticas feministas; revertir la despoblación que padecen algunas regiones; estados autonómicos; justicia fiscal; y política exterior. Una de las partes más sustanciosas de este documento, colocada al inicio, tiene que ver con la materia laboral. La Coalición se ha comprometido a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (una nueva Ley del Trabajo) y por lo tanto a derogar las reformas de 2012, las cuales, como las que se llevaron a cabo en México ese mismo año, afectaron derechos fundamentales de los asalariados. En concreto, y de manera urgente, se proponen modificar el artículo 42.1 sobre subcontratación a efecto -aseguran- de limitarla a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

La lista de modificaciones en esta materia es muy larga e incluye revisar los contratos de los becarios; elevar el salario mínimo en términos reales; revisar la contratación a tiempo parcial; y las causas legales de despido.  

Además, como parte de la cuota de Podemos, fue designada como Ministra de Trabajo del nuevo gobierno, Yolanda Díaz, de 48 años, quien militó desde muy joven en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida. Hija de un destacado dirigente obrero, también militante del PCE y de Comisiones Obreras, Yolanda tiene una maestría en Relaciones Laborales y amplia experiencia política en Galicia, su región natal.

Todos estos asuntos tienen importancia porque parecería que España ha dado un vuelco a la izquierda y se encamina a la construcción de un nuevo régimen que deje atrás algunas de las políticas fundamentales del neoliberalismo, en primer lugar, las que tienen que ver con el trabajo y el empleo. Su principal objetivo, dice el documento de compromiso, será la protección de los derechos sociales y un nuevo impulso al crecimiento económico sostenible que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral, garantice un trabajo digno, estable y de calidad, y unas pensiones justas.

Este vuelco se da en un contexto difícil en riesgo permanente debido a una delgada mayoría parlamentaria y sujeta a acuerdos con los independentistas de Cataluña. Un escenario político cargado por la polarización, sin precedentes desde la Guerra Civil (1936-39), entre las izquierdas y las derechas, y un entorno económico a nivel nacional e internacional desfavorable. Como han apuntado varios observadores, un eventual fracaso de la Coalición podría abrirle el paso a otra alianza, situada exactamente en el lado opuesto, donde Vox y el PP mantienen un discurso xenófobo, antiinmigrante y ultra nacionalista que se dedicaría a reprimir violentamente los reclamos de una mayor autonomía por parte de las comunidades.

Más allá de España, la experiencia de PSOE-Unidas Podemos tiene una importancia especial en una Europa que se debate entre gobiernos y propuestas nacionalistas de extrema derecha (como en Inglaterra) y la continuidad del neoliberalismo (como en Francia). Una tercera opción, como la que ha construido Portugal y ahora se pretende llevar a cabo en el país vecino, adquiere una gran relevancia.  

Para México y el mundo, la aventura que apenas comienza aquel lado del Atlántico puede ser también muy significativa. La posibilidad de contar con un aliado progresista en un mundo tan inestable y riesgoso no debe minimizarse. Sobre todo, para enfrentar la agitada escena política de América Latina. Pero, de igual manera, porque el derrotero del nuevo gobierno ibérico y sus logros pueden ayudar a cambiar el equilibrio mundial inclinando la balanza política, ideológica e intelectual hacia nuevos horizontes post neoliberales.

Por ejemplo, en materia laboral, las reformas que se proponen en España, tienen semejanzas y desde luego diferencias con la situación mexicana. En cuanto a este último aspecto, está claro que allá no tienen como principal preocupación la democracia sindical, ni la calidad de las instituciones estatales. En México, la reforma de 2019 busca precisamente el reconocimiento de representantes sindicales y contratos colectivos avalados por los propios trabajadores mediante el voto personal, secreto y directo. Y la construcción de nuevos organismos como los juzgados y el Centro de Conciliación.

Sin embargo, la globalización neoliberal, la flexibilización del trabajo y la apertura comercial sin control ha vuelto los mercados de trabajo cada vez más precarios en muchas partes del mundo. Uno de los problemas más acusados es el de la subcontratación. No resulta sorprendente, por lo tanto, la insistencia de Unidas Podemos en incluir tan destacadamente este asunto en el programa del nuevo gobierno.

La subcontratación, entendida como la triangulación de las relaciones laborales que ocurre cuando una empresa solicita a otra que le proporcione trabajadores para desempeñar determinadas tareas o servicios, ha sido una manera, desde principios del siglo XX, de burlar derechos fundamentales. En general, la subcontratación no ha servido para aumentar la calificación de la mano de obra o la productividad, ni siquiera para que las empresas dispongan de cuadros técnicos o especializados que de otra manera resultarían incosteables o imposibles de contratar. Aunque hay excepciones, la subcontratación se ha utilizado con el objetivo de reducir costos en materia de salarios, seguridad social, alargando la jornada de trabajo y negando prestaciones. Las empresas que reclutan trabajadores para ofrecerlos a otras empresas se distinguen, en muchos casos, por su habilidad para evadir la ley, sobre todo en el pago de impuestos y de cuotas a la seguridad social. Asimismo, han servido para ocultar la relación laboral entre los empleadores y los empleados, y para esquivar la contratación colectiva. Además, han propiciado una caída de los ingresos y prestaciones pues, debido a sus formas de contratación, el trabajador se ve obligado a aceptar condiciones muy desfavorables.

De esta manera, cualquier avance en el sentido de limitar la subcontratación en otras partes del mundo tiene un significado especial. Propicia el avance de la legislación nacional, los acuerdos internacionales en la materia, y ayuda a fomentar una cultura, sobre todo en las empresas y sus administradores, basada en la protección del trabajador, en la mejora de su calificación y en el respeto de los contratos y reglas acordadas bilateralmente.

La nave española apenas ha zarpado. Se trata de un comienzo prometedor en aguas turbulentas. Habrá que seguirla y, si es posible, acompañarla en su trayectoria.

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