AP. Ciudad de México. 01 de abril de 2022.- Funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunieron el jueves en medio de desacuerdos sobre una reforma eléctrica que busca limitar las plantas de energías renovables de construcción extranjera y conceder una cuota de mercado mayoritaria a la empresa estatal de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo un encuentro con el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, pero no pareció dispuesto a dar marcha atrás en su propuesta, que está varada en el Congreso.

“Considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico”, señaló López Obrador en sus cuentas en redes sociales.

Aunque no abordó las diferencias, el mandatario pareció ofrecer a las compañías extranjeras la oportunidad de invertir en un plan para construir plantas de licuefacción de gas natural en el sur de México, para exportar GNL presumiblemente a Europa o Asia.

México tiene que importar gas, ya que no produce suficiente para cubrir sus propias necesidades, y menos aún para exportar, por lo que el plan implicaría el bombeo de gas natural desde Estados Unidos a los puertos del sur de México, su enfriamiento, licuación y carga en barcos.

“Hay muchas posibilidades de inversión”, apuntó López Obrador antes del encuentro con Kerry. “Tenemos exceso de gas por las compras a través de los gasoductos (de gas estadounidense), tenemos tierras, tenemos puertos en Salina Cruz, Coatzacoalcos”.

López Obrador ha prometido seguir adelante con los cambios en la industria de la energía eléctrica a pesar de las preocupaciones de Estados Unidos de que podrían cerrar los mercados, asfixiar la competencia y posiblemente violar el pacto de libre comercio a tres bandas entre las dos naciones y Canadá.

Katherine Tai, Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), dijo el jueves a senadores en Washington que estaba “profundamente preocupada por los avances legislativos y regulatorios en la industria energética mexicana que hemos visto en los últimos meses. Mi equipo y yo en el USTR, además de gran parte del gobierno estadounidense, hemos expresado estas preocupaciones de forma regular y directa a nuestros homólogos en el gobierno mexicano”.

Según Tai, las empresas energéticas y los ambientalistas “se han unido al expresar su preocupación sobre lo que está ocurriendo en México, en especial con respecto a la competitividad del mercado energético norteamericano, además de a la competitividad de la propia industria energética mexicana”.

Los cambios en legislativos beneficiarían a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de propiedad estatal, frente a los productores extranjeros, algo prohibido en el pacto de libre comercio de América del Norte (USMCA por sus siglas en inglés).

“He informado a México y les aseguro que en el USTR estamos estudiando todas las opciones posibles en base al USMCA para abordar esta situación, para que el USMCA pueda funcionar para nuestros socios y proteger el medio ambiente en los tres países”, agregó Tai.

Ron Wyden, senador demócrata por Oregon, afirmó que México está “considerando leyes para concentrar el mercado y la autoridad reguladora en manos de la empresa eléctrica estatal. Esto podría significar un mayor enfoque en los combustibles fósiles con oportunidades limitadas para los proveedores de energías limpias”.

“Por ello, las nuevas reformas de México son un golpe o dos contra el progreso medioambiental en América”, añadió Wyden. “No solo es un retroceso en la lucha contra la crisis climática, sino que niegan a las empresas estadounidenses en el Pacífico noroeste, por ejemplo, un trato justo en el mercado mexicano”.

Tras una reunión en febrero, Kerry expresó “importantes preocupaciones” sobre el proyecto de ley, pero López Obrador respondió asegurando que los cambios propuestos no afectaban al tratado “en absoluto”.

Las compañías estadounidenses se han quejado de los cambios constitucionales propuestos en octubre. La modificación legislativa sigue en el Congreso mexicano, donde López Obrador necesita una mayoría de dos tercios que aún no tiene para su aprobación.

Las modificaciones garantizarían una cuota de mercado mayoritaria para las centrales eléctricas estatales, que suelen quemar fuel o carbón, mientras que limitarían las plantas eólicas, de gas natural y solares privadas a una parte minoritaria del mercado.

Muchas de las empresas estadounidenses que operan en México han invertido en centrales eléctricas más limpias o dependen de la energía que producen, que es más barata.

Pero la querencia de López Obrador por los combustibles fósiles es también un factor subyacente. A menudo recuerda con nostalgia su juventud en el estado de Tabasco, una rica región petrolera del Golfo de México, y ha impulsado la inversión en refinerías de petróleo. Estas suelen producir fuel-oil sucio, que debe quemarse en las centrales estatales porque pocos otros compradores lo demandan ya.

El proyecto de ley de octubre cancelaría los contratos por los que 34 centrales privadas venden energía a la red estatal. Además, declara “ilegales” otras 239 que venden directamente a clientes corporativos. Casi la mayoría de ellas funcionan con energías renovables o gas natural.

La medica cancelaría también muchos contratos de suministro energético a largo plazo, así como programas de compra preferente de energías limpias, lo que afectaría a empresas extranjeras.

Esto deja a las centrales privadas de gas natural casi las últimas, solo por delante de las de carbón gubernamentales, en cuanto a derechos de venta de electricidad a la red, a pesar de que la producen cerca de un 24% más barata.

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EFE. Ciudad de México. 24 de diciembre de 2021.- México cumple este viernes un año desde que administró su primera vacuna contra el coronavirus sin poder alcanzar el 100 % de cobertura en dosis completas y entre críticas de la comunidad científica por falta de planeación y el uso político del proceso de vacunación.

Con una carpeta llena de documentos bajo el brazo, Víctor Manuel Sánchez, de 64 años, sale del centro de vacunación de la Biblioteca Vasconcelos de Ciudad de México tras recibir su tercera dosis de AstraZeneca.

Sánchez, que en 2020 pasó 14 días en cuidados intensivos por covid-19, forma parte de los más de 12 millones de mexicanos mayores de 60 años que ya pueden recibir su refuerzo, de esta forma el país cumple un año desde la primera aplicación del biológico.

Cuando la enfermera María Irene Ramírez, de 59 años, recibió la vacuna Pfizer-BioNTech, México se había convertido en la primera nación latinoamericana, con la excepción de Puerto Rico, en administrar el fármaco.

Sin embargo, y tras 12 meses, el país solo ha logrado inocular con ambas dosis al 56 % de su población total y 7,32 % solo han contado con la mitad del esquema, además de que no se ha aprobado aún la vacunación para niños menores de 15 años.

Esas cifras lo alejan de otros países de la región que comenzaron a inyectar después, como Chile (86 %), Uruguay (77 %), Ecuador (68 %) y Brasil (67 %).

«Haber comenzado antes no nos ha dado ventajas. Tenemos mucha experiencia en campañas de vacunación, pero se ha cometido el error de delegar la responsabilidad a otras personas, como la Secretaría de Bienestar (encargada de programas para atender la pobreza)», aseguró a Efe Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para Alejandro Macías, quien fuera el zar mexicano contra la pandemia de gripe AH1N1 en 2009, el ritmo no ha sido el deseado por la adquisición de las vacunas en el extranjero, responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), después de que se estancó por meses la operación para envasar hasta 250 millones de unidades de AstraZeneca dentro del país en coordinación con Argentina para distribuirlas en el continente.

«México llegó a tener hasta ocho distintas vacunas y eso lo hizo más complicado logísticamente», apuntó Macías a Efe.

CIFRAS QUE SE QUEDAN CORTAS

No fue hasta mayo que el envasado de AstraZeneca en México comenzó a carburar realmente y desde entonces se ha logrado producir alrededor de 70 millones.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presumido de una campaña exitosa, e incluso celebró con «misión cumplida» a finales de octubre cuando se logró el objetivo de lograr que el 100 % de los mexicanos mayores de 18 años hayan tenido la opción de acceder a al menos una dosis.

Estas señales de victoria distan de la opinión de los expertos y epidemiólogos, quuienes arguyen que de poco sirven esas cantidades si no se toma en cuenta que lo importante es que la mayor cantidad de mexicanos cuenten con el esquema completo.

Hasta el momento, México ha recibido prácticamente 200 millones de vacunas y ha suministrado más de 148 millones, por lo que quedan entorno a 54 millones de dosis que todavía no se han aplicado.

Pese a que el porcentaje de la población que cuenta con la totalidad de las dosis no llega al 60 %, el Gobierno ha utilizado desde el inicio de la crisis sanitaria el número de adultos mayores de 18 años inoculados como referencia (89 %).

DECISIONES POLÉMICAS

Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud también contradicen el tono triunfalista de la Administración de López Obrador, ya que el único grupo que ha llegado al 100 % de dosis completas es el personal médico, sin considerar a los trabajadores de la sanidad privada, que no fueron incluidos y tuvieron que esperar a que se les inyectara con sus grupos de edad, o bien viajaron a Estados Unidos.

A diferencia de un gran número de países, como en la Unión Europea o Estados Unidos, las etapas en la campaña de vacunación no se limitó a los grupos de edad. En enero López Obrador decidió que el grupo que le seguiría al de las personas de la tercera edad sería el de los profesores, una apuesta para reanudar las clases presenciales después de Semana Santa.

La maniobra fue criticada, en especial por la aplicación del fármaco chino CanSino.

«Esto ha sido como pegarle a la piñata con los ojos vendados, ha habido motivaciones políticas y no científicas. Por ejemplo, CanSino sigue siendo un misterio, no sabemos si es buena o mala, no existen datos», criticó López.

Como forma de conmemoración por el primer aniversario del arribo de las vacunas a México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó un acto de agradecimiento en donde estuvieron presentes, entre otros, el CEO de AstraZeneca para México, Julio Ordaz, y la directora sénior de Vinculación con Gobierno de Pfizer, Lizeth de la Torre.

«Hay que mejorar muchas cosas, pero somos un país exitoso y hay que asumirlo», señaló Ebrard en el evento.

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AP. Madrid, España. 30 de marzo de 2021.- En Madrid, la verdadera fiesta empieza a las 23:00 horas, cuando cierran los bares y comienza el toque de queda.

Es entonces cuando grupos de jóvenes y políglotas juerguistas de Italia, Holanda, Alemania y, sobre todo, Francia, se unen a los jóvenes españoles por las estrechas calles de la zona antigua de Madrid buscando una diversión ilícita. La mayoría tienen poco más de 20 años y están ansiosos por disfrutar en la capital española como hace meses que no pueden en sus ciudades por las restricciones contra la pandemia.

Con su política de bares y restaurantes abiertos — que atienden tanto en su interior como en la terraza — y de mantener los teatros y museos abiertos a pesar de los brotes de coronavirus que han saturado sus hospitales, Madrid se ha ganado la reputación de oasis de diversión en el desierto de restricciones de Europa.

En Madrid, la verdadera fiesta empieza a las 23:00 horas, cuando cierran los bares y comienza el toque de queda.

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Foto: Presidencia de la República

EFE. Ciudad de México. 19 de junio de 2020.- México superó este viernes las 20.000 muertes y 170.000 casos confirmados de la COVID-19 al sumar 5.030 nuevos contagios y 647 decesos en la jornada al cumplir casi 20 días de su llamada «nueva normalidad» y con una de las menores tasas de aplicación de pruebas del mundo.

Las autoridades de Salud de México confirmaron 20.394 muertes por la COVID-19 y 170.485 contagios acumulados desde que se declaró la pandemia a finales de febrero pasado.

Al país le tomó 75 días superar los 10.000 fallecidos por la COVID-19, con 10.167 el 1 de junio, el mismo día que empezó el plan de reactivación económica del Gobierno, conocida como la «nueva normalidad».

Pero bastaron tres semanas, en las cuales los contagios se han acelerado, para rebasar las 20.000, al llegar este día a 20.394 fallecimientos, con 170.485 casos confirmados.

Los casos acumulados se multiplicaron 1,8 veces desde el 1 de junio pasado al pasar de 93.435 a los 170.485 de esta jornada. El primer caso se confirmó el 28 de febrero y la primera defunción fue reportada el 18 de marzo.

«Lamentablemente 20.394 han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos genera esta enfermedad y sobre todo, que afectan a los grupos de riesgo y las personas vulnerables», dijo José Luis Alomía, director general de Epidemiología de México.

REACTIVACIÓN CON PANDEMIA DESCONTROLADA

Cuando México inició con la reactivación de su economía a inicios de este mes, la epidemia «no estaba bajo control en ningún lado», explicó a Efe Eduardo Ramírez, cofundador del Observatorio de Datos COVID México.

Ramírez y otros científicos de datos calcularon en el observatorio la tasa de reproducción de la epidemia, conocida como factor R, que en todo México está por encima de 1, lo que significa que el virus «se propagará rápidamente».

«Se vería probablemente un rebrote de los contagios, esto se ha visto en Estados Unidos, en estados que abrieron demasiado pronto su economía sin implementar medidas de control, se vio el rebote», explicó sobre la última estimación.

México sí podía reabrir su economía, opinó, pero con medidas de seguridad como el uso masivo de cubrebocas y el seguimiento de contactos.

Pero, apuntó, México es el país que menos pruebas aplica a su población entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

«Eso es trabajo, eso es gente realizando pruebas, es mucha inversión y creo que ese es el problema que hemos tenido aquí, el Gobierno federal ha sido muy cuidadoso del bolsillo para este tema», indica.

ACCIONES «TARDÍAS» Y «CONFUSAS»

Los números que existen ahora responden a las acciones «tardías» y «confusas» que aplicó el Gobierno de México, considera la salubrista Carolina Gómez, integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

«Las acciones tardías de este Gobierno son muy claras. No habían adquirido equipo de protección para el personal médico y de enfermería, tanto así que prácticamente 10 % de los infectados son gente que está vinculada o que es trabajador en el sector salud», expone.

La estrategia de la «nueva normalidad», que implica reactivar la economía con base en un semáforo federal de cuatro colores que indica las actividades permitidas por estado, ha sido descoordinada y «muy abrupta», argumenta.

La especialista en salud pública también lamentó las señales del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha reactivado sus giras sin usar cubrebocas y ha exhortado a la gente a «perder el medio a salir».

«Me parecen muy inapropiados, me parece un exceso de confianza para transmitir a las personas más vulnerables, los que lo siguen, los que lo respetan. Él debería empezar a predicar con el ejemplo, pero lamentablemente ha ido en contra aun de sus científicos», manifiesta Gómez.

LA PANDEMIA AL DÍA DE HOY

Los decesos en las últimas 24 horas aumentaron 2 % al pasar de las 19.747 a 20.394 señaladas en el reporte técnico presentado este día por Alomía. Además se tienen 1.891 decesos sospechosos a la espera de resultados de laboratorio.

Los casos confirmados aumentaron en 5.030 en las últimas 24 horas, un 3 % más que el día anterior para totalizar 170.485, de los cuales 23.653 están activos al haber desarrollado síntomas en los 14 días más recientes.

Alomia confirmó 62.245 casos sospechosos que están en protocolo de laboratorio, 233.137 con resultado negativo y una población estudiada de 465.867 personas.

La Ciudad de México con 41.007 y el Estado de México con 26.721 son las entidades del país con el mayor número de casos activos confirmados, en tanto que Colima (91) y Chihuahua (134) tienen las cifras más bajas.

México es el tercer país de América con más muertes a causa del virus SARS-CoV2 después de Estados Unidos y Brasil, y el quinto lugar en casos confirmados detrás de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

México se encuentra desde el 1 de junio pasado en una etapa de nueva normalidad que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que determina las actividades que se pueden realizar y las que siguen detenidas para evitar la propagación del virus.

Para la semana que empieza este 22 de junio, 15 estados tendrán semáforo en color rojo de nivel máximo de riesgo y otros 15 estarán en color naranja, que representa un riesgo alto.

El semáforo rojo restringe actividades como la ocupación hotelera a un aforo del 25 %, los restaurantes solo con servicio para llevar, en tanto que el naranja permite un 50 % de ocupación en hoteles, 50 % de personas en restaurantes. 

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Foto: EFE

Por Rafael Molina

EFE. Ciudad de México. 03 de mayo de 2020.- Redacción Internacional, 3 may (EFE) – Organizaciones y profesionales de todo el mundo coinciden en que la libertad de prensa no pasa por su mejor momento. Noticias falsas, crisis económica, manipulación… son los viejos y nuevos problemas que acechan a los informadores, que también sufren un aumento del uso de la intimidación y la violencia para silenciarlos.

Una presión que se agudiza en estos tiempos de incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus, como así consta en el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la libertad de prensa, cuyo día internacional se celebra este domingo.

«Entramos en una década decisiva para el periodismo, debido a las crisis simultáneas que afectan al futuro de la prensa”, alerta Christophe Deloire, secretario general de RSF, para quien el coronavirus se ha convertido en un «factor multiplicador” de los problemas que sufren los medios y que puede condicionar su futuro.

LOS CINCO TALONES DE AQUILES DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Para RSF, hay cinco aspectos básicos que atenazan a la libertad de prensa y al futuro del periodismo y, todos ellos, se van a ver agravados por la pandemia que vivimos.

De un lado, el geopolítico, en aquellos países con regímenes dictatoriales o autoritarios que tratan de restringir este derecho e imponer su visión del mundo.

RSF incluye entre ellos a China, hipercontroladora de la información; Arabia Saudí o Egipto, con el mayor número de periodistas en prisión; y Rusia o la India, que censuran habitualmente internet. Pero hay muchos más.

Se trata de un derecho que es un bien escaso o inexistente en otros países en guerra o con sistemas autoritarios como Corea del Norte, Irán, Libia, Siria, Sudán, Turkmenistán, Yemen, Guinea Ecuatorial, Cuba o Vietnam, por citar algunos.

En un contexto cambiante y en el que los medios de comunicación tratan de adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, la falta de una regulación adecuada en la era de la comunicación digital y globalizada ha creado un caos en el mundo de la información. Y este es el segundo de los problemas sin resolver.

Para RSF hay confusión de contenidos comerciales, editoriales y políticos, que compiten entre sí.

Todos hemos sido testigos de ruedas de prensa en las que presidentes como el estadounidense Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro desacreditaban a la prensa o simplemente mandaban callar a los periodistas.

Para RSF estas situaciones están generadas por «la hostilidad e incluso el odio hacia los periodistas» de algunos dirigentes políticos, que no ha dejado de acentuarse y que ha abierto un tercer frente al libre ejercicio de la profesión.

También existe una crisis de confianza por parte de los ciudadanos hacia los medios sospechosos de difundir «noticias contaminadas» no fiables. Y eso ha hecho que en países como Irak, el Líbano, Chile, Bolivia, Ecuador o incluso Francia o España, los informadores sean agredidos durante la cobertura de protestas por grupos nacionalistas, simpatizantes de extrema derecha o ciudadanos descontentos con el sistema que ven al informador como un enemigo de sus reivindicaciones.

CRISIS ECONÓMICA Y PERIODISMO, MALOS COMPAÑEROS DE VIAJE

Y no se puede obviar, como quinto elemento que amenaza a los medios, las sucesivas crisis económicas que se ceban con el sector, empeñado en una transformación digital desde hace años que lo ha dejado bajo mínimos, según RSF.

Ello provoca importantes reducciones de puestos de trabajo (sólo en la última década la prensa de EEUU ha perdido a la mitad de sus periodistas) y debilita a las empresas que afrontan dificultades económicas frente a posibles presiones de los poderes facticos.

Para muchos, se trata de una tormenta perfecta que ha hundido a muchos medios y que se ha agravado con la debacle generada por la pandemia.

«La casa ya estaba ardiendo y la COVID solo echa más gasolina al fuego. Esto acelerará los cambios que ya se estaban produciendo y habrá que extraer lecciones importantes», aseguró recientemente a Efe desde su casa de Nueva York el periodista y profesor Jeff Jarvis, uno de los gurús globales del periodismo digital.

EL PERIODISTA: EN EL PUNTO DE MIRA DE NARCOS Y TERRORISTAS

Los tiempos en que el periodista era un mero espectador y narrador de conflictos y guerras, en los que solía ser respetado por todos los bandos enfrentados, casi ha pasado la historia.

Desde la aparición del terrorismo globalizado, especialmente el yihadista hace casi dos décadas, y más recientemente las mafias del crimen organizado y de narcotraficantes, los informadores son percibidos como seres «secuestrables» (por los primeros para obtener dinero a cambio) o como amenazas que hay que eliminar para que no investiguen sus actividades (en el caso de los segundos).

Sólo este año una decena de periodistas han muerto en el mundo, según el recuento de RSF, y otros 229 han sido encarcelados.

Si nos fijamos en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, desde el año 2000 se han documentado 131 asesinatos de informadores, asegura la ONG Artículo 19. Políticos corruptos y el crimen organizado se encargan de callar las voces de aquellos que se atreven a delatar sus actividades.

Y las amenazas y secuestros por parte de organizaciones paramilitares, de narcotraficantes y grupos guerrilleros aumentan en países como Colombia o Nicaragua.

La prensa es, en estos lugares, un objetivo a batir, mientras resulta casi inexistente en otros como Siria, Libia o Afganistán, donde se libran conflictos sobre los que pesa un severo apagón informativo.

LA COVID: OTRO VIRUS AMENAZA UNA LIBERTAD EN CUIDADOS PALIATIVOS

Con una libertad de prensa en muchas partes del globo en cuidados paliativos, pese a que vivimos el periodo de la historia con mayor número de democracias, la COVID-19 no ha venido más que a agravar el estado del maltrecho enfermo.

Cierto es que la mayoría de los medios han notado incrementos importantes de consumo de información por parte de los ciudadanos en diarios on line o en canales de televisión en abierto: los ciudadanos devoran noticias sobre la pandemia en pleno confinamiento, pero el parón económico ha provocado tal debacle en los ingresos publicitarios que muchos medios ya asumen pérdidas.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que representa a más de 18.000 publicaciones en todo el mundo, cree que están siendo especialmente castigados los medios privados, cuyos ingresos se han visto mermados ya entre el 70 % y el 80 %.

Con unos medios debilitados y la población confinada por el estado de emergencia aparece para muchos gobiernos la tentación de tratar de restringir el tráfico informativo a través del recorte de derechos.

«Es preocupante que la pandemia de COVID-19 se esté utilizando en algunos países como un pretexto para imponer restricciones indebidas sobre la libertad de prensa», constató el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

 Restricciones y censura que llegan cuando las redacciones están vacías, los profesionales confinados y las ruedas de prensa y las entrevistas son virtuales, algo inédito y que choca con el principio periodístico de «estar» en el lugar de los hechos para poder contarlos.

Todos creen que cuando superemos la pandemia nada será igual. Y para la libertad de prensa seguro que tampoco el escenario será el mismo, pero habrá que recuperar uno que refuerce el derecho de todos a informar y a ser informados. 

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