Por Ameyali Flores

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de noviembre de 2025.- Hay puestos que son una silla caliente. Y luego está la dirección del Metro, donde cada titular parece condenado a cargar no solo con los vagones, sino con la política, las fracturas internas y el desgaste público. El caso más reciente lo confirma: Adrián Rubalcava llegó al Metro con un historial político amplio, polémico y lleno de alianzas cambiantes, y aun así, o quizás por eso mismo, ya recibió su primer mensaje claro desde el poder: no es parte del círculo de confianza.

La evidencia no es un rumor ni un comentario de pasillo. Está en las imágenes. En los recorridos y actos de reinauguración de la Línea 1, Rubalcava estuvo ahí, físicamente presente, caminando detrás del grupo central. Pero ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni la jefa de Gobierno Clara Brugada lo incluyeron en sus posteos oficiales. No aparece ni en la foto heroica, ni en el video institucional, ni en el mensaje político. Y en política, eso pesa. Las ausencias hablan. A veces, más que las presencias.

Rubalcava llegó al Metro como llega un operador político a una trinchera: con su equipo, sus lealtades y sus pactos. Diversos analistas y medios han señalado que trasladó a la dependencia a varios de sus operadores históricos, personajes conocidos en Cuajimalpa por su estilo duro en campañas, famosos por ser golpeadores y en algunos casos hasta despojadores. Esa decisión generó ruido desde el primer día. No porque esté prohibido traer a tu propio equipo —es lo que hacen todos— sino porque envió el mensaje de que el Metro se convertía, una vez más, en un territorio con jefes múltiples y lealtades divididas.

Y eso, para un gobierno que presume orden, disciplina interna y coordinación compacta, no siempre es bien recibido.

Hay que recordar algo: el Metro es, desde hace años, un cargo de alto riesgo político. Los últimos directores han salido salpicados por tragedias, fallas, auditorías, renuncias y desgaste público. Florencia Serranía vivió el episodio más doloroso en décadas con el colapso de la Línea 12. Guillermo Calderón sobrevivió tres años entre crisis, fallas y sospechas. Antes, Jorge Gaviño y Jorge Jiménez enfrentaron presiones políticas constantes, conflictos de mantenimiento y una opinión pública siempre al borde del hartazgo.

Pero lo de Rubalcava tiene un matiz distinto. Es la primera vez que el mensaje de desconexión viene tan pronto y tan claramente desde arriba. Que te quiten de la foto oficial —cuando la foto es el instrumento fundamental del poder— equivale a decirte que estás, pero no perteneces; que ocupas el cargo, pero no la confianza.

Rubalcava, además, no llega como técnico, sino como político. Y en política, la imagen pública es capital. Su pasado reciente, marcado por rupturas, cambios de bando, acusaciones cruzadas y un estilo frontal, pesa. Sus aliados lo ven como un operador eficaz; sus detractores, como un actor duro y de tácticas agresivas. Esa reputación viaja con él, incluso a los andenes.

Por eso la exclusión en las redes y en la narrativa oficial tiene doble filo:
significa que su presencia es útil… pero no decorativa. Que se necesita su operación, pero no su simbolismo. En un gobierno donde la comunicación es milimétrica, lo que no se publica también es un mensaje.

Si al director del Metro siempre le va mal, no es solo por los problemas técnicos, ni por las fallas del sistema, ni por la presión mediática. Es porque el Metro es un lugar donde la política se amplifica. Cada movimiento se vuelve ruido. Cada error, crisis. Cada omisión, señal.

Y hoy la señal es contundente: Rubalcava está, pero no está. Y en la política mexicana, estar fuera de la foto oficial es, muchas veces, el principio de un destino anunciado.

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Pero… Ante la petición u orden del juez, lejos de preocuparse por el funcionamiento del TEPJF como dispone la Constitución, extrañamente, cuatro de los cinco actuales magistrados que por ahora integran el Tribunal resolvieron no dar trámite a lo dispuesto por De la Peza y, con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora, acordaron presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, pues consideran que “las medidas anunciadas por el juez de Distrito son injustificadas y excesivas”.

Por si hiciera falta, los magistrados rechazaron “de manera categórica el infundado actuar del referido juez de Distrito al pretender imponer, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el propio reglamento, las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la Sala Superior”, y agregaron que el artículo 99 de la Constitución estipula que este Tribunal se define como la máxima autoridad judicial en materia electoral, por lo que cuenta con autonomía ante este tipo de ordenamientos administrativos” (La Jornada, 2/VII/24).

Se puede suponer que la Suprema Corte decidirá si los nombramientos en cuestión son un asunto electoral o si, por su carácter administrativo, procede lo ordenado por De la Peza. Por su parte, Otálora se permitió el beneficio de la duda al votar contra lo acordado por sus colegas y más tarde, en redes sociales, dijo que, antes de acudir a instancias penales, era necesario “utilizar los mecanismos del Poder Judicial para la revisión de las resoluciones, con el fin de asegurar la correcta impartición de justicia”.

Pues sí, pero el hecho es que el asunto ya escaló hasta extremos que muestran el desgarriate en que se encuentra la disputa entre los Poderes de la Unión, pues la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que solicitará contra el juez “juicio político por violar la Constitución”, y agregó que, para ella, “es evidente que (De la Peza) actúa por consigna”, aunque no precisó quién le habría dado la supuesta consigna al juzgador.

Rodrigo de la Peza tiene en su hoja de servicios algunos fallos adversos al gobierno de Morena, como el referente a la obligación que se pretendía imponer a entidades privadas de comprar gas natural a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad. Antes, emitió una suspensión provisional ante el tope de 0.57% que trataba de imponer el gobierno a las comisiones que cobran los bancos por el manejo de las afores.

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