Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de febrero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación demostró, al decir de los críticos de oficio y los más por convicción “ideológica”, que no es tan nueva y que está emparentada con su antecesora que mal dirigió la corrupta Lucía Piña Hernández que impulsó como norma rectora la justicia al mejor postor.

Y menos podría ser nueva la SCJN si se disponía a realizar la renovación de su parque vehicular por razones de “seguridad vial” con nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas que tuvieron un costo de 2.4 millones de pesos cada una, bajo

“criterios técnicos”, no a “excesos” como aplicaba la Corte que encabezó Norma Lucía. Y, además, porque desde el 12 de agosto de 2010, mediante un acuerdo plenario interno, los ministros determinaron contar con medidas de seguridad acordes con su responsabilidad de Estado, incluido el uso de vehículos blindados. Más aún si unidades heredadas –modelos 2019, 2020 y 2021– presentan alto deterioro, fallas mecánicas y blindaje fuera de vida útil, conforme a evaluaciones técnicas y análisis de riesgo. Por lo que la sustitución respondía “a seguridad vial, no a un contexto de inseguridad”.

Mas apareció la opinión pública y publicada, la comentocracia por delante, “y mandó a parar”. Con apego a las políticas de austeridad republicana con referencias constitucionales como que ningún servidor público puede ni debe ganar más que el presidente o presidenta de México, y que interesada y despistadamente se confunden con la austeridad personal.

No obstante, reconoció el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que tras las abundantes críticas decidieron no utilizar las nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas y que mejor las destinarán a los juzgadores que no son pocos y trabajan con mayores riesgos a su integridad física e intelectual en regiones específicas de los siete estados que encabezan la lista de los homicidios dolosos. Allí donde son sometidos a amenazas o cañonazos de muchos pesos.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue híper criticada la política de austeridad republicana que él inauguró, no sólo por sus beneficiarios en los medios de comunicación y la academia sino en franjas mayores. Por ejemplo, Leo Zuckermann, el anticomunista que se entusiasmó con el triunfo electoral del apátrida Javier Milei en Argentina, arguyó que los altísimos sueldos y prestaciones son “para que no roben”. ¡Ternurita! (Favor de no confundir con Leo Zuckermann Maus, el ejemplar comunista alemán, https://piedepagina.mx/leo-zuckermann-maus-y-el-exilio-antifascista/).

La decisión de los ministros fue muy bien recibida y las oposiciones terminaron por perder un tema del que buscaban colgarse durante semanas a falta de creatividad y realismo político para resistir al oficialismo con un programa alternativo o cuando menos políticas específicas frente a las gubernamentales. Capacidad intelectual les sobra, pero no decisión para presentarse tal como son. Como lo hace ostentosamente el grupo neofascista que encabeza Donald John Trump al estimular irresponsablemente la rebelión ciudadana estadunidense y mundial.

Bien por Aguilar Ortiz y los ministros, incluido el abierto apoyo de Claudia Sheinbaum al desnudar a la Corte de Norma Piña con datos y hechos en la mano y contrastarlos con los sueldos, prestaciones y abusivas prerrogativas personales y familiares de que gozaron. Pero todavía está por verse si la decisión de Hugo Aguilar y sus pares es la que mejor protege a los ministros de los arrebatos de los que todavía se sienten e incluso actúan como dueños de México, así como del crimen organizado.

Acuse de recibo

Del analista argentino, en X, “Atilio Boron @atilioboron. 24 ene. Lo que está pasando en Estados Unidos no es casualidad ni locura de un hombre. Es la aplicación milimétrica de un manual de 900 páginas diseñado por think tanks de derecha para concentrar poder sin contrapesos. Es el capitalismo en crisis mostrando su verdadera cara: autoritaria, racista, misógina y ecocida. Desde América Latina sabemos reconocer el olor del imperialismo. Y sabemos que cada ataque que el imperio lanza hacia adentro, lo prepara para lanzarlo hacia afuera”… Insiste el doctor Víctor Ramos: “La depredación mundial del gobierno de EUA desde hace décadas no tiene atributos para llamársele doctrina. Doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o teorías pertenecientes a una materia, como filosofía, religión, política, ciencia, jurisprudencia u otras (…) En cambio, lo que realizan los gobiernos yanquis desde que adoptaron su ‘destino manifiesto’, antes y después de Monroe, es una vil política de guerra, dominación y cuando han podido, exterminio, como en Gaza (…)” De la doctora María Antonieta Barrón a Elba Pérez Villalba: “Gracias chava, bueno el de Eduardo Ibarra. Un abrazo”… Se refiere a la Utopía: https://indicepolitico.com/china-y-su-hoja-de-ruta-para-latinoamerica/ (…) Y Arturo Martínez Nateras: “Gracias. Saludos” por https://entresemana.mx/utopia-imss-incumplio-metas-e-issste-las-supero/

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de enero de 2026.- El debate sobre la próxima reforma política se produce en medio de no pocos problemas que requieren aprecio por aquello que se llama unidad nacional. Con el país amenazado por el demencial habitante de la Casa Blanca, no es recomendable ir a tales cambios legales y hasta constitucionales, sobre todo cuando se discute la ausencia de legitimidad que representa un Poder Judicial impuesto de forma grosera y, por si hiciera falta, la no menos grosera e ilegal adjudicación por Morena de una mayoría legislativa.

La oposición del Partido del Trabajo y del PVEM a la reforma en proceso es un aviso, sólo uno, de que estamos ante un trámite por ahora innecesario, el cual, para el gobierno y su partido, resultará en un caldo más costoso que las albóndigas.

Tampoco parece sensato suprimir las diputaciones plurinominales, que son un mecanismo que tiende a equilibrar la representación, aunque en las alturas del poder lo entienden como banquete para un solo comelón: el morenismo, que resulta insaciable cuando se trata de robar comida para alimentar la mediocridad.

Cabe hacer la aclaración de que, en el caso de los senadores plurinominales, estamos ante una criatura del priismo que nunca debió nacer, pues se supone —en política muchas cosas sólo se pueden suponer— que los senadores representan entidades federativas, no a partidos, pero la fórmula anticonstitucional ahí sigue, y la razón o sinrazón es que conviene echarle su maicito a la oposición.

No es un detalle menor que la reforma electoral y legislativa se esté cocinando sin permitir la entrada de la oposición a la cocina. Hasta ahora, las reformas habían sido consensuadas, producto de una intensa discusión que, lejos de debilitar a quienes tienen el mando, les aporta legitimidad y los fortalece. Pero ahora no se entiende así.

Para rematar, la situación de la República está lejos de ser satisfactoria. El nazi pelirrojo amenaza y la respuesta gubernamental es hacer concesiones y luego salir a declarar, envueltos en la maltrecha bandera nacional, que no hubo operativo conjunto para atrapar a Ryan Wedding, pese que estaba en México Kash Patel, director del FBI, e incluso fuerzas estadunidenses de élite, como las que capturaron a Maduro en Caracas.

Las contradicciones en torno al caso no son pocas. Por ejemplo, se dice que Wedding se entregó voluntariamente en la embajada gringa, y como prueba se ofrece una foto trucada, mientras otras versiones señalan que fue arrestado en una operación conjunta de policías locales y foráneos.

Por supuesto, no será la primera vez que se ofrecen versiones divergentes sobre un mismo hecho, pues lo mismo ocurrió con la entrada del avión gringo Hércules C-130, que presuntamente, previo permiso de autoridades del Ejército, se llevó a un grupo de policías —de policías, no de militares— a Estados Unidos para labores de capacitación mezcladas con lavado de cerebros. Lo curioso es que también se dijo que los mismos mexicanos habían sido enviados a seis destinos en la llamada Unión Americana a bordo de siete aviones. ¿Por fin?

Lo peor es que tales desfiguros ocurren cuando acá la soberbia morenista se despliega sin recato. Continúan las agresiones a periodistas, la Suprema Corte del Acordeón enseña el cobre un día sí y al otro todavía peor, en el INE tres consejeros se deslindan de un contrato otorgado a un conocido defraudador y, en Oaxaca, la votación para revocar o no el mandato termina en una grotesca farsa en el peor estilo priista.

Más grave es la política que se sigue en torno a la inseguridad. Crece la comisión de varios delitos y no parece que las autoridades puedan contener la criminalidad, las autoridades se llenan la boca con ese ejemplo de sumisión que es la entrega de capos a Estados Unidos, mientras que de este lado resultan incontenibles las matanzas ejecutadas por la delincuencia organizada o por la desorganizada.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de enero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrendó su compromiso con la garantía del Estado de derecho, el respeto a la libertad de expresión y el fortalecimiento de un diálogo abierto y basado en la escucha constante.

La tarde del 22 de enero el máximo tribunal dio a conocer los resultados de un encuentro institucional con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Fue encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, con la participación de ministras y ministros como Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía.

Puntos clave del encuentro

•  La SCJN reafirma su compromiso permanente con la garantía del Estado de derecho como pilar fundamental del sistema democrático mexicano.
• Reconoce y defiende el respeto irrestricto a la libertad de expresión, considerada esencial para el funcionamiento de una sociedad plural y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
• Subraya la importancia de promover y fortalecer un diálogo abierto, constructivo y permanente, sustentado en la escucha constante a los diversos sectores de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía en general.

Respeto a la libertad de expresión

Mediante las redes sociales de la Corte señaló:

«En un encuentro entre la #SCJN y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, se refrendó el papel de la Corte como garante del Estado de derecho y de la libertad de expresión, pilares indispensables de la vida democrática».

«Durante la reunión, se destacó la importancia de mantener una relación institucional basada en la apertura al diálogo, la escucha constante y la retroalimentación con la industria, como parte de la construcción de puentes que acerquen el quehacer jurisdiccional a la sociedad».

«Este tipo de encuentros contribuye a fortalecer una comunicación responsable sobre los asuntos judiciales de interés público que impactan en la vida cotidiana de las personas».

 

Garante del Estado de derecho y la seguridad jurídica

Las ministras y ministros presentes enfatizaron que la Corte protege a la ciudadanía frente a abusos de cualquier autoridad y representa el equilibrio de poderes, la justicia y la equidad. Asimismo, reafirmaron el pleno respeto a la libertad de expresión, reconociendo su importancia en una sociedad democrática.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó la disposición de la SCJN al diálogo respetuoso con todos los sectores. “Vamos a escucharnos, vamos a dialogar, vamos a construir”, destacando que la Corte mantiene un diálogo equilibrado con los poderes Ejecutivo, Legislativo y autoridades federales y locales, siempre con independencia e imparcialidad al resolver controversias.

Reconoció el impacto de la radio y la televisión, que llegan diariamente a cerca de 75 millones de personas en México.

Construir una relación de coordinación más cercana

José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT, valoró a la SCJN como institución clave para la certeza jurídica. Destacó que la reunión permite construir una relación de coordinación más cercana y eficiente, especialmente en la percepción ciudadana sobre el trabajo del Poder Judicial y la difusión responsable de información judicial clara, veraz, oportuna y responsable.

Los participantes acordaron fortalecer la colaboración entre la SCJN y los medios radiodifusores para promover transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana.

El diálogo constante se presenta como herramienta esencial para brindar información judicial accesible que impacta en la vida diaria de las personas,consolidando así los principios constitucionales de Estado de derecho y libertad de expresión a través de una escucha activa y recíproca.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de noviembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana que ofreció al exfiscal general Alejandro Gertz Manero un puesto como embajador de México en un país que aún no revela. El veterano funcionario de 86 años aceptó de inmediato la propuesta, lo que motivó su renuncia presentada apenas ayer y aprobada hoy por el Senado con 74 votos a favor.

El propio Gertz Manero explicó en su carta de dimisión que deja la Fiscalía General de la República para “continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra”. Su periodo original concluía en 2028, pero la salida pactada con el Ejecutivo acelera la transición y evita un relevo conflictivo. Sheinbaum evitó precisar el destino diplomático: “Ya pronto diremos a dónde va”, dijo, mientras algunos medios apuntan a Alemania como posibilidad.

Como parte del acuerdo, Gertz designó a Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, como encargada de despacho de la FGR. Godoy renunció hoy mismo a su puesto en el Ejecutivo y asumirá de forma interina la institución hasta que el Senado ratifique al próximo fiscal definitivo.

Sheinbaum defendió la gestión de Gertz y prometió una “nueva etapa de mayor coordinación” entre el gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial. Entre los pendientes que espera acelerar mencionó los casos de Odebrecht, la Estafa Maestra, Agronitrogenados, factureras y contrabando de combustible.

La decisión ha generado críticas por la rapidez del trámite y por percibirse como una salida dorada para un fiscal cuestionado por opacidad y resultados. En los próximos días se espera el anuncio oficial del país receptor de las cartas credenciales de Gertz Manero y el inicio formal del proceso para nombrar a su sucesor definitivo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México, 06 de noviembre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, con un monto total de 10.2 billones de pesos, lo que representa un incremento real del 5.9% en comparación con el presupuesto de 2025. Este gasto público prioriza áreas como el bienestar social, la energía y la inversión en infraestructura, mientras que se aplicaron recortes significativos en entidades no sectorizadas y órganos autónomos para reasignar recursos por cerca de 18 mil millones de pesos. Entre los aspectos más destacados se encuentran los ajustes en los ramos presupuestales, donde algunos sectores recibieron aumentos sustanciales para impulsar el desarrollo, mientras que otros enfrentan reducciones que podrían impactar su operación.

A continuación, se presentan los cinco ramos con los mayores incrementos absolutos en su asignación presupuestal respecto a 2025, basados en el análisis del paquete económico. Estos aumentos reflejan las prioridades del gobierno en salud, energía y bienestar.

Por otro lado, los cinco ramos con mayores recortes absolutos destacan por reducciones drásticas en áreas como entidades no sectorizadas y seguridad, lo que ha generado críticas por posibles impactos en la gobernabilidad y la protección ciudadana.

Este presupuesto, que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación, busca equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad fiscal, aunque opositores han señalado que los recortes a instituciones independientes podrían debilitar el estado de derecho. Se espera que el gasto en programas sociales y energía impulse la economía, proyectada para crecer entre 1.8% y 2.8% en 2026.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de octubre de 2025.- Durante su primer informe de gobierno en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una dura advertencia contra la corrupción y la traición al pueblo mexicano: “Quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia”. La frase, pronunciada ante decenas de miles de asistentes, subrayó el compromiso de la Cuarta Transformación con la rendición de cuentas, marcando un año en el que se han impulsado reformas clave para erradicar el nepotismo y los privilegios en instituciones como el Poder Judicial.

Sheinbaum contrastó el “México nuevo” con la era neoliberal, donde presidentes vivían en lujos y fortunas se construían al amparo del poder público. “El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad”, enfatizó, recordando que la honestidad es ahora “la regla” y no la excepción. Esta declaración resonó especialmente tras la aprobación de 19 reformas constitucionales, incluyendo la elección popular de jueces y la prohibición de reelecciones, que buscan terminar con la impunidad de élites corruptas.

La advertencia de la mandataria se enmarca en acciones concretas, como la reforma a la Ley de Amparo que acelera procesos contra el lavado de dinero y evita que se use como escudo para evasores fiscales. En su discurso, Sheinbaum celebró la recaudación récord de 500 mil millones de pesos extras sin subir impuestos, atribuyéndolo directamente al combate a la corrupción: “Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos y programas de bienestar”. Analistas destacan que esta postura fortalece la legitimidad del gobierno, al posicionar la justicia como herramienta del pueblo y no de facciones económicas.

La multitud en el Zócalo respondió con aplausos y gritos de “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, reflejando el apoyo popular a esta línea dura contra la traición. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, respaldó el mensaje al evocar el legado de Sheinbaum en la capital, donde redujo delitos de alto impacto en 60% y combatió la corrupción política. En un contexto de campañas opositoras que intentan dividir al movimiento transformador, esta frase se convierte en un mantra de unidad, recordando que “por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo: al pueblo de México”.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2025.– A vísperas de conmemorar su primer aniversario como presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó este martes la reversión de las políticas neoliberales como el logro más emblemático de su gestión, en un balance que fusiona avances legislativos con resultados tangibles en equidad social y soberanía nacional. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que las 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes aprobadas en los últimos 12 meses han «resarcido una parte del daño provocado por el periodo neoliberal», dejando atrás lo que calificó como una «oscura noche» de privilegios y corrupción para inaugurar una era de democracia participativa y justicia redistributiva.

El eje de su narrativa fue la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024 y que culminó en junio de 2025 con las primeras elecciones populares para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces, un hito que Sheinbaum describió como «inédito y profundamente democrático». «Se termina la era del nepotismo, la corrupción y los privilegios; ahora el pueblo decide quiénes imparten justicia», afirmó, acompañada por el nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en un guiño a la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) iniciada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Esta elección, que involucró a más de 90 millones de votantes registrados, no solo democratizó el acceso al poder judicial, sino que simboliza, según analistas, el desmantelamiento de estructuras elitistas heredadas de administraciones previas como la de Enrique Peña Nieto.

En el frente económico y energético, Sheinbaum resaltó la cancelación de las reformas estructurales de 2013-2014, que habían abierto Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la inversión privada en detrimento de la soberanía nacional. «Hemos fortalecido a Pemex y CFE como empresas públicas integrales al servicio del pueblo», declaró, aludiendo a la operación plena de la Refinería Dos Bocas (Olmeca), que alcanzó el 90% de su capacidad en 2025, reduciendo la importación de combustibles en un 25% y generando 50 mil empleos directos. Complementando este rubro, la nueva Ley de Telecomunicaciones garantiza el derecho de las audiencias y acceso universal a internet, mientras que reformas a las leyes eléctricas y petroleras verticalizan la integración de estas entidades estatales, un contrapeso directo al modelo privatizador neoliberal.

Los indicadores sociales refuerzan su optimismo: la pobreza se redujo del 41.9% al 29.5% en los últimos seis años, sacando a 13.5 millones de personas de la miseria, y México se posiciona como el segundo país con menor desigualdad en América, solo por detrás de Canadá. Sheinbaum atribuyó estos avances a la entrega de 850 mil millones de pesos en programas de bienestar a 32 millones de familias, incluyendo pensiones universales elevadas a rango constitucional, y un aumento del 12% al salario mínimo en 2025 –el incremento acumulado de 135% desde 2018–, que ha impulsado el consumo interno sin generar inflación desbocada (3.5% en julio). En salud, el abasto de medicamentos alcanzó el 90%, y en educación, se invirtió un 193% más en proyectos de investigación y becas al extranjero.

No obstante, en seguridad –otro pilar de su discurso–, la mandataria reportó una reducción del 32% en homicidios dolosos, gracias a la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la construcción de 13 mil cuarteles. Otras reformas destacadas incluyen el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con 20 mil comunidades recibiendo 12 mil millones de pesos directamente; la prohibición de vapeadores y maíz transgénico para proteger la salud y la biodiversidad; y la garantía de seguridad social para trabajadores de plataformas digitales.

En el ámbito internacional, Sheinbaum subrayó la resiliencia ante presiones de Estados Unidos, como los aranceles de Trump, manteniendo un superávit comercial y el peso por debajo de los 19 dólares, con 36 mil millones en inversión extranjera directa en el primer semestre. Con una aprobación superior al 70%, según encuestas recientes, su gestión se presenta como un puente entre la 4T y un futuro de soberanía ampliada.

Mientras el 1 de octubre marca el cierre simbólico de este ciclo, Sheinbaum cierra con una promesa: «No con palabras vacías, sino con resultados». En el Zócalo, donde la historia se teje con reformas, el antineoliberalismo de la 4T no es solo retórica: es el blueprint de un México que, por fin, reparte la luz después de la noche.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2025.- El presidente más exigente o mejor dicho impositor del orbe, Donald John Trump, demandó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “abra inmediatamente una investigación tras el triple sabotaje” que, jura, sufrió al dirigirse el martes 23 a la 80 Asamblea General anual de la ONU.

A juicio de DJT fueron tres incidentes “maliciosos”, una falla en la escalera mecánica a su llegada al edificio de la ONU, seguida de un problema con el teleapuntador y con el sistema de sonido durante su discurso de más de una hora y que estaba fijado en 15 minutos por los organizadores, pero que a él, con casa llena, le valió un comino, en consonancia con su promesa de la semana pasada: “Gobernaré el mundo” (si lo dejan sus vigorosos adversarios sociales y políticos estadunidenses, Rusia, China y sus multiplicados aliados, gracias a los errores del hijo de migrantes).

En un largo texto publicado en su plataforma Truth Social, el ultraconservador republicano exigió el arresto de los responsables, anunció que el Servicio Secreto ya investiga los tres hechos “maliciosos” y sentenció, como es su imperial costumbre: “Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse”.

Llama la atención que en contraste con la presunta o real inteligencia de Juan Donaldo, mostró reflejos lentos al detener su marcha la escalera eléctrica porque al lado estaba otra que funcionaba y optó por subir los escalones. O bien el pederasta se siente amo y señor del mundo, su mundo, o los casi 80 años de edad ya le pesan por la obesidad. Además, los reveses a la orden del día desestabilizan al creído emperador.

De acuerdo con diversas voces, se trató del peor discurso pronunciado por un presidente de Estados Unidos en la accidentada historia octogenaria de la ONU. Mas frente a representantes de 193 Estados, el orador estadunidense dijo lo que quería decir y enfrentándose a un amplio consenso –en torno a la unidad mundial para abordar el cambio climático, la pobreza y la desigualdad; la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza–, pero DJT defendió cerradamente sus postulados; por ejemplo:

Sus países se “están yendo al infierno” a causa de la inmigración no controlada y el “engaño” del cambio climático, sólo se podrán salvar si trabajan con Estados Unidos. “En siete meses yo he puesto fin a siete guerras… Qué mal que tuve que hacer esto en lugar de Naciones Unidas. Tristemente, no hizo nada”.

En cuanto a América Latina, Donald John Trump justificó el bombardeo a las lanchas que, según su acusación, transportaban drogas frente a las costas de Venezuela –una acción que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acababa de calificar de violación a la ley internacional– y advirtió a todo “terrorista” que intente llevar “veneno” a EUA: “Te volaremos de la existencia”. Y hasta se autocongratuló de sus éxitos domésticos e internacionales, incluido ordenar el despliegue de tropas en las calles de Washington y las draconianas medidas antimigrantes. Don modesto sugirió, una vez más, que amerita el Premio Nobel de la Paz. Difícilmente le negarán el desacreditado galardón que portan no pocos guerreristas.

En agudo contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sin rodeos: “Hoy la mentira tiene más poder porque los medios están en manos del gran capital y la inteligencia artificial puede ser aún más brutal en la manipulación”. Y comparó el discurso de Trump con el del ambiente político e ideológico que antecedió el ascenso de Adolfo Hitler en 1933.

Acuse de recibo

“No dudo que Vidulfo Rosales Sierra sea un buen abogado. Le fue difícil demostrarlo durante su asesoría a los padres de los 43 de Ayotzinapa, porque tanto él como los otros abogados convirtieron el caso en un problema político. Impulsaron violencia además, en ciertos actos. Sus actitudes respecto al sexenio anterior eran para señalarlo realmente como si el culpable de la desaparición de los normalistas haya sido en esa etapa y no en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Muy importante y significativo el deslinde de parte de ellos. Los que votamos por un cambio en el Poder Judicial lo hicimos con el fin de transformar ese poder en la verdadera fuente jurídica de la justicia. Colocar en un puesto clave al lado del presidente de la Corte a un personaje que puede caer en el mismo caso de su reciente asesoría y repetir en lo político, debería de evitarse a toda costa porque sería un error. El nuevo PJF debe estar para dar justicia no para increpar políticamente a los que no piensan como sus miembros. Menos para dar a ganar un salario acorde a los emolumentos de la antigua Corte. Tere Gil”… Va de nuevo porque omití el nombre del querido Duein: “Otro abrazo cariñoso para Robert Tamayo y Tracy Chaisson –hijos de Yolanda Ibarra Aguirre, la tercera del clan, ya fallecida–, debido a que Duein Chaisson se nos adelantó el 21 de septiembre en Luisiana, USA”… Archivos de Utopía https://entresemana.mx/category/opinion/eduardo-ibarra-aguirre-opinion/

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de septiembre de 2025.- Se supone que nadie en el gobierno debe ganar más que quien ocupe la Presidencia de la República. Sin embargo, el hecho es que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum oficialmente gana 134 mil 290 pesos mensuales, los secretarios de Estado se embolsan 168 mil 860 pesos al mes. Más curioso es que los subsecretarios tengan también percepciones que superan los de la jefa del Ejecutivo y casi igualan las de los secretarios, pues se llevan 167 mil 353 pesos cada 30 días.

El asunto se torna más incomprensible si revisamos lo que ganan los jefes de unidad, que perciben 162 mil pesos mensuales, en tanto que los directores generales nos cuestan 144 mil 359. En la fiesta de la opulencia participan con justificada alegría la presidenta del INE, que levanta 228 mil al mes, y quien ocupa la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto, quien se lleva a su morral la nada despreciable suma de 215 mil 414 pesos.

Al fiscal general de la República se le asigna un ingreso mensual de 170 mil 642 pesos, al auditor superior de la Federación le entregan 169 mil 796 pesos, a la presidenta del Inegi le caen en su bolso 162 mil 529 y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perfecto ejemplo de incompetencia, recibe 144 mil 250 pesos cada 30 días.

La feria de los sueldazos alcanza igualmente al Poder Judicial, pues los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se embolsarán 204 mil 970 pesos por piocha cada dos quincenas, lo mismo que los integrantes del Órgano de Administración Judicial. Más modestos, a los magistrados del Tribunal Electoral Federal sólo tocarán 168 mil 514 pesos por toga y los pobrecitos ministros de la Suprema Corte, por lo visto menos importantes que otros funcionarios de la judicatura, ya nada más cobrarán 137 mil 582 pesos al mes y no aquellos 640 mil con que se despachaban en los buenos tiempos.

La ministra Lenia Batres es una excepción, pues para ajustarse a lo dispuesto en la Constitución, sólo se queda con 128 mil 992 pesos, porque devuelve el resto a la Tesorería de la Federación.

De modo que no pocos funcionarios del Poder Ejecutivo ganarán nominalmente más que la Presidenta y que los ministros de la Corte percibirán de sueldo casi 70 mil pesos menos que los magistrados electorales y que la burocracia del Órgano de Administración Judicial y que esa especie de policía interna que representa el Tribunal de Disciplina Judicial. Alguien deberá explicar a la ciudadanía esas incongruencias.

De acuerdo con una vieja publicación del diario El Economista (5/VII/23), “a decir de la SCJN, la remuneración del Primer Mandatario no se integra solamente por el sueldo bruto… sino que incluye también ‘todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicios de salud, entre otros”.

Lo anterior es cabalmente una estupidez, pues resulta absurdo suponer que quien desempeña la más alta responsabilidad de la República tiene que pagar de su bolsillo todos los bienes y servicios mencionados, para lo cual difícilmente le alcanzaría con su sueldo, y todavía peor sería privar al Ejecutivo de esas prestaciones, destinadas a propiciar un mejor cumplimiento de sus funciones, para lo cual se debe garantizar que disponga de buena salud, seguros de vida y fondo para su pensión.

En el caso de los legisladores, los ingresos nominales parecen acordes con la importancia del cargo (su desempeño, como es sabido, resulta algo muy distinto), pues un senador gana 131 mil 874 pesos al mes y un diputado percibe una dieta mensual bruta de 72,612.30 pesos. Pero en todos los casos, los legisladores tienen ingresos suplementarios por presidir comisiones, lo que les da derecho a disponer de automóvil y chofer por cuenta de la ciudadanía y cualquier integrante de la Legislatura que realice un viaje oficial o que se le parezca tiene cubierto el costo del boleto de avión, hospedaje, comidas y transportes en el lugar de destino, como se difundió ampliamente en semanas recientes.

Los ingresos, ciertamente elevados si se comparan con el salario mínimo, no son el problema. Lo que debemos exigir los ciudadanos es una eficiencia que corresponda a la importancia del cargo público. Ése es el punto.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de septiembre de 2025.- En un país como México, donde la diversidad étnica y cultural debería ser motivo de orgullo, la elección de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025 ha desatado una oleada de ataques racistas y clasistas que revelan las profundas grietas de discriminación en nuestra sociedad. Aguilar Ortiz, un abogado mixteco originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, se convirtió en el segundo indígena en presidir la máxima instancia judicial del país, 168 años después de Benito Juárez. Con más de 6 millones de votos, su triunfo electoral no solo representa un avance histórico en la representación indígena, sino también un desafío directo a los prejuicios arraigados en sectores conservadores y mediáticos. Sin embargo, en lugar de celebrar su trayectoria, muchos han optado por denigrarlo basándose en su origen étnico, exponiendo un racismo que, lejos de extinguirse, se manifiesta con virulencia en redes sociales y medios de comunicación.

Hugo Aguilar Ortiz, de 52 años, ha dedicado tres décadas a la defensa de los derechos indígenas. Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ha ocupado cargos clave como coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) hasta 2024, subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca (2011-2016) y consultor para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su labor incluye la representación de comunidades indígenas en conflictos agrarios, la oposición a leyes que vulneran derechos —como la Ley de Radio y Televisión en 2006— y la coordinación de consultas para proyectos gubernamentales como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. A pesar de esta sólida experiencia, los ataques contra él no se centran en su currículum, sino en su identidad indígena. Como él mismo ha declarado en entrevistas, «la mayoría de los comentarios negativos parten del hecho de que no sé, no sirvo, soy indígena», lo que solo expresa racismo y clasismo.

Los ejemplos de esta campaña racista son abundantes y vergonzosos. Comentaristas opositores y medios han activado una ofensiva que incluye insultos directos, como llamar a Aguilar «el indiecito de la Corte» por parte de un analista de Televisa, o burlas en redes sociales donde se le invita a usar taparrabos en lugar de toga. El periodista Pedro Ferriz Hijar ha sido particularmente activo, compartiendo memes que asocian a Aguilar con cerveza Indio y ridiculizando sus bailes tradicionales en Oaxaca, lo que ha llevado a peticiones para cancelar su cuenta por racismo sistemático. En X (anteriormente Twitter), usuarios han expresado resentimiento por su aspecto físico y origen indígena, argumentando que su elección responde a una «narrativa victimista» en lugar de méritos, ignorando su historial profesional. Incluso figuras como Pablo Majluf han lanzado improperios racistas, provocando respuestas de defensores como Jaime Martínez Veloz, quien califica estos ataques de ignorantes y discriminatorios. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reprobado públicamente estas críticas, enfatizando que lo importante es cómo impartirá justicia, no si usa trajes típicos en lugar de toga, y destacando el racismo implícito en cuestionar su idoneidad por su herencia mixteca.

En mi opinión, estos ataques no solo son injustos, sino que perpetúan un ciclo de exclusión que ha marginado a los pueblos indígenas durante siglos en México. Aguilar Ortiz ha enfrentado discriminación toda su vida, desde su juventud en entornos educativos hasta su ascenso profesional, y su elección debería ser un símbolo de progreso, no un pretexto para el odio racial. Criticar su labor en consultas indígenas o proyectos gubernamentales es legítimo —algunos líderes yaquis lo han acusado de avalar represión y consultas amañadas, aunque estas denuncias carecen de pruebas concluyentes y parecen motivadas por desacuerdos políticos—, pero reducirlo a estereotipos étnicos revela un clasismo profundo en la élite mediática y opositora. Este racismo estructural, como lo describen algunos usuarios en X, instrumentaliza su identidad indígena para deslegitimarlo, ignorando que los pueblos indígenas no son un monolito y que su representación es un paso hacia una justicia intercultural.

Es hora de que México confronte su racismo estructural. La llegada de Aguilar Ortiz a la SCJN, con su enfoque intercultural, podría transformar el Poder Judicial en uno más inclusivo y representativo. En lugar de ataques mediáticos, necesitamos un debate basado en hechos y no en prejuicios. Solo así avanzaremos hacia una sociedad más justa, donde el origen étnico no sea un obstáculo, sino una fortaleza. El caso de Aguilar Ortiz nos recuerda que, a pesar de los avances, el racismo sigue vivo, y combatirlo es responsabilidad de todos.

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