AMEXI. Ciudad de México. 20 de enero de 2026.- El Plan Michoacán, creado por el gobierno federal en esta entidad, presenta fallos tras la obtención de informes de los medios locales, los cuales revelan 19 homicidios dolosos en la primera quincena de enero de este 2026.

Cuitzeo, Puruándiro, Zamora, Uruapan y Apatzingán, son los municipios donde en menos de 15 días se han registrado  hechos de sangre que derrumban el discurso oficial estatal y federal de que “la Estrategia Nacional de Seguridad (Plan Michoacán) ya da sus primeros resultados”, como afirmó el pasado domingo 11 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Violencia sin freno pese a Plan Michoacán

Durante el festejo de año nuevo, en Uruapan, ejecutaron a un policía. Días despúes, el jueves 8 de enero, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación con relación al hallazgo de cuerpos desmembrados de cuatro personas dentro de bolsas de basura en el exterior de las instalaciones de la plaza de Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, en el municipio de Cuitzeo.

Ese mismo día, horas más tarde, se identificó a las víctimas como Kevin J. L., de 15 años de edad; César M. S., de 17; Yovani G. H., de 18 y Diego Javier L., de 20 años.

Aunado a ello, el sábado 10 en Puruándiro, sujetos armados atacaron a varias personas y dejaron como saldo tres muertos. Los fallecidos fueron identificados como José Guadalupe M. G., de 17 años de edad, Guillermina G. M., de 51 años y otro más del que se desconoce su información.

Enfrentamientos policiacos contra células delictivas

Por otra parte, en Zamora el mismo 10 de enero, una célula del crimen organizado emboscó a elementos de la Policía Municipal y ejecutó a tres agentes cuando realizaban recorridos de vigilancia por las calles Niños Héroes y Corregidora de la colonia Jardines de Catedral.

En el lugar del atentado, se confirmó la muerte de los agentes Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García; se trasladó a Luis Manuel Mendoza Montalvo, otro uniformado víctima, a un nosocomio privado para su atención médica, donde posteriormente falleció. La patrulla de los elementos abatidos quedó con decenas de impactos de bala de armas largas.

Para el domingo 11, tres presuntos delincuentes se enfrentaron a balazos contra  personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en los municipios de Aguililla y Apatzingán, cerca de la población de La Nopalera Poniente y en las inmediaciones un camino que conecta de la localidad de La Cuchilla con La Peña Colorada, lugar donde fallecieron. Tras el incidente, los uniformados aseguraron 4 armas largas y 2 motocicletas de los agresores.

Secuestro y asesinato en El Guayabo

Finalmente, el lunes 12 de enero en Apatzingán, antes del mediodía, se localizaron los cuerpos sin vida y con huellas de violencia de seis personas hombres en la comunidad de El Guayabo. Posteriormente se dio a conocer que las víctimas eran cuatro adultos y dos menores de edad, a quienes se privó de la libertad en el municipio de Buenavista.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco M., de 42 años de edad y sus tres hijos, Jesús, Ulises, y Noé, de 13, 15 y 20 años de edad respectivamente. Las otras dos personas son Manuel O., de 19 años y Rodrigo. L., Víctor Alfonso E.C., de 32 años de edad, a quien al momento de la agresión se encontraba atendiendo el negocio denominado «Carnicería El Torito«, ubicado sobre la Calzada La Fuente de 42 años de edad.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- La comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán -junto con localidades vecinas como El Ranchual y La Laguna de Calvillo-, ha sido escenario de una escalada de violencia armada por más de un año y medio. El epicentro de esta crisis humanitaria se remonta a la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida en marzo de 2024. El hecho desencadenó una serie de ataques perpetrados por grupos armados identificados como integrantes de la delincuencia organizada. Por razones de seguridad, y para no vulnerar la integridad de los pobladores, en esta nota se omite el nombre específico de los grupos criminales involucrados, refiriéndonos a ellos como «miembros de la delincuencia organizada». Esta medida busca proteger a las comunidades afectadas, evitando exponerlas a mayores riesgos en un contexto donde la identificación directa podría intensificar la intimidación o represalias. Habitantes, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunicados comunitarios denuncian el uso sistemático de explosivos lanzados desde drones, armas de grueso calibre, bazucas y minas terrestres, que han dejado a la población civil en asedio constante, con bloqueos de accesos, desplazamientos forzados y daños a viviendas.

El profesor Pelayo Zalgado, docente de primaria rural, fue privado de su libertad el 19 de marzo de 2024 en el pueblo de Coalcomán, Michoacán, mientras compraba víveres y atendía asuntos familiares. Desde entonces, su paradero es desconocido, y los habitantes de la comunidad de Coahuayula –donde residía y trabajaba– han interpretado este suceso como el inicio de una campaña de intimidación por parte de grupos criminales que buscan controlar la zona. Familiares y vecinos han exigido investigaciones exhaustivas a las autoridades federales y estatales, pero a la fecha no se han reportado avances significativos. «La desaparición del maestro no fue un hecho aislado, fue el detonante de una violencia que ha transformado nuestra vida cotidiana en un infierno», expresó un habitante anónimo de esta comunidad indígena, en redes sociales.

Tras la desaparición del profesor rural, las comunidades han sufrido ataques recurrentes que han afectado principalmente a civiles, incluyendo niños, mujeres y personas mayores. Según reportes de la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), estos incidentes incluyen detonaciones directas contra viviendas, bloqueos de carreteras con troncos y minas, y enfrentamientos que han cobrado vidas, como la de dos miembros de la policía comunal, en agosto de 2024. La guardia comunal ha asumido un rol defensivo, evacuando a residentes y conteniendo avances de los agresores, pero a un alto costo: heridos, daños materiales y un aislamiento que suspende actividades laborales y sociales.

El testimonio reciente de una persona que trabajó en la comunidad de Coahuayula –cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad– destaca la persistencia de esta crisis y los esfuerzos por mantener viva la memoria del maestro desaparecido. Según la fuente, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición, en marzo de 2025, se realizó una actividad simbólica que incluyó la plantación de un «Árbol de la Memoria» con una placa conmemorativa dedicada a Pelayo Zalgado y a otros defensores del territorio. También, se crearon letras gigantes con el nombre «Pelayo» para visibilizar la causa. Además, se organizaron mítines culturales enfocados en las infancias y el público en general, con el objetivo de difundir la situación del maestro y el contexto de violencia en la Sierra Costa de Michoacán. «Hasta la fecha, que ya es año y medio, seguimos sin tener mesas de trabajo ni nueva información; la investigación sigue prácticamente igual, sin avances significativos. De lo contrario, la violencia en Coahuayula se ha recrudecido con ataques hasta de 48 horas», relató la persona anónima.

El ambiente de zozobra y miedo es la constante para los pobladores. No se sienten seguros en su espacio ni para salir a comprar víveres o medicinas.  Viven en una comunidad con caminos de terracería y difícil acceso, sin acceso al agua ni señal telefónica, lo que han agravado la situación y vulnera todavía más los traslados. «Los dronazos que avientan caen en los sembradíos; es toda una estrategia para irlos dejando con mucha hambre y con miedo», agregó. Los ataques pueden durar uno, dos, tres o cuatro días, impidiendo las actividades cotidianas del día a día. En Coahuayula, los pobladores habitan con casas cubiertas de lámina o teja, que significan poca protección en un clima caluroso. Aquí, la gente padece el sistema de salud. Hace apenas unos días, una niña fue picada por un alacrán, mientras ocurría un ataque. No hubo posibilidad de llevarla al doctor en medio de la balacera. En los caminos de terracería, las personas son amedrentadas, incluso amenazadas de muerte. No hay doctores, botiquines ni paliativos disponibles, y durante los ataques, el ejército, la Guardia Civil o la Guardia Nacional no intervienen: «No bajan hasta la comunidad; se quedan en algún tramo y esperan a que se acaben los ataques para llegar hasta cierto pedazo, decir que fueron y nada más. Parece más bien una simulación». Esta problemática es sistemática en toda la Sierra Costa, con casos variados en zonas como Ostula, Xayacalan y Aquila, pero respondiendo a un problema de macro criminalidad.

Un post en Instagram de la cuenta @coahuayulaycomunidadesvecinas, publicado el 19 de octubre de 2025, alertó sobre un ataque. La amenaza se extendió por más de 48 horas, con disparos y explosivos dirigidos contra la población. No hubo distingo entre hombres, mujeres o infantes. «Las comunidades permanecen bajo asedio, sin presencia de autoridades que contengan la violencia», se lee en el mensaje, que hace un llamado a la solidaridad y a compartir información para generar «ruido mediático». Al día siguiente, el 21 de octubre, la Red TDT emitió la Acción Urgente 008, documentando el patrón de violencia y exigiendo intervención inmediata del gobierno de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los antecedentes citados en el comunicado incluyen acciones previas de la Red TDT, como la documentación de asedios en enero de 2025 y ataques con drones en julio de 2024 en Santa María de Ostula, una comunidad vecina. Entre los riesgos destacados se encuentran: el desplazamiento forzado, ejecuciones, lesiones por explosivos, la falta de protección estatal y la muerte. Las exigencias incluyen el cese de ataques, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque civil, desactivación de minas, medidas de protección colectivas y atención humanitaria integral.

A pesar de los llamados reiterados, las autoridades no han realizado operativos efectivos de desminado ni proporcionado corredores humanitarios, lo que evidencia una inacción prolongada que perpetúa el recrudecimiento de la violencia. En Coahuayula, el miedo persiste: minas en caminos comunales, como el que lleva a la toma de agua potable detectadas en agosto de 2025, mantienen a la población sin acceso a recursos básicos. Organizaciones civiles urgen a la sociedad a firmar alertas y grabar videos de solidaridad para presionar por una resolución. Esta ausencia de intervención efectiva se conjuga con el reciente anuncio del «Plan Michoacán», presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, que promete atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad, la inteligencia y el despliegue de más militares, junto con una inversión millonaria en la entidad. Sin embargo, los pobladores y activistas ven con cautela sus posibles resultados, considerándolo una «política del déjà vu», similar a iniciativas previas que no han resuelto los problemas estructurales, como el control territorial por parte de la delincuencia organizada en sectores como el del aguacate y el limón, y donde la inacción hasta ahora ha sido la norma.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad de comunidades rurales en Michoacán ante el crimen organizado, donde la ausencia estatal agrava el impacto humanitario. Mientras tanto, la búsqueda del maestro Pelayo Zalgado continúa. Es símbolo la lucha por justicia en una región asediada.

Cuadro Cronológico de Hechos Relevantes

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de noviembre de 2025.- Pasada la tormenta michoacana que privó de la vida al alcalde Carlos Manzo, las aguas de la política adquieren un nivel más natural que emotivo por la tragedia, y surgen preguntas que aún no tienen respuestas convincentes y es pertinente retomarlas si en verdad se busca que la impunidad en Uruapan no acabe por predominar.

Una de las interrogantes la formula Alfredo Ramírez Bedolla contra el que desde el 1 de noviembre se concentraron las baterías para exigir su renuncia y exhibir «el desgobierno de Sheinbaum» por parte de la dictadura mediática en todas sus variantes, incluidas las redes sociales, que alcanzaron decibeles muy altos con el uso de robots y que seguramente costó mucho dinero y concertó esfuerzos y directivas de los que mandaban y pujan por volver el reloj de la historia mexicana al 30 de noviembre de 2018.

Ramírez Bedolla informó el lunes 10 que todas las líneas de investigación están abiertas por parte de la Fiscalía General del Estado, como la de por qué fue abatido el adolescente Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el asesino material del beligerante alcalde Manzo, cuando «ya había sido detenido».

En esa pregunta podría estar una de las claves para ubicar quién dejó abierta la ventana para que el joven criminal accediera al primer círculo de seguridad del alcalde, lo rebasara y llegara a colocarse frente a su víctima mortal.

Es del conocimiento público que el malogrado Manzo puso en manos de sus «amigos» el primer círculo de seguridad y que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional estaban en el círculo periférico. Grave error para un político que practicaba un discurso de confrontación con el crimen organizado de Uruapan, Michoacán y México.

Todo parece indicar que el discurso de Manzo no tenía correspondencia con la práctica gubernamental, pues el reportero Gil Medina que cubrió para el Canal Once la tragedia política de Uruapan, informó dos veces en Masiosare (10-XI-25) que de la partida presupuestal para seguridad pública sólo se ejerció el 20%, de acuerdo al informe anual del alcalde.

Se trata de dos contrasentidos mayúsculos, relegar a un segundo plano al Ejército y la Guardia Nacional para que los «amigos de confianza» la realizaran y retar discursivamente a las mafias que operan en Michoacán por lo menos desde los años 60 del siglo pasado, aunque ahora con otras denominaciones o franquicias criminales, y sólo ejercer la quinta parte del presupuesto en seguridad pública.

Asiste la razón al general secretario Ricardo Trevilla cuando al responder a Dalila Tovar en la Conferencia del Pueblo, el martes 11 dijo categórico: «Nuestro protocolo no falló», claro que no porque Manzo tenía uno propio y por lo visto no reparó en que ningún grupo de «amigos de toda mi confianza» puede sustituir la experiencia y los recursos humanos y técnicos de una institución más que centenaria y clave para el Estado mexicano.

Y para acabar de enredar el panorama político, circula ampliamente un video de junio del presente año, en el que Manzo Rodríguez se despide de Rubén Moreira, Jesús Ortega, Rubén Aguilar y Carlos Alazraki, distinguidos personajes del PRIAN, y en el que reivindica la política criminal de Porfirio Díaz del «¡Mátalos en caliente!» https://www.sinembargo.mx/4724436/video-exhibe-a-carlos-manzo-con-moreira-alazraki-aguilar-y-otros-cuadros-de-derecha/

Pero no hay mal que por bien no venga. Michoacán recibirá del gobierno de Claudia Sheinbaum una inversión de más de 57 000 millones de pesos, con base en 12 ejes centrales y más de 100 acciones con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Acuse de recibo

La aprobación del corruptísimo dictadorzuelo que mal preside Estados Unidos, Donald John Trump, «sufre una caída tan grave y rápida como ningún otro líder del país norteamericano ha experimentado en la historia reciente, informó este domingo The Economist citando los resultados de una encuesta realizada por YouGov. Según los datos, el nivel neto de aprobación del republicano, que incluye a los que aprueban el trabajo de Trump menos los que no, es de -18%, lo que supone tres puntos porcentuales menos que en cualquier momento de su primer mandato entre 2017 y 2012″… Para simbolizar este revés que debe herir su megalomanía, Donaldo Juan recibió el repudio generalizado de los asistentes al estadio de Washington durante un juego de la NFL y su equipo de seguridad optó por retirarlo enseguida… Agradezco a todas las personas que se mantuvieron al tanto del estado de salud del primogénito y doctor Alexis Ibarra Martínez durante su hospitalización y quien por fortuna ya se encuentra en casa… Recomendación de la doctora Elba Pérez Villalba: Informando a Moscú. Comunicaciones políticas de la Embajada Soviética en Santiago de Chile entre 1970-1973. Editores Andrey Schelchkov y Manuel Loyola. 2025. https://www.ariadnaediciones.cl/index.php/catalogo/307… Para que usted consulte cientos de las 3052 utopías del redactor, https://indicepolitico.com/category/eduardo-ibarra-aguirre/

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- La creciente ola de violencia contra autoridades locales en México, con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, como punto crítico, encendió los focos rojos del Gobierno federal y sus agencias de seguridad, después de que en los últimos 12 meses 10 presidentes municipales fuesen asesinados en varios estados del país.

De acuerdo con registros oficiales, la reciente ola de atentados contra alcaldes inició el 6 de octubre de 2024 con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.

Desde entonces, una decena de ediles han sido asesinados en localidades de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.

Sin embargo, el que ha despertado las alarmas es el de Carlos Manzo Rodríguez (independiente), quien fue ejecutado en Uruapan durante un evento público del Día de Muertos.

Su asesinato ha generado una fuerte indignación no solo en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, sino en todo el país.

Según el Gobierno mexicano, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a principios de 2025, lo que incrementa la preocupación sobre la vulnerabilidad de las propias autoridades.

En Uruapan, una ciudad de unos 360 mil habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El eslabón más débil

En México existen tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, cada uno con sus propias competencias y funciones, pero todos bajo la amenaza del crimen organizado, que controla cientos de municipios.

“(El nivel municipal) es el eslabón más débil de las estructuras de gobierno en este país”, explicó a EFE el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva.

“Y en un país en el que la ley es federalista, pero en la práctica es centralista, el municipio es el que sale con la peor parte en términos de presupuesto. En buena parte eso explica no solo los problemas de seguridad, sino de toda naturaleza: servicios urbanos, salud y otros rubros”, añadió.

Donde inicia el control del crimen organizado

Según la organización Data Cívica, en su estudio Votar entre Balas, un reporte sobre la violencia político-criminal en México, “el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado”, y casi el 80% de las víctimas de esta violencia se concentran en ese nivel.

Para Oliva, especialista en Seguridad Nacional, los municipios están altamente expuestos ante el embate del crimen organizado y sus disputas territoriales, ya que los presidentes municipales son responsables directos de la seguridad pública.

“Estableciendo la comparación a nivel de las instituciones de seguridad pública, de manera análoga, las policías municipales son las que menos condiciones tienen para hacerle frente, estructuralmente, al problema de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado”, expuso.

La misma ONG indicó que, en lo que va de 2025, Michoacán ha registrado 25 ataques dirigidos contra personas del ámbito político, el 88% de ellos contra funcionarios de nivel municipal.

El mensaje

Para el especialista, el mensaje que deja el asesinato de Carlos Manzo al Gobierno es de impunidad y desafío. “Esa es la evidencia que pone, y por el otro lado, la falta de responsabilidad en primera instancia de los gobiernos estatales”.

Advirtió además que estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato también “se han visto gravemente afectados en los últimos años por la actividad criminal”.

Por último, Oliva lamentó que entre los cuatro puntos que plantea el Plan Michoacán —presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia e inseguridad en el estado— “no viene un solo punto donde se señale el desmantelamiento de las actividades criminales”.

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