EFE. Ciudad de México. 05 de febrero de 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este sábado que las reformas constitucionales emprendidas por su Administración para concretar su proceso de transformación nacional están en línea con la causa social y nacionalista de la Constitución mexicana, promulgada en 1917.

Y destacó que «las constituciones son fruto de procesos de cambio y de transformación».

«En la Constitución de 1917 se nacionalizaron los recursos naturales de nuestro país, en especial el petróleo que estaba en manos de empresas extranjeras (…) se establece el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo», expuso López Obrador en un acto para conmemorar el 105 aniversario de la Constitución de 1917 desde la ciudad de Querétaro, centro del país.

«Todo esto es lo que recordamos hoy, la justicia social, la defensa de nuestra soberanía eso es la Constitución del 17», añadió.

Señaló que durante el periodo neoliberal en México «en vez de avanzar retrocedimos en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución porque no se legisló en favor del pueblo sino en favor de las minorías y se entregaron bienes de la nación a particulares nacionales y extranjeros».

Dijo que tras el triunfo de su movimiento en 2018 «se hacia necesario proponer una nueva Constitución y se optó por reformar pero buscando los equilibrios y la conciliación y se avanzó en reformas muy importantes» como crear la Guardia Nacional, suprimir el fuero presidencial y el derecho de adultos mayores a recibir una pensión, entre otras.

Y dijo que en los próximos años buscará tres reformas constitucionales sobre el sector eléctrico, el Instituto Nacional Electoral y la Guardia Nacional.

Dijo que se está buscando reformar la Constitución para «fortalecer la industria eléctrica nacional porque evidentemente hay un desbalance, no hay equilibrios ya que en la reforma anterior se le dieron todos los privilegios a las empresas particulares».

En el caso de la reforma electoral, que calificó de necesaria para que «de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales (para) que tengamos jueces, autoridades imparciales como lo pedía el presidente Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia».

Mientras la reforma a la Guardia Nacional será para que ésta dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y así se dé su consolidación.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dijo que en la actual Constitución se encuentra «la promesa de un país sin corrupción, en el que los cargos públicos no sean patrimonio de una clase gobernante».

Además de la promesa «de una justicia real y accesible para todas las personas y una vida digna en la que estén aseguradas las necesidades básicas: educación, salud, vivienda y seguridad.»

La Constitución mexicana cumple este sábado 105 años de su promulgación, periodo en el que se han expedido 251 decretos para reformarla y sus artículos se han modificado 741 veces.

Hasta ahora, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) encabeza la gestión con más reformas, pues en su sexenio los artículos constitucionales se modificaron 155 veces, seguido de Felipe Calderón (2006-2012) con 110.

Mientras que 2016 es el año con más reformas a la carta magna, con 57 artículos reformados.

En tanto, hasta la mitad de la Administración del presidente López Obrador se han reformados 55 artículos.

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AP. Ciudad de México. 24 de diciembre de 2021.- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México anunció el jueves que continuará con la consulta sobre la revocatoria de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador tal como se lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, pero insistió en que no dispone de recursos suficientes para el proceso.

Tras el pronunciamiento de la víspera de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el INE dijo en un comunicado que acatará la resolución y que se mantendrá atento a que se decida sobre el fondo de una controversia judicial que presentaron en el máximo tribunal a inicios de mes ante la insuficiencia presupuestal.

La realización del referendo revocatorio, que es impulsado por López Obrador, ha desatado fricciones entre el mandatario y el INE que han alentado las tensiones políticas y la polarización en el país.

El INE expresó que de acuerdo a los parámetros legales se requieren 3.830 millones de pesos (unos 191,5 millones de dólares) para realizar la consulta de revocatoria de mandato, y que la Cámara de Diputados, que controla el oficialismo, le hizo un recorte de 4.913 millones de pesos (unos 245,65 millones de dólares) “lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana”.

La comisión de la SCJN, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, admitió el miércoles una controversia constitucional que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra el acuerdo del INE del 17 de diciembre, y le ordenó seguir adelante con el referendo.

En la resolución la comisión del SCJN indicó que el presupuesto del INE de 1.503 millones de pesos (unos 75,15 millones de dólares) constituye un “indicador de viabilidad financiera” para llevar adelante la consulta impulsada por López Obrador.

Asimismo, las ministras plantearon que la suspensión del referendo “pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

La medida fue aplaudida por López Obrador, quien afirmó el jueves durante su conferencia matutina que “fue una muy buena decisión porque es la democracia, porque no se debe obstaculizar la democracia, y segundo, no se debe violar la constitución”.

El mandatario aprovechó para criticar nuevamente a los miembros del INE y dijo que obstaculizar el referendo es “actuar de manera antidemocrática” y recordó que “tienen que cambiar esos consejeros”.

La Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra algunos consejeros del INE por la probable comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, y entregó una queja ante la Contraloría del organismo electoral por probables irregularidades y faltas administrativas de parte de sus funcionarios, anunció el jueves el cuerpo.

Desde hace varios meses López Obrador ha promovido la consulta, prevista para el 10 de abril, para revalidar su gestión luego de tres años de mandato. En el referendo se espera preguntar a los mexicanos si quieren que el gobernante continúe en su sexenio hasta 2024 o renuncie.

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Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro

EFE. Ciudad de México. 05 de mayo de 2019.- Miles de personas se manifestaron este domingo en Ciudad de México y otras urbes en una protesta convocada en redes sociales contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alrededor de 4.000 personas marcharon del icónico Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución de la capital coreando consignas como «Fuera AMLO» y portando letreros con lemas críticos al mandatario.

Las denuncias más reiteradas eran las dirigidas contra el «autoritarismo» de López Obrador y su políticas que, de acuerdo con los manifestantes, dividen al país. También le exigían seguridad y el cumplimiento de sus promesas de campaña.

«Vengo a exigirle al Gobierno seguridad, especialmente para (combatir) los feminicidios, y para los niños, que dice nuestro presidente que él tiene otros datos, y nuestros datos reales, duros, es que son tres niños asesinados diariamente», dijo a Efe una mujer de nombre Paz Hernández Valencia.

Acusó al presidente de mentir al afirmar que «desde un 1 de diciembre todo va a cambiar», en referencia a la fecha en que López Obrador asumió la Presidencia el año pasado. «No todos te creemos, no todos le creemos», añadió.

Asimismo, criticó la cancelación de las obras para construir en el municipio de Texcoco un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y el recorte de los fondos para las guarderías infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Salvador Ruiz dijo a Efe que protestaba por la cancelación de «tantos proyectos que eran viables».

«Estamos retrocediendo no setenta sino mil años con este tipo», afirmó, a la vez que expresó su deseo de que el presidente «rectifique, si es que puede hacerlo, que se quite del egoísmo y de su soberbia».

Por su parte, Ernesto Retana, un jubilado, dijo estar «en contra del autoritarismo, del nepotismo y de la falta de respeto al Estado de derecho».

También expresó su desacuerdo con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el recorte a las guarderías y la anulación de la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«Están generando inconformidad y un clima de controversias y de desunión entre todos los mexicanos. Estamos buscando hacerle manifiesto que no es el presidente de todos los mexicanos, que muchos mexicanos estamos en contra de sus políticas y que este movimiento puede crecer de manera considerable», dijo Retana.

Manifestó el deseo de que el presidente tome en cuenta las voces disidentes, pero consideró que «ejerce un poder autoritario y cada vez más concentrado, y difícilmente creo que esto vaya a funcionar».

Protestas similares se efectuaron en otras ciudades, entre ellas Guadalajara, donde participaron unas 1.500 personas.

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Notimex. Ciudad de México. 03 de enero de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todos los funcionarios de la presente administración deberán dar a conocer y transparentar sus bienes, al tiempo que adelantó que sersá mañana cuando él dé a conocer los propios.

“Todo servidor público tiene que dar a conocer sus bienes y transparentarlos; por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes, el que no dé a conocer sus bienes alegando de que la ley no se lo exige no va a poder desempeñarse en este gobierno; transparencia es transparencia”.

Asimismo, abundó en la conferencia en la que estuvo acompañado por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que también deberán transparentar los bienes de los familiares cercanos a los servidores públicos.

En otro tema, López Obrador enfatizó: “En cien días de gobierno vamos a terminar de desatar toda la acción trasformadora, en cien días y vamos a mejorar en este tema que es complejo: el tema de garantizar la seguridad, y en otros, por ejemplo, me tiene ocupado lo relacionado con el sistema de salud”.

En ese sentido, el mandatario enfatizó que habrá resultados en el tema del combate a la inseguridad, pero adelantó: “no es un asunto fácil, porque se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y violencia, sobre todo, no se atendieron las causas que originan la inseguridad y violencia”.

Mencionó que se tendrá disponible diariamente información de las cifras oficiales de este tema para evitar que haya manipulación o especulación.

Detalló que en promedió “desgraciadamente se cometen alrededor de dos mil homicidios al mes; al año 22 mil, 24 mil, hasta 26 mil homicidios, esto ha llevado a que de la época de Calderón a la fecha hayan perdido la vida alrededor de 240 mil mexicanos”.

Por otra parte, López Obrador reiteró la invitación a los jóvenes que quieran participar en la Guardia Nacional para que puedan ser reclutados e integrarse a este organismo.

“Queremos que se resuelva lo más pronto posible, lo de la reforma a la Constitución; hay un periodo extraordinario convocado con ese propósito para mediados de este mes y yo creo que los legisladores van apoyar esta iniciativa”, al tiempo que enfatizo que será respetuoso de la decisión que tomen.

López Obrador manifestó también su felicitación al Poder Judicial que, destacó, es un poder independiente y autónomo, por la designación de Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron de manera libre, democrática al ministro Arturo Zaldívar, que va, a actuar con apego a la legalidad y va hacer valer el Estado de derecho”, al tiempo reiteró su compromiso de ser respetuoso a la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Finalmente, López Obrador insistió en que “el principal responsable de la actuación de un gobierno es el presidente, el de arriba y nos indujeron a echarle la culpa a los de abajo siempre, nunca al presidente y lo cierto es que el recto proceder del presidente define mucho el comportamiento de un gobierno”.

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Foto: Misael Valtierra / Cuartoscuro

EFE. Ciudad de México. 03 de enero de 2018.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó hoy que los homicidios han caído marginalmente en el último mes, y a su vez rechazó, por ser poco «precisos», los datos aportados en un artículo por el diario Reforma.

«Es bastante ligero, pero sostengo que aunque con una pequeña disminución, hay una tendencias a la baja a partir de que entramos (al Gobierno), pero vamos a esperar», afirmó López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre, en su rueda de prensa matutina.

El diario Reforma publicó este miércoles en portada un artículo donde señala que, de acuerdo con su propio recuento, las ejecuciones crecieron un 65 % en el primer mes de mandato del líder izquierdista, respecto al mes de noviembre.

Según el diario, diciembre cerró con al menos 887 ejecuciones u homicidios violentos, un repunte sustancial si se compara con las 537 víctimas del último mes como presidente de Enrique Peña Nieto.

El mismo día, el líder izquierdista acusó al rotativo de ser «amarillista» y «no apegado a la realidad».

Este jueves, el líder izquierdista aseguró que se habló de manera «ligera» de esta alza del 65 %, y recordó que hasta el momento no se han dado los datos porque se está «afinando» el sistema de información.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, agregó que los datos de Reforma carecían de credibilidad.

De manera sorprendente, resaltó que los datos de homicidios dolosos serían todavía superiores a los aportados por el diario, pues normalmente, según distintos organismos oficiales, se superan los 2.000 asesinatos al mes.

«Cualquier gobierno podría tomar ventaja de la información equivocada, puesto que está muy por debajo de la cifra real de homicidios dolosos que se cometen en el país, pero no vamos aprovecharnos del error de un periódico. Estamos trabajando con cifras oficiales», dijo.

De esta manera, señaló cinco fallas en la metodología realizada por Reforma. Entre estas, falta de claridad y transparencia de las fuentes, así como errores en la definición de qué es una ejecución.

También se desconoce si el diario tiene la infraestructura necesaria para contabilizar las ejecuciones, ni explica los protocolos usados.

Además, comete el error de comparar mes contra mes, y no es estable en la emisión de datos.

Durazo aportó datos a partir del 8 de diciembre y hasta el 1 de enero. Dijo que en los primeros días, las fuentes usadas no eran todavía del todo confiables, pues el nuevo Ejecutivo está buscando la forma de obtener, por primera vez, el registro de homicidios a diario.

«Sin soslayar la información publicada por Reforma, se hace atenta invitación a que compartan la metodología y los datos para cruzarlos con las estadísticas oficiales del Centro Nacional de Información (CNI)», remarcó Durazo, que aseguró que no se ocultarán datos.

Finalmente, afirmó que durante noviembre, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron 2.686 homicidios dolosos.

De los días contabilizados en diciembre -a partir del 8- suman 1.786 homicidios, apuntó.

México cerró 2017 con 31.174 homicidios, la cifra más alta en dos décadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

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Foto: Rebecca Blackwell / AP

Por María Verza y Mark Stevenson

AP. Ciudad de México. 23 de julio de 2018.- ¿Hay que elegir entre justicia y verdad para pacificar un país?

Lucía Díaz, una madre “buscadora” cuyo grupo ha encontrado más de 300 cadáveres en fosas clandestinas a lo largo del Golfo de México, aunque no el de su hijo, no querría tener que optar nunca entre castigar a los responsables de un crimen o saber el destino de una persona desaparecida. “Sería una terrible decisión”.

Por eso ahora vive días de zozobra, entre el miedo y la esperanza.

Después de doce años de violencia en México, con más de 200.000 asesinatos y 35.000 desaparecidos, el proceso de consultas que acaba de iniciar el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para elaborar una ley de amnistía que pacifique el país provoca tantas incertidumbres como expectativas. Algunos creen que las heridas son demasiado profundas como para hablar de perdón. Otros la consideran necesaria para lograr la paz.

“Nosotras, las madres, nos inclinaríamos más por negociar, tratar con los criminales para que nos den información que nos pueda llevar hasta nuestros hijos, en lugar de simplemente meter a la gente a la cárcel”, explicó Díaz, madre de Guillermo Lagunes, desaparecido en 2013.

Eso, en parte, no es nuevo. Cuando Díaz y los voluntarios del colectivo “Solecito” rastreaban las lomas del estado de Veracruz era porque manos anónimas les habían entregado un mapa de fosas, evidentemente elaborado por los asesinos o miembros del cártel que querían calmar sus conciencias.

“He vivido en este infierno durante cinco años”, confesó Díaz. “Creo que mi respuesta sería ‘ya díganme dónde está mi hijo’”.

Los futuros titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad, Alfonso Durazo, han dejado claro que explorarán todos los instrumentos legales disponibles con los derechos de las víctimas como eje y sin pasar por la impunidad. Entre los beneficiados por la amnistía, adelantaron, podrían estar presos por delitos no violentos, jóvenes utilizados por los cárteles como informantes o mujeres que transportaban pequeñas cantidades de droga, una actividad que en el futuro podría incluso ser despenalizada.

A falta de más definición, la idea ya tiene detractores.

“Hay muchas víctimas directas e indirectas que han quedado desamparadas (…) yo no creo que esa ley de amnistía pueda representar un acto de justicia para la gente que ha sufrido secuestros, que tiene algún ejecutado”, afirmó Manuel Olivares, de un centro de derechos humanos del sureño estado de Guerrero.

Olivares trabaja en lugares como Chilapa, una de las ciudades más violentas del país donde los cadáveres desmembrados, quemados y apilados en carreteras o las fosas clandestinas son algo cotidiano.

“[La amnistía] no va a traer la paz, la reconciliación, mientras no se ataquen las causas de la delincuencia organizada: el desempleo, los bajos sueldos, la falta de educación o de oportunidades para los jóvenes, apoyo para el campo”, indicó. Tampoco cree que la población acepte a alguien que se dice arrepentido.

En el vecino estado de Michoacán, donde en 2013 muchos civiles hartos de la violencia optaron por alzarse en armas y tomar la justicia en sus manos, hablar de arrepentidos chirría porque exmiembros del cártel de los Caballeros Templarios “perdonados” por las autoridades por luchar contra el grupo luego se reorganizaron en otras bandas.

“Si la amnistía fuera para personas que luchamos por algo bueno, estaría bien”, comentó Héctor Zepeda, uno de aquellos civiles que se mantiene como comandante de las autodefensas de una localidad de la costa michoacana. Zepeda sabe que las autoridades quieren apresarlo como a más de un centenar de sus compañeros porque, aunque antes eran aliados, ahora solo son gente armada en situación irregular.

El equipo de López Obrador ha hablado también de aplicar la amnistía a los presos políticos, pero queda por definir quienes entrarían en categoría.

Entre los optimistas con las propuestas del futuro gobierno está Juan Carlos Trujillo. Dos de sus hermanos desaparecieron en Guerrero y otros dos en Veracruz. “Después de diez años de búsqueda me di cuenta que lo que desapareció en este país fue la justicia, así que optamos por intentar acceder a la verdad”, dijo.

A su juicio, es necesario apostar por la pacificación que propone López Obrador porque “la violencia no se puede combatir con más violencia”. No obstante, advirtió que desde la perspectiva de las familias esto “no significa perdón y olvido” sino comprender a quienes fueron utilizados por estructuras criminales.

Fernando Ocegueda contestó la llamada de la AP mientras muestra a un convoy de fuerzas federales el camino a una nueva “narcofosa” en Baja California. Su hijo de 23 años desapareció en 2007 y su grupo fue el primero en mostrar, dos años después, evidencias de que cientos de cadáveres habían sido disueltos por los criminales para borrar evidencias.

“El nuevo sistema de justicia penal ya permite muchos de esos casos de amnistía de los que se habla ahora, no se necesita reformar nada”, señaló apuntando que, si acaso, se podrían rebajar sentencias a delincuentes que den información.

“Queremos trabajar con ustedes, aportar todo lo que hemos hecho”, pidió Yolanda Moran, cuyo hijo fue secuestrado por militares en 2008, a la futura secretaria de Gobernación en el primer encuentro de Sánchez Cordero con quienes la inacción de las autoridades les hizo pasar de víctimas a detectives. “Olvido jamás. Verdad y justicia ahora les corresponde a ustedes proporcionárnoslo”, subrayó.

Las expectativas generadas son altas y la palabra más repetida es “verdad”.

“Me preocupa que sigan poniendo por delante la ley de amnistía, que es la última parte del asunto”, aseguró en ese mismo acto Javier Sicilia, un poeta al que se le acabaron los versos en 2011 tras el asesinato de su hijo y cuyo grito, “Estamos hasta la madre”, se convirtió en un movimiento espontáneo de víctimas que recorrió todo el país visibilizándolas. “Si no hay verdad, ¿qué vamos a amnistiar si ni siquiera tenemos a los criminales, si ni siquiera sabemos qué pasó?”.

El escritor pidió al futuro gobierno que no utilice el tema de la paz “como un show” al que se invita hasta al papa Francisco, como ya se ha hecho, sino que ponga a trabajar a las instituciones en un proyecto real y con presupuesto.

Para académicos como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia especializado en crimen organizado, la clave son dos palabras: “justicia transicional”, o los instrumentos extraordinarios que se usan ante crímenes de lesa humanidad en guerras o dictaduras o para superar violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Según Buscaglia, este tipo de justicia debería tener dos pilares en México: la creación de comisiones de la verdad y la instalación de tribunales internacionales para procesar los crímenes de mayor impacto. Las primeras deben salir de la sociedad civil y estar dirigidas por ella, mientras que los segundos deben ponerse en marcha por decisión de López Obrador para lanzar un mensaje claro contra la impunidad.

En otros países, estas comisiones lograron esclarecer casos inescrutables para la justicia y es en ese marco donde se debe hablar de amnistía, reparación o beneficios a cambio de confesiones, apuntó el académico.

El equipo de presidente electo se declaró a favor de este tipo de comisiones, aunque sin entrar en detalles.

«Si a las victimas les das un sistema de reparación de daños, aunque sea parcialmente, pero se les reconoce la injusticia, las víctimas no requieren cárcel, ni sangre”, aseguró Buscaglia basándose en su experiencia en otros países. “En general dan perdón en la medida que sea de abajo hacia arriba. Si el perdón se les impone, no funcionará, habrá resentimiento y se dividirá al país”.

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Foto: Daniel Becerril / Reuters

Reuters. Ciudad de México. 10 de julio de 2018.-  Andrés Manuel López Obrador, se reunirá el viernes en la capital del país con los secretarios de Estado, del Tesoro y de Seguridad Nacional estadounidenses y con un consejero de la Casa Blanca, dijo el martes su futuro canciller, Marcelo Ebrard.

La agenda de la reunión no incluye el muro fronterizo que Estados Unidos pretende construir entre ambos países pero sí la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), adelantó Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador como secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno.

«Será un encuentro del más alto nivel, lo cual es una buena señal», dijo Ebrard en rueda de prensa.

La delegación encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, realizará una visita a México para reunirse con el saliente presidente Enrique Peña Nieto y trabajar en la relación bilateral, incluyendo temas como migración, comercio, seguridad y cooperación para el desarrollo.

Este último, dijo López Obrador, será el tema principal de la reunión «de cortesía», en la que también participarán el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el principal consejero de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

López Obrador, el primer presidente de izquierda mexicano en décadas que asumirá el 1 de diciembre, dijo que durante la llamada telefónica que sostuvo con Trump tras ganar las elecciones hace una semana no hablaron del muro fronterizo.

Además, el político de 64 años abogó por mantener el TLCAN, cuya renegociación luce estancada desde hace semanas en gran medida por discrepancias en las cláusulas automotrices entre los integrantes Canadá, Estados Unidos y México.

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Fuente: El Financiero

Por Adriana Barrera

Reuters. Ciudad de México. 27 de junio de 2018.- Uno le advierte al otro que enfrentará la justicia cuando sea presidente de México, el aludido le espeta que es un «vulgar ladrón». Con este tipo de ataques mutuos, el conservador Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade pelean el segundo puesto en los comicios del domingo.

Durante toda la campaña, Anaya, abanderado de una coalición de derecha e izquierda, y Meade, de una coalición encabezada por el gobernante PRI, no lograron acercarse al izquierdista Andrés Manuel López Obrador en las preferencias electorales, pero saben que aparecer en segundo lugar tiene mucha mayor importancia que la honra de estar unos puntos arriba del otro.

De acuerdo con dos sondeos publicados esta semana, Anaya se mantiene arriba frente a Meade por entre 2.0 y 2.3 puntos porcentuales, menos que los márgenes de error de hasta 3.1 puntos porcentuales.

Desde el segundo lugar pueden pelear por parte del alrededor del 20 por ciento de indecisos o personas que no declaran alguna preferencia, e incluso recibir el «voto útil» de quienes no desean que López Obrador consiga la victoria el 1 de julio.

«Esa es la apuesta», dijo Luis Carlos Ugalde, presidente del instituto nacional electoral en 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón se impuso por un estrecho margen a López Obrador, que compite por la presidencia por tercera vez consecutiva.

«Si (en las encuestas) queda claro que sí hay un segundo lugar con una diferencia significativa respecto al tercero, entonces los últimos días podría haber un fenómeno de traspaso de votos de uno hacia el otro», añadió Ugalde.

En México no hay segunda vuelta, la elección del domingo es definitiva para determinar al ganador.

GOLPES AL RIVAL…

Anaya es un abogado de 39 años que desarrolló la mayor parte de su carrera en el estado de Querétaro, cercano a la Ciudad de México, donde ocupó cargos en el gobierno local.

Luego, como jefe de la Cámara de Diputados de México, encabezó en diciembre del 2013 la accidentada sesión en la que se aprobó una profunda reforma energética que el Senado había enviado apenas horas antes y en la que se dispensaron todos los protocolos.

La reforma energética llevó a la liberalización de los precios de la gasolina a inicios del año pasado cuando Meade era secretario de Hacienda. El llamado «gasolinazo» provocó saqueos.

Pese a haber votado a favor de la reforma, Anaya responsabiliza a Meade por altos precios de los combustibles.

«Estos ataques son muestra de la preocupación que tienen ante la tendencia sostenida (…) que José Antonio Meade ha continuado subiendo en los sondeos», dijo Claudia Ruiz Massieu, excanciller y candidata al Senado por el PRI.

Economista de 49 años, Meade es el primer candidato presidencial del PRI que no milita en el partido, que lo postuló buscando limpiar su imagen manchada por escándalos de corrupción en el gobierno de Peña y una violencia que no da tregua.

Pero eso no ha servido para que los mexicanos hagan a un lado la percepción negativa sobre el PRI y Meade ha mantenido el tercer lugar desde el arranque de la campaña a finales de marzo.

Parte de esa herencia no deseada es el escándalo conocido como «La Estafa Maestra», un desvió miles de millones de pesos desde el gobierno federal a través de empresas fantasma entre 2013 y 2014, los dos primeros años del gobierno de Peña, según el medio digital Animal Político.

…Y GOLPES DE REGRESO

Pero Anaya también ha recibido golpes.

Según una investigación del diario El Universal, Anaya aprovechó una venta de terrenos en Querétaro durante la administración de un exgobernador del que fue secretario particular y adquirió junto con su familia política un terreno.

El lote fue comprado en mayo del 2014 en 10.7 millones de pesos (536,906 dólares) y vendido en agosto del 2016 en 53.7 millones de pesos (2.69 millones de dólares), según el diario.

Unos días antes del tercer y último debate presidencial este mes, se divulgó un video en el que el hermano de un empresario presuntamente ligado a Anaya habló sobre la forma en la que el candidato conseguía recursos para su campaña.

«He sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras», reclamó Anaya durante el debate. «Tú, José Antonio, y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar a la justicia cuando yo sea presidente de México», le dijo a los ojos.

Anaya ha dicho que de ganar los comicios crearía una fiscalía para investigar los escándalos del gobierno de Peña.

Para algunos encuestadores, la intensa movilización por tierra del PRI en las últimas semanas podría darle algunos buenos resultados, mientras que los ataques a Anaya lograron mermar su imagen positiva y le impidieron crecer.

«Fueron ataques eficaces», dijo Guillermo Valdés, de la encuestadora GEA/ISA.

Para otros, la batalla por el segundo lugar también busca mantener cohesionadas a las bases de votantes y atraer votos que fortalezcan posiciones en el Congreso.

«Queremos tener una representación lo más robusta posible», dijo Ruiz Massieu del PRI, sobre el Congreso que se renovará en estos comicios.

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Foto: Alexandre Meneghini / AP

Reuters. Ciudad de México. 25 de junio de 2018.-  Andrés Manuel López Obrador, revisará contratos petroleros otorgados por el Gobierno tras una reforma energética y hará «correcciones» en caso de que sea necesario, dijo el lunes Alfonso Romo, uno de sus asesores económicos.

Romo, un empresario prominente del norte de México quien sería nombrado jefe de gabinete en caso de que López Obrador logre la victoria el 1 de julio, dijo a periodistas que si la revisión arroja que los contratos están en orden, las licitaciones petroleras continuarían.

Romo dijo que se siente «tranquilo» sobre lo que ha revisado de los contratos hasta ahora.

Por otra parte, el asesor dijo que un Gobierno de López Obrador buscaría la apreciación del peso, que consideró esta subvaluado, pero mediante la creación de condiciones de confianza y promoción de inversiones y no con una intervención en el mercado cambiario.

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Foto: Henry Romero / Reuters

Por Stefanie Eschenbacher

Reuters. Acapulco, México. 09 de marzo de 2018.- El candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas rumbo a las elecciones de julio en México, pidió el viernes a los banqueros confianza y descartó expropiaciones y nacionalizaciones en el sector si llega a la presidencia.

El veterano político, de 64 años, dijo además que de llegar al poder propondrá una modificación a la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción, lo que actualmente no está considerado en la carta magna.

AMLO, como se le conoce popularmente, dijo en una convención de banqueros que de ganar las elecciones del 1 de julio luchará contra la extendida corrupción en el país, no subirá los impuestos existentes ni impulsará otros nuevos, que cuidará las variables macroeconómicas y que no aumentará la deuda pública.

«Tengan confianza (…) Se va a apoyar a la banca, no vamos a confiscar bienes (…) No se van a llevar a cabo expropiaciones, ni nacionalizaciones», dijo el político que buscará la presidencia mexicana por tercera vez.

Sus enemigos políticos dicen que si llega López Obrador al poder emulará el modelo «socialista» del fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro en Venezuela, que sufre una severa crisis económica y aguda escasez de alimentos y medicinas.

El exalcalde de Ciudad de México también señaló que respetará la autonomía del banco central del país.

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