Por Ana Lluvia García

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de agosto de 2026.- La semana pasada, a uno de mis estudiantes le robaron la cartera; a otro, su computadora; a mi papá le quitaron el dinero de su renta y su teléfono celular. Podrían parecer acontecimientos separados, tres historias desafortunadas dentro de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes, pero cuando situaciones semejantes comienzan a repetirse entre estudiantes, trabajadores, personas mayores, comerciantes y usuarios del transporte público, dejan de ser simples anécdotas para convertirse en una expresión concreta de la manera en que la inseguridad está penetrando la vida cotidiana en Puebla. Particularmente preocupante resulta lo que sucede alrededor del transporte público, donde diversos testimonios ciudadanos describen asaltos cometidos por grupos que parecen conocer unidades, horarios, recorridos, puntos vulnerables y lugares donde resulta sencillo subir, despojar a los pasajeros y escapar. También existen señalamientos sobre una posible tolerancia o complicidad de personas encargadas de la vigilancia e incluso de operadores de algunas unidades, algo que evidentemente no puede generalizarse ni afirmarse sin una investigación que determine responsabilidades, pero que tampoco debería descartarse cuando existen patrones reiterados. Si determinados grupos pueden operar sistemáticamente sobre ciertas rutas, lo relevante consiste en saber quién ejecuta el robo, pero también en comprender las relaciones, omisiones, mercados y condiciones territoriales que permiten que estas prácticas se reproduzcan con tan bajo riesgo para quienes participan en ellas.

Este problema ayuda a comprender una característica particular de la crisis de seguridad que vive Puebla capital. La ciudad no se encuentra entre los territorios mexicanos con las mayores tasas de homicidio ni enfrenta, al menos en la misma escala, las condiciones de violencia letal asociadas a la confrontación abierta entre organizaciones criminales que padecen otras regiones del país. Sin embargo, eso no significa que Puebla sea una ciudad segura. Aquí se ha consolidado una inseguridad vinculada principalmente con delitos que intervienen directamente en las actividades ordinarias de la población: robos a transeúntes, asaltos con violencia, delitos en el transporte público, robos a negocios y vehículos, violencia familiar, narcomenudeo y distintas formas de apropiación violenta del espacio público. Los indicadores de percepción de inseguridad adquieren sentido dentro de este contexto, porque el temor social no surge exclusivamente de las estadísticas criminales, sino de experiencias acumuladas que terminan modificando las conductas de la población: qué calles utilizar, a qué hora regresar, dónde guardar el teléfono, si conviene llevar una computadora, qué transporte abordar o qué lugares evitar. La inseguridad termina imponiendo una cartografía invisible sobre la ciudad y delimitando, mediante el miedo, dónde, cuándo y bajo qué condiciones podemos movernos.

Por eso resulta insuficiente analizar la seguridad exclusivamente a partir del número de denuncias o carpetas de investigación. Es necesario distinguir entre incidencia delictiva, victimización, violencia letal y percepción de inseguridad, pero también comprender que detrás de estas categorías existe una disputa por la posibilidad misma de habitar la ciudad. Cuando una estudiante debe calcular si puede llevar su computadora a la universidad, cuando una persona mayor corre el riesgo de perder en unos minutos el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas o cuando miles de personas suben diariamente al transporte público sabiendo que pueden ser asaltadas, el problema deja de pertenecer solamente al ámbito policial. Estamos frente a una afectación concreta de derechos, la inseguridad restringe movilidad, educación, trabajo, patrimonio y uso del espacio público, y termina distribuyendo de manera profundamente desigual el derecho a la ciudad.

La dimensión territorial permite entender mejor esta complejidad. El mapa de la inseguridad en Puebla muestra que no existe una colonia que pueda identificarse simplemente como “la más peligrosa”, sino territorios donde predominan distintas configuraciones delictivas. San Francisco Totimehuacán, Guadalupe Hidalgo, San Isidro Castillotla, Bosques de San Sebastián, San Pablo Xochimehuacan y San Jerónimo Caleras requieren atención prioritaria por la combinación de delitos patrimoniales, violencia familiar, narcomenudeo y otras formas de conflictividad social que conviven con desigualdades urbanas, carencias de equipamiento, deterioro del espacio público y una presencia institucional insuficiente. Esto no significa establecer una relación mecánica entre pobreza y delincuencia ni criminalizar a quienes habitan las periferias. Significa reconocer que la violencia nunca ocurre sobre un territorio vacío: encuentra condiciones específicas para instalarse, reproducirse y adquirir permanencia, y esas condiciones están relacionadas también con la forma desigual en que históricamente hemos construido la ciudad.

La dinámica es diferente en el Centro Histórico, La Paz, Anzures, Jardines de San Manuel, Santa María y Cleotilde Torres, donde la actividad comercial, la concentración de personas, el transporte, los bancos, los negocios y la circulación de vehículos generan otras oportunidades para los delitos patrimoniales. En zonas industriales y logísticas como Puebla 2000, La Ciénega y distintos corredores metropolitanos aparecen, a su vez, riesgos relacionados con mercancías, vehículos, trabajadores y transporte de carga. Sobre el mismo municipio conviven entonces varias geografías de la inseguridad: una ciudad popular y periférica donde se superponen desigualdad urbana y distintas violencias sociales; una ciudad comercial y de movilidad donde predominan delitos asociados a la concentración de personas y bienes; y una ciudad industrial y logística atravesada por economías y corredores cuya dinámica produce riesgos específicos. Esta diferenciación es fundamental porque una política homogénea difícilmente puede responder a problemas cuya naturaleza territorial es distinta.

Hay además una dimensión que suele permanecer fuera del análisis público: las organizaciones delictivas también construyen conocimiento territorial. Aprenden horarios, recorridos, rutinas, puntos de vigilancia, zonas de escape, mercados y espacios institucionalmente debilitados. Cuando este conocimiento se estabiliza, el delito deja de depender exclusivamente de oportunidades circunstanciales y comienza a desarrollar formas elementales de organización territorial. Esto resulta especialmente importante para comprender el robo sistemático de teléfonos, computadoras, autopartes, mercancías y vehículos, porque detrás de muchos de estos delitos existe una economía que no termina con quien realiza materialmente el despojo. Hay compradores, intermediarios, lugares de almacenamiento, mercados de reventa y circuitos donde los objetos robados vuelven a convertirse en mercancías. Perseguir únicamente al último eslabón permite presentar detenciones, pero difícilmente desarticula la estructura económica que hace rentable repetir el delito.

Algo semejante ocurre cuando reducimos toda la política de seguridad a la presencia policial. Puebla necesita policías profesionales, investigación criminal, inteligencia, coordinación institucional y una Fiscalía capaz de investigar y judicializar los delitos; necesita también conocer qué ocurre en las rutas de transporte donde existen patrones reiterados de asaltos, identificar horarios y puntos críticos, investigar posibles redes de protección, seguir los mercados donde terminan los bienes robados y combatir la impunidad que convierte determinadas actividades delictivas en negocios de bajo riesgo. Pero la intervención institucional pierde profundidad cuando se limita a actuar después de que el delito ocurrió. La seguridad también depende de iluminación, movilidad, recuperación del espacio público, atención a las juventudes, prevención de adicciones, acceso a la cultura y al deporte, empleo digno, cuidados y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. No porque estas políticas sustituyan a la policía o a la justicia, sino porque una ciudad que abandona sus territorios termina dejando espacios que otras formas de poder ocupan.

Esta mirada también obliga a incorporar la violencia familiar, porque una parte considerable de la violencia que experimenta la población ocurre dentro de los hogares y no solamente en calles o unidades de transporte. Pensar la seguridad desde la vida cotidiana implica reconocer que la violencia contra las mujeres, niñas, niños y personas mayores forma parte del mismo problema público y requiere instituciones de prevención, protección y cuidados capaces de intervenir antes de que las agresiones alcancen sus expresiones más graves. Una política que concentra todos sus recursos en patrullas y operativos mientras deja intactas las violencias que se producen dentro de las familias termina administrando solamente una fracción del problema.

Lo que Puebla necesita, entonces, no es elegir entre prevención social y persecución del delito, como si fueran estrategias contradictorias. Necesita recuperar capacidad pública sobre el territorio. Eso implica saber dónde y cómo se roba, quién compra lo robado, qué rutas presentan patrones recurrentes, qué espacios facilitan la operación de grupos delictivos, dónde se concentra la violencia familiar y qué condiciones urbanas permiten su reproducción; pero también significa reconstruir la presencia cotidiana del Estado mediante servicios públicos, espacios comunitarios, cultura, deporte, cuidados, movilidad segura y mecanismos de participación que permitan a las propias comunidades intervenir en las decisiones sobre sus territorios. La seguridad no se construye ocupando militarmente la ciudad ni abandonando toda responsabilidad a una política social abstracta: se construye reduciendo las condiciones que permiten la violencia y aumentando simultáneamente la capacidad social e institucional para impedirla.

Los robos con los que comienza esta reflexión son pequeños frente a las grandes cifras con las que acostumbramos discutir la seguridad pública. Una cartera, una computadora, un teléfono y el dinero de una renta pueden perderse dentro de una estadística mensual, pero para quien los pierde significan horas de trabajo, herramientas para estudiar, ingresos necesarios para vivir y, sobre todo, una modificación profunda de su relación con la ciudad. Quizá ahí se encuentre una de las dimensiones políticas más importantes del problema: una ciudad deja de pertenecernos también cuando comenzamos a renunciar a ella por miedo. Recuperar la seguridad significa, en ese sentido, algo mucho más profundo que reducir indicadores delictivos. Significa recuperar la posibilidad de caminar, estudiar, trabajar, viajar en transporte público y ocupar nuestros espacios comunes sin aceptar la violencia como una condición inevitable de la vida urbana. Ese tendría que ser el punto de partida de cualquier proyecto serio de seguridad para Puebla.

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