Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de noviembre de 2025.- En un país donde la impunidad se ha convertido en la norma y la violencia en el pan de cada día, la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025 no es solo el cierre de un capítulo controvertido, sino una oportunidad histórica para replantear el sistema de procuración de justicia en México. Tras seis años al frente de la FGR, su salida —formalizada ante el Senado de la República con una carta que lo destina a un ambiguo puesto diplomático— deja un legado de omisiones, encubrimientos y casos estancados que han profundizado la desconfianza en las instituciones. Pero, paradójicamente, este vacío abre la puerta a una depuración profunda de las fiscalías a nivel nacional y a la implementación de una justicia transicional que priorice la verdad, la reparación y la no repetición, con el objetivo de resolver los primeros casos emblemáticos y, sobre todo, contribuir a atenuar la ola de violencia que azota al país.

Gertz Manero, designado el 18 de enero de 2019 con un mandato que se extendía hasta 2028, se va tres años antes de tiempo, envuelto en una nube de críticas que no son nuevas, pero que hoy resuenan con mayor fuerza. Su gestión, marcada por ausencias prolongadas y un estado de salud precario que lo alejó de sus responsabilidades durante meses, se caracterizó por una “justicia selectiva” que priorizó venganzas personales sobre la imparcialidad. Uno de los escándalos más notorios fue el caso de su sobrina política, Alejandra Cuevas Morán, detenida arbitrariamente en 2020 por la muerte de su hermano Federico en 2015. La FGR, bajo su mando, inventó la figura de “garante accesoria” para imputarle homicidio por omisión, manteniéndola presa 528 días hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la liberó en 2022, calificando la detención como ilegal. Audios filtrados revelaron incluso insultos del fiscal hacia Cuevas, exponiendo cómo la institución se convirtió en un “despacho particular” para rencillas familiares.

Pero los fallos no se limitan a lo personal. Gertz Manero dejó un rastro de casos no resueltos que claman por justicia. En el escándalo de Odebrecht y la Estafa Maestra, heredados del sexenio de Peña Nieto, la FGR mostró pasividad crónica: Emilio Lozoya sigue en un limbo judicial pese a confesiones que implican a altos funcionarios priistas. El caso Ayotzinapa avanzó a cuentagotas, con tensiones constantes entre la FGR y la Comisión para la Verdad, y sin avances concluyentes en la identificación de responsables estatales. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos en 2020, acusado en EE.UU. de nexos con el narcotráfico y absuelto en 72 horas por “falta de pruebas”, generó acusaciones de encubrimiento a mandos militares. Y no olvidemos el espionaje con Pegasus, donde la FGR archivó investigaciones contra opositores y periodistas sin profundidad, o las reformas fallidas para excluir a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, rechazada por colectivos de derechos humanos. Estas omisiones no solo perpetuaron la impunidad —que en delitos como tortura y desaparición roza el 100 %—, sino que alimentaron la corrupción interna y la politización de la justicia, convirtiendo a la FGR en un instrumento de agendas personales y políticas.

En este contexto, la renuncia de Gertz Manero no debe ser un relevo cosmético, sino el catalizador para una depuración radical de las fiscalías estatales y federales que logren por primera vez «una colaboración entre la 4T y la Fiscalía», como apunta José Reveles en una entrevista con Julio Astillero.  México arrastra una red de impunidad sistémica que no solo está en las fiscalías locales: la propia FGR sigue operada, en sus niveles medios y altos, por una mezcla tóxica de exfuncionarios y agentes del Ministerio Público que vienen de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Muchos de ellos fueron formados o protegidos durante los años de los pactos documentados (y no tan documentados) con grupos del crimen organizado, desde la “guerra” calderonista hasta los arreglos peñistas. Son precisamente estos cuadros los que han sabido dónde archivar, cómo extraviar y cuándo “congelar” las carpetas que podrían exhibir los acuerdos de impunidad entre Estado y cárteles. Junto con las bases trabajadoras heredadas de Mancera en la CDMX —que mantienen vínculos con redes locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac—, conforman el verdadero muro que ha impedido cualquier avance real en casos de desapariciones, ejecuciones y corrupción de alto nivel.

Aquí radica la esperanza: su salida habilita la implementación de una justicia transicional, un marco probado en contextos de violencia masiva como el nuestro. La justicia transicional —con pilares como la verdad, la justicia penal, la reparación integral y la no repetición— no es un lujo académico, sino una necesidad para sociedades saliendo de ciclos de represión o conflicto armado. En México, donde la “guerra contra el narco” desde 2006 ha dejado más de 100 mil desaparecidos y decenas de miles de víctimas, este enfoque permitiría esclarecer hechos en casos prioritarios como Ayotzinapa o los feminicidios en Guerrero y Jalisco. Una comisión de la verdad podría escuchar a víctimas y perpetradores, como en Sudáfrica o Perú, reconstruyendo narrativas que fomenten la reconciliación y prevengan la polarización. Al mismo tiempo, reformas institucionales —como capacitar a fiscales en perspectiva de género y derechos humanos— garantizarían la no repetición, atacando raíces de la violencia como la militarización de la seguridad. Resolver estos primeros casos no solo honraría a las víctimas, sino que enviaría un mensaje disuasorio, contribuyendo a desmantelar economías criminales y reducir la incidencia delictiva en zonas focalizadas.

En este panorama, el nombre que más resuena como posible sucesora es Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia y exfiscal de la CDMX. Su trayectoria incluye logros como la reducción de delitos de alto impacto en la capital y el destape del cártel inmobiliario. Sin embargo, su gestión en la Fiscalía capitalina no estuvo exenta de sombras: dejó un rezago de 228 mil carpetas pendientes (entre ellas el multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte) y fue criticada por no depurar la base trabajadora heredada de Mancera —un equipo con presuntos vínculos a redes de protección para cárteles locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac. Acusaciones de persecución política y un “carpetazo” selectivo en casos como la Línea 12 alimentaron dudas sobre su imparcialidad.

Aun así, Godoy tiene ante sí una oportunidad redentora. Al frente de la FGR podría romper con ese legado mancerista y, sobre todo, con la estructura calderonista-peñista que aún controla buena parte de la institución nacional, depurando fiscalías estatales, implementando protocolos de justicia transicional y priorizando casos de violencia de género y desapariciones. Sería su forma de sanar la deuda que dejó en la Ciudad de México y de no repetir los fracasos del pasado: la Fiscalía Especial (FEMOSPP) de Ignacio Carrillo Prieto en el sexenio de Fox, que no consignó a ningún alto responsable de la guerra sucia, y la Comisión para el Acceso a la Verdad coordinada por Alejandro Encinas en el gobierno de AMLO, que tampoco llegó a traducirse en justicia penal ni reparación efectiva.

La salida de Gertz Manero no es un fin, sino un comienzo. Si el Senado de la República ratifica un liderazgo comprometido con la depuración y la justicia transicional, México podría dar sus primeros pasos hacia una paz sostenible. De lo contrario, la violencia seguirá cobrando vidas, y la impunidad, riéndose de nosotros. Es momento de elegir: ¿continuamos el ciclo o rompemos la cadena?

Creo que es momento de elegir por la la justicia de las víctimas y la paz de México.

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Periodistas Unido. Querétaro, México. 06 de septiembre de 2025.- En el marco del Hay Festival 2025, el Museo de la Ciudad de Querétaro fue escenario de una profunda mesa de debate titulada «Justicia contra el poder», moderada por la periodista Olivia Zerón y protagonizada por Reed Brody, escritor abogado defensor de derechos humanos, y Andrea Rizzi, periodista italiano y autor de La era de la revancha. El encuentro, que atrajo a un público diverso, abordó la creciente impunidad en el escenario global, la delgada línea entre justicia y venganza, y el papel de la acción individual frente a un mundo marcado por el nacionalismo y la erosión del Estado de Derecho.

El diálogo comenzó con reflexiones sobre el olvido como motor de la impunidad. Brody, conocido por su trabajo en casos como el del dictador chadiano Hissène Habré, destacó cómo figuras como Mohammed Bin Salman, implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi, o Daniel Ortega, tras el asesinato de un opositor en Costa Rica, logran evadir la justicia internacional gracias a la indiferencia global. Citando al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Brody señaló que «el olvido permite la impunidad», un fenómeno que, según él, se agudiza en un mundo donde las potencias priorizan la fuerza sobre la ley.

Por su parte, Rizzi enmarcó el debate en lo que denomina «la era de la revancha», un periodo caracterizado por el auge de la impunidad y el retroceso del multilateralismo que marcó el fin de la Guerra Fría. Identificó dos corrientes revanchistas: la de potencias autoritarias como Rusia y China, que buscan recuperar poder global mediante nacionalismo y coerción, y la de clases populares en democracias occidentales, cuyo malestar por la globalización y la desigualdad ha sido explotado por líderes populistas. Este escenario, afirmó Rizzi, se define por «un tsunami de fuerza bruta» que pisotea el derecho internacional, desde Ucrania hasta Gaza.

Olivia Zerón, con agudeza, llevó el debate hacia la distinción entre justicia y venganza, un tema central en los libros de ambos ponentes. Brody, reflexionando sobre el caso Habré, subrayó que la justicia debe evitar caer en la revancha, mientras que Rizzi destacó cómo la demolición de instituciones como la Corte Penal Internacional, ejemplificada por las sanciones de Estados Unidos tras la inculpación de Benjamin Netanyahu, refleja un abandono del Estado de Derecho. Ambos coincidieron en que la impunidad prospera en un «estado gaseoso» de volatilidad global, donde las potencias compiten por un nuevo orden sin respetar normas.

 

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El público, visiblemente conmovido, participó activamente. Una pregunta de Periodistas Unidos, desde la audiencia, abordó la dificultad de mantener la esperanza frente a violaciones de derechos humanos, como la represión de flotillas humanitarias hacia Gaza o el espionaje tecnológico, citando el caso del software Pegasus en México. Rizzi respondió apelando al «optimismo de la voluntad» gramsciano, proponiendo regulación, educación pública y desarrollo tecnológico autónomo como herramientas para resistir. Brody, por su parte, abogó por un «optimismo estratégico», inspirado en su amigo Raji Sarani, del Palestine Human Rights Center, enfatizando que la acción individual, desde protestas hasta la educación de hijos libres, puede construir resistencia frente a la opresión.

El debate cerró con una cita de Italo Calvino, evocada por Rizzi, sobre la rebeldía como un acto humano esencial. Brody, recordando a Camus, insistió en que «vivir como si estuviéramos optando por el ejemplo de la humanidad» es la clave para no perder el alma frente a un mundo en crisis. La mesa dejó un mensaje claro: en tiempos de impunidad y revancha, la justicia requiere tenacidad, acción colectiva y una brújula moral que resista la hipnosis de la manipulación y el olvido.

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AMEXI. Ciudad de México. 08 de julio de 2025.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que la FGR abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por su presunta implicación en la adquisición y uso del software de espionaje Pegasus durante su administración (2012–2018).

En la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio de Nacional, Gertz Manero detalló que la investigación se reactivó tras nuevas revelaciones provenientes de empresarios israelíes, quienes habrían declarado haber pagado cerca de 25 millones de dólares al exmandatario priista para obtener contratos gubernamentales, incluyendo la venta del sistema Pegasus.

“Ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar formalmente para seguir adelante”, afirmó el fiscal.

Desde el sexenio pasado había denuncias

Gertz Manero reconoció que desde el sexenio anterior existían denuncias relacionadas con el uso de Pegasus, pero que no se habían corroborado con pruebas suficientes.

Sin embargo, los nuevos datos —que incluyen informes específicos y detallados sobre la relación entre el expresidente y las empresas proveedoras del software— han permitido a la FGR dar un paso firme hacia la judicialización del caso.

El fiscal también señaló que la cooperación con las autoridades israelíes ha sido “compleja”, pero que se insistirá en obtener la documentación necesaria para robustecer la carpeta de investigación.

La publicación del medio israelita

Hace unos días, el diario israelí The Marker publicó un reportaje en el que se vinculaba al expresidente Peña Nieto con una supuesta “inversión” de 25 millones de dólares, que hicieron los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher para la comercialización de Pegasus.

Qué respondió Enrique Peña Nieto

Ante ello, el expresidente Peña Nieto rechazó categóricamente cualquier vinculación con la contratación del software Pegasus durante su administración y consideró que los señalamientos en su contra fueron “dolosos”, para poner en duda su honorabilidad.

El caso Pegasus es uno de los escándalos más emblemáticos de presunto espionaje ilegal en México, con denuncias de vigilancia a periodistas, activistas y opositores políticos.

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AMEXI. Ciudad de México. 07 de julio de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “medio tremendo” el escándalo que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto en un presunto esquema de sobornos relacionados con la venta del software espía Pegasus durante su administración.

Durante la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, se le preguntó a Sheinbaum sobre un reportaje publicado por el diario israelí The Marker, el cual revela un arbitraje legal entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher.

¿Qué dice la publicación?

Según el documento, ambos empresarios israelitas señalan que invirtieron 25 millones de dólares en un alto funcionario mexicano —identificado como “N”, electo en 2012— a cambio de facilitar contratos gubernamentales, entre ellos la adquisición del sistema Pegasus.

Respuesta de Sheinbaum

El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, lo adquiere el gobierno mexicano durante el sexenio de Peña Nieto y se señala que su uso para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos.

El arbitraje sugiere que la relación con el entonces presidente fue considerada un “activo” dentro del negocio entre los empresarios israelíes.

Peña Nieto, por su parte, negó categóricamente las acusaciones. En una entrevista radiofónica y a través de su cuenta en X, calificó la información como “una insinuación carente de sustento alguno” y acusó a los medios de tergiversar el contenido original del reportaje.

Aunque el caso se desarrolla en tribunales israelíes, la revelación revive el debate sobre el uso de Pegasus en México y la opacidad con la que se manejaron contratos de seguridad durante el sexenio anterior.

Hasta el momento, no hay algún anuncio sobre una investigación formal por parte de las autoridades mexicanas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de abril de 2025.-  En un contexto de creciente preocupación por la libertad de expresión y los derechos digitales, la Embajada de Noruega y Artículo 19 organizaron el evento “Libertad de Expresión, Derechos Digitales y Acceso a la Información en México” en la Casa Noruega. Moderado por la periodista Carmen Aristegui, el foro reunió a la embajadora Ragnhild Imerslund, el ex relator especial de la ONU David Kaye, la ex relatora de la CIDH Catalina Botero, la directora del Instituto de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, Jhenny Judith Bernal Arellano, y periodistas de México, quienes advirtieron sobre el deterioro de las instituciones democráticas, el uso masivo del software espía Pegasus, la estigmatización de la prensa y reformas legales que amenazan la democracia.

La embajadora Ragnhild Imerslund abrió el evento destacando el compromiso de Noruega con la libertad de expresión como pilar de su política exterior. “Una prensa libre e independiente es una de las herramientas más cruciales en nuestras sociedades democráticas”, afirmó, subrayando su rol en combatir la desinformación y exponer abusos de poder. Reconoció los riesgos que enfrentan los periodistas en México, donde “actores poderosos” evaden el escrutinio, y llamó a garantizar un entorno seguro para los comunicadores. Imerslund dio la bienvenida a los panelistas y resaltó la colaboración con Artículo 19 en el marco del Día Mundial de la Libertad de la Prensa.

Carmen Aristegui, moderadora, enfatizó la urgencia de abordar la libertad de expresión y los derechos digitales en un momento crítico para México. Al presentar a David Kaye, destacó su trayectoria como ex relator especial de la ONU (2014-2020) y su visita oficial a México en 2017. “Es importante escuchar qué balance hace David en 2025”, señaló, planteando preguntas sobre el retroceso en la libertad de expresión, el uso de Pegasus y la estigmatización global de la prensa. Mientras que David citó datos del Pegasus Project —15,000 de 50,000 números intervenidos eran mexicanos— y pruebas de Meta contra NSO Group que confirman la vigilancia masiva. Aristegui abordó el artículo 109 de la propuesta de ley de telecomunicaciones, que permitiría bloquear plataformas digitales, y su investigación TelevisaLeaks, que expone campañas de desinformación. Cerró agradeciendo a los participantes y abriendo espacio para preguntas del público.

David Kaye ofreció un diagnóstico sombrío, recordando sus misiones en 2010 (con Botero y Frank La Rue) y 2017 (con Edison Lanza). “Los problemas de entonces —violencia contra periodistas, opacidad y falta de independencia de los medios— no solo persisten, sino que son peores”, afirmó. Señaló que instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía y el INAI están bajo presión, debilitando la democracia. Sobre Pegasus, lo calificó como una “herramienta represiva” que silencia a periodistas, defensores e incluso funcionarios, criticando la impunidad pese al trabajo de R3D y Artículo 19. Comparó la situación con regulaciones europeas que exigen supervisión judicial, advirtiendo que México es “cada vez más desfasado”. Sobre la estigmatización, identificó una tendencia global donde líderes, como en Estados Unidos, desacreditan a los medios, y propuso demostrar el valor del periodismo. Elogió TelevisaLeaks por exponer desinformación, abogando por solidaridad periodística, y alertó que el artículo 109 habilitaría “censura directa”. Concluyó enfatizando la necesidad de proteger las instituciones: “Si las pierdes, pierdes la capacidad de tener una democracia informada.”

El ex relator de la ONU David Kaye, analizarán los retos que enfrenta México sobre libertad de expresión, derechos digitales y acceso a la información junto a Carmen Aristegui en la embajada de Noruega @AristeguiOnline @NoruegaMexCA @article19mxca Fotos: @alexmelon pic.twitter.com/vZfLvGpkLP

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) April 28, 2025

Catalina Botero alertó sobre el “desmantelamiento” de las instituciones que protegen la libertad de expresión. Comparando 2010 con 2025, señaló que la situación es “peor” debido a la amenaza al Poder Judicial y discursos oficiales “nocivos”. “Cada tres semanas, en México, demandan o denuncian a un periodista por hacer su trabajo”, afirmó, criticando la reforma judicial que introduce la elección popular de jueces desde el 2 de junio. “Se está destruyendo la autonomía del Poder Judicial, la última barrera de protección de la prensa”, advirtió. Contextualizó un retroceso global de la “tercera ola democratizadora”, donde autócratas concentran poder eliminando frenos como el INAI y el IFT. Sobre TelevisaLeaks, condenó campañas concertadas de desinformación, proponiendo regulaciones cuidadosas sin leyes ambiguas como el artículo 109. Respondiendo al público, alertó que México va “derecho al abismo” sin un “giro de timón” presidencial, citando a Polonia como ejemplo de recuperación democrática. “Hoy México es un ejemplo de lo que no se debe hacer”, sentenció.

Jenny Bernal Arellano y
Catalina Botero, ex relatora libertad de expresión @CIDH discuten sobre libertad de expresión, derechos digitales y acceso a la información junto a Carmen Aristegui en la @NoruegaMexCA @article19mxca@AristeguiOnline Fotos: @alexmelon pic.twitter.com/eB0bOe6NRq

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Jhenny Judith Bernal Arellano destacó el desafío de recuperar la confianza social tras la desaparición de órganos autónomos, creados por luchas civiles y respaldados por la CIDH. “El Estado mexicano arriesga reproches internacionales por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, afirmó, subrayando que la libertad de expresión es esencial para el debate público. Criticó la nueva ley de transparencia como “escandalosa” por reservas vagas como el “interés nacional”, exigiendo proporcionalidad en cualquier restricción de derechos. Respondiendo al público, abogó por más abogados internacionalistas y el peso vinculante de sentencias de la Corte Interamericana. Concluyó instando a la sociedad a conocer sus derechos: “Saber es poder. La participación ciudadana y los organismos internacionales son indispensables.”

Los periodistas expresaron inquietudes profundas. Marta Durán de Huerta (Radio France Internacional) preguntó cómo evitar el “abismo”, y Botero instó a la presidenta a liderar un cambio, ya que Morena no lo hará. Marco Antonio Toledo, periodista de Guerrero, denunció la influencia del crimen organizado en elecciones y su riesgo en el Poder Judicial, además de acoso por drones. Botero expresó temor por la captura judicial por el narco, y Bernal abogó por jueces preparados. Itzel Checa (Designaciones Públicas) pidió ejemplos de resistencia, y Botero citó a Polonia.

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EFE. Nueva York, Estados Unidos. 22 de mayo de 2023.- El máximo responsable de Derechos Humanos en el Gobierno de México, Alejandro Encinas, ha sido «espiado repetidamente» a través del programa Pegasus, según una investigación que este lunes publica The New York Times con varias fuentes en contacto directo con él.

El subsecretario de Derechos Humanos, Encinas, pasaría por ser -si se confirma la información- el más alto cargo espiado en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien Encinas mantiene una amistad personal que no ha impedido que se produjeran entre ellos varios desencuentros, sobre todo por el papel de las Fuerzas Armadas en distintos abusos y atropellos.

El diario reconoce que no hay una prueba definitiva de quién llevó a cabo la infiltración en el teléfono de Encinas, pero inmediatamente añade que el Ejército «es la única entidad en México con acceso a este programa de espionaje», y que ha espiado más teléfonos que ningún otro cliente en el mundo.

Solo las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono -desde una fotografía, mensaje de correo electrónico o WhatsApp- y desde ahí tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

La última infiltración en el teléfono de Encinas se produjo al menos el pasado año, mientras dirigía una comisión de la verdad para esclarecer el secuestro y desaparición de 43 estudiantes en 2014, unos hechos que llevaron a Encinas a apuntar a la responsabilidad del Ejército.

El diario contactó con la Presidencia mexicana, con el ministro de Defensa y con el propio Encinas, que declinaron pronunciarse sobre el presunto espionaje.

Encinas se enteró de la infección de su teléfono por Citizen Lab, una organización basada en la Universidad de Toronto que investiga abusos en el mundo digital y casos de censura y que efectuó un «análisis forense» en el celular de Encinas, aunque él no lo hizo público.

También dos funcionarios más que trabajaban con Encinas sobre el papel de las Fuerzas Armadas han sido víctimas de este espionaje a través de sus celulares, siempre de acuerdo al diario.

El rotativo neoyorquino subraya que Encinas es uno de los pocos funcionarios que públicamente ha denunciado el creciente poder de las Fuerzas Armadas y su influencia en la política y en enormes contratos de obras públicas, como la construcción de 1.500 kilómetros de vías férreas, la distribución de medicinas o la gestión de puertos y aduanas.

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EFE. Ciudad de México. 15 de mayo de 2023.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este lunes que mantiene abierta una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje, Pegasus en 2014, por la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Zerón, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, esta tecnología habría sido adquirida para uso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, hoy recluido por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las carpetas incluyen delitos por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades.

Todos ellos en contra de Zerón; Judith Aracely Gómez, exoficial mayor; Vidal Diazleal, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y de Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La FGR indicó que el monto de la operación ilegal fue por 460 millones de pesos (unos 26,4 millones de dólares o 24,2 millones de euros).

Además, explicó que es “un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.

La aclaración se da en medio de señalamientos al Ejército mexicano por una presunta estructura secreta de espionaje que usa el software Pegasus para interferir en investigaciones de abusos a activistas que denuncian violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas, en la investigación denominada “Ejército espía” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social Tic.

La FGR también detalló que a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado la celebración de la audiencia inicial hasta en tres ocasiones ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y espera respuesta.

“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus” realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, aclaró la FGR.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió a Tomás Zerón, extitular de la AIC, pues pidió al Gobierno de Israel su extradición, ya que también se le involucra con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delitos, de tortura”, dijo el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

Anteriormente, la FGR también había informado que perseguía una segunda línea de investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos con esta misma tecnología.

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EFE. Ciudad de México. 17 de octubre de 2022.- El Gobierno mexicano informó de que mantiene dos líneas de investigación para castigar al extitular de la hoy extinta Agencia Criminal de Investigación (AIC), Tomás Zerón, por la adquisición injustificada del equipo de espionaje «Pegasus» y por la presunta intervención ilegal de comunicaciones privadas de periodistas y defensores de derechos humanos.

En estos procedimientos también se procede en contra de otros servidores públicos «que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento», indicaron las autoridades judiciales mexicanas en un comunicado.

En la investigación que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) se indica que dicho equipo de inteligencia se adquirió con recursos públicos de una partida para «Gastos de Seguridad Pública y Nacional» por la cantidad de 456.843.149 pesos (unos 22,84 millones de dólares).

De acuerdo con la Fiscalía mexicana, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo esta compra pública «sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública» y un uso irregular de partidas presupuestales.

«Actualmente, se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal», detalló la FGR en su comunicado.

Sobre el uso del equipo Pegasus, la autoridad mencionó que «se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto».

En una segunda línea de investigación, la Fiscalía mexicana procede judicialmente por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.

La FGR recordó que su primer pesquisa fue contra Juan Carlos García, miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, que comercializaba en México el software de espionaje Pegasus de la tecnológica NSO Group.

«En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘Pegasus’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas», indicó la Fiscalía.

Además, concluyó que «conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer».

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AP. Ciudad de México. 03 de octubre de 2022.- El gobierno o el ejército de México presuntamente han seguido utilizando spyware diseñado para hackear los celulares de activistas, pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a tales prácticas.

Grupos de libertad de prensa indicaron este lunes que hallaron evidencia de intentos recientes de usar el programa espía israelí Pegasus contra activistas que investigan violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano. Una investigación forense del grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó la presencia de Pegasus.

Según un informe de la organización sobre libertad de prensa Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y organizaciones mexicanas de medios, entre los objetivos se encuentra el activista Raymundo Ramos.

Ramos ha trabajado durante años documentando los abusos de las fuerzas militares y policiales, incluyendo múltiples asesinatos, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde existe una fuerte presencia de cárteles narcotraficantes. El celular de Ramos aparentemente fue infectado con el software espía Pegasus en 2020.

“No les gusta que documentemos este tipo de casos, que sean difundidos y que sean denunciados penalmente”, declaró Ramos.

Las otras víctimas son el periodista y escritor Ricardo Raphael en 2019 y 2020, y un periodista no identificado del medio de comunicación en línea Animal Político.

Daniel Moreno, director de Animal Político, dijo que “si el presidente no sabia, es muy grave; quiere decir que el ejercito espía sin conocimiento del presidente. Y si el presidente sabía, también es muy grave”.

López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018 prometiendo acabar con el espionaje gubernamental. El presidente afirmó que él mismo había sido víctima de la vigilancia del gobierno durante décadas siendo líder de la oposición.

“Le digo que no estamos nosotros metidos en eso”, dijo López Obrador en 2019 en respuesta a preguntas sobre el uso de Pegasus. “Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie. Antes, nosotros en la oposición éramos espiados”.

El informe del lunes alega que el ejército mexicano ha pedido cotizaciones de precios para programas de espionaje de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus, que según la compañía que lo desarrolló se vende únicamente a gobiernos.

De acuerdo con el reporte, el grupo de hackers Guacamaya encontró documentos del ejército que enumeran solicitudes de cotizaciones de 2020, 2021 y 2022.

Las víctimas de los ataques con spyware dijeron que asumieron que el ejército era el responsable debido a la naturaleza de su trabajo y el momento en que ocurrieron los actos de espionaje.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, dijo que “lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios: el primero, es que el presidente le mintió al pueblo de México. O bien, el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.

Un portavoz de la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que por el momento no tenía comentarios respecto a los señalamientos.

En 2021, un empresario mexicano fue arrestado por cargos de usar el spyware Pegasus para espiar a un periodista, pero la firma israelí que lo vende, NSO Group, aseguró no tener lazos con ese hombre. El empresario ha sido descrito durante mucho tiempo en México como empleado de una firma que actuaba como intermediaria en las compras de spyware.

El principal funcionario de seguridad de López Obrador ha dicho que dos gobiernos anteriores gastaron 61 millones de dólares para comprar el software espía Pegasus.

NSO Group ha estado implicado en el espionaje gubernamental a opositores y periodistas en todo el mundo. La compañía asegura que “las tecnologías de NSO sólo se venden a entidades gubernamentales examinadas y aprobadas”.

México tenía la lista más grande —unos 15.000 números de teléfono— entre más de 50,000 supuestamente seleccionados por clientes de NSO para posible espionaje.

López Obrador se ha apoyado más que cualquiera de sus predecesores en las fuerzas armadas, a las que les ha otorgado mayores responsabilidades, desde la construcción de proyectos de infraestructura hasta la supervisión de puertos marítimos y aéreos.

Eso ha desatado preocupaciones de que el ejército mexicano, que tradicionalmente se ha mantenido ajeno a la política, se esté convirtiendo en una fuerza con poca supervisión o transparencia.

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EFE, Madrid, España. 19 de abril de 2022.- Pegasus es un programa israelí de ciberespionaje adquirido preferentemente por estados, que se instala en dispositivos móviles y es capaz de controlar toda la información contenida en el aparato espiado.

El expresidente de la Generalitat (gobierno regional) de Cataluña Carles Puigdemont anunció hoy, junto al líder del partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, que llevará ante la justicia al Estado español por los casos de espionaje de más de 60 dirigentes independentistas con este sistema de seguimiento informático.

El caso fue desvelado ayer, lunes, por la revista estadounidense The New Yorker, que asegura que es un sistema que solo pueden comprar gobiernos.

El programa ha sido desarrollado por la empresa israelí NSO Technologies, fundada en el año 2010 por antiguos miembros de los servicios de inteligencia de Israel y sólo es vendido a gobiernos y los servicios de seguridad de éstos para combatir el crimen y el terrorismo.

La primera filtración sobre su uso fue en 2017, aunque la primera alerta sobre éste se produjo un año antes.

El sistema de «captación» es sencillo. El virus emitido por Pegasus llega al titular desde un falso correo, un mensaje de texto o una videollamada perdida en redes sociales, como WhatsApp y, tras ser pinchado, su receptor pasa a estar totalmente monitorizado.

El «malware» es capaz de conseguir un control casi ilimitado, sin que el usuario lo sepa. Detecta la ubicación del sujeto, entra en sus aplicaciones, graba conversaciones, accede a correos electrónicos, lista de contactos, fotos y vídeos, lee los mensajes de texto o acciona en remoto la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones.

Expertos del sector calculan que al menos 60 agencias militares, de inteligencia o de seguridad en 40 países de todo el mundo, son las que contaban con esta tecnología, muchos de ellos de Oriente Medio y del Golfo Pérsico.

Por estar considerado como armamento, para su exportación tiene que contar con el visto bueno del Ministerio de Defensa de Israel.

La primera alerta sobre la existencia de Pegasus fue emitida el 24 de agosto de 2106 por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y la empresa Lookout Security que, en su informe «The Million Dollar Dissident», desvelaron las vulnerabilidades encontradas en el sistema iOS, de Apple.

A finales de 2016 Google detectó los primeros dispositivos con su sistema operativo Android infectados con el bautizado como Chrysaor, hermano de Pegasus y creado también por la empresa israelí NSO.

Un informe posterior de Citizen Lab y divulgado el 1 de octubre de 2018, dio popularidad mundial a Pegasus porque desveló conversaciones del periodista saudí Jamal Khashoggi (muy crítico con el príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman), que presuntamente fue asesinado ese mismo año mientras se encontraba haciendo unas gestiones en el consulado de su país en la ciudad turca de Estambul.

La mayor difusión de datos sobre el espionaje con Pegasus se conoció en julio de 2021, cuando el consorcio francés Forbidden Stories, en colaboración con 17 periódicos del mundo, informó de que al menos 600 teléfonos adscritos a jefaturas de Estado y de Gobierno del mundo habían sido infectados.

El primer país del que se tuvo pleno conocimiento que había adquirido Pegasus fue México, según desveló el periódico The New York Times en 2017. Según aquella información, tres agencias federales mexicanas habían invertido 80 millones de dólares desde 2011 en el software espía y lo habían utilizado para hacer seguimiento de abogados especializados en derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

Además, este sistema fue empleado en España en 2019 para espiar al entonces presidente del Parlamento regional de Cataluña, Roger Torrent, según informaron en julio del año siguiente los periódicos El País y The Guardian.

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