«Sabemos que el mejor lugar para un niño es con una familia y una comunidad. Nos aseguramos de que tanto los niños como los patrocinadores sepan de la existencia de nuestro centro nacional de llamadas, una línea disponible las 24 horas que puede ofrecer distintos recursos», añadió la directora de la ORR.

El legislador republicano Glenn Grothman, presidente de ese comité, acusó a la Administración de Joe Biden de ejercer una política de «fronteras abiertas» que «ha creado una crisis humanitaria que impulsa a los traficantes de niños».

Muchos de esos menores, recalcó, han tenido que pagar los gastos del viaje o endeudarse con los cárteles para llegar a Estados Unidos, y otros tantos se han visto obligados a abandonar la escuela y a ponerse a trabajar para pagar la deuda.

The New York Times había afirmado que, aunque el Ejecutivo federal contrata a agencias de bienestar infantil para que supervisen la situación de algunos menores considerados en alto riesgo, los asistentes sociales de esas agencias sostienen que el HHS suele ignorar las señales «evidentes» de explotación laboral.

«La ORR no monitorea ni rastrea el paradero de los menores después de que dejen de estar bajo nuestro cuidado. Sin embargo, estamos muy comprometidos con seguir brindando servicios de apoyo posterior», se limitó a decir Dunn.