Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Venezuela presentó este viernes una denuncia formal ante la Organización Marítima Internacional (OMI) por la confiscación de un petrolero en aguas del mar Caribe cerca de sus costas, a la que calificó de «robo descarado» y «acto de piratería internacional» perpetrado por Estados Unidos, en un nuevo capítulo de la escalada de tensiones bilaterales impulsada por la administración de Donald Trump. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, para exigir la activación de mecanismos internacionales que protejan la libertad de navegación y sancionen actos hostiles contra embarcaciones civiles, según un comunicado oficial de la Vicepresidencia difundido vía Telegram.

El buque en cuestión, identificado como Skipper, fue interceptado el miércoles por fuerzas estadounidenses —incluyendo la Guardia Costera, la Marina, el FBI y otras agencias— en una operación que Washington justificó por sus «vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní sancionado», aunque en esta ocasión transportaba cerca de dos millones de barriles de crudo venezolano de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según reportes de The New York Times y la fiscal general estadounidense Pam Bondi. El presidente Nicolás Maduro denunció el «secuestro y robo» de la tripulación y el cargamento, al que Trump se refirió como «el más grande jamás incautado», en un contexto de sanciones renovadas contra el régimen chavista por presunto apoyo a redes de narcotráfico y terrorismo, incluyendo el ficticio «Cártel de los Soles«.

Rodríguez enfatizó que estos «movimientos amenazantes» de Washington no responden a la lucha antidrogas, sino a un «plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas», y vinculó el incidente al reciente Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora María Corina Machado, que Caracas tilda de «show político» para justificar un «cambio de régimen». La OMI, dependiente de la ONU y con sede en Londres, podría mediar en la disputa invocando convenios como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), aunque analistas dudan de una resolución rápida dada la polarización geopolítica.

Esta acción se enmarca en el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe desde 1989, con buques de guerra y aviones de combate, que Venezuela interpreta como amenaza directa a su soberanía y recursos petroleros —el 90% de sus exportaciones—. PDVSA opera aún con empresas como Chevron bajo licencias del Tesoro de EE.UU., pero la incautación del Skipper, que navegaba con «falsa bandera» para evadir sanciones, genera desconfianza entre transportistas internacionales y podría reducir las ventas de crudo venezolano en meses venideros, según expertos consultados por BBC. Caracas reafirma su compromiso con el derecho internacional para defender su «dignidad nacional» y recursos naturales.

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