EFE. Ciudad de México. 14 de junio de 2026.- “¡Aquí no!” es la consigna con la que comunidades indígenas mayo-yoreme han denunciado durante más de una década el ecocidio y etnocidio que provocaría la construcción de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, y frente a la desesperación, anunciaron la toma indefinida del proyecto financiado por Suiza y Alemania.

“Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, advirtió a EFE el gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, minutos después de haber mantenido un diálogo con las máximas autoridades ambientales del país, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

Montaño explicó que el Gobierno de México, a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), busca instalar mesas de trabajo con las comunidades, una iniciativa que aceptarán únicamente sí, de manera paralela, se suspenden las obras de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, que pretende producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoniaco.

“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, exclamó Montaño, para quien es fundamental que el gobierno entienda los riesgos de construir esta megaplanta que afectará a los más de 6.600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río en la zona del puerto de Topolobampo.

A lo largo de 12 años de resistencia, indígenas, científicos y organismos internacionales, como la ONU, han advertido que el proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, succionará 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco.

Cuando el agua sea descargada en la bahía, tendrá una temperatura superior a la original, de hasta tres grados más, detalló el líder indígena, lo que afectará al ecosistema y, en consecuencia, a la pesca, principal fuente de alimentación para las comunidades.

Incluso en un informe la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, lo que podría impactar a más de 40.000 personas, aunque Montaño aseguró que la compañía se reservó información importante sobre esta afectación.

“Si eso ocurriera sería algo trágico, porque Topolobampo no tiene los bomberos, equipo de Protección Civil o de la Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población”, zanjó.

Además, en la bahía de Ohuira se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, —declarado sitio RAMSAR (humedal de importancia internacional), hábitat de miles de aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alta importancia comercial.

La planta lleva un 88 % de avance y ya “se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar”, ahondó.

“La empresa nos dejó con la interrogante de qué puede pasar y nos quedamos inconformes. La realidad es que empezaron mal y terminarán mal. Se van a tener que ir porque los pueblos originarios no aceptaremos este proyecto”, denunció.

Tras el rechazo en mayo pasado del megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ en el Caribe mexicano, las comunidades indígenas mayo-yoreme mantienen la esperanza, pero son firmes en el plan de tomar la megaplanta GPO e impedir sus actividades.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, la cual resultó favorable para GPO porque incluyó en la votación a comunidades que no serían afectadas directamente.

Además “hubo compra de conciencias” con dinero y comida, acusó Montaño, quien agregó que estas acciones son una violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de junio de 2026.- Centenares de manifestantes provenientes de Sinaloa y diversos estados del país iniciaron este domingo una marcha nacional desde La Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Monumento a la Revolución, para protestar contra la construcción de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman AG, en la Bahía de Ohuira, Topolobampo, Sinaloa.

Bajo la consigna “¡Aquí No!”, los participantes denunciaron que el proyecto representa un ecocidio y un etnocidio que amenaza un sitio Ramsar de importancia internacional, la biodiversidad marina, la pesca tradicional y las comunidades indígenas Mayo-Yoreme. La planta busca producir más de 2,000 toneladas diarias de amoníaco y cuenta con financiamiento alemán, lo que ha motivado protestas también frente a la Embajada de Alemania.

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, participó activamente y señaló: “La instalación de la estación de amoníaco sería un gravísimo error, un ecocidio terrible. Este es un lugar muy especial, denominado Ramsar a nivel internacional. La ONU ya se ha manifestado… exigimos que no se lleven a cabo estos permisos”. Albarrán enfatizó la necesidad de cuidar el planeta ante la crisis ambiental global: “Nuestros esfuerzos deberían encaminarse a cuidar nuestro planeta… Este sistema no avanza más”.

Diana Fernández, bióloga de Los Mochis con 10 años en la lucha, expresó su decepción con las autoridades: “Llevamos 10 años luchando contra este proyecto, junto con los pueblos originarios… No al etnocidio y no al ecocidio”. Celebró la unión creciente de la sociedad civil y pidió difusión: “No nos dejen solos, necesitamos todas sus voces”.

 

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Vitar, de Topolobampo, describió la bahía como “la segunda bahía natural más grande del mundo” y alertó sobre los impactos: “Afectando a toda la fauna marina, a todos los pescadores, a todos los habitantes… Queremos una bahía limpia”. Portaba un vestido artesanal para recolectar mensajes de protesta contra GPO.

Una manifestante, hija de la región, dirigió un emotivo mensaje: “Gran parte de nuestra lucha ha recaído en ustedes… Son más contras que pros. Abran los ojos, salgan de su burbuja de privilegio. Esta gente jamás va a ver por el pueblo”.

Cristina Santillanes, de Los Mochis, denunció falsas promesas de empleo y represión: “Con falsas promesas de trabajo se ha comprado a la gente… Ya basta que los gobiernos extranjeros vean a México como un basurero”. Reportó marchas simultáneas en Sinaloa pese a obstáculos y llamó a la unidad nacional: “Si hoy permiten que pisoteen Ohuira, van a seguir pisoteando todo… ¡Aquí no, aquí no, aquí no!”.

Al Lumar, chilango sorprendido por la causa, agregó: “Se quiere hacer una obra que en Alemania no se permite, pero sí la quieren hacer aquí porque es más laxa la protección… Queremos que se detenga y que el medio ambiente sea el que se privilegie”, citando el caso de Majahual como ejemplo de victoria.

El proyecto, promovido desde 2013-2014, ha generado años de resistencia del colectivo “Aquí No”. Opositores argumentan riesgos de contaminación, afectaciones a la pesca y al ecosistema, mientras que la empresa defiende beneficios económicos. Las protestas continúan en Sinaloa y a nivel internacional, con peticiones en Change.org que superan las cientos de miles de firmas.

La marcha de este domingo refuerza la exigencia de las comunidades afectadas al gobierno federal, estatal y a las autoridades alemanas: detener la planta para proteger la Bahía de Ohuira y el futuro de sus habitantes.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de mayo de 2026.- El periodista Julio Hernández López confrontó este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, al denunciar que comunidades indígenas y pesqueras de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, no han sido escuchadas respecto al proyecto de instalación de una planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

El director de Astillero Informa recordó que hace un año acudió a la conferencia presidencial para exponer el caso y señaló que entonces la mandataria se comprometió a que autoridades federales, incluida la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acudirían a dialogar con las comunidades afectadas.

Hernández Astillero afirmó que la secretaria Alicia Bárcena Ibarra incumplió el compromiso de visitar la zona y escuchar directamente a las cuatro comunidades que, aseguró, serían las más afectadas por el megaproyecto industrial.

“El diálogo, análisis directo no ha habido con las comunidades”, sostuvo el periodista, quien además acusó que la propia Semarnat mantiene una postura jurídica adversa a los pueblos originarios que han promovido recursos legales contra la planta de amoníaco.

Durante su intervención, Hernández Astillero leyó fragmentos de documentos oficiales firmados por funcionarios de Semarnat, en los que se argumenta que las impugnaciones presentadas por las comunidades son improcedentes y extemporáneas. Según explicó, la dependencia sostiene que la instalación no genera actualmente daños ambientales porque la planta aún no opera y que varios de los actos denunciados ya son “consumados de modo irreparable”.

El periodista calificó el caso como “una crónica de un desenlace anunciado” y aseguró que las comunidades de la Bahía de Ohuira enfrentan una falta sistemática de atención institucional.

Asimismo, mencionó que organizaciones y habitantes de la región acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de señalar que 11 relatores especiales de Naciones Unidas han expresado preocupaciones por posibles daños ambientales, culturales y sociales relacionados con los proyectos industriales en Topolobampo.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno federal haya ignorado a las comunidades y defendió que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se realizaron consultas públicas sobre la viabilidad del proyecto.

“Puedes no estar de acuerdo tú con la consulta, pero durante el periodo del presidente López Obrador hubo una consulta pública que ganó el que se desarrollara la planta”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que sí hubo acercamientos oficiales y recordó que incluso ella visitó personalmente la región de Topolobampo para dialogar con habitantes. También señaló que existe una Manifestación de Impacto Ambiental y procedimientos legales que respaldan el proyecto.

No obstante, reconoció que si la secretaria Alicia Bárcena se comprometió a acudir nuevamente a la zona, deberá hacerlo. “Tiene que ir y hablar con las comunidades”, expresó.

El intercambio subió de tono cuando Hernández Astillero insistió en que las cuatro comunidades directamente afectadas rechazan totalmente el proyecto y acusó que la consulta pública incluyó a otras siete localidades que no sufrirían impactos directos.

El periodista aseguró que durante ese proceso hubo reparto de apoyos y promesas de beneficios para influir en la votación favorable al proyecto.

La presidenta respondió que no comparte la visión de que el gobierno esté “contra las comunidades” y reiteró que existen sectores sociales que respaldan la inversión industrial en Topolobampo.

“Hay muchas otras gentes que están de acuerdo y hay un análisis de impacto ambiental que se hizo y una consulta pública que se desarrolló”, dijo.

Finalmente, Sheinbaum indicó que no conoce a detalle el contenido específico de los recursos legales mencionados por Hernández Astillero, pero reiteró que Semarnat puede acudir nuevamente a dialogar con los inconformes.

El caso de la planta de amoníaco de GPO y el proyecto de metanol Mexinol se mantiene como uno de los conflictos ambientales y sociales más relevantes en el norte de Sinaloa, donde comunidades indígenas, pescadores y organizaciones civiles han denunciado riesgos ecológicos para los humedales y ecosistemas marinos de la Bahía de Ohuira.

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