Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de mayo de 2026.-  Periodistas, organizaciones de derechos humanos y colectivos de comunicación convocaron a la jornada “Aquí Nadie Olvida”, un espacio de memoria, exigencia de justicia y denuncia ante el grave contexto de violencia contra la prensa en México.

La actividad se llevará a cabo este sábado 30 de mayo a partir de las 9:00 horas en la Esquina de la Información (esquina de Avenida Reforma y Bucareli), en la Ciudad de México. Se prevé que las actividades se extiendan durante el día, con un Fandango Masivo por la Memoria programado alrededor de las 21:30 horas.

Una jornada por la memoria y la justicia

La convocatoria busca mantener viva la memoria de las y los periodistas asesinados y desaparecidos en el país, exigir verdad y justicia, y romper el silencio que rodea estos crímenes. La fecha coincide además con el 42 aniversario del asesinato del columnista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984.

Organizaciones como Desinformémonos, Periodistas Unidos, participantes del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, y diversos medios independientes han impulsado la iniciativa. Periodistas como Julio Astillero, Heriberto Paredes, Montserrat Jiménez, Alejandro Meléndez, Griselda Triana y otros han grabado mensajes invitando a la ciudadanía y colegas a sumarse.

Contexto de violencia contra la prensa

México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Según diversas organizaciones, desde el año 2000 se han registrado más de 200 periodistas asesinados, muchos de ellos sin que sus casos hayan sido esclarecidos. La impunidad y la falta de protección efectiva persisten como los principales problemas.

“Aquí nadie olvida” busca convertirse en un puente de dignidad para encontrarse en la memoria colectiva y acompañar las luchas de las familias de las víctimas.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de mayo de 2026.- Al cierre del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el 30 de septiembre de 2030,  el sector público de salud contará con 16 543 camas nuevas, contabilizadas las 7 404 adquiridas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, frente a las 5 308 que se pusieron en servicio con Felipe Calderón y las 3 906 con Enrique Peña, lo que sumaría 9 214, de 2006 a 2018, frente a las abiertas por los dos presidentes de la Cuarta Transformación, siempre y cuando se cumplan las metas anunciadas por CSP significará un crecimiento del 80%.

Mas lo que de plano es inexacto, Pitágoras mediante, es que “se sumaron más camas en el gobierno de López Obrador que en los dos sexenios anteriores, con todo y pandemia de covid-19”, como señaló la presidenta en su Conferencia del Pueblo, en la que son notorias las respuestas largas, demasiado para su estilo conciso, sobre preguntas más que puntuales, así como el incumplimiento del acuerdo tomado por los colegas para formular tres preguntas cada uno. Sería plausible que los periodistas y la presidenta privilegiarán más la diversidad de voces y medios que participan.

Además, no queda claro en el informe presentado por el subsecretario Eduardo Clark García, de las camas puestas en servicio por Sheinbaum en los últimos 17 meses cuántas corresponden a obras que no alcanzó a concluir Obrador y que a su vez dejaron inconclusas José Narro Robles y su jefe Peña Nieto. Se llegó a denunciar que dejaron hospitales inaugurados, pero sin equipo u otros en los que sólo se construyó la fachada. La corrupción de Peña y Narro, pues.

Respecto a la proyección para 2024-2030, Clark apuntó que se planean 50 hospitales nuevos, ampliación de 47 y acciones de sustitución y mejoras en otros 55. Mientras al inicio del actual sexenio había 96 966 camas hospitalarias, al concluir habrá 106 105, con una inversión proyectada de 181 000 millones de pesos. Excelente, sólo que hospitales de primerísimo nivel, como La Raza, recientemente no contaban con tomógrafos porque “tronaron” y nadie se molestaba en ahorrarles hasta cuatro vueltas a los pacientes de la tercera y cuarta edades provenientes del extremo sur de la capital.

Y el Hospital General de Zona 27 (Tlatelolco) que cuenta con 10 quirófanos remite a sus pacientes a Azcapotzalco para que les hagan las tomografías. Por cierto, en el 27 realizan cirugías ambulatorias (con anestesia local) con música a todo volumen y gritos absurdos. Y hasta consultan a los pacientes: “Qué música le gusta”.

Lo anterior a pesar de que en todos lados ya funcionan las oficinas de “Trato digno”, anunciadas con bombo y platillo por Zoé Robledo en la mañanera, pero el ruido obstruye la recuperación y el sueño de los recién operados. Y para las “curaciones urgentes” en Tlatelolco disponen de un espacio de cuatro por cuatro metros cuadrados (tres por tres, me corrigen) para atender a cuatro pacientes en cada uno de los cuatro rincones del pequeño espacio. Y una mal encarada vigilante de “Seguridad Privada” (¿Dónde están los agentes de Resguardo Federal, Zoe?) molesta a los adoloridos pacientes peguntándoles hasta en cuatro ocasiones: “¿A qué vino?” y prohibiéndoles que carguen sus teléfonos celulares para comunicarse con familiares.

Sin duda es sumamente alentador que sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los últimos 18 meses se inauguraron siete hospitales y al momento hay 19 frentes de obra en 13 estados; también que en el IMSS Bienestar se contemplan 81 nuevos nosocomios, de los que 18 ya fueron inaugurados y que en el ISSSTE se avanza; pero el rezago es mayúsculo.

Acuse de recibo

Datos sobre la política de Abrazos, no balazos. “En México, sólo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se arrestó a 39 altos dirigentes de distintos grupos delictivos y, en total, a 666 ligados directamente al crimen organizado, además de 45 mil detenidos. Y en éste, van 672 vinculados a organizaciones delictivas, de los cuales 56 son muy relevantes. Ha habido cerca de 50 mil detenidos”: Sheinbaum Pardo, 18-V-26. (…) De Néstor Fernández Verti: “Eduardo saludos, gracias por las utopías. Un Abrazo”. (…) En la llamada Línea Dorada o 12 del Metro, circula el convoy Valentín Campa Salazar y, también, el Rosario Ibarra de Piedra. (…) El 11 de mayo reapareció la escritora y promotora cultural María Gómez Rivera y en general se le escucha bien. (…) Al que no localizo es al periodista y editor Moisés Edwin Barreda, un magonista de hueso colorado que el 6 de septiembre de 2024 se despidió de sus colegas, lectores y amigos de esta manera: https://almomento.mx/silabario-de-politica-preludio-de-adios-de-reportero-a-reportero/ (…) Mi agradecimiento para Alexis y Andrei Ibarra Martínez por estar en el lugar indicado y a la hora debida, así como a quienes se mantuvieron atentos a la visita al quirófano. (…) Ya puede usted consultar 3 112 textos de Utopía y el reporte detallado “Forum en Línea sigue gracias a ustedes” en https://forumenlinea.com/?page_id=53

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de diciembre de 2025.- Reconocidos juristas recomiendan que el sistema de justicia obre con cuidado al abordar casos de periodistas. Los trabajadores de los medios recogen versiones que pueden considerar acertadas, pero que en no pocas ocasiones resultan insuficientes, equívocas o de plano falsas. Ni hablar, pero cuando se trabaja en el día a día hay que confiar en quienes suponemos enterados o dignos de crédito.

Por supuesto, ocurre que quienes se consideran afectados, si son poderosos, respondan en forma desmedida, echando mano de relaciones de alto nivel, compra o intimidación de jueces y, desde luego, de bufetes jurídicos de prestigio, cuyos abogados cobran por hora lo que un periodista quizá gane en una semana o en un mes, hecho que lo pone en notoria desventaja, pues no cuentan con relaciones políticas que le permitan librar el asedio judicial, carece de recursos para solventar un juicio largo o complicado y no puede abandonar el trabajo del que viven él y su familia.

Más grave es que un señalamiento periodístico acertado sea falsamente desmentido por el poder de quien ocupa un alto cargo político, o bien (o mal), por las relaciones o el dinero de quien se considera afectado, algo que a últimas fechas hemos visto multiplicarse peligrosamente en muchos estados de la República, donde se ha llegado a casos extremos de censura, lo que se expone en el libro Cállense, editado por el sello Grano de Sal, que dirige Tomás Granados, hijo de ese legendario columnista que fue Miguel Ángel Granados Chapa.

Un caso que quedó fuera de ese libro fue el expuesto por Hernán Gómez Bruera en el foro Proteger la Libertad de Expresión en la Ciudad de México, celebrado en el Congreso de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2025. Ahí, ante los legisladores, el citado colega refirió las represalias de que ha sido víctima por un par de libros de autoría: Traición en palacio y El ministro del poder, en los que acusa a Julio Scherer Ibarra y a Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte, de estar implicados en “una red de extorsión, corrupción y tráfico de influencias”.

Gómez Bruera dice que “estas dos investigaciones periodísticas van mucho más allá de los personajes mencionados. Hay nombres, apellidos, fundamentos, fuentes y datos precisos sobre la red. Se señala a muchos otros actores y empresas con inmenso poder económico y político que utilizaron el sistema de justicia para sus intereses privados” y perseguir al propio periodista, demandado por 15 millones de pesos “con motivo de estas investigaciones”, que se han expuesto en diversos medios impresos y electrónicos.

Los demandantes pidieron que se prohibiera la venta de una de las obras de Gómez Bruera, publicación de la también demandada editorial Random House, lo que, de concretarse, hubiera sentado un precedente muy grave, pues de ahí a la persecución de las ideas e incluso a la quema de libros se podría pasar sin dificultad.

Del aberrante proceso, el acusado narró en un artículo (El Universal, 25/VIII/24) que fue sometido a un interrogatorio en el que sólo podía responder sí o no, sin entrar en explicaciones. La sesión aquella duró ocho horas, durante las cuales no le permitieron comer algo o siquiera ir al baño porque, como le dijo alguien, “no se puede interrumpir la audiencia y ¡porque no hay papel!”, lo que muestra hasta dónde llegan las miserias burocráticas.

Semanas antes de la audiencia citada, la juez que lleva el caso “había aceptado un aberrante peritaje psicológico” solicitado por la parte demandante, supuestamente con el fin de determinar si el acusado es “capaz de ejercer el periodismo”. Gómez Bruera recuerda que, tiempo atrás, el mismo tribunal le impuso a Sergio Aguayo un peritaje similar que duró 25 horas, lo que remite a los procedimientos del estalinismo.

Por fortuna, ahora el acusado obtuvo un amparo, pero no entiende por qué la juez aceptó un procedimiento pericial invasivo, estigmatizante y absurdo. Y se pregunta el periodista si fue por “pedido de Rafael Guerra —presidente del Tribunal que da línea a los jueces presuntamente autónomos— para incrementar el hostigamiento judicial en mi contra”.

En fin, todo indica que, para muchos colegas, la libertad de prensa ha pasado de ser un derecho para convertirse en una burla.

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Periodistas Unidos. París, Francia. 15 de diciembre de 2025.– El más reciente informe de la UNESCO, ‘Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios 2022/2025: Periodismo configurando un mundo en paz’, alerta sobre un deterioro histórico en la libertad de expresión a nivel global, con una caída del 10% entre 2012 y 2024. En América Latina y el Caribe, el descenso fue del 6,86%, menor que la media mundial, pero impulsado principalmente por el aumento de la autocensura en un 52,14% durante el mismo período.

Basado en datos del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, el índice global de libertad de expresión muestra un retroceso comparable a épocas previas a guerras mundiales o la Guerra Fría. En la región, el declive anual promedio fue del 0,53%, con otros factores como el incremento del 41,51% en restricciones gubernamentales a los medios y una caída del 40,23% en la libertad académica y cultural.

El informe destaca el impacto directo en periodistas: entre 2018 y 2024, casi mil informadores en América Latina fueron desplazados forzosamente, especialmente en México, debido a violencia y amenazas. A nivel mundial, la autocensura creció un 63%, mientras que la impunidad en asesinatos de periodistas se mantiene en torno al 85%. La UNESCO advierte sobre amenazas emergentes como la inteligencia artificial generativa, la concentración mediática y la desinformación, que agravan la polarización y debilitan la democracia.

Expertos como Catalina Botero, colaboradora del informe, enfatizan que «la suerte de la libertad de expresión está atada a la suerte de la democracia». Pese a avances como la reducción parcial de impunidad y el crecimiento del periodismo colaborativo, la agencia de la ONU insta a fortalecer protecciones institucionales y el acceso a información veraz.

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de noviembre de 2025.- Todo ciudadano tiene derecho a manifestar su inconformidad u oposición a la autoridad. Eso hicieron los ciudadanos que marcharon el domingo. Voceros oficialistas dijeron que sólo marcharon seis mil personas, otros soltaron que siete mil y los más generosos hablaron de 17 mil. El hecho es que en la marcha participaron miles de personas.

Se pretende descalificar la manifestación con el peregrino argumento de que fue convocada por jóvenes, pero que en la multitud iban adultos. En realidad marcharon jóvenes, adultos también e incluso niños y ancianos, familias enteras que no están de acuerdo con la inseguridad que priva en el país.

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Algo destacable es que participó en su silla de ruedas la abuela de Carlos Manzo, el alcalde Uruapan que fue asesinado hace unos días, lo que ha desatado una ola de protestas que las autoridades pretenden minimizar con el envío de tropas a Michoacán y todo un plan que, hasta ahora, sólo ha mostrado su ineficacia, pues el domingo pasado los delincuentes bloquearon carreteras del estado con automóviles a los que prendieron fuego.

Alberto Capella, quien de manifestaciones conoce el derecho y el revés, pues fue organizador de protestas ciudadanas y también jefe de policía en Tijuana, dice que “durante más de tres horas, desde Reforma hasta Eje Central, el flujo fue un río humano ininterrumpido”. Otros observadores aportan datos que muestran una participación mayor a la declarada por los funcionarios morenistas.

El hecho es que se tomaron diversas medidas para desalentar la participación y hacerla más complicada e insegura. Las autoridades cerraron con vallas el eje Lázaro Cárdenas y la avenida Madero; dejando la calle 5 de Mayo como único acceso al Zócalo, donde se colocaron vallas metálicas frente a Catedral y el Palacio Nacional.

Quien conoce de esta disposición geográfica y tales medidas, agrega Capella, “sabe que este tipo de configuración genera confusión, lentitud, fragmentación y temor”. Pero había más: “Al ingresar por 5 de Mayo —sigue Capella—, lo primero que encontramos fue a un grupo de jóvenes atacando las vallas” dispuestas frente a Catedral, justo en el punto donde entraba la ciudadanía pacífica. Ante el espectáculo de “humo, golpes, gritos, confusión y rostros llenos de miedo, miles de personas se detuvieron o se regresaron”, que era precisamente lo que buscaba la autoridad.

Luego los mismos jóvenes se trasladaron a la valla que resguardaba Palacio y ahí dieron un combate más encarnizado, pues lograron derribar parte de la barrera metálica y atacaron al personal uniformado que tenía órdenes de no responder, pero las cosas llegaron a tal punto que finalmente recibieron autorización y, como es costumbre, no buscaron quién se las debía, sino quién se las pagara, y desplegaron su salvajismo ciego contra los que presenciaban los hechos, incluso contra periodistas que estaban ahí haciendo su trabajo.

En fin, que la estrategia gubernamental terminó como una exhibición de inoperancia, como una nueva demostración de que los asesores de quien manda envían señales confusas o de plano equivocadas y comprometedoras.

Esa estrategia se desplegó verbalmente días antes antes de la manifestación. Una y otra vez fueron descalificados los convocantes, pues si inicialmente se trataba de la llamada Generación Z, con el paso de los días se mencionaron nombres como el de Claudio X González o Salinas, hasta sugerir que desde el extranjero se patrocinó una campaña en favor de la manifestación y, por supuesto, en contra de las autoridades. Tanta insistencia en descalificar la marcha sólo sirvió para despertar más interés. Los resultados están a la vista.

Se insistió en que el actual gobierno no reprime y, finalmente, lo tuvo que hacer, de manera indiscriminada y hasta criminal. De los hechos se desprenden algunas preguntas: ¿por qué se ordena a los cuerpos policiacos no intervenir cuando el llamado Bloque Negro ataca a policías e incluso a manifestantes? ¿Por qué la autoridad se niega a cumplir su obligación de aplicar la ley? ¿Por qué el Bloque Negro aparece en las manifestaciones de protesta o de la oposición y no en las de Morena? Alguien debe responder esas preguntas… si es que tiene las respuestas.

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EFE. Ciudad de México. 21 de octubre de 2025.- Con el objetivo de dignificar y salvaguardar la labor de quienes viven en peligro por defender los derechos humanos y la verdad en México, organizaciones para la protección de personas defensoras y periodistas lanzaron este martes la campaña ‘Proteger la Dignidad’.

La iniciativa busca «romper con los discursos que criminalizan o desacreditan a quienes defienden derechos, llamándoles “injerencistas, enemigos del Estado, terroristas o simplemente contrarios”», según explicó Paola Pacheco, del Espacio OSC.

«La dignidad, que es este hilo conductor de esta campaña, es algo que une las historias de personas que hoy están en vida, resistiendo desde la cárcel, desde las calles, desde las comunidades y desde zonas silenciadas», señaló Pacheco, también integrante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Pacheco destacó además que la campaña invita al «autorreconocimiento» de «que cada persona que acompaña, informa, organiza o defiende a su comunidad, se reconozca a sí misma como defensora de derechos humanos».

Responsabilidad estatal

La iniciativa está compuesta por distintos materiales visuales, como postales que muestran los derechos que las personas defensoras y periodistas defienden y ejercen.

También cuenta con un micrositio que integra cápsulas en primera persona sobre la labor y los riesgos que enfrentan, además de información sobre las obligaciones del Estado mexicano, la normatividad federal y local, buenas prácticas y recomendaciones a las autoridades.

En este sentido, Elia Ochoa Plácido, hermana de la defensora Digna Ochoa —asesinada el 19 de octubre de 2001—, resaltó la importancia del lanzamiento de la iniciativa en el marco del vigésimo cuarto aniversario del crimen que permanece impune.

«A pesar de todos los riesgos, amenazas y hostigamientos, ella se mantuvo de pie. Su ejemplo nos recuerda que defender derechos humanos es un acto de valentía y de profundo compromiso con la justicia y la vida digna de todas las personas», enfatizó Ochoa.

Además, remarcó que, al igual que Digna Ochoa, muchas personas defensoras han sido asesinadas en su labor, crímenes que «a la fecha siguen en la impunidad», por lo que esta campaña también busca «exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones».

Riesgos en la labor

Catorce organizaciones, articuladas en el Espacio OSC, están detrás de la iniciativa, que también cuenta con el respaldo de las Embajadas en México de Francia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal y Alemania, así como de representaciones y agencias de la ONU.

Por su parte, Humberto Henderson, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), subrayó la necesidad de reforzar el reconocimiento social de las personas defensoras y periodistas, «como una medida de prevención» dirigida a quienes «están enfrentando riesgos permanentemente».

De acuerdo con la ONU-DH, tan solo durante 2024 al menos nueve personas defensoras de derechos humanos, seis periodistas y dos trabajadoras de medios de comunicación fueron asesinadas en posible relación con su labor en México.

Además, cinco personas defensoras de derechos humanos y un trabajador de medios fueron desaparecidas durante este periodo y no han sido localizadas hasta la fecha.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de octubre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum condenó con firmeza los actos de violencia ocurridos durante la marcha del 2 de octubre en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968, al acusar un intento de provocación por parte de grupos infiltrados que agredieron a policías y periodistas. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales y durante una reunión con elementos heridos, Sheinbaum cuestionó: «¿Quién se beneficia de estas acciones violentas?», al resaltar que tales incidentes buscan desestabilizar la paz social y manchar la memoria histórica de la jornada.

Sheinbaum expresó su total respaldo a los 94 elementos de la policía capitalina que resultaron heridos en los enfrentamientos, elogiando su labor de contención y profesionalismo frente a un bloque negro que lanzó piedras, botellas y objetos incendiarios contra las fuerzas del orden. «Los policías actuaron con contención y respeto a los derechos humanos; merecen nuestro apoyo incondicional«, afirmó la mandataria, quien recibió personalmente a los lesionados en Palacio Nacional para ofrecerles atención médica y emocional.

La presidenta también extendió su solidaridad a los fotoperiodistas agredidos durante la manifestación, algunos de ellos heridos por las mismas autoridades en medio del caos, y exigió que todos los ataques sean investigados penalmente. «La violencia no tiene cabida en una democracia; ni contra uniformados ni contra la prensa que informa con libertad«, enfatizó, alineando su postura con el compromiso de la Cuarta Transformación por la no represión y la protección de la libertad de expresión.

Este pronunciamiento se da en un contexto de tensiones post-marcha, donde la jefa de Gobierno Clara Brugada reportó daños materiales en el Centro Histórico y llamó a la unidad nacional. Analistas ven en la respuesta de Sheinbaum un equilibrio entre la condena a la provocación y el respeto a la protesta pacífica, fortaleciendo su imagen como líder dialogante en el primer año de su mandato.

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Por Renán Martínez Casas

AMEXI. Ciudad de México. 06 de octubre de 2025.- El periodismo ya no es simplemente incómodo para el poder: se ha vuelto intolerable. En regímenes democráticos debilitados, así como en sistemas autoritarios, se ha perfeccionado una arquitectura de hostilidad que asfixia la función crítica de la prensa sin necesidad de censura formal. El objetivo no es silenciar, sino saturar; no desaparecer la verdad, sino diluirla entre ruido, desinformación y descrédito. El periodismo ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en un obstáculo, y el poder ha aprendido a neutralizarlo no por la fuerza, sino por el desprestigio.

La figura del periodista ha sido convertida en blanco de sospechas, ataques digitales, estigmatización oficial y campañas de difamación. En muchas partes del mundo, ejercer el oficio con rigor es una actividad de alto riesgo, no solo por la amenaza directa, sino por el aislamiento simbólico. Se permite que la información circule, pero se le priva de impacto. La verdad, aun cuando se dice, llega tarde o es descartada por una ciudadanía fatigada, emocionalmente saturada, que ya no distingue entre el dato verificado y el discurso fabricado.

Los nuevos dispositivos de control no necesitan cerrar medios ni encarcelar periodistas para imponer su narrativa. Les basta con colapsar el valor social de la información verificada. La velocidad con que circulan los contenidos, el sensacionalismo algorítmico y la multiplicación de fuentes opacas han contribuido a disolver la autoridad del periodismo profesional. Se le acusa de parcialidad, se le reduce a una opinión entre muchas, se le iguala con el bullicio de las redes. En ese ambiente, todo es opinable, todo es disputado, todo es sospechoso. Y si todo es sospechoso, nada importa.

Esta crisis no es sólo consecuencia de la tecnología. Es una estrategia política activa. El poder ha descubierto que no necesita perseguir la verdad: le basta con desprestigiar a quien la enuncia. La estigmatización del periodista como “enemigo del pueblo”, “vocero de intereses” o “saboteador” forma parte de una gramática global de la desconfianza. En muchos países, esta narrativa se institucionaliza desde el propio Estado: se desacredita a los medios críticos, se premia a los incondicionales, se utiliza el aparato público para montar canales oficiales de propaganda que simulan pluralismo y transparencia.

Este escenario ha generado un ecosistema informativo desequilibrado, donde el periodismo independiente lucha por sobrevivir entre el descrédito y la precariedad. La financiación se reduce, la publicidad se concentra en medios afines al poder, y la ciudadanía, confundida por la sobrecarga informativa, tiende a refugiarse en discursos afines a sus emociones o ideologías. La verdad pierde centralidad, y el dato se vuelve decorativo.

En paralelo, el lenguaje del poder se vuelve performático. Los gobernantes no comunican: actúan. Convierten cada declaración en un evento, cada conferencia en un show, cada desmentido en una confrontación teatral. Se apropian del lenguaje mediático para encubrir la ausencia de argumentos. De este modo, los gobiernos ya no necesitan responder a la prensa: les basta con sobrepasarla en espectáculo.

En este contexto, el periodismo se ve obligado a reinventar su función. Ya no basta con informar. Se requiere desmontar narrativas falsas, resistir la tentación del impacto fácil, construir audiencias críticas. Muchos medios han optado por el modelo colaborativo, por alianzas transnacionales, por la investigación de largo aliento. Otros han migrado a formatos nuevos, tratando de recuperar la atención del público sin renunciar al rigor.

Pero estas formas de resistencia tienen un alto costo. En países democráticos debilitados y en dictaduras abiertas, el periodista que no obedece es castigado. Se le persigue judicialmente, se le bloquea el acceso a la información, se le margina de los circuitos de legitimidad. En muchos casos, se le empobrece deliberadamente. La libertad de prensa sobrevive, pero a un precio cada vez más alto.

Frente a este sitio persistente, cabe preguntarse por el lugar de la verdad en el espacio público. La verdad ya no es una conquista social compartida, sino un campo de disputa. Decir la verdad implica desafiar narrativas oficiales, desafiar emociones dominantes, desafiar la inercia de la indiferencia. En un mundo donde el poder construye realidades paralelas, sostener los hechos es una forma de disidencia.

No se trata de idealizar al periodismo ni de negar sus fallas. Se trata de reconocer que, en este ciclo histórico, la verdad ha dejado de ser inofensiva. Se ha vuelto un obstáculo para quienes gobiernan desde el engaño. Por eso el periodismo está sitiado: porque donde hay verdad, hay posibilidad de resistencia.

El sitio no es solo institucional o económico. Es simbólico y moral. Se busca quebrar la voluntad del periodista, volverlo irrelevante, convertir su trabajo en un ruido más. Pero allí donde estorba, el periodismo se vuelve imprescindible. No por heroísmo, sino por necesidad democrática.

Porque cuando el periodismo incomoda, cumple su función. Cuando desafía, demuestra que la conciencia crítica no ha muerto. Y cuando resiste, recuerda que el poder no lo es todo. En ese gesto, aunque solitario, sobrevive la posibilidad de otro lenguaje: uno que no niegue la verdad, sino que la ponga de nuevo en el centro de lo público.

La figura del periodista ha sido convertida en blanco de sospechas, ataques digitales, estigmatización oficial y campañas de difamación. En muchas partes del mundo, ejercer el oficio con rigor es una actividad de alto riesgo, no solo por la amenaza directa, sino por el aislamiento simbólico. Se permite que la información circule, pero se le priva de impacto. La verdad, aun cuando se dice, llega tarde o es descartada por una ciudadanía fatigada, emocionalmente saturada, que ya no distingue entre el dato verificado y el discurso fabricado.

Los nuevos dispositivos de control no necesitan cerrar medios ni encarcelar periodistas para imponer su narrativa. Les basta con colapsar el valor social de la información verificada. La velocidad con que circulan los contenidos, el sensacionalismo algorítmico y la multiplicación de fuentes opacas han contribuido a disolver la autoridad del periodismo profesional. Se le acusa de parcialidad, se le reduce a una opinión entre muchas, se le iguala con el bullicio de las redes. En ese ambiente, todo es opinable, todo es disputado, todo es sospechoso. Y si todo es sospechoso, nada importa.

Esta crisis no es sólo consecuencia de la tecnología. Es una estrategia política activa. El poder ha descubierto que no necesita perseguir la verdad: le basta con desprestigiar a quien la enuncia. La estigmatización del periodista como “enemigo del pueblo”, “vocero de intereses” o “saboteador” forma parte de una gramática global de la desconfianza. En muchos países, esta narrativa se institucionaliza desde el propio Estado: se desacredita a los medios críticos, se premia a los incondicionales, se utiliza el aparato público para montar canales oficiales de propaganda que simulan pluralismo y transparencia.

Este escenario ha generado un ecosistema informativo desequilibrado, donde el periodismo independiente lucha por sobrevivir entre el descrédito y la precariedad. La financiación se reduce, la publicidad se concentra en medios afines al poder, y la ciudadanía, confundida por la sobrecarga informativa, tiende a refugiarse en discursos afines a sus emociones o ideologías. La verdad pierde centralidad, y el dato se vuelve decorativo.

En paralelo, el lenguaje del poder se vuelve performático. Los gobernantes no comunican: actúan. Convierten cada declaración en un evento, cada conferencia en un show, cada desmentido en una confrontación teatral. Se apropian del lenguaje mediático para encubrir la ausencia de argumentos. De este modo, los gobiernos ya no necesitan responder a la prensa: les basta con sobrepasarla en espectáculo.

En este contexto, el periodismo se ve obligado a reinventar su función. Ya no basta con informar. Se requiere desmontar narrativas falsas, resistir la tentación del impacto fácil, construir audiencias críticas. Muchos medios han optado por el modelo colaborativo, por alianzas transnacionales, por la investigación de largo aliento. Otros han migrado a formatos nuevos, tratando de recuperar la atención del público sin renunciar al rigor.

Pero estas formas de resistencia tienen un alto costo. En países democráticos debilitados y en dictaduras abiertas, el periodista que no obedece es castigado. Se le persigue judicialmente, se le bloquea el acceso a la información, se le margina de los circuitos de legitimidad. En muchos casos, se le empobrece deliberadamente. La libertad de prensa sobrevive, pero a un precio cada vez más alto.

Frente a este sitio persistente, cabe preguntarse por el lugar de la verdad en el espacio público. La verdad ya no es una conquista social compartida, sino un campo de disputa. Decir la verdad implica desafiar narrativas oficiales, desafiar emociones dominantes, desafiar la inercia de la indiferencia. En un mundo donde el poder construye realidades paralelas, sostener los hechos es una forma de disidencia.

No se trata de idealizar al periodismo ni de negar sus fallas. Se trata de reconocer que, en este ciclo histórico, la verdad ha dejado de ser inofensiva. Se ha vuelto un obstáculo para quienes gobiernan desde el engaño. Por eso el periodismo está sitiado: porque donde hay verdad, hay posibilidad de resistencia.

El sitio no es solo institucional o económico. Es simbólico y moral. Se busca quebrar la voluntad del periodista, volverlo irrelevante, convertir su trabajo en un ruido más. Pero allí donde estorba, el periodismo se vuelve imprescindible. No por heroísmo, sino por necesidad democrática.

Porque cuando el periodismo incomoda, cumple su función. Cuando desafía, demuestra que la conciencia crítica no ha muerto. Y cuando resiste, recuerda que el poder no lo es todo. En ese gesto, aunque solitario, sobrevive la posibilidad de otro lenguaje: uno que no niegue la verdad, sino que la ponga de nuevo en el centro de lo público.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de octubre de 2025.- La conmemoración del 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco se tiñó de violencia este 2 de octubre en la Ciudad de México, cuando un operativo policial fallido derivó en agresiones directas contra periodistas que cubrían la marcha hacia el Zócalo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegados para contener a grupos radicales conocidos como «bloque negro», terminaron involucrando a reporteros en los choques, dejando al menos ocho comunicadores heridos, con contusiones, robos de equipo y denuncias de golpes injustificados.

La manifestación, que partió alrededor de las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, reunió a estudiantes, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres buscadoras y activistas del Comité del 68. Lo que inició como un recorrido pacífico por la memoria histórica escaló en disturbios cerca de la calle 5 de Mayo y los accesos al Zócalo, donde encapuchados lanzaron bombas molotov, piedras y artefactos explosivos contra comercios y fuerzas de seguridad. Sin embargo, el caos se agravó por un operativo «deficiente» de la policía, según denuncias de organizaciones como la Red Rompe el Miedo y Artículo 19, que permitió la invasión de la plancha del Zócalo por elementos castrenses y generó confusiones que pusieron en riesgo a la prensa.

 

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Entre los afectados destacan:

• David Deolarte, de La Prensa. sufrió una contusión en la tibia que requirió atención del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y traslado hospitalario.

• Ivone Rodríguez, de El Sol de México.

• Nicolás Corte, de Publimetro.

• Juan Abundis, de la Agencia ObturadorMX, terminó con la cabeza vendada y manchas de sangre en su ropa, según imágenes difundidas por su medio, que denunció una «vulneración a su integridad física y labor periodística».

• Ramkar Cruz, de N+, fue agredido por elementos de la SSC mientras grababa los enfrentamientos.

• Víctor Camacho, de La Jornada.

• David Patricio, de La Razón.

• Javier Ríos, de Milenio, y Javier Lira, de FotorreporterosMx, reportaron agresiones físicas.

Estos incidentes no solo involucraron a vándalos, sino directamente a agentes antimotines, quienes, según testigos y videos circulantes en redes sociales, respondieron con gas lacrimógeno y empujones indiscriminados, sin distinguir entre manifestantes y periodistas identificados con chalecos antibalas. «Los periodistas denuncian ataques policiales, detenciones arbitrarias y robo de equipo», condenó la Red Rompe El Miedo  en X, exigiendo sanciones a los responsables y protocolos claros para proteger la labor informativa.

Alerta: Integrantes de la Red #RompeElMiedo cubriendo las manifestaciones del #2deOctubre en la CDMX reportan una serie de fallas en los protocolos policiales de protesta, abusos de autoridad e inclusive retenciones arbitrarias y violencia física contra la prensa.
Foto: Cortesía. pic.twitter.com/TWWDwOtMAu

— Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) October 3, 2025

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, defendió el operativo en conferencia de prensa posterior, afirmando que se actuó «bajo protocolos» y que hay agentes lesionados por los encapuchados, quienes despojaron a policías de escudos y cascos. No obstante, evadió preguntas sobre investigaciones internas contra sus elementos y la supuesta invasión de la Guardia Nacional a la plancha del Zócalo, un espacio simbólico para las protestas. Hasta el momento, el gobierno capitalino no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las agresiones a la prensa, lo que ha avivado críticas de impunidad en un año marcado por 639 ataques a periodistas en México, según Artículo 19.

Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ Américas) ya documentan los casos y llaman a una investigación imparcial.  Mientras tanto, los heridos reciben atención médica, y el incidente reaviva el debate sobre la libertad de expresión en un contexto de creciente polarización social.

#MEXICO: El CPJ está documentando una serie de agresiones contra periodistas en la Ciudad de México, ocurridas durante las manifestaciones del #2ddeOctubre, incluso por personal de la @SSC_CDMX. https://t.co/MuA4gl0xXK

— CPJ Américas (@CPJAmericas) October 3, 2025

La marcha, que culminó con un mitin en el Zócalo, dejó un saldo de saqueos en tiendas departamentales y hogueras aisladas, pero el mayor reproche recae en un operativo policial que, lejos de contener la violencia, la extendió a quienes solo buscaban informar. El 02 de octubre no se olvida, pero tampoco las lecciones sobre proteger a quienes narran la historia.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de septiembre de 2025.- La familia de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años que desapareció el 9 de abril de 2022 en Escobedo, Nuevo León, y cuyo cuerpo fue hallado 13 días después en una cisterna del Motel Nueva Castilla, presentó este miércoles la serie documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, que se estrenará el 18 de septiembre en HBO Max. La producción, realizada por BTF Media y Warner Bros. Discovery, busca visibilizar la lucha por justicia de los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en los feminicidios en México, donde la tasa de impunidad supera el 86%, según México Evalúa.

El documental, de cuatro episodios, incluye testimonios inéditos de los padres, entrevistas con periodistas, abogados y expertos, así como material de archivo y reconstrucciones de los hechos. Narra desde la última vez que Debanhi fue vista con vida en la carretera Monterrey-Laredo, tras ser abandonada por un taxista, hasta la búsqueda desesperada de su familia y las inconsistencias en la investigación oficial. “Esto nos va a servir para que no vuelva a suceder, para sentar un precedente y entender que hay un antes y un después de lo de Debanhi. No debemos quedarnos callados y tenemos que exigir a la justicia que haga su trabajo”, declaró Mario Escobar a EFE.

La serie aborda las críticas que enfrentaron los padres y la propia Debanhi, quien fue señalada por estar en estado de ebriedad la noche de su desaparición, así como la falta de respuesta de sus padres a las llamadas de sus amigas. “Desde que empezamos la búsqueda hubo comentarios positivos y negativos. Eso nos inclinó a limpiar el nombre de Debanhi, a que la sociedad conociera quién era”, explicó Dolores Bazaldúa. La familia enfatizó que la producción, que incluye grabaciones de cámaras de vigilancia y declaraciones inéditas, fue realizada con cuidado para respetar la investigación en curso, liderada desde septiembre de 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso de Debanhi desató indignación nacional debido a las omisiones de la Fiscalía de Nuevo León, que inicialmente atribuyó su muerte a un golpe en la cabeza, hipótesis rechazada por la familia. Una segunda autopsia, ordenada por la FGR tras la exhumación del cuerpo, determinó en julio de 2022 que Debanhi fue asesinada y sufrió violencia sexual, clasificando el caso como feminicidio. A pesar de esto, no hay detenidos ni avances significativos, lo que motivó a la familia a financiar un cuarto peritaje forense de manera independiente. “No hemos lucrado con el caso. Lo que recibimos es para seguir con las investigaciones”, aclaró Mario Escobar.

La serie también critica la negligencia institucional y la revictimización mediática, buscando no solo esclarecer los hechos, sino también generar un debate sobre la violencia de género en México. Cecilia Abraham, directora de Desarrollo y Producción de Warner Bros. Discovery LATAM, destacó que el proyecto pretende “generar conversación sobre temas que no pueden pasar desapercibidos”. La familia espera que el documental, que se suma a otra producción de Vix y N+ Docs (#TODAS: Debanhi, una historia de redes), inspire cambios en el sistema de justicia y apoye a otras víctimas de feminicidio.

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