Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de abril de 2026.- En el marco de la alianza entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el sector agrario, el procurador agrario Víctor Suárez Carrera afirmó que la defensa de la tierra y el territorio requiere una coordinación institucional con visión humanista. Destacó que proteger la propiedad social es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria y la preservación del patrimonio biocultural en los territorios rurales de México.

El funcionario señaló que en el país existen 32 mil 500 ejidos y comunidades que ocupan casi la mitad del territorio nacional, brindando sustento a 5.5 millones de titulares de derechos. Esta colaboración con el Poder Judicial busca fortalecer la administración de justicia y avanzar hacia un modelo intercultural que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos bajo una perspectiva de legalidad.

Suárez Carrera subrayó que la institución se encuentra en un proceso de transformación para ser una «Procuraduría de territorio». Actualmente, operan mil Centros de Atención Agraria que facilitan el servicio público directo y la resolución de conflictos sin intermediarios. Este despliegue busca eliminar las barreras históricas que han impedido a los sujetos agrarios acceder a una justicia pronta y gratuita en sus propias comunidades.

La alianza con la SCJN representa una nueva etapa para consolidar la defensa de los derechos colectivos y la paz social en el campo mexicano. Al alinear los criterios jurisdiccionales con la realidad agraria, se pretende que las sentencias tengan un impacto real en la vida de los campesinos. El procurador reiteró que la coordinación entre niveles de gobierno es la única vía para saldar la deuda histórica con quienes trabajan la tierra.

Finalmente, se enfatizó que el acceso efectivo a la justicia agraria no es solo un trámite administrativo, sino un componente esencial para el desarrollo sostenible del país. Con este convenio, el sector agrario reafirma su compromiso con el humanismo y la protección de la propiedad social frente a las presiones externas. La meta es garantizar que ninguna persona titular de derechos agrarios quede al margen de la protección constitucional.

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