Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de agosto de 2022.- El periodista michoacano J. Jesús Lemus Barajas denuncia persecución por parte de la FRG a cargo de Alejandro Gertz Manero y el crimen organizado, derivado de su trabajo periodístico. En un video denuncia que en coordinación con el gobierno de Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla, están integrando una Carpeta de Investigación y han ubicado sus domicilios en la Ciudad de México y Michoacán como supuestas «Casas de Seguridad» para detenerlo a él y a su familia arbitrariamente mediante ese montaje. 

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EFE. Ciudad de México. 11 de julio de 2022.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó perseguir al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aprovechó para negar que tampoco tiene un pacto de impunidad con él tras la denuncia que el Gobierno interpuso la semana pasada en su contra.

“Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación, inventan cosas, hablan de pactos, de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información”, detalló López Obrador en el Palacio Nacional.

En su habitual conferencia de prensa, el presidente mexicano afirmó que la denuncia en contra del expresidente Peña, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el jueves pasado por operaciones irregulares, se dio por “cuestión de principios”.

Dijo que ya que se tenían indicios de un mal comportamiento financiero que arrojó el propio sistema de los bancos y que por eso se dio aviso a todas las autoridades competentes.

“Yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer que, como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en (la Secretaría de) Hacienda, son notificadas por los bancos a (la Unidad) Inteligencia Financiera”, explicó.

El pasado 7 de julio, la UIF dio a conocer una investigación «por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita» del expresidente Peña Nieto.

La denuncia se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR) por transferencias que ascienden a más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares) entre 2019 y 2021.

En este contexto, el expresidente del hoy opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) prometió «aclarar cualquier cuestionamiento» sobre su patrimonio.

La investigación afirma que una familiar del exmandatario le hizo estas transferencias a España, donde ahora reside Peña Nieto, quien además está vinculado con dos empresas no identificadas con «irregularidades fiscales y financieras».

Sin embargo, el actual presidente mexicano López Obrador insistió que desde su gestión “no promovemos estos juicios”, pero tampoco actúan «como tapadera”.

Afirmó que su planteamiento es mirar hacia adelante y dar el ejemplo “de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción se nos castigara”.

Recordó que promovió en 2021 una consulta para enjuiciar a expresidentes solo si el pueblo así lo quería, pero que no se alcanzaron los votos necesarios.

“Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta porque yo estoy pensando más hacia adelante, no es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es prevenir. La justicia no solo es castigar, la justicia también es prevenir, que no se cometan delitos”, aseveró.

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EFE. San Cristóbal de Las Casas, México. 05  de julio de 2022.- Un centenar de indígenas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos marcharon este martes en varios municipios del estado mexicano de Chiapas (sur) para manifestar su rechazo a la solicitud de orden de detención de un sacerdote y activista y para pedir al Gobierno que adapte su estrategia de seguridad ante una oleada de violencia.

Indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales realizaron una «marcha peregrinación» bajo el lema «Por la verdad, la justicia y la paz de San Cristóbal», que se replicó también en otros siete municipios del estado fronterizo con Guatemala, donde en los últimos meses se ha recrudecido la violencia.

Y en concreto, protestaron por la orden de detención solicitada en contra del defensor de derechos humanos y párroco Marcelo Pérez por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio del 2022.

Se le acusa de estar implicado en la desaparición de 19 personas del municipio de Pantelhó el 26 de julio del 2021, en un conflicto donde el sacerdote «únicamente participó como mediador», aseguraron, cuando se conformó el grupo de autodefensa «El Machete», quien desterró a un presunto grupo del crimen organizado.

Los creyentes caminaron al lado del padre Marcelo y otros religiosos durante más de dos horas, portando símbolos religiosos y cartulinas con leyendas como “Queremos un verdadero estado de derecho”, “La paz será fruto de justicia” o “Respaldo total al padre Marcelo Pérez Pérez”.

Rosa María Méndez, indígena tzotzil del municipio de Zinacantán, dijo a Efe que el padre Marcelo es «un hombre bueno». «Trabajamos mucho con él con los temas de la mujer y sobre la dignidad de la mujer, no creemos en las acusaciones», continuó.

Mientras tanto, Fernando Hernández, portavoz de la Coordinadora de Comunidades del Sur, expresó que es tiempo de «sumar esfuerzos» al llamado de paz. «Considero que San Cristóbal de Las Casas y el Estado de Chiapas están en un estado de indefensión, nos preocupa la violencia que está generando el Estado mexicano en contra de defensores de derechos humanos, a los constructores de la Paz”.

Durante el mitin, la Diócesis de San Cristóbal enfatizó de manera general la situación que viven los municipios donde el crimen organizado se ha apoderado de caminos, carreteras y ciudades para aterrorizar a los pueblos indígenas.

En este sentido, coincidieron los manifestantes y los religiosos en que la presencia de sacerdotes en la zona abona a la pacificación de la región.

El vocero de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas -que prefirió no dar su nombre- dijo a Efe: «Estamos preocupados por la inseguridad, el aumento de la violencia en nuestras calles, escuelas, comercios, y desgraciadamente en los templos”.

Esto lo dijo en relación al asesinato de los dos sacerdotes jesuitas -Javier Campos y Joaquín Mora- asesinados junto a un guía turístico -Pedro Palma- el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, en el norteño estado de Chihuahua.

El pasado 26 de junio, la Iglesia católica mexicana llamó al Gobierno a revisar su estrategia de seguridad y señaló que en el país corre un río de sangre por la creciente violencia e impunidad.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cargó contra los clérigos que se dijeron inconformes con la estrategia de seguridad actual y se preguntó por qué no actuaron, dijo, cuando los niveles de violencia aumentaron durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

«¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una Iglesia evangélica, o sea sacerdote», dijo la semana pasada.

Con esto, la tensión entre la Iglesia y el Ejecutivo aumentó, pero este martes el mandatario celebró el comunicado de la Iglesia católica y la comunidad jesuita en el que se apuesta por la unidad ante la violencia, y dijo que «es otro tono».

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EFE. Ciudad de México. 27 de diciembre de 2021.- El Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano acusó este domingo al presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Sergio Gutiérrez, de una «persecución penal» en contra del organismo autónomo ante la polémica por la consulta de revocación de mandato.

En un inusual comunicado, los 11 consejeros del INE criticaron que Gutiérrez, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), haya denunciado a los miembros del instituto que votaron por aplazar la consulta revocatoria, que impulsa el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

«Es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras», alertaron en un pronunciamiento.

Los consejeros se refirieron a las denuncias penales que interpuso Gutiérrez contra los seis consejeros que votaron la semana pasada para congelar el proceso de la consulta, programada para abril de 2022, porque el Congreso no les asignó recursos suficientes.

El INE prometió acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el miércoles ordenó al organismo autónomo seguir adelante con el proceso al admitir a trámite un recurso de Gutiérrez.

Aun así, los consejeros tacharon las denuncias contra ellos de «una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen».

«Rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía», indicó el posicionamiento firmado por todos los integrantes del Consejo.

México tendrá en abril próximo la primera votación en su historia para revocar al presidente en la mitad de su sexenio, aunque los simpatizantes de López Obrador promueven el ejercicio como una elección de «ratificación».

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, afronta críticas porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de «una campaña permanente» para movilizar a sus bases.

Además, la mayoría de los consejeros del INE han argumentado que no pueden realizar la consulta porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4.913 millones de pesos (227 millones de dólares) para 2022.

El presidente y el partido gobernante han respondido con ataques al INE, al que han amagado con reformar y han tachado de «antidemocrático».

«En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos», manifestó este domingo el Consejo General del organismo autónomo.

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EFE. Ciudad de México. 18 de noviembre de 2021.- Organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19, acusaron este jueves a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México de «perseguir y criminalizar» al activista José Martínez Cruz, quien ha sido crítico con el organismo público y el Ejército.

Las asociaciones señalaron en un posicionamiento que «la CNDH actúa desproporcionada e ilegalmente contra» Martínez Cruz, quien renunció a su puesto como director de la Primera Visitaduría del organismo en 2020, cuando denunció que la comisión estaba en riesgo de “sucumbir y ser sumisa al poder”.

«Nos preocupan las acusaciones en su contra, pues llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un exfuncionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión constituye un proceder que se aleja de los estándares de derechos humanos», indicaron.

Los grupos defendieron a Martínez Cruz en el texto, también firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Los firmantes recordaron que el hombre «expresó públicamente diferencias con las personas que actualmente tienen a su cargo la CNDH, ente otras cuestiones respecto de la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos».

«En respuesta, la CNDH ha buscado iniciarle procesos penales y administrativos», aseguraron.

La denuncia ocurre mientras México afronta una crisis de violencia contra activistas de derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció en julio pasado el asesinato de al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

«Resulta indignante que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de esta envergadura a dirimir conflictos internos», advirtieron las asociaciones.

La CNDH es un organismo autónomo, pero causa polémica desde la designación en 2019 de su actual titular, Rosario Piedra Ibarra, quien fue candidata a diputada por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y es cercana al presidente del país.

Por ello, las asociaciones consideraron que la persecución de Martínez Cruz es «una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH».

«(Los conflictos internos) han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos como se esperaba en un contexto de cambio», sostuvieron en el posicionamiento.

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