Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de enero de 2026.- La organización Propuesta Cívica expresó este miércoles su “profunda indignación” por la “persistente criminalización” contra el periodista mexicano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, luego de que un juez retiró la imputación por terrorismo, pero mantuvo otras acusaciones y le impuso prisión domiciliaria por un año en el occidental estado de Veracruz.

En un comunicado, Propuesta Cívica sostuvo que, aunque el “absurdo cargo por terrorismo” fue desestimado mediante un auto fechado el 30 de diciembre, la continuidad del proceso por presunto “encubrimiento por favorecimiento” y “delitos contra las instituciones de seguridad pública” representa, a su juicio, una “continuación de la persecución” contra el ejercicio periodístico en esa entidad.

La ONG recordó que León Segovia fue detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos, Veracruz, durante un operativo en el que participaron policías y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y afirmó que en el procedimiento se reportaron “irregularidades graves”, incluida la presunta sustracción de efectivo y de un vehículo.

“El periodismo no es terrorismo”

Propuesta Cívica afirmó que la Fiscalía General de Veracruz sustentó sus acusaciones en coberturas del periodista sobre violencia e inseguridad, al presentarlas como “prueba” y argumentar que la rapidez con la que llegaba a los hechos era “un indicio de conocimiento previo” de actividades criminales.

Según el comunicado, el juez de control determinó que “no existía vínculo alguno” entre el comunicador y “estructuras delictivas”, por lo que desestimó la imputación por terrorismo.

Sin embargo, la organización aseguró que la audiencia estuvo marcada por “inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades” en la actuación ministerial.

En contexto, León Segovia, que escribe para la página en Internet «Noticias con Lafita León», fue acusado de «encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública», por recibir supuestos pagos de 30.000 pesos (unos 1.500 dólares) por difundir noticias de asesinatos y publicar mensajes violentos bajo supuestas «instrucciones de grupos criminales».

Llamado a la Fiscalía

Propuesta Cívica exigió a la Fiscalía General de Veracruz retirar “inmediatamente” los cargos restantes, “reparar completamente” los daños patrimoniales causados durante la detención y ofrecer “disculpas públicas” por el trato recibido.

Además, urgió a fortalecer mecanismos de control y supervisión de la Fiscalía estatal y a realizar una investigación “integral e imparcial” por presunta conducta abusiva.

El caso también ha generado pronunciamientos de organizaciones de libertad de expresión, como el colectivo Artículo 19 que condenó que, pese a desecharse el terrorismo, se consolidara la criminalización al mantener al periodista vinculado a proceso por encubrimiento, en una audiencia señalada por “múltiples inconsistencias”.

También se sumó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien el 29 de diciembre pidió a la Fiscalía de Veracruz aclarar la detención y explicar por qué se imputó terrorismo.

“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, además de defender la libertad de expresión “por encima de todo”, según dijo en su conferencia de prensa.

Propuesta Cívica agregó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dado “seguimiento puntual” e instó a garantizar el debido proceso, mientras la organización advirtió que, además de los homicidios contra periodistas, se está sumando una “criminalización judicial” mediante figuras penales graves como el terrorismo o lavado de dinero.

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Periodistas Unidos. San Blas Atempa, México16 de julio de 2025.- La Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron la continua persecución judicial contra el defensor comunitario David Hernández Salazar, a pesar de haber sido absuelto en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Hernández Salazar fue acusado en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y daños dolosos, recibiendo una condena inicial el 7 de febrero de 2024 de 46 años y 6 meses de prisión, junto con una multa de $182,000 y el pago de más de un millón de pesos por reparación de daños. Sin embargo, el 14 de mayo de 2024, la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior revocó la sentencia, reconociendo irregularidades en el proceso y la invalidez de las pruebas presentadas.

A pesar de esta resolución, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo Directo (371/2024), lo que derivó en una nueva sentencia el 27 de febrero de 2025, en la que la Segunda Sala Penal Colegiada ratificó la absolución de Hernández Salazar. No obstante, en mayo de 2025, las acusaciones persistieron con un nuevo amparo, manteniendo viva una estrategia de persecución judicial que, según la comunidad, busca criminalizar la defensa del territorio frente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI).

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera señaló que la lucha de David no es individual, sino parte de una persecución sistemática contra defensores que se oponen a proyectos impuestos en el Istmo. Exigen que Hernández Salazar quede libre de todo proceso judicial y que cese el hostigamiento contra la comunidad.

Además, la Asamblea reiteró su demanda de una distribución justa y transparente de los recursos de los Ramos 28 y 33, correspondientes a Puente Madera como agencia municipal de San Blas Atempa. Estos fondos, destinados a servicios básicos, infraestructura, educación y salud, han sido manejados de manera discrecional por las autoridades municipales, violando los derechos colectivos y el principio de equidad presupuestaria.

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