Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- La comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán -junto con localidades vecinas como El Ranchual y La Laguna de Calvillo-, ha sido escenario de una escalada de violencia armada por más de un año y medio. El epicentro de esta crisis humanitaria se remonta a la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida en marzo de 2024. El hecho desencadenó una serie de ataques perpetrados por grupos armados identificados como integrantes de la delincuencia organizada. Por razones de seguridad, y para no vulnerar la integridad de los pobladores, en esta nota se omite el nombre específico de los grupos criminales involucrados, refiriéndonos a ellos como «miembros de la delincuencia organizada». Esta medida busca proteger a las comunidades afectadas, evitando exponerlas a mayores riesgos en un contexto donde la identificación directa podría intensificar la intimidación o represalias. Habitantes, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunicados comunitarios denuncian el uso sistemático de explosivos lanzados desde drones, armas de grueso calibre, bazucas y minas terrestres, que han dejado a la población civil en asedio constante, con bloqueos de accesos, desplazamientos forzados y daños a viviendas.

El profesor Pelayo Zalgado, docente de primaria rural, fue privado de su libertad el 19 de marzo de 2024 en el pueblo de Coalcomán, Michoacán, mientras compraba víveres y atendía asuntos familiares. Desde entonces, su paradero es desconocido, y los habitantes de la comunidad de Coahuayula –donde residía y trabajaba– han interpretado este suceso como el inicio de una campaña de intimidación por parte de grupos criminales que buscan controlar la zona. Familiares y vecinos han exigido investigaciones exhaustivas a las autoridades federales y estatales, pero a la fecha no se han reportado avances significativos. «La desaparición del maestro no fue un hecho aislado, fue el detonante de una violencia que ha transformado nuestra vida cotidiana en un infierno», expresó un habitante anónimo de esta comunidad indígena, en redes sociales.

Tras la desaparición del profesor rural, las comunidades han sufrido ataques recurrentes que han afectado principalmente a civiles, incluyendo niños, mujeres y personas mayores. Según reportes de la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), estos incidentes incluyen detonaciones directas contra viviendas, bloqueos de carreteras con troncos y minas, y enfrentamientos que han cobrado vidas, como la de dos miembros de la policía comunal, en agosto de 2024. La guardia comunal ha asumido un rol defensivo, evacuando a residentes y conteniendo avances de los agresores, pero a un alto costo: heridos, daños materiales y un aislamiento que suspende actividades laborales y sociales.

El testimonio reciente de una persona que trabajó en la comunidad de Coahuayula –cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad– destaca la persistencia de esta crisis y los esfuerzos por mantener viva la memoria del maestro desaparecido. Según la fuente, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición, en marzo de 2025, se realizó una actividad simbólica que incluyó la plantación de un «Árbol de la Memoria» con una placa conmemorativa dedicada a Pelayo Zalgado y a otros defensores del territorio. También, se crearon letras gigantes con el nombre «Pelayo» para visibilizar la causa. Además, se organizaron mítines culturales enfocados en las infancias y el público en general, con el objetivo de difundir la situación del maestro y el contexto de violencia en la Sierra Costa de Michoacán. «Hasta la fecha, que ya es año y medio, seguimos sin tener mesas de trabajo ni nueva información; la investigación sigue prácticamente igual, sin avances significativos. De lo contrario, la violencia en Coahuayula se ha recrudecido con ataques hasta de 48 horas», relató la persona anónima.

El ambiente de zozobra y miedo es la constante para los pobladores. No se sienten seguros en su espacio ni para salir a comprar víveres o medicinas.  Viven en una comunidad con caminos de terracería y difícil acceso, sin acceso al agua ni señal telefónica, lo que han agravado la situación y vulnera todavía más los traslados. «Los dronazos que avientan caen en los sembradíos; es toda una estrategia para irlos dejando con mucha hambre y con miedo», agregó. Los ataques pueden durar uno, dos, tres o cuatro días, impidiendo las actividades cotidianas del día a día. En Coahuayula, los pobladores habitan con casas cubiertas de lámina o teja, que significan poca protección en un clima caluroso. Aquí, la gente padece el sistema de salud. Hace apenas unos días, una niña fue picada por un alacrán, mientras ocurría un ataque. No hubo posibilidad de llevarla al doctor en medio de la balacera. En los caminos de terracería, las personas son amedrentadas, incluso amenazadas de muerte. No hay doctores, botiquines ni paliativos disponibles, y durante los ataques, el ejército, la Guardia Civil o la Guardia Nacional no intervienen: «No bajan hasta la comunidad; se quedan en algún tramo y esperan a que se acaben los ataques para llegar hasta cierto pedazo, decir que fueron y nada más. Parece más bien una simulación». Esta problemática es sistemática en toda la Sierra Costa, con casos variados en zonas como Ostula, Xayacalan y Aquila, pero respondiendo a un problema de macro criminalidad.

Un post en Instagram de la cuenta @coahuayulaycomunidadesvecinas, publicado el 19 de octubre de 2025, alertó sobre un ataque. La amenaza se extendió por más de 48 horas, con disparos y explosivos dirigidos contra la población. No hubo distingo entre hombres, mujeres o infantes. «Las comunidades permanecen bajo asedio, sin presencia de autoridades que contengan la violencia», se lee en el mensaje, que hace un llamado a la solidaridad y a compartir información para generar «ruido mediático». Al día siguiente, el 21 de octubre, la Red TDT emitió la Acción Urgente 008, documentando el patrón de violencia y exigiendo intervención inmediata del gobierno de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los antecedentes citados en el comunicado incluyen acciones previas de la Red TDT, como la documentación de asedios en enero de 2025 y ataques con drones en julio de 2024 en Santa María de Ostula, una comunidad vecina. Entre los riesgos destacados se encuentran: el desplazamiento forzado, ejecuciones, lesiones por explosivos, la falta de protección estatal y la muerte. Las exigencias incluyen el cese de ataques, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque civil, desactivación de minas, medidas de protección colectivas y atención humanitaria integral.

A pesar de los llamados reiterados, las autoridades no han realizado operativos efectivos de desminado ni proporcionado corredores humanitarios, lo que evidencia una inacción prolongada que perpetúa el recrudecimiento de la violencia. En Coahuayula, el miedo persiste: minas en caminos comunales, como el que lleva a la toma de agua potable detectadas en agosto de 2025, mantienen a la población sin acceso a recursos básicos. Organizaciones civiles urgen a la sociedad a firmar alertas y grabar videos de solidaridad para presionar por una resolución. Esta ausencia de intervención efectiva se conjuga con el reciente anuncio del «Plan Michoacán», presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, que promete atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad, la inteligencia y el despliegue de más militares, junto con una inversión millonaria en la entidad. Sin embargo, los pobladores y activistas ven con cautela sus posibles resultados, considerándolo una «política del déjà vu», similar a iniciativas previas que no han resuelto los problemas estructurales, como el control territorial por parte de la delincuencia organizada en sectores como el del aguacate y el limón, y donde la inacción hasta ahora ha sido la norma.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad de comunidades rurales en Michoacán ante el crimen organizado, donde la ausencia estatal agrava el impacto humanitario. Mientras tanto, la búsqueda del maestro Pelayo Zalgado continúa. Es símbolo la lucha por justicia en una región asediada.

Cuadro Cronológico de Hechos Relevantes

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